lunes, 13 de abril de 2009

SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY PAZ SOCIAL
EL SALARIO Y SU PODER ADQUISITIVO
ANTE LA COYUNTURA ELECTORAL

El pueblo de México está inmerso en un proceso electoral que lo llevará a elegir el próximo 5 de julio a sus representantes populares. La efervescencia política propia de estas coyunturas se apodera de la opinión pública; las diversas corrientes del pensamiento, las ideologías y las fuerzas políticas se tensan en la disputa por el poder. La exaltación de la conciencia de la sociedad para obtener el sufragio favorable es la mercancía en disputa que todos los contendientes quieren comprar para su causa.
Por eso declaro desde este modesto espacio de la clase trabajadora que, ha llegado el momento de la reflexión serena como ejercicio necesario para emitir un voto razonado y de calidad. Justamente igual que las clases privilegiadas ejercen el derecho de examinar con sumo cuidado el perfil de los candidatos y partidos que cuidarán la continuidad de sus prebendas, las clases laboriosas y desprotegidas tienen el mismo derecho -en teoría- a examinar con pulcritud la oferta electoral de los partidos y candidatos para poder asegurar un voto razonado y de calidad que mejore su nivel de vida a que tiene derecho.
Para no ser despojado de la conciencia y caer sucesivamente como víctima del robo de su sufragio, resulta indispensable el análisis riguroso del marco histórico en que se desenvuelve el proceso electoral y los propios contendientes y sus programas. Si el albañil que construye casas no es propietario de un hogar para alojar a su familia; si el obrero textil invierte su jornada en confeccionar ropa y sin embargo él y su familia andan en harapos; si el obrero fabrica calzado y anda descalzo; si el obrero produce una plusvalía suficiente mediante su jornada de trabajo y hace posible la concentración de insultantes fortunas, y a cambio se le impone un miserable salario que lo condena a vivir en la miseria, entonces es seguro que su participación en los “ejercicios democráticos” no han servido a su causa, lo han engañado y robado, lo han utilizado sólo para legitimar su propia desgracia.
De esa amarga situación el trabajador tiene que tomar clara conciencia y obrar en consecuencia. Si quiere dejar de ser víctima, si quiere superar su estado de postración, tiene que esforzarse para conquistar su propia liberación. Debe visualizar con claridad el por qué la vida es tan fácil para pocos y tan difícil para muchos, antes de decidir su sufragio.
Hay que aprender a desnudar a los partidos y candidatos tramposos en sus insanas pretensiones. A aquellos que acuden a los métodos de la mercadotecnia electoral para posicionar al candidato cursi, hueco de cerebro y sin programa. El mismo procedimiento que utilizan los mercados para promocionar sus productos, usando modelos de sonrisa fingida y muñecos de telenovela, al ser aplicado a la ciencia social de la política se convierte en lo que se llama democracia de mercado. Un modelo light que sustituye con eslogan publicitarios los análisis serios y profundos, el debate de las ideologías y sus programas, los compromisos puntuales ante la sociedad, para convencer y no para sustraer el sufragio del pueblo.
“Por el México que todos queremos”, ¿Qué demonios me dice a mí como trabajador éste eslogan publicitario tan cursi y tan general, utilizado por los politicastros que eluden los compromisos claros? Nada, absolutamente nada. ¿Qué nos quieren decir los candidatos que recurren a este eslogan? Que están con dios y con el diablo, con todos y con ninguno a la vez, dejando abierta la posibilidad de venderse al mejor postor y adoptar –como el agua- la forma del recipiente que lo contenga.
Siendo los salarios y su poder adquisitivo, el tema de mayor importancia para la absoluta mayoría de las clases laboriosas del país, las fuerzas políticas de avanzada tienen la responsabilidad histórica de enarbolar ésta demanda legítima de la clase trabajadora que redunda en el bienestar general del país. Sobre las fuerzas progresistas recae la responsabilidad de articular un compromiso serio ante la clase trabajadora de luchar por la liquidación total de la criminal política salarial que se sostiene hasta hoy, la cual restringe el desarrollo y la calidad de vida del pueblo.
