EL REFERENDO EN VENEZUELA
LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO SIGUE ADELANTE
El pasado 15 de febrero, el hermano pueblo de Venezuela refrendó su decisión inquebrantable de continuar construyendo el porvenir en su país, bajo el liderazgo y la conducción del presidente Hugo Chávez Frías. La histórica victoria popular legitima con creces al actual régimen progresista y libertario, y le abre el camino para seguirle respondiendo a las demandas y aspiraciones de su pueblo, en su paso invencible hacia la liquidación total del injusto e inhumano modelo económico neoliberal.
El presidente Hugo Chávez y el régimen que encabeza están abriendo nuevos caminos y haciendo sus aportaciones a la experiencia histórica universal, al demostrar a sus detractores que cuando las reglas de la democracia formal se unen a la democracia económica surge la verdadera libertad política del pueblo. Una vez alcanzada ésta, queda superada y enterrada la etapa del formalismo de la democracia burguesa.
La soberanía popular debe ser la única que legitime la estancia en el poder de sus gobernantes, ya sea mediante el sufragio o por cualquier vía que estime conveniente. Al pueblo no le interesa tanto la reelección o la no reelección, lo que verdaderamente le interesa son los resultados, y si el presidente Chávez ha logrado -según la CEPAL- reducir la pobreza del 54 por ciento al 27 en sólo cinco años, bajando el desempleo y aumentando el poder adquisitivo, quiere decir que en los años de “dictadura” chavista se ha logrado más que en 30 de “democracia”.
El régimen socialista bolivariano logró en el referendo una aprobación del 55 por ciento contra el 45 de sus opositores. Una victoria que le permitirá a Hugo Chávez presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año 2012, para concluir en el 2019 su mandato. Los politólogos de la burguesía escandalizan hasta el delirio señalando que, en Venezuela se abrió paso a la instauración de una dictadura.
Si los intereses mayoritarios del pueblo se hacen del poder y luchan por su conservación, le podremos llamar con toda razón “dictadura del proletariado” que en su esencia es una democracia proletaria; por el contrario, si las clases poseedoras se hacen del poder y luchan para conservarlo y seguir disfrutando de sus privilegios, entonces le llamaremos “dictadura burguesa” que es la que se enseñorea hasta nuestros días en la mayor parte del mundo. Mientras no se supriman las clases sociales, entendidas éstas como categorías económicas en que se divide la sociedad, seguirá existiendo esa lucha política entre las dos formas de dictadura.
Dicen los analistas que el referendo fue inequitativo porque la oposición se enfrentó al poder del Estado y su maquinaria, esto es una verdad a medias. La verdad completa es que, esa maquinaria estatal, ahora en manos del pueblo, tuvo que enfrentar con decisión y valentía a la poderosa maquinaria del imperialismo y los costales de dólares distribuidos por la embajada de los Estados Unidos entre los cabecillas de la reacción interior.
Al conocerse el veredicto del pueblo el 15 de febrero por la noche, el mandatario venezolano hizo un juramento solemne ante sus compatriotas: “Me consumo y me consumiré gustosamente al servicio del hombre sufriente, del pueblo sufriente. Me consagro íntegramente al pleno servicio del pueblo. Todo lo que me queda de vida. Así lo juro, delante del pueblo, de mis hijas, de mis nietos. A menos que el pueblo decida lo contrario, este soldado será el candidato a las elecciones de 2012, para dirigir al país entre 2013 y 2019”. Sin duda alguna, el pueblo victorioso e invencible de Venezuela está abriendo sus brazos al porvenir. ¡Larga vida a la Revolución Bolivariana!
lunes, 23 de febrero de 2009
sábado, 14 de febrero de 2009
CATASTROFISTAS Y CATARRIENTOS
LAS DOS VISIONES SOBRE LA REALIDAD NACIONAL
La teoría del resfriado o del simple catarrito, utilizada una y otra vez por los funcionarios del régimen del “Bien Común”, el que dice gobernar el paraíso de las oportunidades y la normalidad democrática, cuando se trata de minimizar ante la opinión pública los efectos del desastre social, económico y financiero que azota el país, se encuentra hoy ante la peor crisis de credibilidad de su historia.
Ante el clamor generalizado del pueblo en demanda de sensibilidad y realismo por parte de quienes asaltaron el poder, se responde con el anatema oficial de “catastrofistas”, se oculta y se trata de minimizar la magnitud de los problemas sabedores de que el pueblo los castigará en este proceso electoral por su evidente ineficacia al frente de los destinos del país. A pesar de la desmedida campaña publicitaria oficial que se promueve bajo el slogan “para vivir mejor” la ola de catastrofistas sigue en aumento todos los días; surgen de todos los ámbitos, de todos los escenarios y clases sociales, incluyendo, -incluso- al magnate multimillonario Carlos Slim Helu.
