SI LAS GOTAS DE LLUVIA FUERAN DE CHOCOLATE
…Y LAS BALAS DE CALDERON FUERAN DE ALGODON!
Si en el paraíso terrenal en el que nos describen los funcionarios públicos las gotas de lluvia fueran de chocolate y las balas de Calderón fueran de algodón, nuestro pueblo no estaría sufriendo esta amarga pesadilla a que nos ha llevado la actual dictadura de la derecha. Desafortunadamente la realidad supera por mucho todas las falacias gubernamentales y el país de las mil maravillas solo existe en la cabeza de los verdugos de nuestro pueblo.
Producto de la tiranía económica y política que somete al pueblo la violencia se ha desbordado, de la paz social que disfrutó el país durante varias décadas sólo queda el recuerdo, hoy vivimos una realidad angustiante, una realidad a la que nunca queríamos llegar porque creíamos que durante el desarrollo de nuestro proceso revolucionario el pueblo ya había pagado su cuota de sangre, pero no, el suelo patrio ha vuelto a teñirse de rojo nuevamente con 40 mil ciudadanos muertos reconocidos oficialmente y una cifra desconocida de cadáveres que han sido enterrados en fosas clandestinas, no hay la menor duda de que esa sangre derramada es una clara manifestación que demanda nuevas transformaciones sociales, políticas y económicas.
Hoy, bajo esta caótica situación que vivimos bajo el bestial gobierno de la derecha el pueblo ha creado una nueva heroína. La conciencia pública ha registrado a través de los medios el valiente proceder de una humilde maestra de Kínder, en el estado de Nuevo León, la que en día recientes hizo acopio de valentía para defender a sus niños durante una balacera que se registró teniendo la escuela en medio del escenario de guerra.
No estamos en Iraq, estamos en México y ésta es nuestra realidad. A través de la pantalla de televisión, durante una entrevista sostenida con el periodista Carlos Loret de Mola y la maestra convertida en heroína, me tocó observar las imágenes que ella misma se dio tiempo de grabar con su celular. Se trataba de su grupo compuesto de niños de entre 4 y 5 años de edad, a los que les pedía insistentemente permanecer en posición pecho tierra y no levantar la cabeza, todos obedeciendo a la maestra, muy disciplinados, a la vez que entonaban una canción infantil ´´…si las gotas de lluvia fueran de chocolate…´´ Todos los comentarios que circularon en los diferentes medios y las redes sociales en internet fueron para destacar la actitud de serenidad y valentía mostrada frente al grupo de niños, una escena peliculesca pero real, que muestra el autocontrol espontáneo, sólo entendible en alguien que se acostumbra a vivir en medio de la violencia.
Por su destacada actitud fue elogiada la maestra en todos los medios informativos, y el sentimiento de angustia colectiva que vive el pueblo la hizo su heroína. Lo que se siembra es lo que se cosecha; los ciudadanos acostumbran aplaudir las actitudes individuales honrosas al tiempo que repudian las acciones irresponsables de quienes se encargan de sembrar el caos de donde emergen los héroes. El creciente repudio popular, los anatemas y los vituperios colectivos van dirigidos a la cabeza responsable más visible, al titular del Poder Ejecutivo Federal, por instituir en los cuerpos armados el llamado ´´sacerdocio cívico´´ encaminado a mantener el terror y el estado de guerra fascista. Si del mantenimiento de las armas y de la opresión se hace un sacerdocio, lo que se cosechará es más violencia.
El pueblo grita por la detención de este régimen que lo oprime, intelectuales y estudiosos del derecho constitucional están analizando la vía legal para sentar en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón para juzgarlo penalmente como criminal de guerra. A continuación, doy a conocer a los amables lectores un interesante artículo escrito para la revista Proceso, de fecha 29 de mayo, por la periodista Jesusa Rodríguez, el cual nos ilustra sobre la opinión de expertos en la materia.
El mismo dice así: ´´Al desatar una guerra en la que participan las Fuerzas Armadas y que ha cobrado la vida de 40 mil personas en menos de cinco años, Felipe Calderón podría ser enjuiciado en México por violar la Constitución, y en el ámbito internacional por genocidio y delitos de lesa humanidad. Sostiene lo anterior el jurista René González de la Vega, doctor en derecho penal y autor de 20 obras en esa materia, quien agrega que esos juicios proceden porque al movilizar tropas sin la autorización del Congreso ni a petición oficial de los gobiernos estatales, el Ejecutivo federal podría estar incurriendo en abuso de autoridad. "Hoy todos miramos la insistencia autoritaria del poder para proseguir con una estrategia fallida que ya ha cobrado decenas de miles de vidas, entre las que hay no sólo probables delincuentes -que deben ser juzgados, no asesinados-, sino también víctimas inocentes que llaman ahora 'daños colaterales'", dice el jurista en entrevista con Proceso. En coincidencia con las conclusiones del también jurista Diego Valadés (Proceso 1803), el doctor González de la Vega esgrime un principio jurídico universal llamado posse comitatus -adoptado por todos los regímenes modernos-, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales.
"Nadie está contra la función de perseguir a la delincuencia. Pero si el Estado debe proteger a sus nacionales de posibles afectaciones a sus derechos, está obligado en primera instancia a nunca atentar contra la vida y la seguridad de las personas. Nada justifica utilizar a las Fuerzas Armadas contra la población de un país", advierte.
González de la Vega advierte que ese discurso presidencial es autoritario, pues lejos de escuchar las críticas insiste en perpetuar la guerra. Invoca un axioma jurídico: "A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que vivimos en México es una guerra. Así lo entiende el Estado y ante ello hay consecuencias jurídicas". El círculo vicioso González de la Vega establece los hechos que soportan su análisis. Primero, explica, hay decenas de miles de muertos en un periodo breve de tiempo, vinculados con una acción o política que tiene que ver con el supuesto combate a la delincuencia organizada.

