NO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
SI A LA RESTITUCION DEL REGISTRO CONDICIONADO

Una lección que los militantes de los sectores revolucionarios hemos aprendido es que la oligarquía nunca duerme, de día o de noche siempre está acuartelada, permanece despierta y trabajando, planeando y organizando los distintos medios a su alcance para la prolongación del dominio de su dictadura sobre los hombros del pueblo.
Cuando los pueblos se revelan y utilizan los mismos medios de la democracia formal para iniciar nuevas etapas de transformación social bajo el liderazgo de sus conductores, entonces las oligarquías criollas aliadas a las extranjeras no dudan en echar mano de los golpes de Estado, tal como sucedió en la operación fallida contra Hugo Chávez, en Venezuela, y recientemente contra el presidente Manuel Zelaya, en Honduras. La misma estrategia golpista se estuviera fraguando contra López Obrador si se hubiera logrado imponer en la presidencia de la República el voto mayoritario del pueblo en el 2006. En el caso de Obrador, la estrategia implementada por la oligarquía logró anularlo, primero mediante una guerra sucia e ilegal, y después en la calificación del proceso electoral, mediante el acuartelamiento de todas las instituciones de la derecha.
En el caso de Honduras, los intelectuales y politólogos al servicio de la oligarquía avalan la estrategia golpista afirmando que “un golpe de Estado evitó otro golpe de Estado”, en alusión directa a la convocatoria del gobierno de Manuel Zelaya para la realización de un referéndum para conocer la opinión popular sobre un nuevo constituyente. Según los cuadros de inteligencia, de haberse permitido la continuación del régimen zelayista y su proyecto, mismo que surgió de un proceso democrático, se habría constituido en aquella nación “una dictadura como el chavismo en Venezuela”. Las clases dominantes dueñas del aparato del Estado y divorciada del régimen progresista, decidió cortarle las alas a la transformación social y económica que se gestaba desde la primer magistratura del país centroamericano al costo que fuera.
Para los intereses mezquinos del gran capital, es preferible enfrentar la insurrección del pueblo en una guerra civil y el baño de sangre que ello conlleva, a permitir que ese pueblo inicie la verdadera transición hacia nuevos estadios de desarrollo; se trata por todos los medios de impedir a cualquier costo las luchas libertarias de los pueblos en cualquier parte donde éstos se revelen.
Para los intereses del gran capital transnacional y las oligarquías criollas, su postura frente a la democracia formal depende según cual sea la realidad en cada país. Cuando los regímenes de la derecha, dóciles y serviles a sus intereses ocupan el poder, entonces se convierten en rabiosos defensores de la “democracia”; pero cuando los pueblos se revelan y se hacen del poder utilizando las mismas herramientas formales que proporciona el democratismo burgués, entonces la combaten afirmando que el voto puede servir también para la encumbración de dictaduras “como la de Chávez en Venezuela” y no dudan en avalar la organización de los golpes de Estado contra gobiernos electos popularmente. O sea que, dicho de otro modo, democracia que no sirve a sus intereses no es democracia, sólo de esa hay y háganle como quieran, no hay otra alternativa.
La estrategia y los métodos de la oligarquía en nuestro país son otros. Durante el desarrollo del proceso electoral y después del mismo, se ha venido fortaleciendo una estrategia mediática impulsada por intelectuales al servicio de las clases poseedoras, que obedeciendo oscuros intereses pretenden hacerse pasar por los redentores de la democracia aprovechándose de la ingenuidad y la incultura política, así como del cansancio del pueblo ante los desastrosos resultados del régimen de derecha y los partidos que sostienen la dictadura neoliberal.
En política no existen las casualidades ni las coincidencias. Todos los planteamientos de este grupo de politólogos obedecen a una misma línea de acción y a una estrategia bien organizada, que las fuerzas progresistas del país están obligadas a desenmascarar y denunciar públicamente. Previo a las elecciones, estas marionetas se dedicaron a sembrar en el indefenso pueblo la idea del “voto blanco”, según ellos para castigar a la clase política y sus partidos, y la falta de candidatos con propuestas bien articuladas para sacar al país del atraso en que se encuentra. Intencionadamente hablan del desencanto de la población por la política -cosa cierta-, pero cuidan su vocabulario evitando señalar a los verdaderos responsables; hablan de generalidades superficiales y en sentido abstracto. Por ejemplo, ¿alguna vez estos falsos redentores habrán hablado de la criminal política salarial y de quiénes la sostienen? Nunca se les ha escuchado semejante atrevimiento.
