¿LA IMPUNIDAD?

LA FALSA TEORIA DE LA IMPUNIDAD COMO PRINCIPAL CAUSA DE LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA
El pasado 21 de agosto, en el patio central de Palacio Nacional, se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Seguridad y la Justicia. A convocatoria de Felipe Calderón se reunieron funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y personajes representativos de los distintos sectores de la sociedad, con el fin de adoptar el compromiso de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad y la violencia social que vive el país.
Estaban presentes, entre otros, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta; el presidente del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, alcaldes, empresarios, líderes sindicales, representantes del Episcopado Mexicano, de la comunidad judía y otras asociaciones religiosas; representantes de instituciones académicas, de organizaciones ciudadanas y de los medios de comunicación, mismos que firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad.
El ocupante de Los Pinos dijo que “como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía; debemos frenar a la delincuencia y un primer paso es sacarla de nuestra propia casa, mediante la aplicación de estrategias que permitan recuperar a favor del Estado el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes” Hablar en términos castrenses sobre las medidas tendientes a “sacar la delincuencia de nuestra propia casa, y el llamado a la recuperación territorial a favor del Estado” equivale a la aceptación explícita de la incapacidad para gobernar al pueblo; es el grito desesperado del desgobierno y la ingobernabilidad social, antesala de la capitulación.
En la alocución calderonista se acepta que “la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le brindó la impunidad; que se abrió camino en medio de las insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas; impunidad que se aprovechó de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno para encontrar el camino a sus anchas para delinquir. La impunidad se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas de investigar, procurar o de impartir justicia; impunidad que avanza plaza por plaza, debido al miedo, la intimidación y, por desgracia, también a la corrupción, en algunos casos de autoridades o de quienes decidieron darle cobijo a los delincuentes”.
Según el calderonismo y sus beneficiarios, la impunidad es la causa de la ola de violencia que vive el país; todos contra la impunidad fue el compromiso de los participantes de la Cumbre por la Seguridad. Los intelectuales de las clases dominantes sostienen sus argumentos con la siguiente estadística: El 80 por ciento de órdenes de aprehensión no se ejecutan; sólo el uno por ciento de los delincuentes purga condena en la cárcel, mientras el 99 por ciento de los delincuentes sigue libre en la calle delinquiendo todos los días. El crimen organizado roba 130 mil vehículos cada año, y en el DF, 76 de cada cien comerciantes han sido robados o asaltados en el último año; medio millón de personas trabajan vinculados al narcotráfico en este país donde hay otro medio millón de policías, repartidos entre los diferentes órdenes de gobierno, un gendarme por cada narcotraficante. México tiene la corona de campeón mundial en secuestros, y en lo que va del sexenio el crimen ha causado cinco mil 460 muertos. En total, en este país convulsionado se cometen 7 millones de delitos al año.
Supongamos entonces que la impunidad es erradicada mediante la implementación de los 75 puntos previstos por el Consejo Nacional de Seguridad, y que los 7 millones de delincuentes purgaran su condena en la cárcel, ¿de qué tamaño tendría que ser el sistema penitenciario para contener y mantener esa millonaria cifra de convictos? Sí tan sólo con el uno por ciento de delincuentes que son sentenciados hay sobrepoblación carcelaria, quiere decir que, partiendo de la capacidad instalada actual faltaría por construir el 99 por ciento más de espacios carcelarios. Suponiendo que hubiera presupuesto para ello, la idea calderonista de “recuperar el territorio a favor del Estado” equivale a que el pueblo pierda su propio territorio a favor de la construcción de millones de celdas.
Entonces, ¿qué significa acabar con la impunidad? Construir una cárcel tan grande como el país mismo para encerrar al pueblo, a fin de que no se les moleste a las clases poseedoras y puedan salir libremente de sus castillos de marfil y de de sus burbujas de cristal, donde se encuentran encerrados ahora por temor a un posible secuestro. Querer resolver el problema de la violencia generalizada que vive el país empezando por el ataque a la impunidad es totalmente inviable; eso es construir castillos en el aire, es dar palos de ciego a propósito. La política del Estado policíaco y represor corresponde solamente a los regímenes fascistas, que en aras de salvaguardar los intereses del gran capital someten al pueblo bajo una dictadura violenta y represiva. Esa ideología es propia de la derecha; conciben el papel del Estado como un policía con silbato, cuya primer responsabilidad -dicen- es “garantizar la seguridad del individuo”, negando de hecho y de derecho toda participación del Estado en la economía nacional.
