sábado, 26 de septiembre de 2009

(Séptima y última entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza; en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza: Confucio”. La descomposición social reinante en México es un efecto que se desprende de la profunda desigualdad social que genera el régimen económico neoliberal. El estado que guarda la distribución de la riqueza en nuestro país es el principal generador de toda la problemática social que aqueja a la sociedad. Las estadísticas revelan que el 20 por ciento del sector más pobre de la población se reparte el 2.5 por ciento de la renta total de la nación; mientras que el 20 por ciento de los más ricos disfrutan del 66 por ciento del producto interno bruto (PIB). Peor aún, el sector de los archimillonarios que constituye el 10 por ciento de la población, se apropian del 33 por ciento de la renta total del país.
México es el país con mayor decrecimiento en América Latina, pues sólo en el segundo trimestre del año cayó el PIB el 10.3 por ciento, la peor caída en la historia económica moderna desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) inició la medición de este indicador en 1981. En comparación con otros países del mundo de menor desarrollo, entre mayo y junio crecieron en todos y cada uno de los rubros de la economía mientras nuestro país decrecía. Nuestro país es una zona de desastre que sólo la derecha gobernante no reconoce por la responsabilidad que en ello tiene.
En América Latina los precios de los alimentos crecieron 24 por ciento, desde comienzos de la crisis alimentaria en 2008, en México, han crecido 135 por ciento sobre la inflación general al consumidor en el primer semestre del año. En el 2000, el precio de la tortilla era de poco más de tres pesos el kilo, hoy cuesta 12; en ese mismo año se podían comprar 6 litros de leche con un salario mínimo, hoy escasamente tres litros con el mismo salario. Esta dramática situación ha propiciado el crecimiento de las cifras de la miseria, las que sólo durante los tres años de calderonato se han incrementado en más de 5 millones de ciudadanos.
El desastre del país nos habla de la caída del índice global de la actividad económica en 11 por ciento, el decrecimiento en 30 por ciento de todas las exportaciones; la tasa de desempleo abierto del 5.2 por ciento y la pérdida neta de 600 mil empleos. Hemos descendido 8 lugares en materia de competitividad; en nuestro continente nos rebasan Panamá, Costa Rica, Barbados y Chile, y algunos países sudafricanos como Botswana y Sudáfrica.
La oligarquía y su gobierno nos conducen por la ruta del precipicio. La involución en materia económica no es un invento, es una realidad. En el año 2000 se crecía al 7 por ciento anual, los seis años siguientes apenas lo hizo en promedio a poco más del 2 por ciento. Para el cierre de este año esperamos una caída del 12 por ciento del PIB y la pérdida de un millón de empleos.
Los programas sociales son instrumentos propagandísticos del régimen; no reducen la pobreza ni generan bienestar. Es la política de la limosna focalizada en vez de la distribución de la justicia social. Según el estudio realizado por el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, director de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, los programas sociales en realidad son un saqueo a las finanzas públicas por parte del gobierno, pues asegura que, por ejemplo, el programa “Oportunidades” y otros de la misma especie, de cada peso presupuestado se pierden en el camino 88 centavos entre las dependencias encargadas de su administración; de tales recursos sólo aterrizan en su objetivo de 18 a 20 centavos de cada peso.
Este especialista explica en su estudio que, conforme avanza la aplicación de los recursos, va desapareciendo el dinero entre la enorme burocracia y la bolsa se va achicando por el costosísimo aparato estatal. Puso el siguiente ejemplo: “Si en el presupuesto para 2010 se destinaran 70 mil millones de pesos para programas de desarrollo social, la aplicación real sería de 12 mil 600 millones de pesos.
Los personeros de la dictadura neoliberal gobernante defienden los programas sociales sin acertar a explicar por qué, pese a ellos, la pobreza y desigualdad van en aumento constante. Esta clase de esbirros al servicio de la oligarquía nunca entenderá que lo fundamental es la inversión productiva para que la economía crezca y se fomente el empleo digno y bien remunerado. Lo que se requiere es que el Estado, además de planificar el desarrollo de la economía, intervenga en ella de manera directa para contrarrestar la fuerza económica omnipotente de los monopolios y los mercados financieros, culpables directos del saqueo de nuestra riqueza y la resultante pobreza de nuestro pueblo, además de la debacle financiera que arrastra a todos los pueblos del mundo al precipicio.
Los programas sociales son positivos sólo cuando sirven de complemento para atender áreas marginales, no como fundamento para el desarrollo general del país; no se le puede concebir como el eje de una política de Estado para combatir la pobreza. El enfoque equivocado de las limosnas para resolver los problemas económicos de fondo, es una de las causas que nos han llevado a que la mitad de la población viva sumida en la miseria, con la angustia cotidiana de no saber si tendrá algo para llevar a la boca de sus hijos.