LO que perseguían en realidad con la campaña del voto blanco, era eliminar de la contienda electoral a las masas descontentas del país, previendo que el voto de castigo en contra del PAN sería mayor cuanto más grande fuera la participación de las masas descontentas en las urnas electorales. Finalmente, aún con el alto grado de abstencionismo electoral que se presentó, los ciudadanos más conscientes que sí acudieron a votar le propinaron una tremenda derrota a las fuerzas reaccionarias del país.
Este comité de intelectuales no descansa. Apenas unos días transcurridos después de la jornada electoral ya se encuentran desarrollando la continuación de su estrategia, cuyo siguiente paso es organizar sus fuerzas para presionar por la organización de una nueva reforma electoral, que pretenden sea a la medida del interés de sus patrocinadores. Hasta en el Senado de la República se escucha hablar ya de lo que será la tan ponderada reforma.
Los más conspicuos y esclarecidos analistas han descubierto ya algunas verdades sobre lo que se proponen hacer los dueños del dinero en la próxima legislación electoral, lo que falta por descubrir es el cuerpo entero de la estrategia, desnudarlos, exhibirlos y denunciarlos ante la opinión pública a tiempo de que pueda frenarse una contrarreforma más que sirva al interés exclusivo de la plutocracia.
Es del conocimiento público que las cúpulas empresariales y los monopolios televisivos sufrieron pérdidas económicas con la promulgación de la legislación electoral vigente, en parte es cierto. Los primeros se quejaron en todas las instancias posibles, reclamando que dicha ley les coartaba el derecho de libre expresión al no poder contratar libremente espacios en la televisión para opinar sobre los candidatos; la instrumentación de la campaña negra contra López Obrador durante el proceso electoral del 2006, consideran es un derecho que les asiste. Y los segundos en la discordia hacia la norma electoral, las televisoras, se han quejado amargamente porque los ríos de dinero que llegaron a sus manos como producto de esa campaña sucia no llegaron esta vez a sus bolsillos.
Lo cierto es que los sectores quejosos de la oligarquía han puesto en marcha un plan para presionar a la clase política por la instrumentación de nuevas reglas electorales, que les permitan -como lo hicieron en el 2006-, intervenir y definir directamente mediante su poder económico. Puede pensarse cualquier cosa, menos que la oligarquía quiera y acepte quedarse al margen de los procesos electorales.
El gran capital que está detrás de este comité de intelectuales, el que les da oxigeno, los alimenta y patrocina, tiene los ojos puestos en la batalla por la sucesión presidencial del año 2012. Todo su capital, todos sus esfuerzos, todos sus planes, proyectos y estrategias, van encaminados a lograr su propósito de prolongar su dictadura el mayor tiempo que les sea posible; ellos planifican su dominación a futuro, por lo menos hasta el año 2030, lo han sentenciado, pero por ahora sus desvelos van encaminados a resolver en su favor la contradicción existente entre las demandas y exigencias sociales, contra los deseos naturales de la derecha de conservarse en el poder más allá de este sexenio.
¿Y qué es lo que demandan las minorías archimillonarias que integran las listas de la revista Forbes, para la nueva legislación electoral, y que escuchamos en boca de sus marionetas? Lo destacable de esa propuesta, entre otras minucias, es la apertura a las candidaturas independientes. Ese es el fondo de todo el asunto, ahí es donde enseñan el cobre, donde todo ciudadano debe centrar su atención para descubrir a quiénes sirve esa propuesta, misma que puede sorprender presentándose escondida en un libraco bien empastado y en medio de miles de páginas de oropel.
Las candidaturas independientes se presentan como la salvación de nuestro régimen democrático, ante la reprobación popular del sistema político y sus desastrosos resultados. Abrir los espacios para que compitan en igualdad de circunstancias “los candidatos de la sociedad civil”, es la solución para hacer más atractiva la participación de novedosas y múltiples opciones al electorado, dicen aquí y allá sus promotores.