El hecho real es que, sin haberse pactado ni firmado todavía ningún acuerdo general que involucre a todos los sectores de la economía con tales propósitos, se ha conformado ya a estas alturas, de hecho, un gran frente nacional donde actúa cada cual a su modo, desde su trinchera y sus propios intereses, que se ha unificado en una lucha común contra el régimen que encabeza el Partido Acción Nacional. Un frente nacional que integran lo mismo organizaciones de masas, sindicatos obreros, campesinos y empresariales, partidos y agrupaciones políticas, en demanda urgente de medidas gubernamentales para salvar al pueblo del colapso total. El terremoto económico que desató la crisis insalvable del capitalismo, en su fase terminal, ha pasado a perjudicar a todos, en mayor o menor medida, y los está unificando contra los pésimos resultados del “Bien Común” en el poder
La realidad objetiva nos dice que este año el PIB decrecerá al menos el 2.5 por ciento; el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce oficialmente que se están perdiendo poco más de 5 mil empleos diarios desde noviembre del año pasado, y la cifra tiende a aumentar. Empresas como V W, GM, Ford, Nissan, entre otras, pusieron en marcha los llamados “paros técnicos” que no son otra cosa que mandar a los obreros a sus casas con goce de sueldo al 50 por ciento. Sólo durante el día de hoy jueves, 12 de febrero, la multinacional Pionner, anunció el despido de 10 mil trabajadores de sus plantas.
Al mismo escenario negativo hay que agregar los siguientes: La inversión extranjera directa se estima este año en 15 mil millones de dólares, cinco mil menos que durante 2008; el turismo reducirá sus ingresos por la creciente devaluación del peso frente al dólar y, para rematar, el colofón de la desgracia para una economía petrolizada, el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional. En suma, y aunque se enoje Calderón hay que decirlo, una verdadera catástrofe se apoderó de nuestra realidad nacional. No existe otro calificativo que pueda dibujarnos mejor la gravedad de los problemas que ahogan a nuestro pueblo.
Por su parte, el magnate Carlos Slim, al que se le pueden señalar mil cosas, entre ellas, la de ser un explotador de muchos miles de empleados, de ser beneficiario de las privatizaciones del patrimonio público, etc., pero nunca jamás alguien lo podrá acusar de comunista, lo que obliga a escuchar con seriedad sus planteamientos, máxime cuando coincide al señalar los mismos planteamientos de los sectores avanzados del pueblo. ¿Unión y lucha de contrarios? ¿Contra el mismo régimen que lo benefició? Si. El ha dicho lo siguiente en un importante foro con amplia difusión mediática: “Se va a caer el empleo, habrá mucho desempleo, va a aumentar el desempleo como no lo hemos visto en nuestra historia personal desde los 30; van a quebrar las empresas, muchas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios, se verán locales cerrados por todos lados, va a haber inmuebles vacíos y, pues va a haber una situación delicada, no quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después”.
De inmediato le respondió el calderonismo al magnate Carlos Slim, por voz de su sicario, Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social. Entre los puntos que le criticó fue el haber llamado a rechazar la inversión extranjera directa hasta del 100 por ciento en redes públicas de telecomunicaciones, porque a él le perjudica, dijo Lozano Alarcón.
Lo que desconoce éste golpeador a sueldo y empleado del régimen que practica el fundamentalismo neoliberal es que, el nacionalismo económico es una reacción válida, tanto para los países desarrollados que la practican todos los días, cuanto más para un país en desarrollo como el nuestro. Ahora mismo, la industria del acero de los Estados Unidos será la única que participe en los programas de infraestructura previstos por el paquete de rescate ordenado por Obama. En una decisión soberana, el presidente estadounidense se apresta a proteger a su propia industria para sacarla de la crisis, malo que no lo hiciera. Desde luego que las acereras multinacionales ubicadas en otros países serán perjudicadas, pero no se puede someter el interés legítimo del pueblo a las reglas del libre comercio internacional cuando éstos entran en franca contradicción.
Escandaliza Lozano Alarcón cuando afirma que: “ni el Banco de México, ni Hacienda, ni analistas, ni la OCDE, ni otros organismos internacionales están viendo un escenario tan grave como el que mencionó el pasado lunes (9 de febrero) Carlos Slim Helú. Pues claro que no, él funcionario de marras se previno de mencionar a todos los integrantes de la camarilla neoliberal que nos llevó a la crisis actual. Que les pregunten a las amas de casa cuando van al mercado a comprar su mandado, a ellas que si saben de economía y de hacer milagros con el salario, a ver qué opinan de los precios de la canasta básica y la carestía de la vida. Claro, dirá el funesto secretario que se trata de puros catastrofistas.
Nos han llamado catastrofistas a todos los que nos quejamos de la miseria en que vivimos, no importa. Los que hablan del simple catarrito en la economía, los que tratan de ocultar la realidad en razón de su interés electoral, los que quieren vendernos el falso reino de las oportunidades, serán sancionados muy pronto por la misma catástrofe que éstos han creado.
LAS DOS VISIONES SOBRE LA REALIDAD NACIONAL
La teoría del resfriado o del simple catarrito, utilizada una y otra vez por los funcionarios del régimen del “Bien Común”, el que dice gobernar el paraíso de las oportunidades y la normalidad democrática, cuando se trata de minimizar ante la opinión pública los efectos del desastre social, económico y financiero que azota el país, se encuentra hoy ante la peor crisis de credibilidad de su historia.