Las administraciones panistas se han dedicado a prolongar programas asistenciales que, en el fondo, incrementan las condiciones de dependencia de gran parte de la población de las dádivas del gobierno. Ante la falta de empleo productivo y bien remunerado nos estamos convirtiendo en un país de pordioseros, en el cual hay cada vez menos recursos disponibles para repartir limosnas.
Las políticas públicas del neoliberalismo son las generadoras de la pobreza; los autores de la pobreza no pueden combatir ese fenómeno mediante limosnas. En ese tenor se encuentra la pretensión de Felipe Calderón de imponer en el presupuesto para 2010 el cobro del 2 por ciento generalizado, lo que equivale a un IVA sobre otro IVA, impuesto sobre impuesto, incluyendo medicinas y alimentos. La insensibilidad de los tecnócratas de la derecha pretende ganarse el apoyo del pueblo diciendo que los recursos resultantes de ese impuesto serán canalizados “para las familias más pobres a través del programa Oportunidades”. O sea, se pretende cobrar un impuesto para continuar el camino de las dádivas que no resuelven el problema de la pobreza; con el agravante todavía de que tales recursos serán usados como instrumentos de control político y clientelismo electoral en vísperas de la sucesión presidencial del 2012. El pueblo demanda justicia, no limosnas.
La presión fiscal, elemento detonante de revoluciones armadas de gran calado. El paquetazo económico que propone la derecha para ejecutarse durante el año en que el pueblo celebrará dos de sus movimientos emancipadores más importantes, la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana, ha levantado una ola de repudio por su terquedad y marcada insensibilidad de querer seguir llevando al pueblo a la miseria y a la quiebra total.
En el transcurso de la evolución histórica de los pueblos, la presión fiscal sobre la población ha sido un importante detonante de profundos movimientos sociales y políticos. El desarrollo de una conciencia revolucionaria popular ha sido en la mayoría de los casos, la proclamación de una nueva política fiscal. Ejemplo de lo anteriormente planteado son algunas de las revoluciones más relevantes de la historia universal, mismas que la derecha gobernante debería tener presente, en estos momentos en que varias voces se elevan previniendo un posible estallido social en nuestro país.
Guerra civil de Inglaterra. En el reinado de Carlos I de Inglaterra (1625-1648), se suscitaron los mayores y más grandes conflictos entre el Rey y el Parlamento con motivo de un alza de impuestos. Los diferendos entre los representantes del pueblo se trataron de resolver mediante la firma del “Bill of Petition” o Petición de derechos, redactada por los representantes del pueblo inglés y aceptada por el Rey en 1628. Posteriormente, al establecer un impuesto a los barcos, “Ship Money”, se inició una guerra civil entre las tropas del Rey y las del Parlamento comandadas por Cromwell, triunfaron las tropas del Parlamento, y la guerra concluyó con la ejecución por decapitación de Stafford, ministro de finanzas y la del Rey Carlos I, en 1649.
La Independencia de Estados Unidos. En 1773, en el puerto de Boston, se produce el llamado Motín del Té, o Boston Tea Party, que algunos historiadores señalan como detonante de la independencia de las trece colonias o la Revolución Americana. La insoportable presión fiscal que la metrópoli inglesa imponía a sus colonias americanas generó la ira popular. La Corona británica, presionada por el creciente gasto público, recurrió al incremento de las tasas e impuestos sobre sus territorios, causando la revuelta popular en Boston que acabó con cargamento de té que fue arrojado al mar; las trece colonias expresaron por medio de las armas su insumisión a las medidas opresoras que tomaba la metrópoli.
En México, como no recordar también, las prohibiciones que en materia agrícola estableció el régimen colonial con el propósito de que la llamada Nueva España se viera obligada a consumir productos agrícolas provenientes de España (era el TLC de ese tiempo); el cura Miguel Hidalgo, promotor de la riqueza pública de México, muy dado a enseñar a los indígenas el cultivo del olivo, fue una de las víctimas de esas prohibiciones. El régimen impositivo de la Colonia como los estancos, las alcabalas, y todos los impedimentos para desarrollar la industria, fueron entre otros, las contradicciones que desencadenaron la Revolución de independencia.
La iniciativa fiscal del calderonato está desencadenando el repudio de amplias capas de la sociedad en su contra. Dicho paquete fiscal no promueve solución alguna a los problemas insolutos que vive el país; no se toca la concentración de la riqueza y los privilegios fiscales para los grandes empresarios, las enormes transacciones en la Bolsa de valores; permanece igual la desigualdad social, la pobreza, la política salarial y su poder adquisitivo; se sigue insistiendo en el mismo camino hacia el abismo que separa a las clases sociales. De lo único que se ocupa tal iniciativa fiscal, es de llenar las arcas del gobierno para el disfrute de la alta burocracia y la servidumbre de la clase social en el poder.