Al contrario de la ideología gerencial de la derecha, las fuerzas partidarias del progreso social establecen como principal responsabilidad del Estado la de distribuir la justicia material entre los integrantes de la sociedad; es en la mesa de las clases mayoritarias en donde se mide la eficacia de las políticas de todo régimen, pues en la medida que se cumpla con las necesidades primarias de la familia disminuirá la violencia y el número de cárceles. Hablar de impunidad es hablar del último eslabón de la cadena de la descomposición social; pensar en la impunidad es pensar en un producto acabado sin reflexionar en los componentes que lo integran y lo hacen posible. La teoría de la impunidad como principal causa de la inseguridad y la violencia es falsa, porque con un gramo de inteligencia que se posea es suficiente para saber que tales fenómenos de descomposición no se dan por generación espontánea sino producto de grandes causas sociales.
Todos los mexicanos podemos coincidir en la gravedad del problema de inseguridad y violencia que nos aqueja, pero a la hora de analizar las soluciones y remedios es donde chocan las abismales divergencias de opinión, por tratarse de un asunto que ocupa el centro de la lucha de clases. Se trata de la disputa por la propiedad o apropiación de la riqueza mediante los diferentes medios al alcance del individuo.
Una élite privilegiada por el sistema de producción se apropia de la rebanada más grande del pastel disponible, al amparo de las “normas legales” establecidas por el Estado burgués -expresión superior de la delincuencia organizada-, y depositario de la violencia legítima para consumar el despojo dentro de la normatividad y las instituciones. De esta forma se condena a las mayorías a vivir en la miseria, aplastados por la misma norma que les es adversa; y en razón de ello, una parte considerable de la sociedad no acepta su destino de postración y pobreza y se rebela. Unos canalizan su inconformidad organizándose políticamente para promover los cambios sociales y económicos, y otros, apropiándose de la riqueza con los medios a su alcance. Es en este punto donde se rompen las reglas establecidas y se genera la violencia.
Nada más es cuestión de darle seguimiento a la información diaria en los distintos medios, para descubrir por sí mismo la asociación ineludible que hay entre la crisis económica, pobreza, marginación y el crecimiento de la inseguridad y la violencia. He aquí lo que dicen algunos diarios: Se frena la economía y crece la inflación, acepta Agustín Cartens que no se cumplirá con la meta de crecimiento de 2.8 por ciento prevista para este año; La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó que México sólo crecerá en un 2.5 por ciento, el índice más bajo de Latinoamérica; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma: la actual crisis alimentaria profundiza la pobreza de los países y en México empujará a cerca de 7.5 millones de mexicanos que se sumarán al interior de la pobreza extrema.
Y al mismo tiempo que leemos esas noticias desalentadoras, leemos una nota del periódico Tribuna de San Luis, de OEM, que nos habla de la otra cara de la misma moneda, cuya cabeza dice así: Alarma por violencia; a un paso de “focos rojos”, (29 de agosto). A 24 horas de que México se vista de blanco como manifestación ciudadana en repudio a la hola de violencia que agobia el país, se registraron 27 ejecutados en todo el territorio nacional: 12 personas decapitadas en Mérida, así como cuatro ejecutados en Chihuahua, uno en Tamaulipas, seis en Guerrero, uno en Zamora, Michoacán; dos acribillados en Culiacán y uno en Comitán, Chiapas. Este es el PAN de todos los días: pobreza, miseria, marginación, violencia e inseguridad.
La única forma de solucionar el conflicto social, político y económico que vive el país, y que está generando la violencia y la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, es combatiendo las verdaderas causas y no los efectos. Para evitar un estallido social y que el pobre no le quite dinero al rico valiéndose de los secuestros, las clases dominantes tienen que entender y acceder voluntariamente a que las fuerzas progresistas y de avanzada construyan una política fiscal revolucionaria, que distribuya la justicia material entre todos los mexicanos. Por esa razón, los partidarios del progreso con bienestar tienen ante sí la alta responsabilidad de organizar la Cumbre por la Recuperación del Salario y el Poder Adquisitivo, en respuesta a la Cumbre Contra la Inseguridad y la Violencia.
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