sábado, 13 de diciembre de 2008

Las prestaciones sociales

ES TIEMPO DE RECIBIR NUESTRO AGUINALDO Todos los compañeros trabajadores están ahora en el tiempo fijado por la Ley Federal del Trabajo, de recibir sus aguinaldos correspondientes a las labores desempeñadas durante el año que termina. Esta es una época especial porque cada trabajador espera con ansia ésta temporada para cobrar el aguinaldo y mermar en alguna forma las múltiples carencias y necesidades de la familia. Todo trabajador debe entender que ésta es una prestación obligatoria a la que están sujetos los patrones por la legislación laboral, y de ninguna manera debe tomarse como una recompensa generosa o una dádiva del patrón. El aguinaldo, como todas las prestaciones de ley, son exigibles en los términos de la Ley Federal del Trabajo, y por éso mismo en ningún hogar de la familia proletaria debe faltar un ejemplar de la ley laboral para acudir a ella cuantas veces sea necesario; exigir nuestros derechos con la ley en la mano es también una obligación moral de cada uno de los trabajadores, pues sin el conocimiento mínimo de éstos resulta imposible defenderse ante el patrón. Cuando se tiene por lo menos la inquietud de saber cuánto le corresponde y si no tiene una ley laboral a la mano, le sugiero que acuda a las procuradurías de la defensa del trabajo, donde se tiene la obligación de asesorarlo y de tutelar sus derechos de manera gratuita. En efecto, todo trabajador tiene el derecho de exigir en su beneficio el cumplimiento del artículo 87 de la citada ley laboral, que a la letra dice: "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste". Hay muchos patrones voraces en el país que regatean el pago justo de las prestaciones a los trabajadores; se aprovechan de la desinformación, de la enajenación y de la falta de conciencia de clase de sus trabajadorespara robarles lo que les pertenece por derecho. En tanto que, una parte importante de los asalariados que disfrutan de una estabilidad laboral, con salarios y prestaciones regulares, que año tras año reciben sus aguinaldos y vacaciones de manera "cómoda" y sin esfuerzo alguno, han perdido la noción a través del tiempo de lo que significa el disfrute de las garantías sociales y hasta pueden perderse en la autocomplacencia pensando que tales conquistas son por generación espontánea. Hoy un obrero puede exigir con la ley en la mano el cumplimiento de sus derechos de una manera normal, pero no todo el tiempo ha sido así, las nuevas generaciones de trabajadores tienen que saber que durante las primeras décadas del siglo XX no fue fácil. Antes de la Revolución Mexicana no existían los derechos que ahora podemos reclamar como nuestros. No existía ninguna ley que amparara y tutelara los derechos de la clase proletaria. Lo que hoy los jóvenes asalariados pueden reclamar con toda normalidad, son los frutos alcanzados por una generación de mexicanos que tuvo que batirse en los campos de batalla; una generación de valientes hombres y mujeres tuvieron que entregar su vida para que hoy las conquistas laborales sean una exigencia de ley. Los trabajadores tienen que luchar cada día por esclarecer su conciencia de clase; es el único patrimonio valioso al que puede aspirar un proletario para saber el lugar que le corresponde dentro de las relaciones de la producción económica, y en razón de ello, poder exigir que la distribución de la riqueza que él produce sea cada día más justa. Los trabajadores debemos luchar diariamente contra toda la propaganda burguesa enajenante, que se empeña en igualarnos a todos en la norma pero no en la distribución del ingreso. Los proletarios tienen la obligación de luchar contra esa propaganda enajenante que despoja a los asalariados de su conciencia histórica con el fin de que olviden el origen de sus conquistas. En el poco tiempo de que se dispone para descansar, en lugar de sentarse a ver las telenovelas hay que ponerse a estudiar -por lo menos- la historia de México y la Ley Federal del Trabajo; hay que emplear nuestro tiempo en adquirir el conocimiento para beneficio de nuestra propia causa. Se trata de no vivir en la penumbra, hay que saber cuáles son las razones de nuestra precaria existencia, investiguemos porqué la vida es tan fácil para unos pocos y tan difícil para la mayoría. Muchos dirán que de nada nos sirven las garantías que concede la Ley Federal del Trabajo, si en la práctica no se cumple ni en la letra ni en el espíritu. Los pesimistas nunca han faltado, pero hay que hacerles saber que aunque no se cumpla en su totalidad, mantiene todavía su poder de exaltación para las masas populares y en su articulado sobreviven tesis valiosas que siguen siendo ideales por los cuales debemos seguir luchando. Esa ley que nos otorga la garantía de poder cobrar un aguinaldo y otras prestaciones, mantiene un profundo contenido social que debemos seguir defendiendo contra sus detractores. Con mayor razón desde que la ideología de los monopolios y del capital financiero se apropiaron del poder a través del PAN, pues siguen teniendo el firme propósito de borrar todas las conquistas históricas de la clase obrera para poner la legislación laboral a la medida de sus intereses. Así pues, hay que cobrar el aguinaldo con toda oportunidad, pero ¿tú, compañero trabajador, qué harías para preservar éstas conquistas que hoy te benefician?

