DE LA TOMA DE LA BASTILLA A LA TOMA DE PALACIO NACIONAL
LA DIALECTICA DE LAS REVOLUCIONES SIGUE INALTERABLE

Las leyes universales del desarrollo dialéctico de los pueblos siguen su curso de manera inalterable. El pasado 22 de noviembre, al iniciarse la cuenta regresiva rumbo a la celebración del centenario de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 2010, se llevó a cabo una multitudinaria convención que reunió en el Zócalo capitalino (DF) a todas las fuerzas insurgentes que trabajan en la organización del Programa Alternativo de Nación, cuya bandera enarbola Andrés Manuel López Obrador. A tres años de resistencia civil y pacífica de la presidencia legítima de México resultaba necesario hacer un balance del trabajo logrado hasta ahora y desde luego, plantearse las nuevas metas y objetivos de la lucha para los tres años siguientes, cuya última finalidad es sin lugar a dudas, la toma del poder durante la sucesión presidencial del año 2012.
El Zócalo capitalino es el corazón de la nación, es la plaza cívica de todos los mexicanos. Es el espacio físico donde se han escrito varias de las páginas más brillantes de la historia nacional, y hasta ahora, en nuestros días, sigue siendo el lugar por excelencia de las más grandes manifestaciones populares. La historia nos dice que fue el lugar de la concurrencia multitudinaria que recibió la comitiva triunfante de Francisco I. Madero, en 1911, hecho que marcó el fin de la dictadura porfirista. En 1914, fue también el lugar del arribo del ejército de la Convención de Aguascalientes, con los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa al frente de 50 mil soldados armados; pocos años después, fue el lugar de la congregación popular que se reunió el 18 de marzo de 1938, para vitorear la medida patriótica de la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas, hecho que contó con el apoyo del sindicalismo revolucionario a cuyo frente se encontraba Vicente Lombardo Toledano.
En la misma Plaza de la Constitución, más conocida por el pueblo como Zócalo capitalino, en estos últimos años que han transcurrido bajo la tiranía que ejerce sobre el pueblo la dictadura neoliberal de derecha, ha sido el lugar donde millones de gargantas han estado demandando, a voz en cuello, el fin de las políticas apátridas y empobrecedoras que sostiene el régimen actual. El Zócalo se inunda por primera vez en la historia con muchedumbres desafiantes, superiores al millón de almas, cuando la simbiosis entre el PRI y el PAN decretaron en la Cámara de Diputados en 1999 la negación del derecho de López Obrador a participar en la contienda presidencial; esa magna concentración popular logró que Vicente Fox reculara en sus pretensiones de hacer a un lado al tabasqueño del proceso electoral.
Durante el proceso de la consumación del fraude electoral en 2006, y hasta ahora, en las convenciones que ha llevado a cabo la presidencia legítima de México en ese mismo lugar, emblemático de la nación, se ha confirmado una y otra vez la voluntad de millones de mexicanos de seguir en pie de lucha, sin desmayo y sin descanso, por llevar adelante y hasta sus últimas consecuencias el programa emancipador enarbolado por Andrés Manuel López Obrador, el conductor de masas más reconocido en nuestro país. En los momentos actuales, todo el que lucha por desagraviar a la nación del martirio a que ha sido sometida durante los últimos años, necesariamente tiene que ser partícipe del Frente Amplio Progresista y la presidencia legítima de México, cuyo papel es el de ser eje aglutinador del conjunto de fuerzas políticas y sociales que demandan la transformación revolucionaria de la sociedad. Del Zócalo de las multitudes al Palacio Nacional sólo hay un paso.
La dramática realidad no puede ser peor, pues el camino por el que hasta ahora nos han conducido los gobiernos neoliberales nos tiene cerca del abismo, al borde de una confrontación violenta entre los mexicanos, y ha sumido al pueblo en la más grande miseria y desesperación.
La privatización de la economía nacional, de la tierra y de las instituciones de gobierno, y la que se hace de manera permanente con la educación pública y la seguridad social; la contención salarial y, por consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; la disminución del presupuesto destinado a la educación, a la salud, y a la ciencia y tecnología; la política antisindical del gobierno federal; la eliminación de subsidios directos al pueblo y la creación de otros destinados a premiar la incapacidad y corrupción de la gran burguesía (como el IPAB-Fobaproa). Además, el aumento de los impuestos y la creación de nuevos; el encarecimiento de productos y servicios que proporciona el Estado a sus diferentes niveles (como el transporte, la recolección de basura, el agua potable, el diesel y la gasolina); la apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras; el comerciar casi exclusivamente con los Estados Unidos de Norteamérica, y otras políticas de gobierno de corte neoliberal, lo único que han conseguido es agudizar las contradicciones propias del régimen capitalista dependiente y subdesarrollado en el que vivimos, generar la crisis que estamos padeciendo y poner en grave peligro la paz social en nuestro país.