Ante el clamor generalizado del pueblo en demanda de sensibilidad y realismo por parte de quienes asaltaron el poder, se responde con el anatema oficial de “catastrofistas”, se oculta y se trata de minimizar la magnitud de los problemas sabedores de que el pueblo los castigará en este proceso electoral por su evidente ineficacia al frente de los destinos del país. A pesar de la desmedida campaña publicitaria oficial que se promueve bajo el slogan “para vivir mejor” la ola de catastrofistas sigue en aumento todos los días; surgen de todos los ámbitos, de todos los escenarios y clases sociales, incluyendo, -incluso- al magnate multimillonario Carlos Slim Helu.
El hecho real es que, sin haberse pactado ni firmado todavía ningún acuerdo general que involucre a todos los sectores de la economía con tales propósitos, se ha conformado ya a estas alturas, de hecho, un gran frente nacional donde actúa cada cual a su modo, desde su trinchera y sus propios intereses, que se ha unificado en una lucha común contra el régimen que encabeza el Partido Acción Nacional. Un frente nacional que integran lo mismo organizaciones de masas, sindicatos obreros, campesinos y empresariales, partidos y agrupaciones políticas, en demanda urgente de medidas gubernamentales para salvar al pueblo del colapso total. El terremoto económico que desató la crisis insalvable del capitalismo, en su fase terminal, ha pasado a perjudicar a todos, en mayor o menor medida, y los está unificando contra los pésimos resultados del “Bien Común” en el poder
La realidad objetiva nos dice que este año el PIB decrecerá al menos el 2.5 por ciento; el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce oficialmente que se están perdiendo poco más de 5 mil empleos diarios desde noviembre del año pasado, y la cifra tiende a aumentar. Empresas como V W, GM, Ford, Nissan, entre otras, pusieron en marcha los llamados “paros técnicos” que no son otra cosa que mandar a los obreros a sus casas con goce de sueldo al 50 por ciento. Sólo durante el día de hoy jueves, 12 de febrero, la multinacional Pionner, anunció el despido de 10 mil trabajadores de sus plantas.
Al mismo escenario negativo hay que agregar los siguientes: La inversión extranjera directa se estima este año en 15 mil millones de dólares, cinco mil menos que durante 2008; el turismo reducirá sus ingresos por la creciente devaluación del peso frente al dólar y, para rematar, el colofón de la desgracia para una economía petrolizada, el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional. En suma, y aunque se enoje Calderón hay que decirlo, una verdadera catástrofe se apoderó de nuestra realidad nacional. No existe otro calificativo que pueda dibujarnos mejor la gravedad de los problemas que ahogan a nuestro pueblo.
Por su parte, el magnate Carlos Slim, al que se le pueden señalar mil cosas, entre ellas, la de ser un explotador de muchos miles de empleados, de ser beneficiario de las privatizaciones del patrimonio público, etc., pero nunca jamás alguien lo podrá acusar de comunista, lo que obliga a escuchar con seriedad sus planteamientos, máxime cuando coincide al señalar los mismos planteamientos de los sectores avanzados del pueblo. ¿Unión y lucha de contrarios? ¿Contra el mismo régimen que lo benefició? Si. El ha dicho lo siguiente en un importante foro con amplia difusión mediática: “Se va a caer el empleo, habrá mucho desempleo, va a aumentar el desempleo como no lo hemos visto en nuestra historia personal desde los 30; van a quebrar las empresas, muchas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios, se verán locales cerrados por todos lados, va a haber inmuebles vacíos y, pues va a haber una situación delicada, no quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después”.
De inmediato le respondió el calderonismo al magnate Carlos Slim, por voz de su sicario, Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social. Entre los puntos que le criticó fue el haber llamado a rechazar la inversión extranjera directa hasta del 100 por ciento en redes públicas de telecomunicaciones, porque a él le perjudica, dijo Lozano Alarcón.
Lo que desconoce éste golpeador a sueldo y empleado del régimen que practica el fundamentalismo neoliberal es que, el nacionalismo económico es una reacción válida, tanto para los países desarrollados que la practican todos los días, cuanto más para un país en desarrollo como el nuestro. Ahora mismo, la industria del acero de los Estados Unidos será la única que participe en los programas de infraestructura previstos por el paquete de rescate ordenado por Obama. En una decisión soberana, el presidente estadounidense se apresta a proteger a su propia industria para sacarla de la crisis, malo que no lo hiciera. Desde luego que las acereras multinacionales ubicadas en otros países serán perjudicadas, pero no se puede someter el interés legítimo del pueblo a las reglas del libre comercio internacional cuando éstos entran en franca contradicción.
Escandaliza Lozano Alarcón cuando afirma que: “ni el Banco de México, ni Hacienda, ni analistas, ni la OCDE, ni otros organismos internacionales están viendo un escenario tan grave como el que mencionó el pasado lunes (9 de febrero) Carlos Slim Helú. Pues claro que no, él funcionario de marras se previno de mencionar a todos los integrantes de la camarilla neoliberal que nos llevó a la crisis actual. Que les pregunten a las amas de casa cuando van al mercado a comprar su mandado, a ellas que si saben de economía y de hacer milagros con el salario, a ver qué opinan de los precios de la canasta básica y la carestía de la vida. Claro, dirá el funesto secretario que se trata de puros catastrofistas.
