sábado, 12 de septiembre de 2009

(VI Parte)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

Sin justicia social no puede haber paz social; las contradicciones materiales que se profundizan día con día al agrado de ser ya insalvables entre proletarios y propietarios produce la actual escalada de violencia que vive el país. La falsa teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia organizada es insostenible en esta realidad concreta, sólo los intereses mediáticos de la derecha reaccionaria pueden abanderar esa teoría absurda en su afán de esconder a la vista del pueblo las causas reales de la violencia.
Las clases propietarias y sus voceros que tradicionalmente sostienen la teoría de la impunidad, las acciones punitivas y represivas para atacar el problema de la delincuencia, afirmaron el pasado 30 de agosto, al cumplirse un año de la marcha que congregara a cientos de miles de personas que portaban una vela y rezaban sus oraciones en señal de protesta contra la inseguridad, hicieron un balance de los resultados obtenidos y señalaron que la situación de hoy es peor que hace un año.
Las organizaciones convocantes a ese evento señalaron que “a un año de la marcha, los secuestros y otros delitos que nos vulneran se han vuelto más violentos a la par del crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. En otras palabras, estamos peor”. Lo único que le faltó añadir en su aguda disertación a la señora Laura Elena Herrejón, integrante de la directiva de la organización “Iluminemos México”, es unir la estadística del crecimiento de la delincuencia -como ella misma sostiene- al crecimiento en las cifras de la pobreza. Es muy cierto que hoy estamos peor que hace un año, la delincuencia ha crecido al mismo ritmo de la desigualdad social. Negarse sistemáticamente a reconocer la realidad completa es desconocer la relación entre causa y efecto, y nos conduce a dar palos de ciego en el tratamiento del problema. Están a la vista los fracasos sistémicos del régimen de derecha al tratar de combatir el problema de la delincuencia por separado, desconectando por decreto la paz social de la justicia social.
Cumbre tras cumbre y fracaso tras fracaso, los problemas de la violencia social no se resuelven mediante eventos espectaculares ni frivolidades. ¿Dónde están los resultados del show mediático celebrado hace un año? Usted recordará que el 21 de agosto de 2008, en el patio central de Palacio Nacional, se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Seguridad y la Justicia, en respuesta a la presión de la sociedad y a la famosa marcha de “Iluminemos México”. A convocatoria de Felipe Calderón se reunieron funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y personajes representativos de los distintos sectores de la sociedad, con el fin de adoptar el compromiso de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad y la violencia social que vive el país.
Estaban presentes en aquel evento, entre otros, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta; el presidente del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, alcaldes, empresarios, líderes sindicales, representantes del Episcopado Mexicano, de la comunidad judía y otras asociaciones religiosas; representantes de instituciones académicas, de organizaciones ciudadanas y de los medios de comunicación, mismos que firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad.
El ocupante de Los Pinos dijo que “como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía; debemos frenar a la delincuencia y un primer paso es sacarla de nuestra propia casa, mediante la aplicación de estrategias que permitan recuperar a favor del Estado el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes” Hablar en términos castrenses sobre las medidas tendientes a “sacar la delincuencia de nuestra propia casa, y el llamado a la recuperación territorial a favor del Estado” equivale a la aceptación explícita de la incapacidad para gobernar al pueblo; es el grito desesperado del desgobierno y la ingobernabilidad social, antesala de la capitulación.
En aquella alocución calderonista esbozó los principios de la teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia, al afirmar que: “la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le brindó la impunidad; que se abrió camino en medio de las insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas; impunidad que se aprovechó de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno para encontrar el camino a sus anchas para delinquir. La impunidad se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas de investigar, procurar o de impartir justicia; impunidad que avanza plaza por plaza, debido al miedo, la intimidación y, por desgracia, también a la corrupción, en algunos casos de autoridades o de quienes decidieron darle cobijo a los delincuentes”.
Según el calderonismo y sus beneficiarios, la impunidad es la causa de la ola de violencia que vive el país; todos contra la impunidad fue el compromiso de los participantes de la Cumbre por la Seguridad. Los intelectuales de las clases dominantes sostienen sus argumentos con la siguiente estadística: El 80 por ciento de órdenes de aprehensión no se ejecutan; sólo el uno por ciento de los delincuentes purga condena en la cárcel, mientras el 99 por ciento de los delincuentes sigue libre en la calle delinquiendo todos los días. El crimen organizado roba 130 mil vehículos cada año, y en el DF, 76 de cada cien comerciantes han sido robados o asaltados en el último año; medio millón de personas trabajan vinculados al narcotráfico en este país donde hay otro medio millón de policías, repartidos entre los diferentes órdenes de gobierno, un gendarme por cada narcotraficante. México tiene la corona de campeón mundial en secuestros, y en lo que va del sexenio el crimen ha ejecutado 14 mil 460 ciudadanos. En total, en este país convulsionado se cometen 15 millones de delitos al año.