Más de lo mismo es el camino que propone el gobierno federal panista, la reacción y los neoliberales en general, es lo que “recomiendan” todos los días el FMI y el BM, instrumentos financieros de los países imperialistas, y hoy hasta la devaluada Organización de las Naciones Unidas (ONU), ahora poniendo de pretexto a los pobres entre los pobres; pero este camino ya es rechazado por la inmensa mayoría de mexicanos, por todos los que no votamos por el PAN en las elecciones federales realizadas en este año, por el simple hecho de que esas políticas van en contra del progreso y del pueblo y de la nación
En vez de debilitar la educación pública y la seguridad social, se debe aumentar su presupuesto para hacerlas de mayor calidad y con cobertura universal, apegadas siempre al espíritu constitucional. Se propone sustituir la política de contención salarial por otra que haga que los salarios recuperen su poder adquisitivo, fortaleciendo así el mercado interno y mejorando el nivel de vida de los mexicanos; en lugar de disminuir el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y a las instituciones de educación superior, impulsa su incremento real para lograr nuestro pleno desarrollo e independencia en este aspecto, y su vinculación con nuestra economía. Antes que pensar en eliminar subsidios destinados al pueblo, se propone crear empleos para que los primeros se hagan innecesarios, y, eso sí, desaparecer aquellos destinados a enriquecer a los más ricos, como el IPAB-Fobaproa, en el que se gastan miles de millones de pesos de manera criminal; en sustitución de la política de aumentar los precios en los bienes y servicios que proporciona el Estado y los particulares, este camino revolucionario implica implementar el control de precios y la escala móvil de salarios.
Lejos de aumentar los impuestos y crear otros, se debe implementar una política fiscal integral bajo el principio de que paguen más quienes más tienen, menos quienes menos tienen y nada quienes nada posean; en vez de que nuestro país siga siendo un paraíso para las inversiones extranjeras, se propone regular su presencia en nuestro territorio, admitiéndolas sólo con carácter complementario, en áreas no estratégicas de la economía y en las que no signifiquen un peligro para nuestra seguridad, desarrollo e independencia nacional, impulsando, por lo contrario, a la pequeña y mediana industria nacional.
Finalmente, la vía abierta por la Revolución Mexicana implica que en lugar de comerciar casi exclusivamente con los Estados Unidos de Norteamérica, urge diversificar nuestro comercio exterior para hacerlo con la mayor cantidad de países posibles y en condiciones de real beneficio mutuo, porque de esta manera nuestro país evitará la dependencia enfermiza que hoy padecemos respecto a la economía norteamericana.
Implementar estas medidas es una garantía para darle una salida progresista a la grave crisis por la que atravesamos, porque contribuirían a aliviar las contradicciones que le dieron origen, es decir, habría una menos injusta distribución de la riqueza, aumentaría el bienestar del pueblo y el poder adquisitivo de los salarios, se fortalecería el mercado interno y la economía nacional empezaría a crecer sostenida y sanamente, con independencia y progreso social, fórmula que no inventamos nosotros, sino que es fruto de la experiencia acumulada por los mexicanos desde su lucha por la Independencia hasta la época actual, pasando por la Reforma y la Revolución Mexicana iniciada en 1910.
Sin embargo, el gobierno federal panista nunca pondrá en práctica estas medidas debido a su esencia reaccionaria, por estar al servicio de la gran burguesía nacional y trasnacional, por ello la importancia de vigorizar al FAP y al movimiento encabezado por López Obrador, de convertirlos en un gran frente, lo más amplio posible, de las fuerzas democráticas, patrióticas, progresistas y antiimperialistas, continuador de las luchas históricas del pueblo mexicano, para hacer realidad la formación de un gobierno integrado por dichas fuerzas y capaz de implementar un programa como el ya señalado.
