más pronto que tarde...

LA NACIONALIZACION DE LAS PENSIONES
UNA DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA

Ha quedado demostrado hasta la saciedad, que las garantías sociales no pueden estar sujetas a la especulación y la voracidad de la iniciativa privada, pues la ley de la oferta y la demanda no puede garantizarle a nadie sus propias bondades, mucho menos cuando se trata de explotar los rendimientos del dinero ajeno. Es el Estado, el único que debe salvaguardar y proteger tales garantías al margen de las leyes del mercado, máxime cuando se trata del manejo del fondo de pensiones de la clase trabajadora.
Así debería ser, pero el Estado surgido del proceso revolucionario cambió de carácter a partir de 1982 con la llegada de la tecnocracia neoliberal; las responsabilidades sociales fueron puestas en manos de la iniciativa privada para que se lucrara con ellas, éste es el caso específico de las pensiones. Los diputados neoliberales del PRI y el PAN, en 1996 reformaron la Ley del Seguro Social y en 2007 la del ISSSTE, mediante el engaño de buscar la viabilidad financiera de los institutos de salud.
Para los entreguistas, el principal argumento de la inviabilidad financiera, sostiene que los avances en la medicina han propiciado que haya cada vez más jubilados, y que al poco tiempo habría más pensionados que trabajadores en activo que paguen las cuotas. Una tesis frívola, muy similar a aquella que combatía el surgimiento del maquinismo durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual afirmaba que las máquinas dejarían sin trabajo al proletariado.
Con las tesis neoliberales impuestas por el Consenso de Washington y los centros financieros a todo el mundo, las soberanías de los Estados nación sucumbieron ante las leyes del mercado; cambiaron de carácter al Estado en su beneficio, y entregaron las garantías sociales ejercidas hasta entonces por el mismo a la especulación y enriquecimiento de la iniciativa privada.
En Chile se instaló el plan piloto, utilizando la tesis del economista José Piñera, quien propuso un sistema en el que los trabajadores pueden optar por una cuenta personal manejada por instituciones privadas “confiables” y supervisadas por el Estado. La dictadura de Pinochet convirtió dichas tesis en ley y privatizó de un plumazo el sistema de pensiones en el año de 1980. Enseguida tomaron el ejemplo todos los gobiernos neoliberales de Latinoamérica, incluido México que adoptó e instrumentó el modelo en 1996.
En ese debate legislativo, las fuerzas progresistas lucharon a contracorriente contra la aplanadora de los diputados neoliberales del PRI y el PAN; alertaron al pueblo de México y a la clase trabajadora en especial, contra el despojo que sufrirían al imponer la privatización del fondo de pensiones. Se expusieron razones históricas por las cuales el Estado no podía abdicar a una de sus principales responsabilidades, como es la de asegurar una pensión digna después de la vida productiva, desafortunadamente el atraco se impuso.
El balance de los resultados es devastador en perjuicio de la clase trabajadora. Se ha registrado un escandaloso aumento de las comisiones sobre saldo de 274 por ciento, y sólo en lo que va del año se han perdido 64 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio de los trabajadores. El valor de los recursos para el retiro administrados por las afores registraron en junio pasado una pérdida de 50 mil millones de pesos, y al corte de octubre se sumó la tercera caída consecutiva en lo que va del año. Esos son los resultados desastrosos de la especulación y la avaricia del mercado, donde sólo unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de los ahorros para el retiro de los trabajadores.
Ante el rotundo fracaso de ese modelo de pensiones, los gobiernos de corte progresista tendrán que ir tomando cartas en el asunto para rectificar el camino. Argentina está dando el primer paso en la nacionalización del sistema de pensiones; la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner anunció a finales de octubre la recuperación de los 30 mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones para terminar con el negocio inmoral que se ejerce a costa del futuro de los trabajadores.
En México, tarde o temprano, tendremos que recorrer el mismo camino hacia la nacionalización de las pensiones; tal vez durante la presente legislatura no, porque está dominada por las mismas fuerzas neoliberales que instrumentaron los despojos en 1996 con la Ley del IMSS, y en 2007 con el ISSSTE. En la actualidad la Consar se limita a hacer ridículos exhortos a las afores para que bajen sus comisiones, y los actuales diputados preparan una iniciativa tímida para “acotar la Junta de Gobierno de la Consar”. Después del niño ahogado quieren tapar el pozo; sucede que ahora, los mismos legisladores verdugos se asombran de los desastrosos resultados de las leyes creadas por ellos mismos.
La nacionalización de las pensiones es una legítima demanda de la clase trabajadora, y tendrá que darse tarde o temprano, cuando las fuerzas progresistas echen a patadas a la reacción del poder y recuperen el control del país.
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