Nos han llamado catastrofistas a todos los que nos quejamos de la miseria en que vivimos, no importa. Los que hablan del simple catarrito en la economía, los que tratan de ocultar la realidad en razón de su interés electoral, los que quieren vendernos el falso reino de las oportunidades, serán sancionados muy pronto por la misma catástrofe que éstos han creado.
lunes, 9 de febrero de 2009
EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO
EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO
El pasado 5 de febrero del presente año se celebró el 92 aniversario de la Constitución que promulgó el Constituyente Mexicano reunido en la ciudad de Querétaro al calor de la primera revolución social del siglo XX. Una resonante victoria de las masas populares que sigue levantando hasta nuestros días encono y vituperios por parte de la oligarquía y las fuerzas conservadoras.
La celebración de un aniversario más de nuestra Carta Magna se llevó a cabo en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, sólo comparable a los graves escenarios previos al estallido social de 1910. Difícil, porque la contrarrevolución despacha desde Palacio nacional: los mayores enemigos de la reforma agraria y el sector campesino de México, los enemigos históricos de la clase trabajadora y sus justas demandas; los enemigos de la educación pública, laica y gratuita y, los enemigos de la participación del Estado en la economía nacional, se han encaramado en el poder para continuar beneficiando a las clases privilegiadas.
El Comandante en jefe de las fuerzas reaccionarias, Felipe Calderón, aprovechó el discurso en el Teatro de la República, en el aniversario del Constituyente, para fustigar a las voces realistas que hablan de la catástrofe económica que campea en el país. El no está de acuerdo, son “catastrofistas” -dijo-, espantan las inversiones. No quiere que se queje aquél que está desempleado y tiene hambre. Por su parte, Eduardo Bours, el cacique mayor en Sonora, representante de la oligarquía empresarial y dueño del llamado “PRI Sonora” un apéndice ideológico del PAN, en su discurso del 5 de febrero, dijo -entre otras barbaridades-, que la Constitución “no pasa de ser un catálogo de buenos deseos”. Malo es que lo diga un ciudadano cualquiera, pero peor, es que lo diga un gobernante en ejercicio de sus funciones, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución para hacer realidad sus postulados. En fin que, los vituperios hacia la Carta Magna se vierten hoy por boca de quienes dicen presidir la marcha del país, y el colmo, utilizan las celebraciones de su aniversario.
Es un hecho que quienes gobiernan hoy y la critican desde el poder, son los mismos detractores de ayer, las mismas fuerzas conservadoras y oligárquicas derrotadas en los campos de batalla. Por el contrario, quienes militan en el sector revolucionario del país siguen sosteniendo que, el primer hecho que caracteriza a la constitución de un país, es el de que tiene su origen en una revolución popular victoriosa, como resultado de una ley histórica, porque toda constitución es en su esencia más que un hecho jurídico, un hecho de poder, determinado por las fuerzas operantes decisivas que existen en determinado país. Las constituciones tienen validez en tanto que reflejan esos factores, esas fuerzas políticas decisivas en la vida de una sociedad humana. Así ha ocurrido en nuestro país a lo largo de su historia. México ha tenido tantas constituciones cuantos han sido los cambios de los factores imperantes en el seno del pueblo. El fruto político más importante del movimiento revolucionario de 1910 fue la nueva Constitución de la República, que entró en vigor el primero de mayo de 1917.
Los detractores de la Revolución siempre han afirmado que la Constitución de 1917 fue un documento improvisado. En cierta forma han repetido los argumentos esgrimidos contra la de 1857, y contra la capacidad y la preparación de los diputados constituyentes, cargos semejantes a los que sufrieron sus predecesores. El argumento principal era el de que la constitución de 1917 fue la misma que la de 1857 con parches que contradicen su fisonomía liberal, inspirados en doctrinas exóticas o utópicas, y que las nuevas instituciones no tenían justificación en la realidad social mexicana. Estas afirmaciones eran y siguen siendo falsas. Así como los planes, proclamas, bandos, y decretos de los insurgentes y las constituciones anteriores a la Revolución de Ayutla, fueron los antecedentes de la de la Constitución de 1857, del mismo modo, los planes y los programas revolucionarios anteriores a la Constitución de 1917, deben considerarse como las premisas de la Carta Magna en vigor.
Sería imposible hacer la lista completa de esos documentos. Pero he aquí los principales: el programa del Partido Liberal, del primero de julio de 1906; el Plan de San Luis, del 5 de octubre de 1910; el Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911; las adiciones al Plan de Guadalupe, del 12 de diciembre de 1914; el Decreto sobre Terrenos Petrolíferos, del 3 de agosto de 1914; el Decreto creando el descanso semanal obligatorio y la duración de la jornada, del 23 de agosto de 1914; el Decreto sobre abolición de las deudas de los peones, del 3 de septiembre de 1914; el Reglamento de la Comisión Agraria, del 13 de octubre de 1914; el Decreto relativo al proletariado rural, del 9 de septiembre de 1914; el Decreto sobre el salario mínimo, del 9 de enero de 1915; la ley del 6 de enero de 1915, que ordenó la restitución y dotación de tierras a los pueblos; el pacto entre el jefe del Ejército Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, del 17 de febrero de 1915; el Decreto sobre tierras expedido en nombre del jefe de la División del Sur, el 28 de febrero de 1915; el Decreto sobre el patrimonio familiar del 15 de abril de 1915.