Una muestra del despilfarro y la abundancia en que han vivido los gobiernos del PAN a costa de la pobreza del pueblo, lo es sin duda alguna el crecimiento desproporcionado del gasto corriente destinado a satisfacer las exigencias salariales de la alta burocracia. Tan sólo en plazas de nivel subsecretario o salario equivalente, el incremento ha sido de más de mil por ciento, pues de 84 plazas en 2001 pasaron a mil 11 en 2009. El incremento del gasto corriente del gobierno de la derecha, entre 2001 y 2009 ha crecido en promedio más de 100 mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal anual; un incremento acumulado de casi 50 por ciento en términos reales, mientras el crecimiento del PIB en el mismo lapso fue de 19 por ciento.
Las arcas de la reacción son insaciables. Durante el periodo de 2000-2006 el fisco tuvo excedentes presupuestarios por 720 mil millones de pesos, de los cuales 400 mil fueron producto del petróleo, canalizándose el 72 por ciento del total, por diversas vías, al gasto corriente. Ya durante el calderonato, del 2007-2008, se obtuvieron otros 565 mil millones de pesos de excedentes presupuestarios, de los cuales 200 mil millones de pesos provinieron del petróleo, los cuales fueron a parar al morral sin fondo del gasto corriente. Por si fuera poco, el paquete económico que propone el ocupante de Los Pinos para 2010 mantiene un incremento del gasto corriente de 2.7 por ciento frente al presupuesto para 2009, y al mismo tiempo se propone una caía en el gasto de inversión de 13.5 por ciento. Se propone más gasto para la maquinaria del régimen e invertir menos en las necesidades de desarrollo del pueblo.
El gasto corriente es el combustible que sostiene la maquinaria del Estado de opresión. Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los legitimadores y custodios del statu quo que arropa a la dictadura neoliberal, tendrán una percepción ordinaria de 2 millones 496 mil pesos; prestaciones por 791 mil 5 pesos, y percepciones extraordinarias, como el pago por riesgos por 712 mil 408 pesos. Lo anterior representa una suma de tres millones 999 mil 413 pesos; pero al descontar el ISR, que asciende a un millón 50 mil 23 pesos, los ingresos anuales netos son de 2 millones 919 mil 390 pesos. Es decir 423 mil 282 pesos mensuales, o bien, 7 mil 998 pesos diarios. Un magistrado de ese alto nido de la reacción gana por sus “servicios” en un solo día el equivalente a 153 jornadas de salario mínimo; de esa magnitud es la brecha que separa a la clase obrera asalariada de los servidores del régimen plutocrático, mismos que consumen vorazmente el gasto corriente asignado generosamente en los presupuestos anuales con cargo a los impuestos que paga el pueblo.
En cuanto a la cancelación de las secretarias de la Función Pública y Turismo dizque para ahorrar recursos, son un acto mediático que busca el aplauso fácil de la sociedad, digamos que es la envoltura en la que se esconden las verdaderas intenciones. En lo que corresponde a la cancelación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que cuenta con sólo 1954 servidores públicos sindicalizados, no conlleva ningún ahorro significativo, más bien, se trata de una cuestión de orden ideológico. La derecha, enemiga histórica del proyecto social de la Revolución Mexicana, del cardenismo y el reparto de la tierra entre los campesinos, ha pugnado siempre por desaparecer a la entidad gubernamental encargada de proteger e impulsar el desarrollo de la propiedad colectiva de la tierra (los ejidos), y dejar únicamente la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para tratar con el sector privado del campo. El sector social integrado por el campesinado que vive de la producción ejidal no cuenta en la ideología de la derecha.
Por lo que toca, pues, al proyecto de paquete económico presentado por el ejecutivo ante la Cámara de Diputados, corresponderá a las fuerzas políticas de avanzada con representación en el Congreso de la Unión, dar la batalla para frenar los aspectos nocivos de la intentona de la derecha. Afuera, en la plaza pública, en las calles, en las fábricas, las organizaciones de masas, el pueblo ofendido todo, se encargarán de hacer lo propio, no sólo por la cancelación del paquete económico de Calderón, sino por cambiar el rumbo de la nación.
Con el pueblo al límite de su capacidad de resistencia, es López Obrador el continuador de la experiencia histórica de México. A excepción de la derecha reaccionaria, todas las fuerzas políticas del país están de acuerdo, en mayor o menor grado, en que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nación. Ningún pueblo es violento por naturaleza, sólo han recurrido a la violencia cuando se les han cerrado los cauces a la soluciones de sus problemas sociales; las fuerzas partidarias del progreso nunca han propuesto el camino de la violencia para resolverlas, ha sido siempre la resistencia que oponen las fuerzas retardatarias a la emancipación del pueblo las que han desencadenado todos los estallidos violentos de la sociedad.