Parafraseando al maestro Vicente Lombardo Toledano, genial líder de la clase obrera mexicana, diríamos que la Revolución es como un tren, en cuyo trayecto unos se suben y otros se bajan, pero que al final, más temprano que tarde, inevitablemente llegará a su destino, y a cada uno de nosotros, como individuos o como organizaciones, nos corresponde decidir si lo abordamos y arribamos junto con él al México con el que soñaron Hidalgo, Juárez, Morelos, Villa, Zapata, Madero, los Flores Magón, Lázaro Cárdenas y el propio Vicente Lombardo Toledano, entre muchos otros grandes mexicanos. Hoy más que nunca es necesario desmontar a la derecha del poder para llevar la revolución a Palacio Nacional. “No nos arredramos ante ningún poder que atente contra nuestra dignidad. No aceptamos ser esclavos en nuestra propia tierra. ¿Qué queremos? Arriba los de abajo, arriba los pobres y abajo los privilegios: AMLO”

¿Por qué cobra tanto la servidumbre de la oligarquía?
El aplastante dominio de la correlación de fuerzas al interior del Congreso de la Unión por parte de la bancadas legislativas del PRIAN, han aprobado ya las leyes de ingresos y egresos que serán ejecutadas durante el próximo año 2010. Ninguna novedad, es el mismo patrón y los mismos criterios neoliberales que se vienen imponiendo al pueblo durante los últimos sexenios.
Los diputados neoliberales fueron capaces de asestar un golpe más al pueblo producto de los nuevos gravámenes a la economía familiar, un hecho que ya se ha hecho costumbre, y dentro de las mismas negociaciones que se dieron entre el prianato para la confección del paquetazo fiscal, le dieron un durísimo golpe al movimiento obrero organizado, al avalar de hecho el ilegal decreto de extinción de la paraestatal LyFC.
Trascendió que el usurpador y la diputación panista ofreció aceptar todas las demandas de los diputados tricolores, a cambio de que éstos no hicieran causa común junto a las bancadas progresistas en el Congreso de la Unión en la pretensión de impugnar la ilegalidad del mencionado decreto ante la Suprema Corte de Justicia. Éstos bandidos de cuello blanco, en su soberbia y desconocimiento de las luchas del pueblo de México, atropellan impunemente a las clases descontentas robándole su derecho a una mejor calidad de vida. Y al mismo tiempo se ataca al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por su delito de encabezar la defensa del patrimonio nacional y las demandas del pueblo.
¿Acaso alguien esperaba un milagro de esta servidumbre de color azul? Con el trabajo decidido de la legislatura neoliberal sigue protegida la concentración de la riqueza en pocas manos, toda la plusvalía en beneficio de una minoría excluyente y apátrida. La opulencia y la indigencia siguen separándose cada vez más, mientras los criterios neoliberales que condenan los aumentos salariales de la clase trabajadora por considerarlos inflacionarios siguen inalterables.
¿Y cuál es la paga que recibe la servidumbre por mantener el estatus actual inmutable? Según el presupuesto de egresos recién aprobado serán los siguientes: El jefe político, Felipe Calderón, tendrá una percepción durante el próximo año, libre de polvo y paja, de 203 mil 899 pesos mensuales; los secretarios de estado ganarán 200 mil 841 pesos; los subsecretarios firmarán la nómina por la cantidad de 200 mil 589 pesos. Los oficiales mayores y funcionarios de rango menor cobrarán como sigue: los primeros, 145 mil 287 pesos; jefes de unidad, 120 mil 962 pesos; directores y coordinadores generales, 102 mil 478 pesos. Un director general adjunto recibirá 77 mil 300 pesos; director de área, 46 mil 004 pesos; subdirector de área, 25 mil 281 pesos, y un jefe de departamento, 19 mil 211 pesos.
En cuanto al Poder Judicial, -los once magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, seguirán dándose el privilegio de cobrar más que el usurpador de Los Pinos, pues tendrán salarios de 245 mil 782 pesos mensuales. Los senadores de la República neoliberal –que no es la de Juárez-, según la información comentada, ganarán mensualmente la cantidad de 168 mil 309 pesos, más los diversos bonos que suman otra cantidad igual o mayor. Otros que seguirán con el privilegio de cobrar bien por sus servicios a favor de mantener la legitimidad de la democracia de los ricos, son los consejeros electorales del IFE, los cuales recibirán puntualmente la triste cantidad de 244 mil 472 pesos mensuales, más sus respectivas canonjías.