Estos planes y decretos no fueron producto de la fantasía. Encerraban exigencias concretas del pueblo que se había levantado en armas para lograrlas. Eran reivindicaciones que surgían de la realidad viva. Cuando el Congreso Constituyente se reunió en Querétaro el primero de diciembre de 1916, los diputados le entregaron ese patrimonio del pueblo para que le sirviera de norma. Por eso los debates tuvieron gran importancia. ¿Se trataba de liberales del siglo pasado?, ¿cual fue la filosofía social predominante en la asamblea? Los diputados que intervenían con mayor autoridad en los debates se llamaban así mismos liberales, pero agregaban: "no somos ya los liberales de ayer; somos liberales avanzados; somos liberales que llegan casi al socialismo". Esta fue la declaración de los que formaron el grupo llamado renovador, que tuvieron en sus manos la redacción de los preceptos nuevos de mayor trascendencia: el Art. 27 y el Art. 123.
Lo más interesante del Congreso es que el proyecto de Constitución enviado por el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, se hallaba en abierta pugna con las demandas concretas de los diputados, que podríamos calificar de izquierda, comparados con los otros, y que se sentían apoyados por el Gral. Álvaro Obregón. La iniciativa de Carranza no entrañaba ninguna novedad, era la misma Constitución de 1857, con la agravante de que se pedía un mayor poder político para el ejecutivo, a expensas del Poder Legislativo. No había en ese documento nada que pudiere llamarse derecho social o reivindicaciones nacionales. Pero del debate surgieron las modificaciones al proyecto y numerosas iniciativas. La presión del ala izquierda obligó al Congreso a recoger las reivindicaciones populares de carácter progresista y las demandas nacionales tendíentes a salvaguardar la soberanía de México, y a confirmar y ampliar las Leyes de Reforma.
¿Cuales eran las reivindicaciones populares más importantes? Entre las económicas, el problema de la tierra. La historia de México, desde el año de 1521 en que desembarcaron los conquistadores en la Costa del Golfo, hasta hoy, en su parte medular fue la historia de la lucha por la tierra. No es ésta la oportunidad para recordar el proceso de la reivindicación de la tierra por las masas populares; pero durante los trescientos años del régimen colonial la mayoría de las sublevaciones -que fueron muchas- tuvieron ese origen.
El único pueblo en el mundo que tuvo más revoluciones agrarias que el nuestro, fue el pueblo Chino. A los pocos días de haber llegado Cortés y de haber instaurado su cuartel general en Coyoacán, surgió dentro de sus propios soldados la primera rebelión contra la monarquía Española que consideraba suyas todas las tierras ocupadas y descubiertas, en tanto que los conquistadores las reclamaban para ellos. Pero son, naturalmente, los indígenas despojados de sus tierras los que se sublevan en verdad. Los nativos que se niegan a entrar en las encomiendas, trabajar casi gratuitamente en las minas, abandonando sus pobres hogares y sus labores del campo; los negros esclavos, las castas y, finalmente, los criollos, porque en un país en que la única rama de la producción destinada al mercado interior era la agricultura, la tierra adquirió el valor de garantía única para la subsistencia y de medida para los privilegios sociales.
Y como ni la Revolución de Independencia ni la Revolución de Reforma variaron la estructura económica del país, y durante la dictadura porfirista se llegó a la concentración de la tierra a un grado patético, la Reforma Agraria, junto con las reivindicaciones de los trabajadores se convirtieron en el objetivo central de la Revolución Mexicana y su mayor fruto, la Constitución General de la República, promulgada en 1917, en vigor todavía hasta nuestros días.
Al cumplirse un año más de la promulgación de la Carta Magna, lo revolucionario es defenderla del embate que sufre por parte de la oligarquía criolla en el poder, que pretende seguirla modificando en beneficio de sus intereses y del capital financiero internacional. Tiempos vendrán en que por la misma naturaleza dialéctica del derecho la Constitución tenga que desembocar en un nuevo constituyente, cuando la correlación de fuerzas favorezca verdaderamente a las fuerzas democráticas y nacionalistas en el seno del congreso; ahora no es el momento de modificarla, es el momento de defenderla.
El pasado 5 de febrero del presente año se celebró el 92 aniversario de la Constitución que promulgó el Constituyente Mexicano reunido en la ciudad de Querétaro al calor de la primera revolución social del siglo XX. Una resonante victoria de las masas populares que sigue levantando hasta nuestros días encono y vituperios por parte de la oligarquía y las fuerzas conservadoras.