Después de que en 1982, con la llegada de los tecnócratas neoliberales al poder, el pueblo de México sufrió el despojo de su vía nacionalista de desarrollo; después que las masas populares han resistido la tiranía de la dictadura neoliberal, voraz y sedienta de riqueza, que somete sin piedad a 60 millones de pobres, por varios sexenios, resulta inexcusable la necesidad histórica de recuperar el camino perdido. Los tiempos que vivimos son definitorios, las insalvables contradicciones sociales que aquejan al pueblo han llegado a un punto en que tendrán que resolverse de una u otra forma.
En 1988 y 2006 el pueblo ha gritado su inconformidad con el voto en la mano y la oligarquía y la derecha reaccionaria le ha cerrado el paso, mediante la instrumentación de escandalosos fraudes electorales, arrebatándole su derecho a emanciparse por la vía pacífica. En medio de este conflicto permanente que vive la sociedad, si la próxima sucesión presidencial de 2012 no se abren las puertas a las grandes rectificaciones nacionales, la paciencia agotada y la ira popular pueden estallar incontenibles. La próxima batalla electoral puede ser la última oportunidad de una emancipación pacífica.
No hay mañana, el pueblo en el límite de su capacidad de resistencia no siempre acata la normatividad existente para satisfacer sus necesidades. La rebeldía popular puede transformarse en una insurgencia organizada capaz de derrumbar las viejas estructuras políticas y económicas, que nos lleve a construir la cuarta etapa de nuestro proceso revolucionario. Estas cuatro etapas de nuestra evolución histórica unidas por un mismo hilo conductor que señala el camino de México: la Revolución de Independencia; la Reforma; La Revolución Mexicana; y el proceso en marcha que llamaremos la Revolución contra el Neoliberalismo. Hablar de revolución es hablar de la fuente del derecho, y el desarrollo de ésta cuarta etapa no sería la excepción, necesariamente será el origen de un nuevo pacto social, una nueva normatividad y nuevas instituciones, cuyo primer objetivo será el desmontar la institucionalización de la pobreza y la desigualdad social.
Sin haberse constituido formalmente, la gravedad de los problemas insolutos ha empujado a la sociedad ha manifestarse contra el gobierno de la derecha, integrándose una opinión que corresponde -de hecho- a un frente nacional, democrático y patriótico. En ese conjunto de ideas de la población se puede percibir una gran diversidad ideológica junto a la correspondiente heterogeneidad de intereses, pero con un denominador común; el país no puede seguir el mismo rumbo de los últimos sexenios.
Las fuerzas políticas de avanzada tendrán que trabajar en la integración y organización de ese gran frente nacional para elevar la política de alianzas al máximo nivel. Nunca ha sido fácil la conjunción de fuerzas disímbolas bajo un mismo programa, pero la experiencia histórica nos dice que esa ha sido siempre la línea estratégica y táctica que ha seguido nuestro pueblo en sus victorias emancipadoras más resonantes.
La construcción y organización del ambicioso proyecto de nación, que en los hechos debe denominarse El Plan 2012, no parte de cero, sólo hay que continuar la lucha de los grandes constructores de la patria como Hidalgo, Morelos, Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano, ese es el hilo conductor y ese es el camino; aprovechar la experiencia de nuestros guías en las pasadas generaciones para retomar el camino de México.
Por ahora, el guía más visible y conocido en la sociedad por su programa alternativo de nación y su lucha sin cuartel contra el neoliberalismo, es el presidente legítimo de México Andrés Manuel López Obrador. Fue en la batalla por la sucesión presidencial de 2006, el candidato que logró unir a las mejores fuerzas políticas y sociales, infringiéndole una derrota electoral a las fuerzas de la reacción y su candidato; otra cosa es, que las fuerzas retardatarias hayan logrado imponerse en el poder al margen de la voluntad popular.
Partiendo de las experiencias de 1988 y 2006, que ya forman parte de nuestro patrimonio histórico, lo que sigue es darle continuidad al mismo proyecto de nación que se abanderó en esas históricas batallas, ponerlo al día y fortalecerlo con todas las fuerzas posibles, para que logre finalmente su objetivo de conducir las genuinas aspiraciones del pueblo de México hasta la victoria en 2012. Ese es el camino.