No será la derecha en el poder la que lleve al debate la importancia de los salarios y su poder adquisitivo, pues los vasallos de las clases privilegiadas y el capital financiero son precisamente los autores de la restricción salarial que se aplica rigurosamente año con año. Esas fuerzas retardatarias nunca entenderán que la actual política criminal aplicada a la clase asalariada es el detonante principal del caos y la zozobra que se vive en el país.
Se puede afirmar con toda seguridad que, hablar de la restricción salarial es hablar de la contracción del mercado, del cierre de comercios y la consecuente caída en la producción industrial, terminando el círculo vicioso en el aumento del desempleo. Hablar de los salarios miserables, es hablar del aumento de la violencia social y la ingobernabilidad, porque no hay paz social sin justicia social. Cualquier Estado que se precie de serlo, no se justifica si no proporciona bienestar a su pueblo. Y no podrá haber bienestar mientras el salario, como medio para distribuir el producto del trabajo, y como pilar fundamental sobre el cual descansan las relaciones de producción esté severamente castigado.
Fundamentemos esta posición mediante las cifras del propio gobierno. La producción industrial en México disminuyó 11.1 por ciento en términos reales a tasa anual a enero de 2009, respecto del mismo periodo del año anterior, informó el INEGI. En su comunicado, el organismo público detalló que el sector de las industrias manufactureras tuvo una reducción de 14.9 por ciento anual, derivado de la menor producción en la mayoría de las actividades que la integran. Destacaron las caídas en la fabricación de equipos de transporte, industrias metálicas básicas, equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, productos a base de minerales no metálicos, y maquinaria y equipo, principalmente.
Y la correspondencia en la caída de la producción industrial, el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores lo encontramos rápidamente con los siguientes datos: el 60 por ciento de las personas encarceladas en los reclusorios están acusadas de delitos patrimoniales menores a dos mil 500 a tres mil pesos, por eso, ante el aumento de robos, la Comisión de Derechos Humanos del DF propondrá reformas a los códigos penales a fin de no poner en riesgo a quienes se encuentran ahí por pobreza, pues hay quienes sí entienden que las acciones punitivas por sí mismas no frenarán la delincuencia. Antes que seguir invirtiendo en la construcción de miles de cárceles para contener el robo impulsado por la pobreza, lo que debe construirse es un orden material y económico más justo para que el jefe de familia pueda resolver el sostén de su familia mediante su trabajo honrado.
El problema es que la descomposición social que está generando el abismo social abierto por la derecha en el poder está en aumento todos los días. Crece en forma piramidal; una parte de la delincuencia menor asciende a otras etapas donde se organiza en bandas delincuenciales, con mayor experiencia, más técnica y armamento sofisticado. Vea usted lo que produce el modelo económico aplicado por el calderonismo y sus “acciones responsables”. Durante el año pasado los secuestros en México crecieron en 50.9 por ciento con respecto al 2007, al totalizar 943 casos denunciados, principalmente de comerciantes y empresarios. De acuerdo con un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2002 hubo 540 secuestros, 582 al siguiente año, y en 2007 subió a 625. El 2008 quedará registrado como el año que más secuestros se cometieron, 943 oficialmente; no obstante, organizaciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México afirma que hubo más de mil secuestros, es decir, un aumento de casi 100 por ciento en relación con los registrados en 2005.
Los empleos que no genera el gobierno de derecha los está generando el narcotráfico. Según la nota de OEM-Informex, del miércoles 11 de marzo, en el negocio de las drogas en México participan directamente 150 mil personas, mientras que otras 300 mil se dedican al cultivo y procesamiento de marihuana y opio. La misma nota afirma: “En una audiencia ante el Subcomité de apropiaciones para Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado, de la Cámara de Representantes, se apuntó que el trasiego de las drogas es tan productivo para los cárteles de la droga, que las ganancias procedentes del tráfico de narcóticos, incluyendo al de la cocaína y metanfetaminas, les generan aproximadamente entre 13 mil y 25 mil millones de dólares cada año.