sábado, 6 de diciembre de 2008

revolución y contrarrevolución

HACE YA DOS AÑOS DE LA BATALLA DE SAN LAZARO
Hace ya dos años de la batalla épica registrada el primero de diciembre de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que las fuerzas progresistas emanadas de la Coalición por el Bien de Todos enfrentaron decididamente, apropiándose de la tribuna de la Cámara de Diputados, a las fuerzas retardatarias en su empeño por imponer a cualquier costo a su candidato surgido del escandaloso fraude electoral, en el interés de continuar beneficiando desde el poder a las clases privilegiadas del país y el extranjero.
Todas las opiniones que he visto hasta el momento son meramente reduccionistas, porque reducen el problema a un asunto de modales, de conducta, comportamiento y de buenas costumbres de los diputados. Aquellos que presumen con título de "politólogo" pero que son mediocres y flojos para pensar, en su mayoría llegaron a las sesudas conclusiones de que tales hechos bochornosos nos habían exhibido ante la comunidad internacional como una "República bananera". Resulta por demás lamentable que al abordarse estos temas tan importantes para el país, se haya olvidado por completo la relación dialéctica existente entre causa y efecto. Se limitaron casi exclusivamente a la narración de hechos sobre quién golpeó a quién y en los problemas de conducta; no supieron descubrir las causas que las motivaron y se quedaron con los puros ropajes y las envolturas que pudieron ver sus ojos; los supuestos analistas miraron y se ocuparon de los efectos y se olvidaron de abordar las profundas causas que provocaron tales acontecimientos. El problema comienza cuando la opinión pública ignora lo que son las funciones de un legislador y lo que representa la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en su conjunto. La mayoría les asigna todavía a los diputados el oficio de "gestor" como su principal actividad; el que recorre las distintas secretarías de Estado para picar piedra y conseguir "camas para el hospital del pueblo y unos gises, unas pizarras para la escuela de su distrito, etc., etc.". Está bien que se aproveche su personalidad jurídica como diputado, pero ésa es una categoría que no les corresponde; ser procurador del pueblo es interesante pero esa no es su función; tampoco lo es el ser ayudantes o auxiliares del gobernador de sus correspondientes estados para conseguir cualquier gestión ante el gobierno federal, no, de ninguna manera, el papel del legislador es, valga la redundancia, legislar ¿y en beneficio de quién? se entiende que del pueblo. Pero se da el caso que el diputado es militante de un partido político, y si éstos representan a las diversas clases sociales, entonces su actuación en la cámara obedecerá en todo momento a una forma "parcial" de concebir las solución de los problemas del país. Mientras tanto, la Cámara de Diputados en su conjunto representa al pueblo mexicano en general, pero si la población vive en la actualidad una crisis política, de polarización y de vigorosa lucha de clases como resultado de la lucha por la sucesión presidencial, es lógico que ésta batalla se traslade inevitablemente al interior del Congreso. Ahí se da el choque de fuerzas a través de sus representantes. La batalla que se libra al interior del Palacio Legislativo puede darse en el puro terreno de las ideas cuando hay paz y tranquilidad social en el país, o hasta llegar a la violencia física, cuando las posiciones e intereses son tan irreductibles como la batalla que se libra en el exterior de sus muros. Dicho en otras palabras, lo que vimos el primero de diciembre en San Lázaro equivale a una nueva etapa de la Revolución, ya no es con carabinas30-30, pero es la continuación del mismo proceso revolucionario que ha vivido nuestro pueblo en otras etapas de su evolución histórica, sólo que adaptada a la circunstancia y al momento actual, con otros medios y otras formas, pero aunque algunos se asusten, eso es la revolución. El choque y enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos facciones antagónicas que tratan de imponer el interés parcial y unilateral que representan, sin admitir concesiones al adversario. El proyecto social y económico que defienden cada cual es