El pueblo se queja todos los días al conocer estos insultantes salarios de los cortesanos y sin embargo, la cuantía de los mismos no deja de incrementarse año con año. Esto se debe ni más ni menos, a que sus valiosos servicios les son reconocidos altamente por su labor de mantener el estatus de privilegios inalterable; la oligarquía es bondadosa y sabe recompensar la lealtad de su servidumbre. Manga ancha para los que sirven al sistema, salarios dignos y decorosos, muy por encima de sus necesidades reales ¿todo para qué?, para mantenerlos robustos y contentos, con la barriga llena no podrán protestar por la criminal política salarial oficial que mata de hambre al pueblo.
Si la solución a los problemas que vive el pueblo consistieran sólo en bajarle los salarios a la clase cortesana - cosa que difunden algunos intelectualoides de mirada corta- , teóricamente sería una cuestión sencilla. Bastaría, por ejemplo, refiriéndome a los legisladores, en reducir el costo de sus elevadas dietas y canonjías al 50 por ciento; de 5 mil millones de pesos presupuestados para la Cámara de Diputados, bajarlo a 2500 millones. No es necesaria ninguna reforma para eliminar a los legisladores plurinominales y bajar el número de representantes populares, ésta demanda de la misma burguesía reaccionaria es irrelevante e inconsustancial; si las demandas del pueblo fueran satisfechas reduciendo únicamente el alto costo de los diputados, bastaría con reducir los privilegios salariales insultantes. Pero surge la pregunta, si hacen bien la tarea a la hora de proteger y defender a la oligarquía, dueña de la dictadura disfrazada con formalismos democráticos, quién les podrá obligar a llevar a cabo tal reducción. Sólo el pueblo mismo, en el uso de su fuerza y su soberanía; sólo él puede desconocer a sus propios “representantes” cuando éstos, en lugar de responder a los intereses de la masa que los eligió, entregan cuerpo y alma a la dictadura económica que ahoga al pueblo.
Elecciones van y elecciones vienen y el martirio de las masas laboriosas sigue inmutable. Cada vez cobra mayor fuerza la idea de que mediante el voto popular -como se practica ahora- no se logrará un cambio cualitativo verdadero, pues desde hace unos sexenios se ha usado únicamente para legitimar el estatus vigente, no para cambiarlo. La prueba de ese hartazgo está en el alejamiento de las urnas de una parte importante de la sociedad que ha perdido la fe en la capacidad transformadora del voto.
Por supuesto que el pueblo está ofendido con los altísimos salarios que se despacha para sí misma la actual clase política, y está en su pleno derecho de lanzarle los anatemas y vituperios que estime convenientes. Lo que falta por lograr es que la conciencia popular ubique a estos politicastros justo en el peldaño que ocupa la servidumbre en la escalera del sistema; no será tarde cuando el pueblo descubra las verdaderas joyas de la corona y recapacite, ¿si es mucho lo que se paga por el servilismo, cuánto se llevarán a la bolsa los amos y señores de este paraíso de la democracia?
Las fuerzas de avanzada de México tienen la obligación histórica, moral y política, de conducir el actual descontento del pueblo hacia la concreción de la cuarta etapa de nuestro proceso revolucionario; de una forma o de otra, la revolución contra el neoliberalismo es inaplazable. Hay que redactar desde ahora el nuevo “Plan de san Luis” para el próximo 20 de noviembre de 2010.

“O SON ELLOS, O SOMOS NOSOTROS . . .”
EL GRITO LIBERTARIO DE LA CLASE TRABAJADORA


El pasado miércoles 11 de noviembre culminó una primera etapa de lucha en contra de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, que la dictadura de la oligarquía nacional a través de su brazo electoral ejecutor el Partido Acción Nacional (PAN) impulsó.
Las primeras medidas que la lucha organizada ha alcanzado hasta el momento son: entrega de la demanda por despido injustificado y el pago de salarios caídos para los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; la resolución favorable de la juez Guillermina Coutiño Mota que otorgó la suspensión definitiva ante acto reclamado en vía de amparo sobre la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza que presentó el SME. Cabe destacar aquí que la misma juez desechó por ser notoriamente improcedentes la queja por la cual la Secretaría de Energía y Hacienda pretendían impugnar la suspensión provisional otorgada al SME; es también fundamental la controversia constitucional contra el decreto de extinción que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aunque ésta haya sido denegada. Los hechos anteriores demuestran el amplio rechazo que las medidas inconstitucionales del gobierno calderonista ha provocado en muchos sectores del país.