"Se decía en un principio que todos los muertos eran delincuentes; después aparecieron los 'daños colaterales' cuando había víctimas inocentes que tenían la mala fortuna de estar en un lugar y momento equivocados; luego se llamó así a los civiles asesinados cuando un aparato armado del Estado disparaba sin razón.
"Aquí encontramos hechos trascendentales: el Estado se ufana de la muerte de presuntos delincuentes cuando éstos merecían un juicio justo y no la muerte. Y los llamados 'daños colaterales' no pueden quedar impunes por ninguna razón.
Nadie se opone a combatir a la delincuencia, pero hay que hacerlo con la ley en la mano, de lo contrario el Estado desciende al nivel de los delincuentes.

“Aunque hasta el momento el presidente ha mantenido su posición de combatir a la delincuencia porque había avanzado y debía frenarla, González de la Vega hace un balance: "Nunca hubo la cantidad de droga y consumidores que hay ahora en el país, con los niveles de impunidad actuales. No podía México decir que en su historia haya tenido un gran sistema de justicia, pero era aceptable para un país como el nuestro. La violencia ha llegado a un extremo grave, pues han caído 14 lugares en la medición internacional de los países más violentos. En particular se refiere a la "guerra con el uso de las Fuerzas Armadas, lo que implica una violación del principio del posse comitatus plasmado en el artículo 89 constitucional, que establece las atribuciones del presidente en lo tocante al comando de tropas dentro y fuera del país y define el principio de control mediante la autorización del Congreso. Otra cuestión es que se violan las garantías individuales con el uso de medidas extremas, como los cateos, detenciones arbitrarias, persecuciones "en caliente" y escuchas telefónicas, entre otras.

"Mejor era pedir la suspensión de garantías para que el Congreso dijera en dónde, cómo y por cuánto tiempo se suspendían. Al no haber suspensión, se genera una responsabilidad para las autoridades", agrega. ¿Habría posibilidad de juicio a Felipe Calderón y otros funcionarios federales? -se le pregunta. Sí, porque en la medida en que se utiliza inconstitucionalmente alguna atribución, se incurre en abuso de autoridad. De ahí se establece la conexión con la posible comisión de otros ilícitos -afirma.

Llama la atención sobre el artículo 119 constitucional, que autoriza a la Federación a intervenir en los estados ante disturbios graves sólo a petición expresa de los gobernadores, quienes a su vez deben estar autorizados por sus congresos.
En 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició el año con la toma de cinco municipios y el ataque a las instalaciones de Rancho Nuevo, en Chiapas, se trataba de una rebelión, dice el jurista. En los siguientes tres días el gobierno mexicano combatió a los zapatistas y luego declaró un alto al fuego, ilustra. Para ello, el gobierno del estado de Chiapas, con la autorización del Congreso local, solicitó al gobierno federal la intervención de las fuerzas federales. "Hoy ningún gobierno estatal ha pedido de manera oficial, debidamente acreditado por su legislatura local, la intervención de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en estos años se han movilizado alrededor de 40 mil tropas por todo el país", dice. Es un GENOCIDIO, es una guerra como política clara y definida, pronunciada en discursos y documentos oficiales, que movilizó ilegalmente a las Fuerzas Armadas y generó violencia, ha atraído la mirada internacional hacia México, acota.
Advierte que la magnitud de las fosas llenas de cadáveres que se han encontrado recientemente es semejante a la de las fosas hechas por los nazis, una alusión que, por cierto, el propio Calderón utilizó en su discurso del viernes 13. "Las fosas enormes donde se localizaron 200 cuerpos implica el uso de palas mecánicas y en esas condiciones estamos hablando de una ejecución sistemática que no sabemos de quién es, quién querría privar de la vida a migrantes nacionales o extranjeros, pero ya podemos hablar de genocidio y puede ser cometido por el Estado o por particulares", subraya.

Aunque considera que es necesario hacer investigaciones en los ámbitos nacional e internacional, destaca que México firmó el Estatuto de Roma, con lo que el Estado mexicano se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Añade que el Estatuto de Roma y los diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México y ratificados por el Senado declaran imprescriptibles los delitos de genocidio o de lesa humanidad. Invoca de nueva cuenta el artículo 119 constitucional, así como el objeto de un Estado: "El derecho no es un adorno y la autoridad debe cumplirlo. Su obligación es defender a sus nacionales de cualquier daño, lesión o violencia, de cualquier elementó que perturbe el orden y, ante el incumplimiento, creo que debemos llegar a articular un discurso jurídico unificado."También es necesario revisar si por acción u omisión se incurre en delitos internacionales, pero basta una reflexión: la primera misión del Estado es defender a sus nacionales, no ser parte del problema sino de la solución."
Aquí terminamos con el artículo publicado por la revista Proceso, el 29 de mayo pasado. Qué daríamos porque la nuestra fuera otra realidad, si las gotas de lluvia fueran de chocolate y las balas de calderón fueran de algodón, nadie estaría buscando los caminos legales para enjuiciar debidamente al responsable de la guerra.
San Luis Río Colorado, Sonora, México. Sábado 04 de junio de 2011.