el poderoso motor que los impulsa a chocar físicamente contra el adversario en pleno debate, y naturalmente que en esa batalla pueden perderse las formas y hasta la vida misma. Durante la toma de posesión de Calderón, el primero de diciembre de 2006 fue una etapa más del enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución bajo el mismo techo cameral, teniendo como testigos a los "demócratas" priístas portando la bandera de la paz. La participación de la diputación priísta en la batalla de San Lázaro, se redujo a la calidad de testigos presenciales de una lucha que se libró fundamentalmente entre los partidarios del porvenir y las clases conservadoras patrocinadas por el capital financiero. La fracción parlamentaria priísta optó por acomodarse del lado de la derecha por su cercanía y afinidad ideológica; ese es el problema de los priístas que se autodenominan "demócratas" y defienden la supuesta neutralidad arropada en el centrismo ideológico; los que quieren servir a dios y al diablo al mismo tiempo. Según sirva a sus intereses personales, un día sirven descaradamente al proyecto de la derecha y al otro se autodenominan “socialdemócratas”. En los momentos cruciales y definitorios nunca han sabido interpretar los profundos reclamos sociales.
Habiendo tomado posesión el candidato de la derecha en una ceremonia hecha pedazos, dividida, radicalizada y confrontada, igual que toda la sociedad mexicana, una de las alternativas para frenar el proyecto antipopular del presidente espurio fueron los llamados “tribunazos”, táctica utilizada por los legisladores de las fuerzas patrióticas en varias ocasiones. Entre ellos pueden destacarse la toma de la tribuna legislativa durante los debates por la contrarreforma a la Ley del ISSSTE, y la reciente de este año para evitar el madruguete entre el PRI y el PAN para entregar el sector petrolero a las transnacionales; se logró que se abriera un debate nacional sobre los energéticos y se detuvo buena parte de la embestida. Gracias a esas acciones, Felipe Calderón no ha podido imponer a totalidad su proyecto.
¿Y cuál es el balance general que arroja la espuriedad desde el gobierno?: un país al borde del despeñadero y sin capitán que lo conduzca, cual nave algarete en medio de la tempestad. Todos los indicadores habidos y por haber son negativos. Como producto de los bajos niveles de bienestar se ha recrudecido alarmantemente la ola de violencia social que cubre todo el país; México es el país que sin estar en guerra declarada mueren más personas violentamente que en Irak, un país hollado por la ocupación militar yanqui.
La generación masiva de empleos quedó sólo en un eslogan demagógico. Cada vez se crean menos puestos de trabajo y son de menor calidad y peor pagados; los empleos existentes se reducen; las tasas de desocupación registradas en esta administración son las más altas de las últimas décadas. No hay día que no se registren despidos, cierre de empresas, hombres y mujeres a la calle. Los datos más recientes del INEGI no dejan lugar a dudas. El 13 de noviembre el instituto informó que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo cual significa que en tres meses, de julio a septiembre, se sumaron a las filas del desempleo 316 mil 421 personas. El desempleo abierto, tan sólo en septiembre, fue de 4.25 por ciento, tasa no vista desde la peor crisis económica a mediados de los años noventa.
Lo peor es que la administración que cacaraquea la era de los “acuerdos políticos” entre las fuerzas políticas del país, no ha convocado a un acuerdo nacional para rescatar y elevar la calidad de vida del pueblo, mediante la instrumentación de una política salarial justa y remuneradora que acabe con los topes y las restricciones al crecimiento del salario. No, para eso no hay “acuerdos”, seria contra natura que el régimen de derecha lo hiciera. Será la misma clase trabajadora la que tendrá que ponerse de pie y exigir el cumplimiento de sus demandas, antes de que la violencia social estalle en todas sus dimensiones. El régimen de derecha que se apropió del poder no entiende que sin justicia laboral no hay democracia ni país viable.
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lunes, 1 de diciembre de 2008

más pronto que tarde...

