sábado, 26 de septiembre de 2009

(Séptima y última entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza; en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza: Confucio”. La descomposición social reinante en México es un efecto que se desprende de la profunda desigualdad social que genera el régimen económico neoliberal. El estado que guarda la distribución de la riqueza en nuestro país es el principal generador de toda la problemática social que aqueja a la sociedad. Las estadísticas revelan que el 20 por ciento del sector más pobre de la población se reparte el 2.5 por ciento de la renta total de la nación; mientras que el 20 por ciento de los más ricos disfrutan del 66 por ciento del producto interno bruto (PIB). Peor aún, el sector de los archimillonarios que constituye el 10 por ciento de la población, se apropian del 33 por ciento de la renta total del país.
México es el país con mayor decrecimiento en América Latina, pues sólo en el segundo trimestre del año cayó el PIB el 10.3 por ciento, la peor caída en la historia económica moderna desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) inició la medición de este indicador en 1981. En comparación con otros países del mundo de menor desarrollo, entre mayo y junio crecieron en todos y cada uno de los rubros de la economía mientras nuestro país decrecía. Nuestro país es una zona de desastre que sólo la derecha gobernante no reconoce por la responsabilidad que en ello tiene.
En América Latina los precios de los alimentos crecieron 24 por ciento, desde comienzos de la crisis alimentaria en 2008, en México, han crecido 135 por ciento sobre la inflación general al consumidor en el primer semestre del año. En el 2000, el precio de la tortilla era de poco más de tres pesos el kilo, hoy cuesta 12; en ese mismo año se podían comprar 6 litros de leche con un salario mínimo, hoy escasamente tres litros con el mismo salario. Esta dramática situación ha propiciado el crecimiento de las cifras de la miseria, las que sólo durante los tres años de calderonato se han incrementado en más de 5 millones de ciudadanos.
El desastre del país nos habla de la caída del índice global de la actividad económica en 11 por ciento, el decrecimiento en 30 por ciento de todas las exportaciones; la tasa de desempleo abierto del 5.2 por ciento y la pérdida neta de 600 mil empleos. Hemos descendido 8 lugares en materia de competitividad; en nuestro continente nos rebasan Panamá, Costa Rica, Barbados y Chile, y algunos países sudafricanos como Botswana y Sudáfrica.
La oligarquía y su gobierno nos conducen por la ruta del precipicio. La involución en materia económica no es un invento, es una realidad. En el año 2000 se crecía al 7 por ciento anual, los seis años siguientes apenas lo hizo en promedio a poco más del 2 por ciento. Para el cierre de este año esperamos una caída del 12 por ciento del PIB y la pérdida de un millón de empleos.
Los programas sociales son instrumentos propagandísticos del régimen; no reducen la pobreza ni generan bienestar. Es la política de la limosna focalizada en vez de la distribución de la justicia social. Según el estudio realizado por el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, director de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, los programas sociales en realidad son un saqueo a las finanzas públicas por parte del gobierno, pues asegura que, por ejemplo, el programa “Oportunidades” y otros de la misma especie, de cada peso presupuestado se pierden en el camino 88 centavos entre las dependencias encargadas de su administración; de tales recursos sólo aterrizan en su objetivo de 18 a 20 centavos de cada peso.
Este especialista explica en su estudio que, conforme avanza la aplicación de los recursos, va desapareciendo el dinero entre la enorme burocracia y la bolsa se va achicando por el costosísimo aparato estatal. Puso el siguiente ejemplo: “Si en el presupuesto para 2010 se destinaran 70 mil millones de pesos para programas de desarrollo social, la aplicación real sería de 12 mil 600 millones de pesos.
Los personeros de la dictadura neoliberal gobernante defienden los programas sociales sin acertar a explicar por qué, pese a ellos, la pobreza y desigualdad van en aumento constante. Esta clase de esbirros al servicio de la oligarquía nunca entenderá que lo fundamental es la inversión productiva para que la economía crezca y se fomente el empleo digno y bien remunerado. Lo que se requiere es que el Estado, además de planificar el desarrollo de la economía, intervenga en ella de manera directa para contrarrestar la fuerza económica omnipotente de los monopolios y los mercados financieros, culpables directos del saqueo de nuestra riqueza y la resultante pobreza de nuestro pueblo, además de la debacle financiera que arrastra a todos los pueblos del mundo al precipicio.
Los programas sociales son positivos sólo cuando sirven de complemento para atender áreas marginales, no como fundamento para el desarrollo general del país; no se le puede concebir como el eje de una política de Estado para combatir la pobreza. El enfoque equivocado de las limosnas para resolver los problemas económicos de fondo, es una de las causas que nos han llevado a que la mitad de la población viva sumida en la miseria, con la angustia cotidiana de no saber si tendrá algo para llevar a la boca de sus hijos.