Si la voluntad popular no logra imponerse en la próxima sucesión presidencial, y es despojado nuevamente de su destino soberano e independiente, hay que prevenirle y sentenciarle a la reacción por si no lo recuerdan, que el pueblo tiene derecho a la insurrección en todo momento. La nación puede tomar el destino en sus manos al amparo del artículo 39 constitucional, el cual establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

sábado, 12 de septiembre de 2009

(VI Parte)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

Sin justicia social no puede haber paz social; las contradicciones materiales que se profundizan día con día al agrado de ser ya insalvables entre proletarios y propietarios produce la actual escalada de violencia que vive el país. La falsa teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia organizada es insostenible en esta realidad concreta, sólo los intereses mediáticos de la derecha reaccionaria pueden abanderar esa teoría absurda en su afán de esconder a la vista del pueblo las causas reales de la violencia.
Las clases propietarias y sus voceros que tradicionalmente sostienen la teoría de la impunidad, las acciones punitivas y represivas para atacar el problema de la delincuencia, afirmaron el pasado 30 de agosto, al cumplirse un año de la marcha que congregara a cientos de miles de personas que portaban una vela y rezaban sus oraciones en señal de protesta contra la inseguridad, hicieron un balance de los resultados obtenidos y señalaron que la situación de hoy es peor que hace un año.
Las organizaciones convocantes a ese evento señalaron que “a un año de la marcha, los secuestros y otros delitos que nos vulneran se han vuelto más violentos a la par del crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. En otras palabras, estamos peor”. Lo único que le faltó añadir en su aguda disertación a la señora Laura Elena Herrejón, integrante de la directiva de la organización “Iluminemos México”, es unir la estadística del crecimiento de la delincuencia -como ella misma sostiene- al crecimiento en las cifras de la pobreza. Es muy cierto que hoy estamos peor que hace un año, la delincuencia ha crecido al mismo ritmo de la desigualdad social. Negarse sistemáticamente a reconocer la realidad completa es desconocer la relación entre causa y efecto, y nos conduce a dar palos de ciego en el tratamiento del problema. Están a la vista los fracasos sistémicos del régimen de derecha al tratar de combatir el problema de la delincuencia por separado, desconectando por decreto la paz social de la justicia social.
Cumbre tras cumbre y fracaso tras fracaso, los problemas de la violencia social no se resuelven mediante eventos espectaculares ni frivolidades. ¿Dónde están los resultados del show mediático celebrado hace un año? Usted recordará que el 21 de agosto de 2008, en el patio central de Palacio Nacional, se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Seguridad y la Justicia, en respuesta a la presión de la sociedad y a la famosa marcha de “Iluminemos México”. A convocatoria de Felipe Calderón se reunieron funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y personajes representativos de los distintos sectores de la sociedad, con el fin de adoptar el compromiso de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad y la violencia social que vive el país.
Estaban presentes en aquel evento, entre otros, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta; el presidente del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, alcaldes, empresarios, líderes sindicales, representantes del Episcopado Mexicano, de la comunidad judía y otras asociaciones religiosas; representantes de instituciones académicas, de organizaciones ciudadanas y de los medios de comunicación, mismos que firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad.
El ocupante de Los Pinos dijo que “como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía; debemos frenar a la delincuencia y un primer paso es sacarla de nuestra propia casa, mediante la aplicación de estrategias que permitan recuperar a favor del Estado el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes” Hablar en términos castrenses sobre las medidas tendientes a “sacar la delincuencia de nuestra propia casa, y el llamado a la recuperación territorial a favor del Estado” equivale a la aceptación explícita de la incapacidad para gobernar al pueblo; es el grito desesperado del desgobierno y la ingobernabilidad social, antesala de la capitulación.
En aquella alocución calderonista esbozó los principios de la teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia, al afirmar que: “la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le brindó la impunidad; que se abrió camino en medio de las insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas; impunidad que se aprovechó de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno para encontrar el camino a sus anchas para delinquir. La impunidad se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas de investigar, procurar o de impartir justicia; impunidad que avanza plaza por plaza, debido al miedo, la intimidación y, por desgracia, también a la corrupción, en algunos casos de autoridades o de quienes decidieron darle cobijo a los delincuentes”.
Según el calderonismo y sus beneficiarios, la impunidad es la causa de la ola de violencia que vive el país; todos contra la impunidad fue el compromiso de los participantes de la Cumbre por la Seguridad. Los intelectuales de las clases dominantes sostienen sus argumentos con la siguiente estadística: El 80 por ciento de órdenes de aprehensión no se ejecutan; sólo el uno por ciento de los delincuentes purga condena en la cárcel, mientras el 99 por ciento de los delincuentes sigue libre en la calle delinquiendo todos los días. El crimen organizado roba 130 mil vehículos cada año, y en el DF, 76 de cada cien comerciantes han sido robados o asaltados en el último año; medio millón de personas trabajan vinculados al narcotráfico en este país donde hay otro medio millón de policías, repartidos entre los diferentes órdenes de gobierno, un gendarme por cada narcotraficante. México tiene la corona de campeón mundial en secuestros, y en lo que va del sexenio el crimen ha ejecutado 14 mil 460 ciudadanos. En total, en este país convulsionado se cometen 15 millones de delitos al año.