El Paro Cívico realizado, representa un paso más en la organización de un gran frente nacional que se construye día a día y acción tras acción en la defensa, primero de los derechos violentados al SME y en general en contra de las condiciones laborales de sobreexplotación en que ha incurrido el sector patronal para extraer capital de la fuerza de trabajo de la clase obrera.
El Paro Cívico, más allá de los simples números, representa cualitativamente un grado superior de organización donde confluyen las mejores fuerzas progresistas, patrióticas y nacionalistas, en torno a una demanda central; organizaciones sociales, políticas, campesinas, sindicales han unido su voz de repudio a la política neofacista que se implementa desde el gobierno federal en contra del movimiento obrero organizado. Más allá de las diferencias ideológicas, políticas y tácticas, a todos los mexicanos nos unen en estos momentos la comprensión de que sólo la unidad en torno a un objetivo concreto nos permitirá alcanzar con éxito nuevas metas de desarrollo.
Los hechos evidencian, más que el discurso oficial, la lucha comprometida y combativa del SME que se había constituido en un obstáculo para que las grandes corporaciones transnacionales pudieran acceder a la infraestructura eléctrica y utilizarla para hacer grandes negocios con las telecomunicaciones de tercera generación. Para nadie fue sorpresa que apenas se haya decretado la extinción de CLyF y con ello disolver al SME, aparecieran las bases de la licitación, para la concesión de las fibras negra y óptica y que el senado, mediante una iniciativa promovida por el PRI y el PAN hayan eximido de pagar impuestos a las grandes corporaciones (sobre todo a televisoras) por el uso de la red e infraestructura eléctrica que ahora está concentrada en la CFE.
El SME continúa abanderando la lucha y junto con el apoyo de un gran número de organizaciones decidió poner bandera de huelga en todos los centros de trabajo, manifestando que la materia de trabajo subsiste por disposición del juzgado del D.F que ordenó la suspensión de la resolución de la Junta Federal del Trabajo que iba dar por terminada la relación. Multitud de organizaciones participaron en el paro cívico el 11 de noviembre, entre estas sobresalen las principales organizaciones magisteriales de la coordinadora, el Sindicato de Telefonistas, sindicatos universitarios como el de la UNAM, UAM, Universidad Michoacana, la de Chapingo, el Sindicato de Antropología, de Bachilleres y prácticamente todas las organizaciones campesinas del país, la CCC, la CIOAC, la UNORCA, la CNC, entre otras. Todas las organizaciones que participan en el Diálogo Nacional, el Frente Sindical Mexicano, el Sindicato Mexicano del Tornel, el sindicato de Trabajadores del Metro, así como varias organizaciones sindicales más.
El Paro Cívico representa un gran movimiento social que sumado junto con el Movimiento en Defensa de la Soberanía y la Economía Popular, representan los dos grandes actores que asumen la defensa del pueblo de México. El movimiento obrero democrático que encabeza el SME es sin duda el comienzo de una intensa lucha social en defensa del pueblo; hoy están definidos claramente los campos, de un lado se encuentran en la trinchera los representantes de las mejores fuerzas del país cuyo único interés es el de construir un México más justo, más equitativo y sacar de la pobreza a los millones de mexicanos hundidos en ella y del otro lado, se encuentran los viejos y nuevos servidores del capital, los explotadores que lucran de la explotación de la fuerza de trabajo y aquellos que sólo les interesa obtener ganancias insultantes, así tengan que matar a la mitad de la población de hambre. Es decir, de un lado la clase explotada y del otro los explotadores.
Ante los graves problemas que afronta la nación es necesario que el frente nacional que se ha levantado en torno del SME sea llevado hasta sus últimas consecuencias, que son, la liberación del pueblo de las garras del imperialismo norteamericano y la construcción de una patria justa y libre de miseria. Decía un columnista que la llamada Reforma del Estado era la panacea que resolvería por sí misma todos los conflictos actuales, pero desde mi punto de vista no es así por las siguientes razones: la reforma del Estado tiene que surgir, necesariamente, de una reforma económica. De no ser así, es como querer construir una casa comenzando del techo hacia abajo. Y si la hay, sin comenzar por la reforma económica, ésta no será una reforma del Estado sino una contrarreforma, un remiendo para reafirmar el estatus actual.