Las candidaturas independientes son la coartada perfecta de la minoría rapaz, de hecho, son la llave para abrir los candados impuestos a la legislación electoral vigente. A cambio de la “libertad” de contratar guerra sucia en espacios de televisión quieren la institucionalización de las candidaturas independientes. Esta herramienta ya probó su eficacia para dividir al electorado cuando la derrota de la candidatura de la derecha era ya un hecho. Hay que recordar la ilegal participación del Dr. Simi, el autodenominado candidato independiente, el que usando una bandera engañosa y falaz denominada “Simisocialismo” logró quitarle muchos votos al candidato de la Coalición por el Bien de Todos, en el proceso electoral de 2006. El mismo magnate y dueño de la cadena de farmacias de Similares anduvo pregonando públicamente que el triunfo de Felipe Calderón se lo debían a él; fue público y notorio que dicha candidatura se constituyó en uno de los instrumentos financiados por los monopolios y la derecha criolla, para arrebatarle el triunfo al candidato de las fuerzas progresistas, Andrés Manuel López Obrador.
Todas las fuerzas de avanzada del país deben cerrar filas para evitar un retroceso más en la legislación electoral. Hay que cerrarle la puerta a la intentona de la derecha de perpetuarse en el poder; nuestra condena debe ser unánime al exclamar un rotundo ¡no! a las candidaturas independientes. Si se quiere organizar una verdadera reforma política tendiente a abrir espacios a la participación de la ciudadanía, restituyamos la figura del registro condicionado, limitando esa prerrogativa sólo a las agrupaciones políticas nacionales registradas ante el IFE y que aspiren a obtener su registro como partido político.
Algunos atacarían de inmediato, alegando que al otorgarse el registro condicionado a las APN para que participen en los procesos electorales, igual que con las candidaturas independientes también se estaría propiciando el divisionismo del electorado, más no es lo mismo. Las clases dominantes buscarían financiar varias candidaturas independientes al estilo del Dr. Simi para dispersar al electorado; las APN con registro condicionado de partido, por el contrario, sobre todo las de corte progresista, buscarían la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas en torno a un solo candidato. Las fuerzas retardatarias buscan la dispersión, las del progreso buscan la unidad.
Dado el complejo marco histórico que vivimos, la restitución de la figura del registro condicionado es ya una necesidad insoslayable para que el desencanto popular pueda expresarse y participar políticamente en otras opciones doctrinarias diferentes al actual régimen de partidos, pero esto no se dará abriendo las candidaturas independientes, sino abriendo los registros condicionados.
El argumento central que sostiene esta demanda es el altísimo grado de abstencionismo que se presenta en cada elección, generado en primer lugar por aquellos ciudadanos que no sienten representados sus intereses por ninguno de los partidos existentes. El actual régimen democrático produce gobiernos ilegítimos, en razón de que son electos por minorías, mientras las mayorías buscan otras formas de expresar su descontento.
Analizar esta peligrosa situación es una responsabilidad política de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión. Deben aceptar la urgencia de legislar para conducir ese descontento popular y conservar la precaria paz social; para ello es imprescindible abrir todas las válvulas de presión que fueron cerradas, una tras otra, en las contrarreformas electorales del neoliberalismo de derecha.
Se ha dicho con insistencia que la institucionalización del registro condicionado, surgido por primera vez en la Reforma Política de 1977, promulgada por el presidente José López Portillo, obedeció al desgaste del sistema político, generado entre otras cosas por el conflicto estudiantil de 1968 y la oposición armada de algunos grupos guerrilleros que operaban en ese entonces, como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros. La Reforma Política lopezportillista, a criterio de las fuerzas progresistas, ha sido la más democrática e incluyente que se haya promulgado hasta nuestros días, porque fue la que puso las bases para el retorno a la lucha civil y pacífica de muchos alzados en armas. Gracias a la misma reforma obtuvieron su registro los partidos Comunista Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores y Demócrata Mexicano. Esa generación de políticos e intelectuales que hicieron posible esta legislación marcaron toda una época de apertura política que se prolongó hasta 1989, cuando comienzan las contrarreformas electorales que demandaba el modelo económico neoliberal.