La celebración de un aniversario más de nuestra Carta Magna se llevó a cabo en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, sólo comparable a los graves escenarios previos al estallido social de 1910. Difícil, porque la contrarrevolución despacha desde Palacio nacional: los mayores enemigos de la reforma agraria y el sector campesino de México, los enemigos históricos de la clase trabajadora y sus justas demandas; los enemigos de la educación pública, laica y gratuita y, los enemigos de la participación del Estado en la economía nacional, se han encaramado en el poder para continuar beneficiando a las clases privilegiadas.
El Comandante en jefe de las fuerzas reaccionarias, Felipe Calderón, aprovechó el discurso en el Teatro de la República, en el aniversario del Constituyente, para fustigar a las voces realistas que hablan de la catástrofe económica que campea en el país. El no está de acuerdo, son “catastrofistas” -dijo-, espantan las inversiones. No quiere que se queje aquél que está desempleado y tiene hambre. Por su parte, Eduardo Bours, el cacique mayor en Sonora, representante de la oligarquía empresarial y dueño del llamado “PRI Sonora” un apéndice ideológico del PAN, en su discurso del 5 de febrero, dijo -entre otras barbaridades-, que la Constitución “no pasa de ser un catálogo de buenos deseos”. Malo es que lo diga un ciudadano cualquiera, pero peor, es que lo diga un gobernante en ejercicio de sus funciones, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución para hacer realidad sus postulados. En fin que, los vituperios hacia la Carta Magna se vierten hoy por boca de quienes dicen presidir la marcha del país, y el colmo, utilizan las celebraciones de su aniversario.
Es un hecho que quienes gobiernan hoy y la critican desde el poder, son los mismos detractores de ayer, las mismas fuerzas conservadoras y oligárquicas derrotadas en los campos de batalla. Por el contrario, quienes militan en el sector revolucionario del país siguen sosteniendo que, el primer hecho que caracteriza a la constitución de un país, es el de que tiene su origen en una revolución popular victoriosa, como resultado de una ley histórica, porque toda constitución es en su esencia más que un hecho jurídico, un hecho de poder, determinado por las fuerzas operantes decisivas que existen en determinado país. Las constituciones tienen validez en tanto que reflejan esos factores, esas fuerzas políticas decisivas en la vida de una sociedad humana. Así ha ocurrido en nuestro país a lo largo de su historia. México ha tenido tantas constituciones cuantos han sido los cambios de los factores imperantes en el seno del pueblo. El fruto político más importante del movimiento revolucionario de 1910 fue la nueva Constitución de la República, que entró en vigor el primero de mayo de 1917.
Los detractores de la Revolución siempre han afirmado que la Constitución de 1917 fue un documento improvisado. En cierta forma han repetido los argumentos esgrimidos contra la de 1857, y contra la capacidad y la preparación de los diputados constituyentes, cargos semejantes a los que sufrieron sus predecesores. El argumento principal era el de que la constitución de 1917 fue la misma que la de 1857 con parches que contradicen su fisonomía liberal, inspirados en doctrinas exóticas o utópicas, y que las nuevas instituciones no tenían justificación en la realidad social mexicana. Estas afirmaciones eran y siguen siendo falsas. Así como los planes, proclamas, bandos, y decretos de los insurgentes y las constituciones anteriores a la Revolución de Ayutla, fueron los antecedentes de la de la Constitución de 1857, del mismo modo, los planes y los programas revolucionarios anteriores a la Constitución de 1917, deben considerarse como las premisas de la Carta Magna en vigor.
Sería imposible hacer la lista completa de esos documentos. Pero he aquí los principales: el programa del Partido Liberal, del primero de julio de 1906; el Plan de San Luis, del 5 de octubre de 1910; el Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911; las adiciones al Plan de Guadalupe, del 12 de diciembre de 1914; el Decreto sobre Terrenos Petrolíferos, del 3 de agosto de 1914; el Decreto creando el descanso semanal obligatorio y la duración de la jornada, del 23 de agosto de 1914; el Decreto sobre abolición de las deudas de los peones, del 3 de septiembre de 1914; el Reglamento de la Comisión Agraria, del 13 de octubre de 1914; el Decreto relativo al proletariado rural, del 9 de septiembre de 1914; el Decreto sobre el salario mínimo, del 9 de enero de 1915; la ley del 6 de enero de 1915, que ordenó la restitución y dotación de tierras a los pueblos; el pacto entre el jefe del Ejército Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, del 17 de febrero de 1915; el Decreto sobre tierras expedido en nombre del jefe de la División del Sur, el 28 de febrero de 1915; el Decreto sobre el patrimonio familiar del 15 de abril de 1915.
Estos planes y decretos no fueron producto de la fantasía. Encerraban exigencias concretas del pueblo que se había levantado en armas para lograrlas. Eran reivindicaciones que surgían de la realidad viva. Cuando el Congreso Constituyente se reunió en Querétaro el primero de diciembre de 1916, los diputados le entregaron ese patrimonio del pueblo para que le sirviera de norma. Por eso los debates tuvieron gran importancia. ¿Se trataba de liberales del siglo pasado?, ¿cual fue la filosofía social predominante en la asamblea? Los diputados que intervenían con mayor autoridad en los debates se llamaban así mismos liberales, pero agregaban: "no somos ya los liberales de ayer; somos liberales avanzados; somos liberales que llegan casi al socialismo". Esta fue la declaración de los que formaron el grupo llamado renovador, que tuvieron en sus manos la redacción de los preceptos nuevos de mayor trascendencia: el Art. 27 y el Art. 123.