Las administraciones panistas se han dedicado a prolongar programas asistenciales que, en el fondo, incrementan las condiciones de dependencia de gran parte de la población de las dádivas del gobierno. Ante la falta de empleo productivo y bien remunerado nos estamos convirtiendo en un país de pordioseros, en el cual hay cada vez menos recursos disponibles para repartir limosnas.
Las políticas públicas del neoliberalismo son las generadoras de la pobreza; los autores de la pobreza no pueden combatir ese fenómeno mediante limosnas. En ese tenor se encuentra la pretensión de Felipe Calderón de imponer en el presupuesto para 2010 el cobro del 2 por ciento generalizado, lo que equivale a un IVA sobre otro IVA, impuesto sobre impuesto, incluyendo medicinas y alimentos. La insensibilidad de los tecnócratas de la derecha pretende ganarse el apoyo del pueblo diciendo que los recursos resultantes de ese impuesto serán canalizados “para las familias más pobres a través del programa Oportunidades”. O sea, se pretende cobrar un impuesto para continuar el camino de las dádivas que no resuelven el problema de la pobreza; con el agravante todavía de que tales recursos serán usados como instrumentos de control político y clientelismo electoral en vísperas de la sucesión presidencial del 2012. El pueblo demanda justicia, no limosnas.
La presión fiscal, elemento detonante de revoluciones armadas de gran calado. El paquetazo económico que propone la derecha para ejecutarse durante el año en que el pueblo celebrará dos de sus movimientos emancipadores más importantes, la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana, ha levantado una ola de repudio por su terquedad y marcada insensibilidad de querer seguir llevando al pueblo a la miseria y a la quiebra total.
En el transcurso de la evolución histórica de los pueblos, la presión fiscal sobre la población ha sido un importante detonante de profundos movimientos sociales y políticos. El desarrollo de una conciencia revolucionaria popular ha sido en la mayoría de los casos, la proclamación de una nueva política fiscal. Ejemplo de lo anteriormente planteado son algunas de las revoluciones más relevantes de la historia universal, mismas que la derecha gobernante debería tener presente, en estos momentos en que varias voces se elevan previniendo un posible estallido social en nuestro país.
Guerra civil de Inglaterra. En el reinado de Carlos I de Inglaterra (1625-1648), se suscitaron los mayores y más grandes conflictos entre el Rey y el Parlamento con motivo de un alza de impuestos. Los diferendos entre los representantes del pueblo se trataron de resolver mediante la firma del “Bill of Petition” o Petición de derechos, redactada por los representantes del pueblo inglés y aceptada por el Rey en 1628. Posteriormente, al establecer un impuesto a los barcos, “Ship Money”, se inició una guerra civil entre las tropas del Rey y las del Parlamento comandadas por Cromwell, triunfaron las tropas del Parlamento, y la guerra concluyó con la ejecución por decapitación de Stafford, ministro de finanzas y la del Rey Carlos I, en 1649.
La Independencia de Estados Unidos. En 1773, en el puerto de Boston, se produce el llamado Motín del Té, o Boston Tea Party, que algunos historiadores señalan como detonante de la independencia de las trece colonias o la Revolución Americana. La insoportable presión fiscal que la metrópoli inglesa imponía a sus colonias americanas generó la ira popular. La Corona británica, presionada por el creciente gasto público, recurrió al incremento de las tasas e impuestos sobre sus territorios, causando la revuelta popular en Boston que acabó con cargamento de té que fue arrojado al mar; las trece colonias expresaron por medio de las armas su insumisión a las medidas opresoras que tomaba la metrópoli.
En México, como no recordar también, las prohibiciones que en materia agrícola estableció el régimen colonial con el propósito de que la llamada Nueva España se viera obligada a consumir productos agrícolas provenientes de España (era el TLC de ese tiempo); el cura Miguel Hidalgo, promotor de la riqueza pública de México, muy dado a enseñar a los indígenas el cultivo del olivo, fue una de las víctimas de esas prohibiciones. El régimen impositivo de la Colonia como los estancos, las alcabalas, y todos los impedimentos para desarrollar la industria, fueron entre otros, las contradicciones que desencadenaron la Revolución de independencia.
La iniciativa fiscal del calderonato está desencadenando el repudio de amplias capas de la sociedad en su contra. Dicho paquete fiscal no promueve solución alguna a los problemas insolutos que vive el país; no se toca la concentración de la riqueza y los privilegios fiscales para los grandes empresarios, las enormes transacciones en la Bolsa de valores; permanece igual la desigualdad social, la pobreza, la política salarial y su poder adquisitivo; se sigue insistiendo en el mismo camino hacia el abismo que separa a las clases sociales. De lo único que se ocupa tal iniciativa fiscal, es de llenar las arcas del gobierno para el disfrute de la alta burocracia y la servidumbre de la clase social en el poder.