Si las mentes lúcidas y visionarias de aquel momento juzgaron la necesidad de la reforma política para darle cause a la inconformidad social, con mayores razones los diputados y senadores de hoy, haciendo gala de su sensibilidad, tendrán que juzgar la urgente necesidad de la apertura en nuestro régimen democrático. Los mismos factores que avalaron la reforma de 1977, a la fecha de hoy se han elevado a su máximo nivel, comparemos sólo algunos aspectos,
La economía nacional creció en aquel año al ritmo de 7 por ciento; en el actual, llegaremos a diciembre con un decrecimiento del PIB de por lo menos el 8 por ciento. En aquella época los salarios crecían por encima de la inflación y el poder adquisitivo estaba a la altura del máximo histórico; ahora, el crecimiento de los salarios siempre queda rebasado por la inflación y está atorado por sendos topes oficiales que castigan el bienestar de la clase trabajadora; el poder adquisitivo de hoy representa sólo el 30 por ciento de lo que se podía comprar con el mismo salario en aquel tiempo.
La violencia social que se juzgó peligrosa durante el sexenio de López Portillo no tiene comparación alguna con la que se registra hoy. Se decía, por ejemplo, de la existencia de grupos guerrilleros en número menor a cinco; hoy, las fuentes de inteligencia militar reconocen la existencia de por lo menos 23 grupos guerrilleros, mismos que han elegido los métodos y la estrategia de la violencia armada para desafiar la existencia del Estado neoliberal.
Actualmente, ni la “violencia legítima” de que dispone la dictadura de la derecha ha podido contener lo que es, de hecho, una sublevación popular muy cercana a la guerra civil, cuyo saldo sangriento en sólo 19 meses ha sido de 14 mil ejecuciones, 10 mil en 2008 y 4 mil en lo que va del año; este nivel de derramamiento de sangre sólo es superado por la cuota que se derramó durante la Revolución Mexicana. México es hoy el país más violento del mundo. Y qué decir del sistema carcelario, el cual se declara impotente para contener en sus celdas a los autores de 15 millones de delitos que se cometen al año, de los cuales la gran mayoría son delitos patrimoniales menores a los tres mil pesos.
Donde hay injusticia social no puede haber paz social. Los índices de violencia se elevan cuando una minoría rapaz se apropia de la mayor parte de la riqueza nacional, valiéndose de la fuerza de que dispone. La mayor parte de los delincuentes son ciudadanos que se rebelaron al estatus en que los mantuvo la criminal política salarial, e hicieron de la violencia su método para apropiarse de la riqueza que les fue negada por su trabajo honrado. Cuando el Estado se niega a distribuir la riqueza material, entonces aparece la violencia de quienes se hacen justicia por propia mano. Esta negra etapa de penumbras es el fruto del arribo de la ideología de la derecha al poder, misma que logró concatenar toda la vida nacional a favor de una minoría rapaz y sin escrúpulos.
Tales son las manifestaciones de un régimen político enfermo y a punto de colapsar, que requiere de la sensibilidad y la visión de sus conductores para darle al país viabilidad a futuro. El pueblo estaría de acuerdo en perdonar la ceguera de aquellos actores políticos ingenuos, que han ofendido la inteligencia del pueblo calificando el drama actual que vive el pueblo con el mote de la “normalidad democrática”, siempre y cuando se reivindiquen y contribuyan con su actitud a abrir los candados que limitan la participación del pueblo en su régimen democrático.
Urge sobremanera desandar el camino excluyente seguido por todas las contrarreformas electorales a partir de 1989. Dichas rectificaciones deben iniciar con la demanda principal que es, la restitución de la figura del registro condicionado para aquellas agrupaciones políticas nacionales registradas en el IFE, y que aspiren a obtener su registro como partido político nacional. Del mismo modo, sería una contradicción absoluta y un error mayúsculo si se avanza por el camino de las candidaturas independientes, y al mismo tiempo se siguen manteniendo los candados impuestos por las últimas contrarreformas para la constitución de los partidos políticos.
No hay que confundir una cosa con la otra. La supuesta apertura hacia las candidaturas independientes es una vieja bandera del gran capital para darles voz a individuos adinerados y por lo mismo es contrarrevolucionaria; al implementarse esa figura seguiríamos transitando el camino de la privatización de la política y arribando a la fase superior de la democracia de mercado. El pueblo no puede avalar esa nefasta figura antidemocrática, aunque la derechizada Suprema Corte haya declarado su constitucionalidad el 2 de octubre de 2006. La apertura debe ser para darle la bienvenida a otras colectividades doctrinarias, no a los individuos al servicio de la tiranía que se combate.
Esperemos que el tiempo nos alcance para que cada quien cumpla con su responsabilidad, antes de que el drama social se desborde. El pueblo de México no puede esperar más.