Lo más interesante del Congreso es que el proyecto de Constitución enviado por el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, se hallaba en abierta pugna con las demandas concretas de los diputados, que podríamos calificar de izquierda, comparados con los otros, y que se sentían apoyados por el Gral. Álvaro Obregón. La iniciativa de Carranza no entrañaba ninguna novedad, era la misma Constitución de 1857, con la agravante de que se pedía un mayor poder político para el ejecutivo, a expensas del Poder Legislativo. No había en ese documento nada que pudiere llamarse derecho social o reivindicaciones nacionales. Pero del debate surgieron las modificaciones al proyecto y numerosas iniciativas. La presión del ala izquierda obligó al Congreso a recoger las reivindicaciones populares de carácter progresista y las demandas nacionales tendíentes a salvaguardar la soberanía de México, y a confirmar y ampliar las Leyes de Reforma.
¿Cuales eran las reivindicaciones populares más importantes? Entre las económicas, el problema de la tierra. La historia de México, desde el año de 1521 en que desembarcaron los conquistadores en la Costa del Golfo, hasta hoy, en su parte medular fue la historia de la lucha por la tierra. No es ésta la oportunidad para recordar el proceso de la reivindicación de la tierra por las masas populares; pero durante los trescientos años del régimen colonial la mayoría de las sublevaciones -que fueron muchas- tuvieron ese origen.
El único pueblo en el mundo que tuvo más revoluciones agrarias que el nuestro, fue el pueblo Chino. A los pocos días de haber llegado Cortés y de haber instaurado su cuartel general en Coyoacán, surgió dentro de sus propios soldados la primera rebelión contra la monarquía Española que consideraba suyas todas las tierras ocupadas y descubiertas, en tanto que los conquistadores las reclamaban para ellos. Pero son, naturalmente, los indígenas despojados de sus tierras los que se sublevan en verdad. Los nativos que se niegan a entrar en las encomiendas, trabajar casi gratuitamente en las minas, abandonando sus pobres hogares y sus labores del campo; los negros esclavos, las castas y, finalmente, los criollos, porque en un país en que la única rama de la producción destinada al mercado interior era la agricultura, la tierra adquirió el valor de garantía única para la subsistencia y de medida para los privilegios sociales.
Y como ni la Revolución de Independencia ni la Revolución de Reforma variaron la estructura económica del país, y durante la dictadura porfirista se llegó a la concentración de la tierra a un grado patético, la Reforma Agraria, junto con las reivindicaciones de los trabajadores se convirtieron en el objetivo central de la Revolución Mexicana y su mayor fruto, la Constitución General de la República, promulgada en 1917, en vigor todavía hasta nuestros días.
Al cumplirse un año más de la promulgación de la Carta Magna, lo revolucionario es defenderla del embate que sufre por parte de la oligarquía criolla en el poder, que pretende seguirla modificando en beneficio de sus intereses y del capital financiero internacional. Tiempos vendrán en que por la misma naturaleza dialéctica del derecho la Constitución tenga que desembocar en un nuevo constituyente, cuando la correlación de fuerzas favorezca verdaderamente a las fuerzas democráticas y nacionalistas en el seno del congreso; ahora no es el momento de modificarla, es el momento de defenderla.
sábado, 31 de enero de 2009
La Inconformidad Social y Sufragio
ANTE EL DESPLOME DE LA ECONOMIA MUNDIAL
EL REPUDIO POPULAR SE VOLCARA EN LAS URNAS ELECTORALES
Las noticias sobre el colapso de la economía recorren el mundo. El nerviosismo paraliza los mercados de capitales, quiebras financieras en todos los niveles, miles de industrias lanzando obreros a la calle y aumentando la presión social existente. Salvo honrosas excepciones, los analistas hablan del tema en términos técnicos financieros, ciñéndose estrictamente a las evaluaciones aritméticas, como si la agudización de los problemas económicos que vive el mundo se estuvieran dando por generación espontánea y sin paternidad a quien reclamar.
Los defensores del evangelio del absolutismo del mercado ahora reclaman la intervención del Estado con cargo al erario público para salvar sus negocios. Actitud comprensible de los agiotistas y usureros, sólo si nos atenemos a la interpretación marxista que nos dice que el Estado es la violencia organizada de la clase social en el poder. Tan cierta es la interpretación científica del gigante de Tréveris, que el reclamo de auxilio estatal por parte de los hombres de negocios, es porque consideran de su propiedad esa maquinaria que se constituye en calidad de Estado mayor de la clase social explotadora.