Una muestra del despilfarro y la abundancia en que han vivido los gobiernos del PAN a costa de la pobreza del pueblo, lo es sin duda alguna el crecimiento desproporcionado del gasto corriente destinado a satisfacer las exigencias salariales de la alta burocracia. Tan sólo en plazas de nivel subsecretario o salario equivalente, el incremento ha sido de más de mil por ciento, pues de 84 plazas en 2001 pasaron a mil 11 en 2009. El incremento del gasto corriente del gobierno de la derecha, entre 2001 y 2009 ha crecido en promedio más de 100 mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal anual; un incremento acumulado de casi 50 por ciento en términos reales, mientras el crecimiento del PIB en el mismo lapso fue de 19 por ciento.
Las arcas de la reacción son insaciables. Durante el periodo de 2000-2006 el fisco tuvo excedentes presupuestarios por 720 mil millones de pesos, de los cuales 400 mil fueron producto del petróleo, canalizándose el 72 por ciento del total, por diversas vías, al gasto corriente. Ya durante el calderonato, del 2007-2008, se obtuvieron otros 565 mil millones de pesos de excedentes presupuestarios, de los cuales 200 mil millones de pesos provinieron del petróleo, los cuales fueron a parar al morral sin fondo del gasto corriente. Por si fuera poco, el paquete económico que propone el ocupante de Los Pinos para 2010 mantiene un incremento del gasto corriente de 2.7 por ciento frente al presupuesto para 2009, y al mismo tiempo se propone una caía en el gasto de inversión de 13.5 por ciento. Se propone más gasto para la maquinaria del régimen e invertir menos en las necesidades de desarrollo del pueblo.
El gasto corriente es el combustible que sostiene la maquinaria del Estado de opresión. Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los legitimadores y custodios del statu quo que arropa a la dictadura neoliberal, tendrán una percepción ordinaria de 2 millones 496 mil pesos; prestaciones por 791 mil 5 pesos, y percepciones extraordinarias, como el pago por riesgos por 712 mil 408 pesos. Lo anterior representa una suma de tres millones 999 mil 413 pesos; pero al descontar el ISR, que asciende a un millón 50 mil 23 pesos, los ingresos anuales netos son de 2 millones 919 mil 390 pesos. Es decir 423 mil 282 pesos mensuales, o bien, 7 mil 998 pesos diarios. Un magistrado de ese alto nido de la reacción gana por sus “servicios” en un solo día el equivalente a 153 jornadas de salario mínimo; de esa magnitud es la brecha que separa a la clase obrera asalariada de los servidores del régimen plutocrático, mismos que consumen vorazmente el gasto corriente asignado generosamente en los presupuestos anuales con cargo a los impuestos que paga el pueblo.
En cuanto a la cancelación de las secretarias de la Función Pública y Turismo dizque para ahorrar recursos, son un acto mediático que busca el aplauso fácil de la sociedad, digamos que es la envoltura en la que se esconden las verdaderas intenciones. En lo que corresponde a la cancelación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que cuenta con sólo 1954 servidores públicos sindicalizados, no conlleva ningún ahorro significativo, más bien, se trata de una cuestión de orden ideológico. La derecha, enemiga histórica del proyecto social de la Revolución Mexicana, del cardenismo y el reparto de la tierra entre los campesinos, ha pugnado siempre por desaparecer a la entidad gubernamental encargada de proteger e impulsar el desarrollo de la propiedad colectiva de la tierra (los ejidos), y dejar únicamente la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para tratar con el sector privado del campo. El sector social integrado por el campesinado que vive de la producción ejidal no cuenta en la ideología de la derecha.
Por lo que toca, pues, al proyecto de paquete económico presentado por el ejecutivo ante la Cámara de Diputados, corresponderá a las fuerzas políticas de avanzada con representación en el Congreso de la Unión, dar la batalla para frenar los aspectos nocivos de la intentona de la derecha. Afuera, en la plaza pública, en las calles, en las fábricas, las organizaciones de masas, el pueblo ofendido todo, se encargarán de hacer lo propio, no sólo por la cancelación del paquete económico de Calderón, sino por cambiar el rumbo de la nación.
Con el pueblo al límite de su capacidad de resistencia, es López Obrador el continuador de la experiencia histórica de México. A excepción de la derecha reaccionaria, todas las fuerzas políticas del país están de acuerdo, en mayor o menor grado, en que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nación. Ningún pueblo es violento por naturaleza, sólo han recurrido a la violencia cuando se les han cerrado los cauces a la soluciones de sus problemas sociales; las fuerzas partidarias del progreso nunca han propuesto el camino de la violencia para resolverlas, ha sido siempre la resistencia que oponen las fuerzas retardatarias a la emancipación del pueblo las que han desencadenado todos los estallidos violentos de la sociedad.