Supongamos entonces que la impunidad es erradicada mediante la implementación de aquellos 75 puntos previstos por el Consejo Nacional de Seguridad, y que los 15 millones de delincuentes purgaran su condena en la cárcel, ¿de qué tamaño tendría que ser el sistema penitenciario para contener y mantener esa millonaria cifra de convictos? Sí tan sólo con el uno por ciento de delincuentes que son sentenciados hay sobrepoblación carcelaria, quiere decir que, partiendo de la capacidad instalada actual faltaría por construir el 99 por ciento más de espacios carcelarios. Suponiendo que hubiera presupuesto para ello, la idea calderonista de “recuperar el territorio a favor del Estado” equivale a que el pueblo pierda su propio territorio a favor de la construcción de millones de celdas.
Entonces, ¿qué significa acabar con la impunidad? Construir una cárcel tan grande como el país mismo para encerrar al pueblo, a fin de que no se les moleste a las clases poseedoras y puedan salir libremente de sus castillos de marfil y de sus burbujas de cristal, donde se encuentran encerrados ahora por temor a un posible secuestro. Querer resolver el problema de la violencia generalizada que vive el país empezando por el ataque a la impunidad es totalmente inviable; eso es construir castillos en el aire, es dar palos de ciego a propósito. La política del Estado policíaco y represor corresponde solamente a los regímenes fascistas, que en aras de salvaguardar los intereses del gran capital someten al pueblo bajo una dictadura violenta y represiva. Esa ideología es propia de la derecha; conciben el papel del Estado como un policía con silbato, cuya primera responsabilidad -dicen- es “garantizar la seguridad del individuo”, pero el individuo rico, no del pobre, esos que se las arreglen como puedan. Niegan de hecho y de derecho toda participación del Estado en la economía nacional, para reservar las actividades productivas como derecho exclusivo de la oligarquía.
Al contrario de la ideología gerencial de la derecha, las fuerzas partidarias del progreso social establecen como principal responsabilidad del Estado la de distribuir la justicia material entre los integrantes de la sociedad; es en la mesa de las clases mayoritarias en donde se mide la eficacia de las políticas de todo régimen, pues en la medida que se cumpla con las necesidades primarias de la familia disminuirá la violencia y el número de cárceles. Hablar de impunidad es hablar del último eslabón de la cadena de la descomposición social; pensar en la impunidad es pensar en un producto acabado sin reflexionar en los componentes que lo integran y lo hacen posible. La teoría de la impunidad como principal causa de la inseguridad y la violencia es falsa, porque con un gramo de inteligencia que se posea es suficiente para saber que tales fenómenos de descomposición no se dan por generación espontánea sino producto de grandes causas sociales.
Todos los mexicanos podemos coincidir en la gravedad del problema de inseguridad y violencia que nos aqueja, pero a la hora de analizar las soluciones y remedios es donde chocan las abismales divergencias de opinión, por tratarse de un asunto que ocupa el centro de la lucha de clases. Se trata de la disputa por la propiedad o apropiación de la riqueza mediante los diferentes medios al alcance del individuo.
Una élite privilegiada por el sistema de producción se apropia de la rebanada más grande del pastel disponible, al amparo de las “normas legales” establecidas por el Estado burgués -expresión superior de la delincuencia organizada-, y depositario de la violencia legítima para consumar el despojo dentro de la normatividad y las instituciones. De esta forma se condena a las mayorías a vivir en la miseria, aplastados por la misma norma que les es adversa; y en razón de ello, una parte considerable de la sociedad no acepta su destino de postración y pobreza y se rebela. Unos canalizan su inconformidad organizándose políticamente para promover los cambios sociales y económicos por la vía civil y pacífica, y otros, apropiándose de la riqueza con los medios a su alcance, incluida la violencia. Es en este punto donde se rompen las reglas establecidas y se genera la delincuencia.
La única forma de solucionar el conflicto social, político y económico que vive el país, y que está generando la violencia y la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, es combatiendo las verdaderas causas y no los efectos. Para evitar un estallido social y que el pobre le quite dinero al rico valiéndose de la violencia en todas sus formas, las clases dominantes tienen que entender y acceder voluntariamente a que las fuerzas progresistas y de avanzada construyan una política fiscal revolucionaria, que distribuya la justicia material entre todos los mexicanos.
Aceptar el paquetazo fiscal empobrecedor que propone Calderón para que el pueblo celebre el Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, el próximo año de 2910, es una traición a la patria y una irresponsabilidad que puede incendiar al país. Por esa razón, los partidarios del progreso con bienestar tienen ante sí la alta responsabilidad de organizar la Cumbre por la Recuperación del Salario y el Poder Adquisitivo, para que sus resolutivos sean incorporados en el paquete fiscal del año próximo y el pueblo pueda celebrar justificadamente los dos acontecimientos históricos de nuestro proceso revolucionario: La Independencia y la Revolución Mexicana.

