revolución y contrarrevolución

HACE YA DOS AÑOS DE LA BATALLA DE SAN LAZARO
Hace ya dos años de la batalla épica registrada el primero de diciembre de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que las fuerzas progresistas emanadas de la Coalición por el Bien de Todos enfrentaron decididamente, apropiándose de la tribuna de la Cámara de Diputados, a las fuerzas retardatarias en su empeño por imponer a cualquier costo a su candidato surgido del escandaloso fraude electoral, en el interés de continuar beneficiando desde el poder a las clases privilegiadas del país y el extranjero.
Todas las opiniones que he visto hasta el momento son meramente reduccionistas, porque reducen el problema a un asunto de modales, de conducta, comportamiento y de buenas costumbres de los diputados. Aquellos que presumen con título de "politólogo" pero que son mediocres y flojos para pensar, en su mayoría llegaron a las sesudas conclusiones de que tales hechos bochornosos nos habían exhibido ante la comunidad internacional como una "República bananera". Resulta por demás lamentable que al abordarse estos temas tan importantes para el país, se haya olvidado por completo la relación dialéctica existente entre causa y efecto. Se limitaron casi exclusivamente a la narración de hechos sobre quién golpeó a quién y en los problemas de conducta; no supieron descubrir las causas que las motivaron y se quedaron con los puros ropajes y las envolturas que pudieron ver sus ojos; los supuestos analistas miraron y se ocuparon de los efectos y se olvidaron de abordar las profundas causas que provocaron tales acontecimientos. El problema comienza cuando la opinión pública ignora lo que son las funciones de un legislador y lo que representa la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en su conjunto. La mayoría les asigna todavía a los diputados el oficio de "gestor" como su principal actividad; el que recorre las distintas secretarías de Estado para picar piedra y conseguir "camas para el hospital del pueblo y unos gises, unas pizarras para la escuela de su distrito, etc., etc.". Está bien que se aproveche su personalidad jurídica como diputado, pero ésa es una categoría que no les corresponde; ser procurador del pueblo es interesante pero esa no es su función; tampoco lo es el ser ayudantes o auxiliares del gobernador de sus correspondientes estados para conseguir cualquier gestión ante el gobierno federal, no, de ninguna manera, el papel del legislador es, valga la redundancia, legislar ¿y en beneficio de quién? se entiende que del pueblo. Pero se da el caso que el diputado es militante de un partido político, y si éstos representan a las diversas clases sociales, entonces su actuación en la cámara obedecerá en todo momento a una forma "parcial" de concebir las solución de los problemas del país. Mientras tanto, la Cámara de Diputados en su conjunto representa al pueblo mexicano en general, pero si la población vive en la actualidad una crisis política, de polarización y de vigorosa lucha de clases como resultado de la lucha por la sucesión presidencial, es lógico que ésta batalla se traslade inevitablemente al interior del Congreso. Ahí se da el choque de fuerzas a través de sus representantes. La batalla que se libra al interior del Palacio Legislativo puede darse en el puro terreno de las ideas cuando hay paz y tranquilidad social en el país, o hasta llegar a la violencia física, cuando las posiciones e intereses son tan irreductibles como la batalla que se libra en el exterior de sus muros. Dicho en otras palabras, lo que vimos el primero de diciembre en San Lázaro equivale a una nueva etapa de la Revolución, ya no es con carabinas30-30, pero es la continuación del mismo proceso revolucionario que ha vivido nuestro pueblo en otras etapas de su evolución histórica, sólo que adaptada a la circunstancia y al momento actual, con otros medios y otras formas, pero aunque algunos se asusten, eso es la revolución. El choque y enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos facciones antagónicas que tratan de imponer el interés parcial y unilateral que representan, sin admitir concesiones al adversario. El proyecto social y económico que defienden cada cual es el poderoso motor que los impulsa a chocar físicamente contra el adversario en pleno debate, y naturalmente que en esa batalla pueden perderse las formas y hasta la vida misma. Durante la toma de posesión de Calderón, el primero de diciembre de 2006 fue una etapa más del enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución bajo el mismo techo cameral, teniendo como testigos a los "demócratas" priístas portando la bandera de la paz. La participación de la diputación priísta en la batalla de San Lázaro, se redujo a la calidad de testigos presenciales de una lucha que se libró fundamentalmente entre los partidarios del porvenir y las clases conservadoras patrocinadas por el capital financiero. La fracción parlamentaria priísta optó por acomodarse del lado de la derecha por su cercanía y afinidad ideológica; ese es el problema de los priístas que se autodenominan "demócratas" y defienden la supuesta neutralidad arropada en el centrismo ideológico; los que quieren servir a dios y al diablo al mismo tiempo. Según sirva a sus intereses personales, un día sirven descaradamente al proyecto de la derecha y al otro se autodenominan “socialdemócratas”. En los momentos cruciales y definitorios nunca han sabido interpretar los profundos reclamos sociales.
Habiendo tomado posesión el candidato de la derecha en una ceremonia hecha pedazos, dividida, radicalizada y confrontada, igual que toda la sociedad mexicana, una de las alternativas para frenar el proyecto antipopular del presidente espurio fueron los llamados “tribunazos”, táctica utilizada por los legisladores de las fuerzas patrióticas en varias ocasiones. Entre ellos pueden destacarse la toma de la tribuna legislativa durante los debates por la contrarreforma a la Ley del ISSSTE, y la reciente de este año para evitar el madruguete entre el PRI y el PAN para entregar el sector petrolero a las transnacionales; se logró que se abriera un debate nacional sobre los energéticos y se detuvo buena parte de la embestida. Gracias a esas acciones, Felipe Calderón no ha podido imponer a totalidad su proyecto.
¿Y cuál es el balance general que arroja la espuriedad desde el gobierno?: un país al borde del despeñadero y sin capitán que lo conduzca, cual nave algarete en medio de la tempestad. Todos los indicadores habidos y por haber son negativos. Como producto de los bajos niveles de bienestar se ha recrudecido alarmantemente la ola de violencia social que cubre todo el país; México es el país que sin estar en guerra declarada mueren más personas violentamente que en Irak, un país hollado por la ocupación militar yanqui.
La generación masiva de empleos quedó sólo en un eslogan demagógico. Cada vez se crean menos puestos de trabajo y son de menor calidad y peor pagados; los empleos existentes se reducen; las tasas de desocupación registradas en esta administración son las más altas de las últimas décadas. No hay día que no se registren despidos, cierre de empresas, hombres y mujeres a la calle. Los datos más recientes del INEGI no dejan lugar a dudas. El 13 de noviembre el instituto informó que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo cual significa que en tres meses, de julio a septiembre, se sumaron a las filas del desempleo 316 mil 421 personas. El desempleo abierto, tan sólo en septiembre, fue de 4.25 por ciento, tasa no vista desde la peor crisis económica a mediados de los años noventa.
Lo peor es que la administración que cacaraquea la era de los “acuerdos políticos” entre las fuerzas políticas del país, no ha convocado a un acuerdo nacional para rescatar y elevar la calidad de vida del pueblo, mediante la instrumentación de una política salarial justa y remuneradora que acabe con los topes y las restricciones al crecimiento del salario. No, para eso no hay “acuerdos”, seria contra natura que el régimen de derecha lo hiciera. Será la misma clase trabajadora la que tendrá que ponerse de pie y exigir el cumplimiento de sus demandas, antes de que la violencia social estalle en todas sus dimensiones. El régimen de derecha que se apropió del poder no entiende que sin justicia laboral no hay democracia ni país viable.
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