Cuando el Estado neoliberal “fallido” aplica rigurosamente las profecías del mercado y renuncia a sus responsabilidades de elevar el nivel de vida y crear los empleos que el pueblo demanda, el narcotráfico se hace cargo de llenar ese hueco, creando parte de los empleos que demanda la sociedad. El trabajador sin esperanza de resolver sus problemas viviendo del salario mínimo, los que viven en la economía informal y los desempleados que viven en la zozobra diaria, son empujados por el sistema a nutrir las filas del narcotráfico.
Inclusive, hablar de la criminal política salarial y sus nefastos resultados es hablar al mismo tiempo de la soberanía e independencia nacionales, porque la descomposición social que prevalece, capitaneada desde la cima de la pirámide delincuencial por las bandas de secuestradores y narcotraficantes da cabida al descarado injerencismo de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, para que nos venga a ofrecer su generosidad de trabajar “hombro con hombro” con el gobierno mexicano a través de la Iniciativa Mérida “para entrenar y equipar a las fuerzas del orden público mexicanos, así como reforzar el sistema judicial y a sus instituciones democráticas”.
La estancia en nuestro país de la alta funcionaria del gobierno norteamericano no podía ser desaprovechada por el calderonato, para hacerle saber que los mexicanos no podemos resolver el problema solos, que imploramos su ayuda. Por órdenes de Los Pinos, la Secretaría de Seguridad Pública distribuyó durante la visita de la funcionaria un documento donde se precisa que en 2008 se detectaron dos mil 437 zonas de impunidad en al menos 16 entidades del país, y en lo que va del año se han sumado otras 233. Indudablemente, Soberanía e independencia nacionales son términos que no se encuentran registrados en la agenda de los vasallos que administran temporalmente el México de Benito Juárez.
.Enarbolar la lucha por la liquidación de la política salarial restrictiva es una legítima demanda del pueblo. La angustia, desesperación e impotencia, es el estado de ánimo de por lo menos 10 millones de mexicanos que perciben de un salario mínimo hacia abajo, incluyendo a los parias que sobreviven con menos de dos dólares diarios, porque para ellos no hay esperanza de un mañana mejor. Tampoco cambiarán las cosas para aquellos que tienen la suerte de recibir entre uno y cinco salarios mínimos diarios, ni en general, para todo el conglomerado de 60 millones de mexicanos que se consideran en el rango de pobreza. La esperanza se consume ante la completa indefensión que hasta ahora se ha observado de este sector mayoritario del pueblo que es entregado con las manos amarradas, año con año, a los intereses del gran capital, por el apego irrestricto a la política salarial del Estado neoliberal.
Desesperanza ante tal estado de indefensión sí, porque por lo menos en el corto plazo no se avizora un horizonte diferente, que le de entrada a un cambio radical en la política salarial por la vía institucional. El “aumento” de 4 por ciento vigente desde el primero de enero, que constituye un promedio de dos pesos por jornada, no fue protestado en su momento, ni siquiera por la representación obrera que integra la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El tema salarial no figura en el proyecto de la Reforma del Estado, presidida por el senador neoliberal Manlio Fabio Beltrones; mucho menos es tema de preocupación para la Suprema Corte de Justicia, la institución que se promociona como garantía de que la Constitución se cumpla cabalmente. Esa actitud de cerrazón, de insensibilidad, pero más que nada, de radicalización de la lucha de clases, está empujando peligrosamente a que, nuevamente, (parafraseando a José María Morelos en los célebres Sentimientos de la Nación) “la nación abra sus labios y empuñe la espada para ser oída”.
En los años setentas el gobierno federal suscribió el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular los salarios mínimos, el cual señala que las necesidades de la población, y no la inflación, deben determinar los aumentos salariales. En el artículo tercero, dicho convenio que México ratificó, señala: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, deberán incluirse (…) I.- las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, el costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; II.- los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en lugar de hacer los cálculos para recuperar lo perdido mantiene amarrado el crecimiento salarial a la expectativa inflacionaria.
La agresiva política salarial violenta flagrantemente la Constitución General de la República, la cual establece, en su artículo 123: “los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Sin embargo, en vez de apegarse al mandato constitucional, la estrategia económica neoliberal ha agrandado dramáticamente la brecha entre el salario mínimo real y el que ordena nuestra Constitución.