domingo, 6 de septiembre de 2009

(V Entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

El TLCAN: Síntesis de las contradicciones económicas entre los intereses de la nación y los del imperialismo norteamericano. El Tratado de Libre Comercio firmado en las postrimerías del salinato con los Estados Unidos ha dado los resultados previsibles desde sus inicios en perjuicio de la nación. Entre una economía débil, subdesarrollada, de capitalismo dependiente, y otra altamente desarrollada que vive la etapa de la exportación de capitales, no hay garantías ni normas que puedan regular la actividad comercial en igualdad de condiciones; esto lo saben perfectamente, entre otros, la industria lechera que no puede competir con las importaciones de la leche en polvo a bajísimos precios; también lo saben los aguacateros, los atuneros y los camioneros mexicanos.
El libre flujo de mercancías y capitales se ha dado sin cortapisa alguna sólo de los Estados Unidos hacia México, lo que ha dado como resultado la absorción, integración y anexión económica del más débil a favor del más fuerte, nos ha tragado el monstruo económico del norte. Nuestra realidad no es comparable en ningún modo con lo que se vive actualmente en la Comunidad Económica Europea, donde sus integrantes poseen un desarrollo económico similar, lo que da una integración provecha para sus pueblos porque nadie se somete a nadie.
Los sectores progresistas denunciaron a tiempo que la estrategia imperialista de apoderarse del mercado nacional para beneficio de su industria traería como consecuencia la pérdida de nuestra identidad, corriendo grave peligro nuestra independencia y soberanía nacionales.
El fracaso del TLCAN como panacea del desarrollo nacional ha quedado demostrado en sus largos 15 años de operación (1994-2009); no se puede entender la terquedad de la derecha gobernante en seguirlo defendiendo como no sea por su actitud servil, propia de lacayos al servicio de los intereses yanquis y los monopolios de aquel asentados en nuestro país.
Las mismas cifras de la Secretaría de Economía (SE) dicen que, si bien México se ubica dentro de las 15 potencias exportadoras del mundo, lo cierto es que el 90.2 por ciento de las ventas mexicanas al exterior son realizadas por las grandes corporaciones filiales de los monopolios, porción muy diferente a lo que se observa en otras regiones como Brasil y la Unión Europea en donde la participación de las pequeñas empresas en comercio exterior es mucho mayor que en México. Dicho en otros términos, el 98 por ciento de la planta productiva nacional, compuesta por las micro, pequeñas y medianas empresas son ajenas por completo a los supuestos beneficios del TLCAN.
En el campo mexicano no es menor el daño que ha provocado el tratado comercial. La presión que ejerce la importación masiva de maíz subsidiado procedente de EU y la falta de apoyo de la Sagarpa para impulsar un sistema de compras o cobertura a los productores nacionales, ha acelerado el abandono de las tierras en el norte del país donde más del 80 por ciento de los ejidatarios las han rentado o vendido. Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), dijo que tan sólo en Tamaulipas se tiene un excedente de 350 mil toneladas de maíz blanco que no se pueden colocar en el mercado nacional debido a que la Sagarpa no ha querido ejercer -intencionalmente-, los ocho mil millones de pesos que el Congreso le autorizó para impulsar la comercialización a precio internacional.
El mismo líder de los productores de maíz calificó de inexplicable que mientras los productores nacionales han aumentado sus cosechas de maíz a 24 millones de toneladas, no se ponga un freno a las importaciones que este año ascenderán a 11.5 millones de toneladas de maíz de pésima calidad o genéticamente modificado. El dirigente dijo que la apertura total sin arancel a las importaciones de maíz subsidiado de mala calidad mantiene en alta desventaja a los productores nacionales, que no tienen garantía ni certeza de vender o cuando menos obtener un precio justo por sus cosechas.
Mencionó el líder agrarista que las principales beneficiarias de esas importaciones subsidiadas son los monopolios comercializadores como Cargil, Corn Products Internacional, Tyson, y la mexicana Maseca, que adquieren el maíz para sus procesos internos o para colocarlo en el mercado internacional obteniendo millonarias ganancias. En cambio, a los productores nacionales se les ofrece un precio inferior a los 2 mil 500 pesos por tonelada, sin importar la excelente calidad de las cosechas, lo que prácticamente los deja sin ganancias para preparar el siguiente ciclo agrícola. El líder agrario resume en sus palabras la quiebra total del campo y la angustia de los campesinos como resultado de la aplicación del tratado comercial; una quiebra que no se debe a que no produzcan nuestras tierras sino porque así conviene a los monopolios y los lacayos que despachan en Palacio Nacional.
