NO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
SI A LA RESTITUCION DEL REGISTRO CONDICIONADO

Una lección que los militantes de los sectores revolucionarios hemos aprendido es que la oligarquía nunca duerme, de día o de noche siempre está acuartelada, permanece despierta y trabajando, planeando y organizando los distintos medios a su alcance para la prolongación del dominio de su dictadura sobre los hombros del pueblo.
Entendiendo así las cosas resulta que la inútil clase política que padecemos nos quiere vender la falsa idea de que la llamada ´´reforma política´´ que está por estrenarse en el próximo proceso electoral, si la Cámara de Diputados termina de aprobarla y de darle trámite, sea para ´´devolverle el poder al pueblo y reducir los privilegios de la clase política´´, dónde se ha visto tanta estupidez y tanto engaño. Reforma política sin reforma económica es inaceptable, es lo mismo que la libertad de movimiento dentro de la misma celda que nos oprime, es la economía la que nos arrastra al precipicio y cualquier reforma que quiera ser de verdad útil tendrá que plantear al mismo tiempo la necesidad de reformar también la vida económica.
La oligarquía está por cosechar una victoria más con la imposición de otra contrarreforma electoral a su medida, su servidumbre a la que pagan muy bien en el Congreso de la Unión ha hecho bien su papel legitimador. Es del conocimiento público que las cúpulas empresariales y los monopolios televisivos sufrieron pérdidas económicas con la promulgación de la legislación electoral vigente, en parte es cierto. Los primeros se quejaron en todas las instancias posibles, reclamando que dicha ley les coartaba el derecho de libre expresión al no poder contratar libremente espacios en la televisión para opinar sobre los candidatos; la instrumentación de la campaña negra contra López Obrador durante el proceso electoral del 2006, consideran es un derecho que les asiste. Y los segundos en la discordia sobre la norma electoral, las televisoras, se han quejado amargamente porque los ríos de dinero que llegaron a sus manos como producto de esa campaña sucia no llegaron esta vez a sus bolsillos.
Lo cierto es que los sectores quejosos de la oligarquía pusieron en marcha un plan para ordenar a la clase política la instrumentación de nuevas reglas electorales, que les permitan -como lo hicieron en el 2006-, intervenir y definir directamente mediante su poder económico. Puede pensarse cualquier cosa, menos que la oligarquía quiera y acepte quedarse al margen de los procesos electorales.
El gran capital que está detrás de los señores legisladores, el que les da oxigeno, los alimenta y patrocina, tiene los ojos puestos en la batalla por la sucesión presidencial del año 2012, quieren seguir contando con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para ellos solos. Todo su capital, todos sus esfuerzos, todos sus planes, proyectos y estrategias, van encaminados a lograr su propósito de prolongar su dictadura el mayor tiempo que les sea posible; ellos planifican su dominación a futuro, por lo menos hasta el año 2030, lo han sentenciado. Sus desvelos van encaminados a resolver en su favor la contradicción existente entre las demandas y exigencias sociales, contra los deseos naturales de la derecha de conservarse en el poder más allá de este sexenio.
¿Y qué es lo que están instrumentando las minorías archimillonarias que integran las listas de la revista Forbes, para la nueva legislación electoral, y que escuchamos en boca de sus marionetas? Lo destacable de esa propuesta, entre otras minucias, es la apertura a las candidaturas independientes, cuestión que de aceptarse nos conducirá inevitablemente a la fase superior de la democracia de mercado, ajena totalmente a las tesis del Constituyente de Querétaro. Ese es el fondo de todo el asunto, ahí es donde enseñan el cobre, donde todo ciudadano debe centrar su atención para descubrir a quiénes sirve esa propuesta, misma que puede sorprender presentándose escondida en un libraco bien empastado y en medio de miles de páginas de oropel.
Las candidaturas independientes se presentan como la salvación de nuestro régimen democrático, ante la reprobación popular del sistema político y sus desastrosos resultados. Abrir los espacios para que compitan en igualdad de circunstancias “los candidatos de la sociedad civil”, es la solución para hacer más atractiva la participación de novedosas y múltiples opciones al electorado, dicen aquí y allá sus promotores.
Todas las fuerzas de avanzada del país deben cerrar filas para evitar un retroceso más en la legislación electoral, todavía hay tiempo. Hay que cerrarle la puerta a la intentona de la derecha de perpetuarse en el poder; nuestra condena debe ser unánime al exclamar un rotundo ¡no! a las candidaturas independientes. Si se quiere organizar una verdadera reforma política tendiente a abrir espacios a la participación de la ciudadanía, restituyamos la figura del registro condicionado, limitando esa prerrogativa sólo a las agrupaciones políticas nacionales registradas ante el IFE y que aspiren a obtener su registro como partido político.
Algunos atacarían de inmediato, alegando que al otorgarse el registro condicionado a las APN para que participen en los procesos electorales, igual que con las candidaturas independientes también se estaría propiciando el divisionismo del electorado, más no es lo mismo. Las clases dominantes buscarían financiar varias candidaturas independientes al estilo del Dr. Simi para dispersar al electorado; las APN con registro condicionado de partido, por el contrario, sobre todo las de corte progresista, buscarían la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas en torno a un solo candidato. Las fuerzas retardatarias buscan la dispersión, las del progreso buscan la unidad.