En la circunstancia histórica en que vivimos, con la derecha encaramada en el poder de manera ilegítima, no puede haber reforma del Estado porque los politicastros del neoliberalismo de derecha no tienen ni la más mínima intención de cambiar la estructura económica, por el contrario, su trabajo consiste en reafirmarla. La reforma del Estado no puede ser un cambio cualitativo que surja de la nada, por generación espontánea, ésta tiene que darse, necesariamente, como resultado de un proceso revolucionario victorioso que instale en el poder a un nuevo régimen político y una nueva clase de gobernantes; sólo entonces podrá darse una auténtica reforma del Estado. Lo que se habla ahora en torno al tema sólo son chismes elevados a la categoría de principios, mismos que, de prosperar, nos llevarían a reafirmar el estatus actual. No hay otra alternativa, para que el pueblo de México recupere su destino histórico es indispensable desmontar la estructura económica neoliberal y a sus servidores que despachan en Palacio Nacional; el SME ha dado el primer paso, el pueblo hambriento de justicia sabrá hacer lo demás.

CON EL PAQUETAZO FISCAL
LOS PARTIDOS DE LA OLIGARQUIA AFIRMAN SU DICTADURA

La democracia de los ricos está a salvo. Nuevamente la simbiosis perfecta del prianato desempeñando el papel que le corresponde como órgano legitimador de la dictadura económica que impone una minoría rapaz, misma que se ha convertido en la mejor expresión de la delincuencia organizada elevada al máximo nivel. Queda demostrado pues que el Congreso de la Unión está secuestrado por el Estado Mayor de la oligarquía y las fuerzas políticas de su propiedad; los diputados tricolores y albicelestes, los mismos que en 1996 elevaron el IVA del 10 al 15 por ciento y se burlaron del pueblo con la Roque señal ahora lo elevan al 16 por ciento, además de la cascada de gravámenes que van directo contra la mermada economía popular. Todo ello, mientras la injusta distribución de la riqueza y el conjunto de la política económica no es tocada ni con el pétalo de una rosa.
Es cierto que sin la participación de los diputados del PRIAN no se puede entender la prevalencia del estatus actual, mismo que equivale, si lo apreciamos con justeza, a una dictadura que somete sin piedad a 60 millones de pobresl, a los cuales no se les deja otra alternativa que la de rebelarse contra la injusticia. Sin embargo, hay que entender también que los diputados del neoliberalismo no son dueños de sus actos, no tienen voz ni voto conscientes, actúan como simples marionetas, como la servidumbre doméstica que atiende fielmente los intereses de la dictadura oligárquica que domina al país.
Generalmente el pueblo desinformado acusa a los diputados como únicos culpables de las cargas impositivas que castigarán su mesa y su bolsillo, porque son la parte más visible, son ellos los que levantan la mano para aprobar y legitimar. Eso es precisamente lo que conviene a las clases privilegiadas, que los diputados como empleados a su servicio carguen con las culpas, para que el fondo del asunto tras el cual se organizaron los acuerdos de la nomenclatura para dar el golpe no sea del conocimiento público.
Un pueblo despolitizado culpa a los diputados de su desgracia, pensando que sus “representantes populares” no hacen bien la tarea a la hora de discutir y analizar los presupuestos de la federación, porque la mayoría de ellos carece del conocimiento de los temas fiscales, esto es como si la solución al problema fuera tan simple como hacer del Congreso de la Unión una junta de notables y sabios en materia fiscal. Esa es una idea absurda que invierte los papeles, porque despoja al Poder Legislativo de la teoría de la representación popular, en la cual los sabios y técnicos en materia fiscal sólo tienen cabida para auxiliar y asesorar a los representantes populares, quienes finalmente debieran decidir apegados al interés de sus representados. No es en modo alguno, el conocimiento calificado en aspectos fiscales en el cerebro de cada legislador la garantía de un paquete fiscal justo y equilibrado para promover el desarrollo del país, sino la formación, el interés y la sensibilidad clasista de cada uno de ellos, la que decide –en teoría- el resultado de los presupuestos de la federación.
