EL MOVIMIENTO OBRERO
BAJO LA EMBESTIDA DE LA DICTADURA

La restauración de la dictadura porfirista a cargo del usurpador Felipe Calderón no aprende las lecciones de la historia. Sin importar las consecuencias sociales que deriven de sus actos, igual que sus ancestros, sigue el mismo patrón de conducta dictatorial y represiva contra el movimiento obrero al que acusan de todos los males. El desarrollo de la conciencia colectiva, en particular del movimiento obrero, no olvida que los acontecimientos ocurridos en Cananea, Sonora, y Río Blanco, Veracruz, fueron los primeros chispazos de la Revolución Mexicana; menos se olvidará ahora que la gestión de la derecha en el poder hace que la clase trabajadora recuerde en carne propia los efectos de la embestida dictatorial.
A la larga cadena de atropellos e injusticias, unida a la criminal política salarial con que se somete inmisericorde a la clase trabajadora, ahora se suma la ilegal liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del centro, cuyo propósito central no es el anunciado ahorro de recursos y la eficientización del servicio a los usuarios, sino el de atacar directamente al sindicato más combativo de México y cabeza visible del sindicalismo revolucionario. Este zarpazo gorilesco, más que una provocación es un ataque frontal a los adversarios políticos, el descabezamiento y la desarticulación de los movimientos sociales opositores en la víspera de la sucesión presidencial.
Este hecho representa un episodio más de la profundización de la lucha de clases en un marco histórico por demás significativo para el pueblo de México, justo en medio de los preparativos para celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Si estos ataques se dan en los escenarios previos, ya podemos augurar que dichas celebraciones se llevarán a cabo en un ambiente de convulsión social, equiparable a las mismas condiciones, el mismo sentir, y el mismo ánimo del pueblo, que desencadenaron los movimientos sociales y políticos más importantes de nuestra experiencia histórica.
De un plumazo el llamado “presidente del empleo” arroja a la calle a 60 mil obreros, una cuota que elevará más la estadística del desempleo que dice combatir. La excusa oficial, “una paraestatal ineficiente por culpa de los privilegios de su sindicato”. Toda la maquinaria mediática del Estado neoliberal participando en un linchamiento de los trabajadores electricistas y su instrumento de lucha. Una artimaña publicitaria propia del fascismo, dirigida a engañar al pueblo para justificar sus vergonzantes acciones.
¿Con qué autoridad moral puede el régimen de derecha y sus personeros acusar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas de privilegios y prebendas salariales? El pueblo debe saber que quienes han hundido al país son precisamente las clases privilegiadas, las mismas que ahora acusan al sindicato de quebrar a LyFC a base de privilegios en su Contrato Colectivo de Trabajo. Hay que voltear la mirada hacia los acusadores y perjuros para darnos cuenta de quienes son los que han conducido a la quiebra total, no a una paraestatal, sino al país entero.
Por ejemplo: mientras un electricista gana en promedio 6 mil 600 pesos mensuales, el director de la empresa (LyFC), Jorge Gutiérrez -miembro de la élite calderonista- percibe 240 mil pesos mensuales. Aquellos que ven privilegios en los trabajadores de la paraestatal, que analicen los salarios del Poder Ejecutivo y de la alta burocracia; que analicen los salarios de los magistrados de la rancia Suprema Corte de Justicia y los consejeros del IFE y TEPJF; que analicen en cuánto se ha incrementado la nómina de los puestos de primer nivel y el inmoral aumento del gasto corriente durante los gobiernos del PAN, de 2000 a 2009. Esos que piensan que los electricistas son ricos, que busquen en la revista Forbes haber si encuentran algún miembro del SME; y por último, que analicen las mismas estadísticas oficiales de cómo se distribuye la riqueza en México, y se darán cuenta que los acusadores son los verdaderos culpables de la zozobra que vive el país. ¡Los trabajadores son víctimas no culpables!
Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones presidenciales y con lujo de violencia la Policía Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre, las instalaciones de LyFC.
Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”.
Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de la Industria Eléctrica, es necesario hacer las siguientes precisiones: LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.
Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.
En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, éstas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE. El pueblo de México debe saber que, el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009, es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer creer el titular del ejecutivo.
La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.
Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, además de golpear a su sindicato, está el interés de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los hechos, no palabras. Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza y la represión.
En consecuencia, la lucha del SME en defensa de las empresas públicas propiedad de la nación, es la lucha del movimiento obrero organizado contra la tiranía del régimen; la lucha del SME, es la continuación de la experiencia histórica del movimiento obrero y sus grandes batallas, como las de Cananea y Río Blanco; la lucha del SME es la lucha del pueblo contra el neoliberalismo depredador y la derecha gobernante. Tan grandiosas son las banderas que enarbola, como fuertes son sus enemigos que lo quieren destruir.