Supongamos entonces que la impunidad es erradicada mediante la implementación de aquellos 75 puntos previstos por el Consejo Nacional de Seguridad, y que los 15 millones de delincuentes purgaran su condena en la cárcel, ¿de qué tamaño tendría que ser el sistema penitenciario para contener y mantener esa millonaria cifra de convictos? Sí tan sólo con el uno por ciento de delincuentes que son sentenciados hay sobrepoblación carcelaria, quiere decir que, partiendo de la capacidad instalada actual faltaría por construir el 99 por ciento más de espacios carcelarios. Suponiendo que hubiera presupuesto para ello, la idea calderonista de “recuperar el territorio a favor del Estado” equivale a que el pueblo pierda su propio territorio a favor de la construcción de millones de celdas.
Entonces, ¿qué significa acabar con la impunidad? Construir una cárcel tan grande como el país mismo para encerrar al pueblo, a fin de que no se les moleste a las clases poseedoras y puedan salir libremente de sus castillos de marfil y de sus burbujas de cristal, donde se encuentran encerrados ahora por temor a un posible secuestro. Querer resolver el problema de la violencia generalizada que vive el país empezando por el ataque a la impunidad es totalmente inviable; eso es construir castillos en el aire, es dar palos de ciego a propósito. La política del Estado policíaco y represor corresponde solamente a los regímenes fascistas, que en aras de salvaguardar los intereses del gran capital someten al pueblo bajo una dictadura violenta y represiva. Esa ideología es propia de la derecha; conciben el papel del Estado como un policía con silbato, cuya primera responsabilidad -dicen- es “garantizar la seguridad del individuo”, pero el individuo rico, no del pobre, esos que se las arreglen como puedan. Niegan de hecho y de derecho toda participación del Estado en la economía nacional, para reservar las actividades productivas como derecho exclusivo de la oligarquía.
Al contrario de la ideología gerencial de la derecha, las fuerzas partidarias del progreso social establecen como principal responsabilidad del Estado la de distribuir la justicia material entre los integrantes de la sociedad; es en la mesa de las clases mayoritarias en donde se mide la eficacia de las políticas de todo régimen, pues en la medida que se cumpla con las necesidades primarias de la familia disminuirá la violencia y el número de cárceles. Hablar de impunidad es hablar del último eslabón de la cadena de la descomposición social; pensar en la impunidad es pensar en un producto acabado sin reflexionar en los componentes que lo integran y lo hacen posible. La teoría de la impunidad como principal causa de la inseguridad y la violencia es falsa, porque con un gramo de inteligencia que se posea es suficiente para saber que tales fenómenos de descomposición no se dan por generación espontánea sino producto de grandes causas sociales.
Todos los mexicanos podemos coincidir en la gravedad del problema de inseguridad y violencia que nos aqueja, pero a la hora de analizar las soluciones y remedios es donde chocan las abismales divergencias de opinión, por tratarse de un asunto que ocupa el centro de la lucha de clases. Se trata de la disputa por la propiedad o apropiación de la riqueza mediante los diferentes medios al alcance del individuo.
Una élite privilegiada por el sistema de producción se apropia de la rebanada más grande del pastel disponible, al amparo de las “normas legales” establecidas por el Estado burgués -expresión superior de la delincuencia organizada-, y depositario de la violencia legítima para consumar el despojo dentro de la normatividad y las instituciones. De esta forma se condena a las mayorías a vivir en la miseria, aplastados por la misma norma que les es adversa; y en razón de ello, una parte considerable de la sociedad no acepta su destino de postración y pobreza y se rebela. Unos canalizan su inconformidad organizándose políticamente para promover los cambios sociales y económicos por la vía civil y pacífica, y otros, apropiándose de la riqueza con los medios a su alcance, incluida la violencia. Es en este punto donde se rompen las reglas establecidas y se genera la delincuencia.
La única forma de solucionar el conflicto social, político y económico que vive el país, y que está generando la violencia y la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, es combatiendo las verdaderas causas y no los efectos. Para evitar un estallido social y que el pobre le quite dinero al rico valiéndose de la violencia en todas sus formas, las clases dominantes tienen que entender y acceder voluntariamente a que las fuerzas progresistas y de avanzada construyan una política fiscal revolucionaria, que distribuya la justicia material entre todos los mexicanos.
Aceptar el paquetazo fiscal empobrecedor que propone Calderón para que el pueblo celebre el Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, el próximo año de 2910, es una traición a la patria y una irresponsabilidad que puede incendiar al país. Por esa razón, los partidarios del progreso con bienestar tienen ante sí la alta responsabilidad de organizar la Cumbre por la Recuperación del Salario y el Poder Adquisitivo, para que sus resolutivos sean incorporados en el paquete fiscal del año próximo y el pueblo pueda celebrar justificadamente los dos acontecimientos históricos de nuestro proceso revolucionario: La Independencia y la Revolución Mexicana.

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