LA DICTADURA EMPRESARIAL
VERDADERA CULPABLE DE LA QUIEBRA DE LyFC

En esta ocasión, con el fin de llevar a los lectores de este espacio una información que les ayude a esclarecer los verdaderos motivos de la ilegal liquidación de LyFC, me sirvo traer a ustedes el editorial del periódico VOZ OBRERA, del Partido Popular Socialista (sin registro); y la entrevista publicada el 15 de octubre por el periódico la Jornada, realizada al compañero Manuel Fernández Flores, actual dirigente nacional de la trinchera en que milita este servidor, mismo camarada que desempeño el papel de máximo dirigente del SME durante los periodos de 1979-1983, actualmente jubilado de esa paraestatal propiedad de la nación.

El editorial afirma lo siguiente: “El gobierno federal ha dejado en claro su pretensión de destruir el sindicalismo revolucionario verdaderamente comprometido con la clase obrera. La derecha no ha vacilado en emplear los mecanismos de represión que las dictaduras de corte neofascista han utilizado para contener y acallar la protesta social. Ha recurrido al uso de verdades a medias y descaradas mentiras, apoyándose en costosas campañas mediáticas en los medios masivos de comunicación –prensa escrita y televisión- para distorsionar y desinformar a la opinión pública, crear un ambiente propicio para deslizar la privatización de la industria ligada al sector energético y cumplir los compromisos que el representante de la oligarquía en el poder, Felipe Calderón, le hizo a los barones del dinero, quienes entusiasmados con el fraude perpetrado contra AMLO, se reunieron convocados expresamente por una de las filiales de la revista Forbes para empezar a construir el México que anhelaban en un exclusivo hotel de Reforma.

HISTORIA MÍNIMA DE UN DESPOJO. La Constitución de la republica mandata que las empresas paraestatales que suministren la energía eléctrica a todo el país lo deben de hacer a precios bajos aplicando políticas de mínimos costos de operación y de inversión. Desde el gobierno zedillista se abandonó esta obligación y con el objetivo de privatizar la industria la ha encarecido artificialmente utilizando dos vías.

I). La participación privada en las inversiones y explotación del sector eléctrico ha permitido que las corporaciones transnacionales se apropien de la renta eléctrica del país, principalmente a través del desarrollo de infraestructura usando el esquema de los Piridegas, el autoabastecimiento, la exportación de electricidad y el suministro de gas licuado. Con la argumentación falsa de que México no disponía de recursos para la inversión y ante el anuncio catastrofista que hizo Téllez, cuando dirigía CFE, en el sentido de que se presentaría una crisis de desabasto de energía, se permitió la participación del capital privado, lo que llevó a una sobrecapacidad instalada de generación con altos costos de inversión de los productores independientes de energía (PIE), desaprovechando el parque de plantas generadoras que existe en manos del Estado y asegurando ganancias exorbitantes a las trasnacionales extranjeras al entregarles, previamente, la importación, distribución y explotación del gas. Esto ha traído como consecuencia que el 38% de la energía producida en el país se haga a través de los productores independientes (PIE) con altos costos, que al lado de las condiciones en las que realizaron las inversiones privadas en el país: a plazos de 26 años, con 12.5% de interés, mientras que las inversiones financieras las realizaron con créditos bancarios a no mas del 6% con lo que obtienen ganancias adicionales, especulando con las tasas de interés diferenciales entre la banca privada y el Estado mexicano.

Para poder apreciar esto en su total magnitud basta mencionar que los 40 TWh que compran obligatoriamente a los PIE el sistema CFE a un costo de 0.60 $/Kwh, y que entrega a su vez a la Compañía de Luz y Fuerza (CLyF) a 0.90 $/Kwh., dado que se le prohíbe a esta ultima generar su propia energía, provoca un sobreprecio que, anualmente, representa $12 mil millones de pesos de cargo extra, que se evitaría si se hubiese permitido a CLyF generarla.

II): Los gobiernos panistas han encarecido artificialmente los costos, permitiendo una sobreinversión en infraestructura que supera, en el caso de CFE, el 50% de la capacidad de reserva, mientras que LyFC presenta un déficit en la capacidad de generación, provocando crisis permanentes en el sistema de distribución en el centro del país, recordemos que este aporta una tercera parte del producto interno bruto (PIB).
Por otro lado, ante el compromiso que hizo el Estado para comprar la totalidad de la energía generada por los PIE, las corporaciones han medrado con la fijación artificial al alza del precio de gas que utilizan para la generación de energía eléctrica, llegando al absurdo de que Repsol, que controla la importación de gas licuado, haya elevado sus precios hasta 3.6 veces por encima de la propuesta con la que ganó la licitación, costos que al final siempre pagan los consumidores.