Tales ideas permean en la sociedad porque el pueblo está en manos de críticos de pacotilla que actúan en la prensa escrita, radio y televisión -algunos que son servidores gratuitos y otros que están en la nómina- que forman con sus argumentaciones la conciencia de la llamada “opinión Pública”, los que generalmente abordan los temas de interés nacional desde un punto de vista superficial, lo que su corta vista puede ver. Salvo honrosas excepciones, creen saber cuáles son las soluciones a las demandas del pueblo y proponen hasta donde su inteligencia les alcanza: Que hay que acabar con el sindicalismo corrupto; que los diputados plurinominales deben desaparecer porque le cuestan mucho al pueblo; que la alta burocracia deje de percibir los exorbitantes salarios de que disfruta; que los gobernantes ganen menos; que hay que cambiar el presidencialismo por el parlamentarismo, etc., etc. Ocupándose de la servidumbre y olvidándose del amo, van saltando de rama en rama, sin mirar la raíz y el tallo hacen de las formas de gobierno su mayor preocupación; son profesionales en la discusión de las formas pero miopes a la hora de descubrir el fondo de los problemas. Atrás de esos “formadores de opinión” va la sociedad sumida en su desesperación dando palos de ciego, sin encontrar la piñata. De esta forma, el verdadero problema queda oculto bajo diversos ropajes; la insultante concentración de la riqueza y los inmorales privilegios y utilidades de las cúpulas empresariales., constituida en una dictadura tiránica, quedan a salvo de los ojos del pueblo.
Desafiando una vez más al rencor social, los diputados del prianato, constituidos en el Estado Mayor de la oligarquía, confeccionaron el golpe fiscal bajo la premisa rectora de dar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. El arduo trabajo de las bancadas legislativas neoliberales consistió en asegurar que el mundo de las altas ganancias no sufriera daño alguno. Los grandes evasores fiscales seguirán gozando de sus privilegios; México seguirá siendo el paraíso terrenal cuya propiedad exclusiva está patentada a favor de 400 grandes grupos empresariales, que en efecto, son los dueños de la renta nacional.
Ese grupo minoritario de empresarios acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, con todo y crisis, y tendrán que pagar un ISR de apenas 1.7 por ciento. Para entender mejor ése descomunal ingreso hay que decir que, la Ley de Ingresos aprobada para 2010 contempla una recaudación copeteada de 3.17 billones, suma que, al ser cotejada con el ingreso de los 400 grupos empresariales, resulta menor en casi 2 billones de pesos. Dicho en otros términos, el ingreso de esa élite empresarial es mucho mayor a la captación proyectada en todo el país para el próximo año.
El usurpador y su secretario de Hacienda los defienden sosteniendo que sí pagan impuestos, pues claro que sí, pero no lo que corresponde en virtud de sus ganancias. Todas las propuestas hechas por las fuerzas progresistas y sus bancadas legislativas, en el sentido de gravar el nicho de las altísimas ganancias que perciben tales grupos empresariales, fueron aplastadas por el peso numérico de la diputación del PRIAN.
Es este grupo empresarial, que no paga impuestos y defiende sus privilegios, el autor, organizador y financiador, del fraude electoral de 2006 perpetrado contra las fuerzas progresistas del país. Con el poder económico de que dispone alineó y atrincheró a todas las instituciones de la República para torcer la voluntad popular expresada en las urnas. Es un grupo económico minoritario que se apropió del Estado y sus instituciones, a los que cambió su carácter para ponerlos a su servicio.
Es precisamente a este escenario adverso en que sobrevive el pueblo, al que he caracterizado en las últimas colaboraciones bajo la denominación de dictadura oligárquica; que no es en modo alguno la que algunos llaman “normalidad democrática”. No se le puede llamar de otra forma al sometimiento y dominación brutal de un pueblo que se debate en la más espantosa miseria por parte de las fuerzas del capital. No esperemos pues que las conquistas se obtengan como concesiones graciosas de buena voluntad; la política salarial justa y equitativa, así como el bienestar general de la población, no se darán por obra y gracia de los mismos actores que sostienen el estatus actual, pues su papel es el de velar por el cumplimiento de las leyes de la concentración del capital.
Esta es la realidad concreta que vivimos hoy en día, y así seguirá hasta que el pueblo logre ponerse de pie y acumule la fuerza suficiente para rescatar al país de esta oprobiosa dictadura. La idea de los cambios súbitos que van ganado terreno en el campo de la desesperación, lo mismo que el proceso electoral de 2012 y la sucesión presidencial, requieren urgentemente de la organización y el fortalecimiento del Frente Nacional Democrático y Patriótico. La soberanía popular recuperada puede abrir las puertas que estime convenientes para su liberación, antes de ahogarse en las insalvables contradicciones sociales.