Dado el complejo marco histórico que vivimos, la restitución de la figura del registro condicionado es ya una necesidad insoslayable para que el desencanto popular pueda expresarse y participar políticamente en otras opciones doctrinarias diferentes al actual régimen de partidos, pero esto no se dará abriendo las candidaturas independientes, sino abriendo los registros condicionados.
El argumento central que sostiene esta demanda es el altísimo grado de abstencionismo que se presenta en cada elección, generado en primer lugar por aquellos ciudadanos que no sienten representados sus intereses por ninguno de los partidos existentes. El actual régimen democrático produce gobiernos ilegítimos, en razón de que son electos por minorías, mientras las mayorías buscan otras formas de expresar su descontento.
Analizar esta peligrosa situación es una responsabilidad política de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión. Deben aceptar la urgencia de legislar para conducir ese descontento popular y conservar la precaria paz social; para ello es imprescindible abrir todas las válvulas de presión que fueron cerradas, una tras otra, en las contrarreformas electorales del neoliberalismo de derecha.
Se ha dicho con insistencia que la institucionalización del registro condicionado, surgido por primera vez en la Reforma Política de 1977, promulgada por el presidente José López Portillo, obedeció al desgaste del sistema político, generado entre otras cosas por el conflicto estudiantil de 1968 y la oposición armada de algunos grupos guerrilleros que operaban en ese entonces, como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros. La Reforma Política lopezportillista, a criterio de las fuerzas progresistas, ha sido la más democrática e incluyente que se haya promulgado hasta nuestros días, porque fue la que puso las bases para el retorno a la lucha civil y pacífica de muchos alzados en armas. Gracias a la misma reforma obtuvieron su registro los partidos Comunista Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores y Demócrata Mexicano. Esa generación de políticos e intelectuales que hicieron posible esta legislación marcaron toda una época de apertura política que se prolongó hasta 1989, cuando comienzan las contrarreformas electorales que demandaba el modelo económico neoliberal.
Si las mentes lúcidas y visionarias de aquel momento juzgaron la necesidad de la reforma política para darle cause a la inconformidad social, con mayores razones los diputados y senadores de hoy, si actuaran por conciencia propia, haciendo gala de su sensibilidad, tendrían que juzgar la urgente necesidad de la apertura en nuestro régimen democrático. Los mismos factores que avalaron la reforma de 1977, a la fecha de hoy se han elevado a su máximo nivel.
La violencia social que se juzgó peligrosa durante el sexenio de López Portillo no tiene comparación alguna con la que se registra hoy. Se decía, por ejemplo, de la existencia de grupos guerrilleros en número menor a cinco; hoy, las fuentes de inteligencia militar reconocen la existencia de por lo menos 23 grupos guerrilleros, mismos que han elegido los métodos y la estrategia de la violencia armada para desafiar la existencia del Estado neoliberal. ¡Hoy estamos próximos a rebasar la cifra de 40 mil muertos en un estallido de violencia a la alza! México es hoy el país más violento del mundo. Y qué decir del sistema carcelario, el cual se declara impotente para contener en sus celdas a los autores de 15 millones de delitos que se cometen al año, de los cuales la gran mayoría son delitos patrimoniales menores a los tres mil pesos.
Tales son las manifestaciones de un régimen político enfermo y a punto de colapsar, que requiere de la sensibilidad y la visión de sus conductores para darle al país viabilidad a futuro. El pueblo estaría de acuerdo en perdonar la ceguera de aquellos actores políticos ingenuos, que han ofendido la inteligencia del pueblo calificando el drama actual que vive el pueblo con el mote de la “normalidad democrática”, siempre y cuando se reivindiquen y contribuyan con su actitud a abrir los candados que limitan la participación del pueblo en su régimen democrático.
Urge sobremanera desandar el camino excluyente seguido por todas las contrarreformas electorales a partir de 1989. Dichas rectificaciones deben iniciar con la demanda principal que es, la restitución de la figura del registro condicionado para aquellas agrupaciones políticas nacionales registradas en el IFE, y que aspiren a obtener su registro como partido político nacional. Del mismo modo, sería una contradicción absoluta y un error mayúsculo si se avanza por el camino de las candidaturas independientes, y al mismo tiempo se siguen manteniendo los candados impuestos por las últimas contrarreformas para la constitución de los partidos políticos.
No hay que confundir una cosa con la otra. La supuesta apertura hacia las candidaturas independientes es una vieja bandera del gran capital para darle voz a individuos adinerados y por lo mismo es contrarrevolucionaria; al implementarse esa figura seguiríamos transitando el camino de la privatización de la política y arribando a la fase superior de la democracia de mercado. El pueblo no puede avalar esa nefasta figura antidemocrática, la apertura debe ser para darle la bienvenida a otras colectividades doctrinarias, no a los individuos al servicio de la tiranía que se combate.
Esperemos que el tiempo nos alcance para que cada quien cumpla con su responsabilidad, antes de que el drama social se desborde. El pueblo de México no puede esperar más.
San Luis Río Colorado, Sonora, México. 14 de mayo de 2011