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS CULPABLES? No es de sorprendernos que los principales beneficiarios de la electricidad subsidiada no son las tomas domésticas. En el centro del país el 70% del consumo de electricidad corresponde a 46 mil grandes industriales y prestadores de servicio que pagan en promedio a 0.46 $/Kwh., por debajo del costo con el que se compran a los PIE, mientras que los usuarios domésticos lo pagan a 1.50 $Kwh. Esto sin contar que la mayor parte de la pérdida de energía corresponde realmente a empresas y oficinas públicas que no pagan un solo centavo:

Aquí algunos ejemplos: los municipios del estado de México tienen una deuda histórica que asciende a 3 mil 500 millones de pesos, diversas empresas del sector inmobiliario, como son, Ara, Geo, y Urbi, llevan más de una década sin pagar un solo centavo de luz. Los sectores bancario y comercial que estaban bajo la clasificación de “cuentas especiales”, las cuales además de gozar de tarifas preferenciales no realizaban los pagos correspondientes por el consumo de luz, entre otros, American Exprés, Aurrerá, Comercial Mexicana, el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, Bimbo, periódicos Reforma y UnomasUno, hoteles en Reforma y Polanco, la Presidencia de la República y todas las dependencias federales, las repetidoras de Telmex y Walmart que tienen toma clandestina y mediciones manipuladas. Además de un gran número de residencias de funcionarios federales que no pagan nada de consumo, todo esto con la complicidad de la gerencia de la empresa, no de los trabajadores, que es lo que pretende hacer creer el gobierno federal y así justificar la inconstitucional liquidación de la CLyF.

No son los trabajadores los responsables del mal estado operativo y financiero que presenta CLyF sino el propio gobierno que acatando los dictados de los organismos financieros internacionales planea entregar al capital financiero los sectores estratégicos del país y, golpeando sistemáticamente a las organizaciones sindicales progresistas, liquidar la Ley Federal del Trabajo y sustituirla con una contrarreforma laboral flexible que permita al gran capital sobreexplotar la fuerza de trabajo sin obstáculo alguno”. Hasta aquí el editorial del periódico VOZ OBRERA.

Aquí comienza la entrevista del periódico La Jornada con el ex dirigente del SME y actual líder del Partido Popular Socialista: “Salinas abrió la puerta para privatizar LFC, asegura Manuel Fernández Flores. Nacionalizar Mexican Light y American and Foreing Power, acto patriótico de López Mateos”.

“A la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no se le permitió crecer desde su creación, cuando las antiguas Mexican Light and Power Co y American and Foreing Power Co. fueron nacionalizadas en 1960, asegura Manuel Fernández Flores, uno de los ex secretarios generales del Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilado hace 23 años. Pero en tiempos de Miguel de la Madrid se empezaron a observar los primeros intentos de reprivatizar esta empresa pública. La puerta la abrió definitivamente Carlos Salinas de Gortari cuando se aprobó su iniciativa de Ley de prestación de servicio público de energía eléctrica, que permitió a particulares generar electricidad, supuestamente para autoconsumo. Fernández Flores, quien pasó casi toda su vida laborando para Luz y Fuerza y dirigió el SME durante dos periodos, de 1979 a 1983, cuenta cómo él y sus compañeros aportaron su grano de arena para resistir esta tendencia que hoy, finalmente, parece haber ganado la partida, con la extinción de la empresa por decreto presidencial y el despido de todos los trabajadores. Corría 1982 y Fernández estaba al frente del SME. “La táctica de Hugo Cervantes del Río, entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), era quitarnos materia de trabajo.

“Así, un día nos enteramos que la CFE iba a electrificar un fraccionamiento, Jardines de Cerro Gordo, camino a Pachuca. Decidimos adelantarnos y nuestros técnicos armaron un proyecto, muy bien hecho, por cierto. En la madrugada del 20 de noviembre salimos con nuestras cuadrillas y camiones hacia allá. Éramos al menos mil 500 hombres. En un solo día levantamos lo que normalmente tarda tres meses en hacerse. Se tendieron postes, líneas, transformadores; todo a marchas forzadas. A mediodía apareció gente de la comunidad, feliz de ver que se les iba a hacer el milagro de la luz, con ollas de pancita y tortillas. Pardeaba la tarde cuando se subió el switch y todo eso se iluminó. Yo vi a sobrestantes, hombres hechos y derechos, llorar de emoción.

Al día siguiente me citó Cervantes en su oficina de la CFE. Estaba presente Leonardo Rodríguez Alcaine, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). Amenazaron con castigar a todos los trabajadores que participaron. Yo asumí toda la responsabilidad. Así defendíamos las zonas que correspondían a nuestra empresa. Operaciones como ésta hubo más, entre otras la de Santa María Chicoloapan y la instalación de alta tensión en Loma Larga”.