Hemos vivido ya más de un cuarto de siglo bajo la dictadura impuesta por los mercados financieros, y en este largo túnel oscuro de “ajustes estructurales y disciplinas macroeconómicas”, los salarios mínimos han sido reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982, al descender de $ 32.72 en ese año, a $ 9.74 en 2007, a precios de 1994. Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946, cuando el salario mínimo fue de $ 13.37, a precio de 1994; de modo que acumulamos una regresión de más de medio siglo en la mejora del bienestar de los asalariados más desvalidos. Puesto que los incrementos de los salarios mínimos han servido de guía para las negociaciones contractuales, los trabajadores del sector formal de la economía han sufrido también un agresivo deterioro de su poder adquisitivo: los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal perdieron el 62.2 por ciento de su poder de compra durante el período de 1983-2007, acumulando también una regresión mayor de medio siglo.
Ese es el tan ponderado “Bien Común”, y por sus frutos los conoceréis. En vez de utilizar la política salarial como herramienta para elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso y la justicia social, la tecnocracia neoliberal la ha utilizado como ancla antiinflacionario: los incrementos del salario mínimo han sido iguales a las tasas de inflación proyectadas, casi siempre superadas por la inflación realmente observada, de manera que se ha provocado un deterioro ininterrumpido del poder de compra del salario. Así es como dicen combatir a la pobreza, sacrificando el bienestar de las clases proletarias para mantener a la plutocracia y sus signos de valor.

La ideología de la desigualdad que ha inspirado esta política salarial afirma: incrementos salariales superiores a la inflación esperada provocaría una carrera entre precios y salarios que acabaría deteriorando aun más al salario real. Desde luego, este dogma no está validado por la experiencia histórica. Hay que recordarlo: durante la época del desarrollo estabilizador (1959-1970), los incrementos nominales del salario mínimo (9 por ciento en promedio anual), fueron siempre superiores a las tasas de inflación (2.5 por ciento anual). Además, los aumentos salariales superaron también la suma de la tasa de inflación más la tasa de incremento de la productividad, la cual creció 4.3 por ciento anual. Como resultado, el salario real se incrementó a una tasa media de 6.3 por ciento anual. No obstante los incrementos salariales jamás desencadenaron una escalada inflacionaria.
Lo anterior ocurrió porque la política de Estado era todavía congruente con el proyecto social de la Revolución Mexicana, consistente en buscar el abatimiento de la desigualdad. Entre los propósitos del desarrollo estabilizador figuraron: “aumentar los salarios reales y mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (Ortiz MENA, el desarrollo estabilizador, FCE, México, 1998). Con firmeza y congruencia, ambos propósitos fueron cumplidos: la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND) pasó del 26.3 por ciento en 1950-1958, al 35.2 por ciento en 1959-1967 y al 38.3 por ciento en 1970.
Cabe destacar que, aunque los salarios reales y la distribución del ingreso entre los factores de la producción mejoraron considerablemente, la masa de ganancias empresariales creció aceleradamente, debido al crecimiento también acelerado del PIB, que se incrementó a una tasa media del 6.8 por ciento anual durante el período 1959-1970, sustentado precisamente en un pujante mercado interno. En contraste, el modelo neoliberal ha traído consigo un círculo perverso: empobrecimiento de los asalariados y drástico deterioro de la distribución del ingreso. La participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó del 41.7 por ciento del IND en el período de 1970-1982, al 35.1 por ciento en el período de 1983—2004, e incluso al 33.4 por ciento del IND sólo en 2004, lo cual ha provocado un severo achicamiento del mercado interno, derivando en un raquítico crecimiento del PIB, cuyo incremento apenas ascendió al 2.5 por ciento anual durante el período de 1983-2007. Es la etapa de la pobreza galopante.
Hemos visto pues, la importancia del tema salarial que tiene que ver con el desarrollo general del país, una legítima demanda que tiene que ser enarbolada por las fuerzas progresistas en esta coyuntura electoral. ¡Sin justicia social, no hay paz social!

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