(IV entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?
Las relaciones de producción en contradicción insalvable frente al desarrollo de las fuerzas productivas. El salario y su poder adquisitivo en la peor etapa de su historia. Es indiscutible que en materia salarial se requiere de la organización de una política integral que atienda todas las capas de la sociedad. Uno de los pasos significativos en ese sentido debe ser la derogación tanto de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por obsoleta, unilateral –en los hechos- e injusta, como de la recién aprobada Ley de Salarios Máximos, que se ocupa únicamente de reglamentar los salarios de la burocracia del país, por tratarse de una norma que sanciona los privilegios salariales de un sector minoritario de la sociedad. Se necesita una ley general de salarios, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional para “que nadie gane más que el presidente”, incluida la iniciativa privada. El pueblo demanda ya una normatividad revolucionaria a la altura del Constituyente de Querétaro, que distribuya la justicia social y combata la desigualdad económica para que el desarrollo de las fuerzas productivas se de en consonancia con las relaciones de producción.
En plena campaña electoral, en el promocional de una candidata a diputada federal por el PRI se le escuchaba decir que “no permitiremos que la política divida al país”; las víctimas de la criminal política salarial le responden con categoría a esos politicastros: la política no puede unir lo que la economía divide.
Angustia, desesperación e impotencia, es el estado de ánimo de por lo menos 10 millones de mexicanos que perciben de un salario mínimo hacia abajo, incluyendo a los parias que sobreviven con menos de dos dólares diarios, porque para ellos no hay esperanza de un mañana mejor. Tampoco para aquellos que tienen la suerte de recibir entre uno y cinco salarios mínimos diarios, ni en general, para todo el conglomerado de 60 millones de mexicanos que se consideran en el rango de pobreza. La esperanza se consume ante la completa indefensión de este sector mayoritario del pueblo que es entregado con las manos amarradas, año con año, a los intereses del gran capital, por el apego irrestricto a la política salarial del Estado neoliberal.
Desesperanza ante tal estado de indefensión sí, porque por lo menos en el corto plazo no se avizora un horizonte diferente, que le de entrada a un cambio radical en la política salarial por la vía institucional. El “aumento” de 4 por ciento vigente desde el primero de enero, que constituye un promedio de dos pesos por jornada, no fue protestado en su momento, ni siquiera por la representación obrera que integra la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es grave que en ninguna de las fracciones parlamentarias, ni las que se van ni las que vienen, tengan contemplado en su agenda algún proyecto de ley que elimine esa Comisión legitimadora de las agresiones a la clase trabajadora. Sus agendas no contemplan en modo alguno la cancelación de la política de las contenciones salariales, lo que comprueba la total ausencia en el Congreso de la Unión de diputados que defiendan y sirvan a los intereses de la clase obrera.
Tampoco figura el tema salarial en el proyecto de la Reforma del Estado, presidida por el senador neoliberal Manlio Fabio Beltrones; mucho menos es tema de preocupación para la Suprema Corte de Justicia, la institución que se promociona como garantía de que la Constitución se cumpla cabalmente. Ningún órgano del Estado, ninguna institución escucha el clamor de los descamisados. El horizonte está nublado y no permite ver un cambio en la precaria situación de la clase trabajadora por la vía institucional a corto plazo. Esa actitud de cerrazón, de insensibilidad, pero más que nada, de radicalización de la lucha de clases, está empujando peligrosamente a que, nuevamente, (parafraseando a José María Morelos en los célebres Sentimientos de la Nación) “la nación abra sus labios y empuñe la espada para ser oída”.
En los años setentas el gobierno federal suscribió el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular los salarios mínimos, el cual señala que las necesidades de la población, y no la inflación, deben determinar los aumentos salariales. En el artículo tercero, dicho convenio que México ratificó, señala: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, deberán incluirse (…) I.- las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, el costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; II.- los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en lugar de hacer los cálculos para recuperar lo perdido mantiene amarrado el crecimiento salarial a la expectativa inflacionaria
La agresiva política salarial violenta flagrantemente la Constitución General de la República, la cual establece, en su artículo 123: “los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Sin embargo, en vez de apegarse al mandato constitucional, la estrategia económica neoliberal ha agrandado dramáticamente la brecha entre el salario mínimo real y el que ordena nuestra Constitución.