Sindicalistas muy patrióticos. Manuel Fernández tenía 18 años, era obrero textil y militaba en el Partido Popular Socialista, muy cercano a Vicente Lombardo Toledano, cuando entró a trabajar a la Mexican Light and Power Co en 1952, como ayudante de mecánico eléctrico en una planta de diesel que había por el rumbo de Tacubaya. Fue despedido y después recontratado en el departamento de personal. Ahí, en el área administrativa, hizo toda su carrera hasta que se jubiló en 1987.

Durante sus primeros años en el SME fue testigo de la filiación priísta de sus líderes, como se acostumbraba en la época. Más tarde fueron construyendo la sana distancia, que se rompió cuando apareció en el horizonte Carlos Salinas de Gortari y el SME tuvo dos líderes que se le inclinaron: Jorge Tapia y Jorge Sánchez, este último expulsado y con un juicio pendiente por malversación de 3 mil millones de pesos. Recuerda con nostalgia 1960, cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la Mexican Light y otra empresa canadiense, American and Foreing Power. Fue un acto patriótico, asegura, y para los sindicalizados de esa época, muy nacionalistas, significó “un cambio que sobre todo aumentaba nuestra responsabilidad”.

“Queríamos dar mejor servicio para demostrar que ésa era la vía correcta. Pero una cosa es lo que hacía el SME y otra muy distinta la actitud de los administradores nombrados por el gobierno. Ellos no supieron responder. Hoy nos culpan del retraso de la empresa, pero, ¿quién señala a los gerentes y directores que nunca dieron presupuesto suficiente para operar, que ni siquiera suministraban los materiales indispensables? Esa enorme responsabilidad es la que hoy se está soslayando. Fernández, hoy de 75 años, es testimonio viviente de la forma en que los miembros del SME veneran su contrato colectivo, firmado por primera vez después de la huelga de 1936.

“No concede privilegios, pero sí es un excelente contrato que se construyó con mucha combatividad por parte del sindicato que se fundó en 1914 (el año que entraron las tropas de Zapata y Villa a la ciudad de México). Siempre fue un sindicato patriótico y, aunque ha tenido altas y bajas, la democracia interna existe. Sus líderes son renovados cada dos años y tiene una comisión legislativa en cada departamento, donde se consultan las necesidades de cada área. Esto se traduce en beneficios para los trabajadores: un buen fondo de ahorro; transportes; capacitación; un buen régimen de seguridad e higiene, porque hay áreas que trabajan con mucho riesgo en zonas de alta tensión. Nosotros no tenemos la culpa de que otros sindicatos no luchen y sus agremiados estén en condiciones peores en salario y prestaciones.

La batalla perdida: “La batalla que Luz y Fuerza nunca pudo ganar a lo largo de su historia y que hoy parece haber perdido definitivamente es contra la reprivatización. De manera alevosa, a Luz y Fuerza siempre le negaron participar en la generación eléctrica. La última planta generadora que se le permitió fue la de Lechería, y ésa se construyó en 1958. Después, ni una más. En cambio, a la CFE se le permite todo, incluso concesionar. Hoy casi 40 por ciento de la generación está en manos privadas. Diga lo que diga Felipe Calderón, hoy estamos ante una privatización de hecho. Y lo peor es que nuevamente estamos en manos de empresas extranjeras: Ibedrola, Fenosa, Mitsubishi.

Fernández Flores, como casi todos los jubilados que fueron dirigentes del sindicato, acude diariamente a la sede del SME para ver en qué contribuye a la resistencia. Narra que ayer, cuando iba rumbo a la colonia Tabacalera, encontró a un trabajador electricista caminando sobre Reforma con una cartulina pegada en la espalda que decía, escrito con plumón: “Preferible morir de un balazo que de hambre”. Ésa, comenta, es una actitud de desesperación. Es verdad que nunca pensamos que íbamos a transitar por esta situación, pero esa desesperación es justamente lo que hay que tratar de evitar entre nuestros compañeros”. Aquí termina la entrevista del periódico La jornada con el camarada Manuel Fernández Flores.

Esta es sin lugar a dudas una de las batallas más importantes de nuestro tiempo, a la que tendrán que hacer frente por cuestión de supervivencia las fuerzas progresistas de México; en ella se juega el porvenir del pueblo. La dictadura empresarial hace hasta lo indecible por manipular a la opinión pública y acallar la protesta social, tratando de evadir su responsabilidad en los graves problemas que aquejan al pueblo. En una acción temeraria se pretende ignorar que el llamado “decretazo liquidacionista”, en las circunstancias actuales que vive el pueblo, puede ser la chispa que incendie la conciencia de las clases oprimidas, y con él, se inicie un tránsito irreversible de la protesta social a la resistencia; de la resistencia a la desobediencia; de la desobediencia a la insurrección civil. Los responsables de que el pueblo busque en su desesperación el camino de los cambios súbitos, serán los usurpadores de la voluntad popular que hoy despachan en Palacio Nacional y sus lacayos. Que sobre éllos caigan pues, los anatemas y vituperios encendidos del pueblo.

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