Después de que en 1982, con la llegada de los tecnócratas neoliberales al poder, el pueblo de México sufrió el despojo de su vía nacionalista de desarrollo; después que las masas populares han resistido la tiranía de la dictadura neoliberal, voraz y sedienta de riqueza, que somete sin piedad a 60 millones de pobres, por varios sexenios, resulta inexcusable la necesidad histórica de recuperar el camino perdido. Los tiempos que vivimos son definitorios, las insalvables contradicciones sociales que aquejan al pueblo han llegado a un punto en que tendrán que resolverse de una u otra forma.
En 1988 y 2006 el pueblo ha gritado su inconformidad con el voto en la mano y la oligarquía y la derecha reaccionaria le ha cerrado el paso, mediante la instrumentación de escandalosos fraudes electorales, arrebatándole su derecho a emanciparse por la vía pacífica. En medio de este conflicto permanente que vive la sociedad, si la próxima sucesión presidencial de 2012 no se abren las puertas a las grandes rectificaciones nacionales, la paciencia agotada y la ira popular pueden estallar incontenibles. La próxima batalla electoral puede ser la última oportunidad de una emancipación pacífica.
No hay mañana, el pueblo en el límite de su capacidad de resistencia no siempre acata la normatividad existente para satisfacer sus necesidades. La rebeldía popular puede transformarse en una insurgencia organizada capaz de derrumbar las viejas estructuras políticas y económicas, que nos lleve a construir la cuarta etapa de nuestro proceso revolucionario. Estas cuatro etapas de nuestra evolución histórica unidas por un mismo hilo conductor que señala el camino de México: la Revolución de Independencia; la Reforma; La Revolución Mexicana; y el proceso en marcha que llamaremos la Revolución contra el Neoliberalismo. Hablar de revolución es hablar de la fuente del derecho, y el desarrollo de ésta cuarta etapa no sería la excepción, necesariamente será el origen de un nuevo pacto social, una nueva normatividad y nuevas instituciones, cuyo primer objetivo será el desmontar la institucionalización de la pobreza y la desigualdad social.
Sin haberse constituido formalmente, la gravedad de los problemas insolutos ha empujado a la sociedad ha manifestarse contra el gobierno de la derecha, integrándose una opinión que corresponde -de hecho- a un frente nacional, democrático y patriótico. En ese conjunto de ideas de la población se puede percibir una gran diversidad ideológica junto a la correspondiente heterogeneidad de intereses, pero con un denominador común; el país no puede seguir el mismo rumbo de los últimos sexenios.
Las fuerzas políticas de avanzada tendrán que trabajar en la integración y organización de ese gran frente nacional para elevar la política de alianzas al máximo nivel. Nunca ha sido fácil la conjunción de fuerzas disímbolas bajo un mismo programa, pero la experiencia histórica nos dice que esa ha sido siempre la línea estratégica y táctica que ha seguido nuestro pueblo en sus victorias emancipadoras más resonantes.
La construcción y organización del ambicioso proyecto de nación, que en los hechos debe denominarse El Plan 2012, no parte de cero, sólo hay que continuar la lucha de los grandes constructores de la patria como Hidalgo, Morelos, Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano, ese es el hilo conductor y ese es el camino; aprovechar la experiencia de nuestros guías en las pasadas generaciones para retomar el camino de México.
Por ahora, el guía más visible y conocido en la sociedad por su programa alternativo de nación y su lucha sin cuartel contra el neoliberalismo, es el presidente legítimo de México Andrés Manuel López Obrador. Fue en la batalla por la sucesión presidencial de 2006, el candidato que logró unir a las mejores fuerzas políticas y sociales, infringiéndole una derrota electoral a las fuerzas de la reacción y su candidato; otra cosa es, que las fuerzas retardatarias hayan logrado imponerse en el poder al margen de la voluntad popular.
Partiendo de las experiencias de 1988 y 2006, que ya forman parte de nuestro patrimonio histórico, lo que sigue es darle continuidad al mismo proyecto de nación que se abanderó en esas históricas batallas, ponerlo al día y fortalecerlo con todas las fuerzas posibles, para que logre finalmente su objetivo de conducir las genuinas aspiraciones del pueblo de México hasta la victoria en 2012. Ese es el camino.
Si la voluntad popular no logra imponerse en la próxima sucesión presidencial, y es despojado nuevamente de su destino soberano e independiente, hay que prevenirle y sentenciarle a la reacción por si no lo recuerdan, que el pueblo tiene derecho a la insurrección en todo momento. La nación puede tomar el destino en sus manos al amparo del artículo 39 constitucional, el cual establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

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