Esa es la política del Estado neoliberal para el campo mexicano, desde Salinas a la fecha, desmantelar al campo para entregarlo totalmente a los intereses de los monopolios en el marco del TLCAN. La quiebra de los campesinos es una estrategia bien articulada por los enemigos de México; ausencia total de políticas progresistas que garanticen un precio justo a la producción agropecuaria, ausencia de créditos oportunos, baratos y suficientes, ausencia de instituciones del Estado para producir fertilizantes e insumos en general, todas esas ausencias deliberadas y organizadas por los enemigos de la Reforma Agraria y el proyecto social de la Revolución Mexicana, son las que le están dando el tiro de gracia a los campesinos y a la producción estratégica y prioritaria de los alimentos que consume el país.
La última de las consecuencias de esa estrategia entreguista es la pérdida de las tierras ejidales por medio de juicios de embargo, mismos que son promovidos por mercenarios al servicio de los terratenientes, quienes se dedican a comprar adeudos de cartera vencida, con el propósito de despojar después a los campesinos de su tierra.
En el campo mexicano el neolatifundismo está tomando carta de naturaleza nuevamente, como resultado de la contrarreforma salinista al Artículo 27 Constitucional, que hizo del ejido una mercancía sujetas a las leyes del mercado. La concentración de la tierra en pocas manos a la usanza del porfirismo, valiéndose del despojo de tierras a los campesinos minifundistas que no han cubierto sus adeudos en cartera vencida, va convirtiendo al campo en un mercado exclusivo para el gran capital nacional y extranjero.
Los campesinos sin tierra que lucharon al lado de Emiliano Zapata para obtenerla fue una de las contradicciones insalvables frente a los hacendados que los condujo finalmente a tomar las armas; un centenario después de ese movimiento social se están configurando las mismas contradicciones que pueden desembocar en un estallido social de incalculables consecuencias.
La inconformidad general en el campo y las organizaciones campesinas en pie de lucha, ante la amenaza de recortes al presupuesto destinado al campo. De la violencia verbal a la violencia sólo hay un paso. “El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar -OEM-Informex, 27 de agosto- advirtió al gobierno federal que no se le vaya ocurrir atentar contra los programas que actualmente tiene el campo mexicano, ya que sin el apoyo a los pobres no habrá tranquilidad social y sin soberanía alimentaria peligra la patria.
“Cruz López Aguilar indicó que un probable diez por ciento en IVA a alimentos y medicinas hará diez por ciento más pobres a los pobres, e incorporará al menos a otros cinco millones de mexicanos a la pobreza alimentaria, ya que el modelo económico concentrador de la riqueza y la crisis de la política social vigente no solo daña, también enciende los focos rojos de la inconformidad social en las regiones marginadas de México; no le conviene a nadie echarle leña al fuego. Por ello, mandó un mensaje a los que llamó señores financieros, custodios de la maltrecha economía nacional, a que ni siquiera piensen en tocar los programas que actualmente tiene el campo, y advirtió que de no cambiar su actitud, iremos directamente al enfrentamiento”.
La desesperación de los campesinos ante el caos y la zozobra que se vive en el campo no es compartida por la derecha gobernante, allá en sus oficinas se habla sólo de los privilegiados, los cristales de sus anteojos sólo ven los avances del sector minoritario favorecido con su política concentradora. En ésta lucha de clases radicalizada al máximo nivel hay dos versiones que se contraponen.
El Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, en su comparecencia reciente ante diputados, afirmó que “el campo mexicano vive una etapa de bonanza, de franca recuperación y hasta de crecimiento”, lo único que olvido aclarar es quiénes son los que viven esa “bonanza”, porque la aplicación irrestricta de las reglas del TLCAN han propiciado la división de nuestro campo en tres sectores contradictorios: los primeros y únicos beneficiarios del tratado comercial, que son las filiales de corporaciones transnacionales y el neolatifundismo que practica la agricultura intensiva, mismo que se apropia de la mayor parte de los fondos con que operan los programas gubernamentales de apoyo. Este sector minoritario y privilegiado es el que sí puede crecer, ser competitivo y exportar, éstos representan sólo el 6 por ciento de la totalidad del campo mexicano. Los segundos, que representan el 14 por ciento y son de transición; y los terceros que representan el 80 por ciento, el campo en quiebra total, semillero de trabajadores que migran al extranjero en busca de empleo, válvula de escape hoy inoperante ante la crisis que se vive en los Estados Unidos; los millones de mexicanos que se fueron están ahora regresando a sus jacales con hambre y mucha desesperación. Resultado: las remesas que recibía nuestro país por el trabajo de estos compatriotas en el extranjero van en picada y la crisis se agudiza.