sábado, 19 de febrero de 2011

LA EDUCACION GRATUITA A LA ARISTOCRACIA
El financiamiento público a la educación de la aristocracia es una violación flagrante al espíritu y la letra de la Carta Magna. El elitismo por encima del igualitarismo es la marca imborrable de los regímenes reaccionarios y conservadores; sus empeños van siempre encaminados a copetear de privilegios a las clases directoras, darle más a quien más tiene. La injusticia social es propia de estos sectores retardatarios que por ahora gobiernan al país en su exclusivo beneficio. Teniendo en cuenta esta caracterización de los gobiernos panistas no nos debe sorprender el reciente decreto presidencial que lleva como fin financiar con dinero público la educación de la aristocracia, porque esto es un acto de congruencia y fidelidad a la doctrina conservadora por parte de quienes dirigen al país, la culpa es del pueblo al permitir que se hayan encaramado en el poder. Sólo la ingenuidad o la ignorancia nos pueden llevar a pensar que algún día cambiarán sus banderas elitistas para abrazar las causas de la justicia social.
Tampoco nos debe extrañar que la cúpula del priismo neoliberal pelee la paternidad de la susodicha medida privatizadora de la educación. Tanto Beatriz Paredes como Manlio Fabio Beltrones -´´alias el estadista´´- han sostenido a los cuatro vientos que ellos hicieron primero este planteamiento en sendas iniciativas frenadas en su momento por los propios panistas, y hay que creerles, porque esta medida tan retrógrada como todas las que han llevado al país a la quiebra moral y material, han sido producto de la autoría lo mismo de panistas como de priistas.
Según el decreto de marras, las personas físicas podrán deducir desde 14 mil 200 pesos hasta 24 mil 500, en el pago de sus colegiaturas de preescolar a bachillerato en su declaración anual de impuestos correspondiente a 2011. Pero esta medida que ha sido aplaudida a rabiar por la iniciativa privada y el conservadurismo hay que tratar de desmenuzarla para entenderla mejor.
Quedan descartadas de este ´´beneficio´´, en primer lugar, todas las clases proletarias. Hay que aclararlo con toda puntualidad por si algún asalariado tenía la esperanza de mandar a sus hijos a una escuela privada acogiéndose a la bondad del decreto. No, el beneficio no fue diseñado para ellos, porque la deducibilidad sólo podrá hacerse efectiva a quienes paguen la colegiatura mediante cheque, o cualquier otra forma de pago que no sea dinero en efectivo, y lo verán descontado en el pago de sus impuestos.
El hecho es que si a los obreros y al grueso de la población no les alcanza para comprar en el mercado lo que se come a diario, cómo van a tener cuenta bancaria y chequera. Las multitudinarias cifras de la pobreza tampoco hacen declaraciones anuales ante el fisco de los miserables ingresos que reciben vía la informalidad o del salario miserable, entonces que ningún hijo de vecindario se haga ilusiones con el anuncio presidencial. Se harán acreedores a éste beneficio solamente los que se ubican en la pequeña élite dedicada al comercio y la industria y uno que otro especulador de la Bolsa, ellos sí podrán entrar en el reparto de esa bolsa de 13 mil millones de pesos que Calderón Hurtó de las necesidades apremiantes del pueblo para entregarlo a la aristocracia.
Calderón trata de justificar la medida adoptada diciendo que de esta manera ´´…contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias y liberamos recursos para que esas familias puedan disponer de mayor ingreso para enfrentar las necesidades de cada día…´´, lo que resulta en una rotunda falsedad y un asalto a la razón. Veamos por qué: Si un padre de familia, por ejemplo, tiene cuatro hijos en escuelas privadas y en niveles diferentes, uno en preescolar, otro en primaria, uno más en secundaria y otro en bachillerato, se ahorrará en el pago de colegiaturas mediante el decreto una verdadera fortuna. Dineros que serán utilizados por este aristócrata en la compra de joyas, autos de lujo y viajes a Europa, porque los gastos comunes de esta familia están plenamente garantizados por el estatus económico que disfruta, lo que el decreto aumentará en ellos no es la sobrevivencia sino el lujo y lo superfluo.
El artículo tercero constitucional afirma que: ´´IV.-Toda la educación que imparta el Estado será gratuita´´, de lo cual se desprende que no existe ningún fundamento legal para financiar con recursos públicos la educación que imparta la iniciativa privada para formar sus cuadros. La prohibición implícita en el espíritu del Constituyente de Querétaro para que el Estado financie la educación de la aristocracia no es un acto discriminatorio, debe interpretarse como un acto de justicia social, pues en este aspecto no puede invocarse el igualitarismo para premiar a las clases privilegiadas, mismas que se oponen sistemáticamente a la distribución equitativa de la riqueza. Dicho en otros términos: las clases ventajosas no pueden alegar que están en desventaja, por el sólo hecho de no recibir dinero del Estado para educar a sus hijos en una escuela privada.
Sin hacer marchas de protesta ni plantones, el sector minoritario de la población satisfecha se anotó una victoria más. La clase social dominante, dueña del poder económico y político, se apresta a engullir una bolsa de 13 mil millones de pesos que Calderón obsequiosamente pondrá en sus repletos bolsillos. Vea usted cuál es el orden de las prioridades del régimen de derecha, no hay recursos para invertir en los sectores estratégicos para el desarrollo del país, como por ejemplo la construcción de la refinería de Pemex que se anunció hace dos años, o para aumentar el presupuesto dedicado a la investigación científica, pero sí los hay para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la educación privada, misma que ha crecido exponencialmente durante los gobiernos neoliberales.
El decretazo privatizador de la educación no es una medida que se agote en el oportunismo electoral, es el cumplimiento de un viejo y conocido proyecto elitista de las clases dominantes y conservadoras, mismo que consiste en hacer de la educación no un derecho como lo establece la Constitución, sino un privilegio y una mercancía para las clases ´´superiores´´. Es nuestro deber abrir los ojos y levantar la voz.

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