LA NACIONALIZACION DE LAS PENSIONES
UNA DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA

Ha quedado demostrado hasta la saciedad, que las garantías sociales no pueden estar sujetas a la especulación y la voracidad de la iniciativa privada, pues la ley de la oferta y la demanda no puede garantizarle a nadie sus propias bondades, mucho menos cuando se trata de explotar los rendimientos del dinero ajeno. Es el Estado, el único que debe salvaguardar y proteger tales garantías al margen de las leyes del mercado, máxime cuando se trata del manejo del fondo de pensiones de la clase trabajadora.
Así debería ser, pero el Estado surgido del proceso revolucionario cambió de carácter a partir de 1982 con la llegada de la tecnocracia neoliberal; las responsabilidades sociales fueron puestas en manos de la iniciativa privada para que se lucrara con ellas, éste es el caso específico de las pensiones. Los diputados neoliberales del PRI y el PAN, en 1996 reformaron la Ley del Seguro Social y en 2007 la del ISSSTE, mediante el engaño de buscar la viabilidad financiera de los institutos de salud.
Para los entreguistas, el principal argumento de la inviabilidad financiera, sostiene que los avances en la medicina han propiciado que haya cada vez más jubilados, y que al poco tiempo habría más pensionados que trabajadores en activo que paguen las cuotas. Una tesis frívola, muy similar a aquella que combatía el surgimiento del maquinismo durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual afirmaba que las máquinas dejarían sin trabajo al proletariado.
Con las tesis neoliberales impuestas por el Consenso de Washington y los centros financieros a todo el mundo, las soberanías de los Estados nación sucumbieron ante las leyes del mercado; cambiaron de carácter al Estado en su beneficio, y entregaron las garantías sociales ejercidas hasta entonces por el mismo a la especulación y enriquecimiento de la iniciativa privada.
En Chile se instaló el plan piloto, utilizando la tesis del economista José Piñera, quien propuso un sistema en el que los trabajadores pueden optar por una cuenta personal manejada por instituciones privadas “confiables” y supervisadas por el Estado. La dictadura de Pinochet convirtió dichas tesis en ley y privatizó de un plumazo el sistema de pensiones en el año de 1980. Enseguida tomaron el ejemplo todos los gobiernos neoliberales de Latinoamérica, incluido México que adoptó e instrumentó el modelo en 1996.
En ese debate legislativo, las fuerzas progresistas lucharon a contracorriente contra la aplanadora de los diputados neoliberales del PRI y el PAN; alertaron al pueblo de México y a la clase trabajadora en especial, contra el despojo que sufrirían al imponer la privatización del fondo de pensiones. Se expusieron razones históricas por las cuales el Estado no podía abdicar a una de sus principales responsabilidades, como es la de asegurar una pensión digna después de la vida productiva, desafortunadamente el atraco se impuso.
El balance de los resultados es devastador en perjuicio de la clase trabajadora. Se ha registrado un escandaloso aumento de las comisiones sobre saldo de 274 por ciento, y sólo en lo que va del año se han perdido 64 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio de los trabajadores. El valor de los recursos para el retiro administrados por las afores registraron en junio pasado una pérdida de 50 mil millones de pesos, y al corte de octubre se sumó la tercera caída consecutiva en lo que va del año. Esos son los resultados desastrosos de la especulación y la avaricia del mercado, donde sólo unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de los ahorros para el retiro de los trabajadores.
Ante el rotundo fracaso de ese modelo de pensiones, los gobiernos de corte progresista tendrán que ir tomando cartas en el asunto para rectificar el camino. Argentina está dando el primer paso en la nacionalización del sistema de pensiones; la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner anunció a finales de octubre la recuperación de los 30 mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones para terminar con el negocio inmoral que se ejerce a costa del futuro de los trabajadores.
En México, tarde o temprano, tendremos que recorrer el mismo camino hacia la nacionalización de las pensiones; tal vez durante la presente legislatura no, porque está dominada por las mismas fuerzas neoliberales que instrumentaron los despojos en 1996 con la Ley del IMSS, y en 2007 con el ISSSTE. En la actualidad la Consar se limita a hacer ridículos exhortos a las afores para que bajen sus comisiones, y los actuales diputados preparan una iniciativa tímida para “acotar la Junta de Gobierno de la Consar”. Después del niño ahogado quieren tapar el pozo; sucede que ahora, los mismos legisladores verdugos se asombran de los desastrosos resultados de las leyes creadas por ellos mismos.
La nacionalización de las pensiones es una legítima demanda de la clase trabajadora, y tendrá que darse tarde o temprano, cuando las fuerzas progresistas echen a patadas a la reacción del poder y recuperen el control del país.
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