Hemos vivido ya un cuarto de siglo bajo la dictadura impuesta por los mercados financieros, y en este largo túnel oscuro de “ajustes estructurales y disciplinas macroeconómicas”, los salarios mínimos han sido reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982, al descender de $ 32.72 en ese año, a $ 9.74 en 2007, a precios de 1994. Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946, cuando el salario mínimo fue de $ 13.37, a precio de 1994; de modo que acumulamos una regresión de más de medio siglo en la mejora del bienestar de los asalariados más desvalidos. Puesto que los incrementos de los salarios mínimos han servido de guía para las negociaciones contractuales, los trabajadores del sector formal de la economía han sufrido también un agresivo deterioro de su poder adquisitivo: los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal perdieron el 62.2 por ciento de su poder de compra durante el período de 1983-2007, acumulando también una regresión mayor de medio siglo.
Ese es el tan ponderado “Bien Común”, y por sus frutos los conoceréis. En vez de utilizar la política salarial como herramienta para elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso y la justicia social, la tecnocracia neoliberal la ha utilizado como ancla antiinflacionario: los incrementos del salario mínimo han sido iguales a las tasas de inflación proyectadas, casi siempre superadas por la inflación realmente observada, de manera que se ha provocado un deterioro ininterrumpido del poder de compra del salario. Así es como dicen combatir a la pobreza, sacrificando el bienestar de las clases proletarias para mantener a la plutocracia y sus signos de valor.
La ideología de la desigualdad que ha inspirado esta política salarial afirma: incrementos salariales superiores a la inflación esperada provocaría una carrera entre precios y salarios que acabaría deteriorando aun más al salario real. Desde luego, este dogma no está validado por la experiencia histórica. Hay que recordarlo: durante la época del desarrollo estabilizador (1959-1970), los incrementos nominales del salario mínimo (9 por ciento en promedio anual), fueron siempre superiores a las tasas de inflación (2.5 por ciento anual). Además, los aumentos salariales superaron también la suma de la tasa de inflación más la tasa de incremento de la productividad, la cual creció 4.3 por ciento anual. Como resultado, el salario real se incrementó a una tasa media de 6.3 por ciento anual. No obstante los incrementos salariales jamás desencadenaron una escalada inflacionaria.
Lo anterior ocurrió porque la política de Estado era todavía congruente con el proyecto social de la Revolución Mexicana, consistente en buscar el abatimiento de la desigualdad. Entre los propósitos del desarrollo estabilizador figuraron: “aumentar los salarios reales y mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (Ortiz MENA, el desarrollo estabilizador, FCE, México, 1998). Con firmeza y congruencia, ambos propósitos fueron cumplidos: la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND) pasó del 26.3 por ciento en 1950-1958, al 35.2 por ciento en 1959-1967 y al 38.3 por ciento en 1970.
Cabe destacar que, aunque los salarios reales y la distribución del ingreso entre los factores de la producción mejoraron considerablemente, la masa de ganancias empresariales creció aceleradamente, debido al crecimiento también acelerado del PIB, que se incrementó a una tasa media del 6.8 por ciento anual durante el período 1959-1970, sustentado precisamente en un pujante mercado interno. En contraste, el modelo neoliberal ha traído consigo un círculo perverso: empobrecimiento de los asalariados y drástico deterioro de la distribución del ingreso. La participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó del 41.7 por ciento del IND en el período de 1970-1982, al 35.1 por ciento en el período de 1983—2004, e incluso al 33.4 por ciento del IND sólo en 2004, según el último dato disponible del INEGI, lo cual ha provocado un severo achicamiento del mercado interno, derivando en un raquítico crecimiento del PIB, cuyo incremento apenas ascendió al 2.5 por ciento anual durante el período de 1983-2007; y el presente año 2009 terminará decreciendo el 9 por ciento.
Mientras sigan gobernando al país los ideólogos de la derecha neoliberal no hay esperanzas para el trabajador de mejorar su situación, porque ellos trabajan sólo para los intereses del gran capital. A lo más que llegan, en afán de engañar las expectativas del pueblo, es a implementar una política de reparto de dádivas y migajas. Los trabajadores de México rechazan totalmente las políticas generadoras de “oportunidades”, ¡lo que exigen es justicia! Sin justicia laboral no hay democracia ni país viable; si los trabajadores y sus instrumentos de lucha no se ponen de pie difícilmente se podrá preservar la paz social.