El Fondo Monetario Internacional, el mismo artífice de la recesión económica mundial, el que ha impuesto sus recetas depredadoras al mundo, el verdadero culpable y cuyos resultados desastrosos salen a la vista, nos sale con la novedad de que “el mundo vive una etapa de profunda desaceleración”. En su informe denominado Panorama Económico Mundial, sentencia y condena a la economía global a sufrir un desplome generalizado durante el presente 2009, cuyo crecimiento global será de apenas el 0.5 por ciento, la peor tasa registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
Según los sacerdotes del capitalismo que trabajan como analistas al servicio del FMI, los decrementos en la economía afectarán a todos los países: Estados Unidos caerá 1.7 por ciento; la zona Euro un 2.0 por ciento; Japón un 2.6 por ciento; Reino Unido un 2.8 por ciento, y Rusia un 0.7 por ciento. China e India, a pesar de la crisis, seguirán siendo los principales motores del crecimiento mundial -según el reporte- pues el gigante Chino, gobernado por su partido comunista, crecerá un 6.7 por ciento, y el Indio un 5.1 por ciento. Latinoamérica crecerá durante 2009 un raquítico 1.1 por ciento, sobresaliendo modestamente Brasil con un crecimiento de 1.8 por ciento.
Ante ese panorama de angustia e incertidumbre se están revelando los pueblos en todos los continentes. En los Estados Unidos, madriguera de los centros financieros y los monopolios, mismos que han conducido al mundo a la actual debacle, el repudio popular a la nefasta era bushiana se volcó a las urnas y llevó al poder a Barack Obama buscando una solución a sus problemas. Desde el momento mismo de su toma de posesión se observó el tratamiento de los problemas económicos bajo una óptica liberal y más cercana a la teoría burguesa del Estado, concebido como un ente ubicado por encima de la lucha de clases “para favorecer a todos por igual”.
El gobernante Obama, en apoyo a su programa de rescate económico, mismo que implica la aprobación del Congreso de un paquete por 825 mil millones de dólares que serán utilizados para reducir impuestos, crear empleos y ayudar a las familias en peligro de sucumbir a los embargos hipotecarios, ha dicho: “el año pasado se perdieron 2.6 millones de empleos en EU, y éste lunes nada más, nos enteramos de otros planes para recortar otros 55 mil plazas laborales; ésta es una llamada de atención a Washington de que la gente nos necesita y quiere que actuemos inmediatamente. Duplicaré -dijo Obama- nuestra capacidad para generar energía renovable, se bajará el costo de los cuidados de salud y se mejorará la calidad de los servicios, se modernizarán miles de salones de clase y enviaremos a más jóvenes a las universidades. Además, insertaremos miles de millones de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras por medio de recortes tributarios de aplicación inmediata”.
Mientras una esperanza de salvación cobija al pueblo norteamericano desde La Casa Blanca, en Francia, el descontento popular por las consecuencias de la crisis económica y por la política gubernamental insensible ante los reclamos se volcó a tomar las calles, en una clara muestra unitaria de la clase trabajadora de aquel país. El pasado 29 de enero se realizó la más grande manifestación de los últimos 20 años, dos millones quinientos mil ciudadanos inconformes tomaron las calles en 200 ciudades. En París, los cuatro kilómetros que separan las plazas de la Bastilla y de la Opera vieron desfilar al mayor número de manifestantes del país, con unos trescientos mil participantes en la jornada unitaria de sindicatos. El reclamo multitudinario se dejó escuchar en sus gargantas, todos a una sola voz, contra la sangría de los puestos de trabajo y contra el deterioro del poder adquisitivo a que los ha conducido la derecha gobernante. Las pancartas más leídas durante la conglomeración parisina reclamaban: “una ayuda para los trabajadores similar a la que han dado para salvar a los bancos”; “el dinero de los banqueros debe venir a nosotros”; “ellos son el problema, nosotros la solución”.
Similar al repudio y descontento del pueblo francés mostrado en sus multitudinarias manifestaciones, en nuestro país el conductor de los reclamos sociales es Andrés Manuel López Obrador, el único conductor de masas que sigue llenando el Zócalo capitalino con un pueblo insurgente que escucha con atención su programa reivindicatorio. Lo que Obama hace ahora mismo en los Estados Unidos, lo propuso antes Obrador en su campaña presidencial, y fue calificado por la derecha reaccionaria y su candidato como irresponsable, pues bajo la óptica gerencial los recursos públicos sólo deben servir a las necesidades del sector privado y no para resolver las necesidades de la población.
Guillermo Ortiz, el titular del Banco de México, acaba de informar que nuestro país decrecerá el 1.8 por ciento en 2009, y se prevé que mes tras mes irá anunciando previsiones a la baja, como para no asustar a los inversionistas, igual que lo ha hecho desde el año pasado. Desde luego que tales previsiones hechas públicas no le gustaron a Felipe Calderón; de inmediato lo mando regañar a través de los medios calificándolo de “catastrofista”
Las tiranías impuestas por la globalización neoliberal se están derrumbando ante el empuje de los pueblos y, es evidente que el gobierno calderonista tiene miedo de perder el poder, sabe muy bien que la devastación económica que sufre el pueblo repercutirá definitivamente en el actual proceso electoral que se vive. El repudio popular, la angustia y la creciente pobreza buscan a los culpables de la desgracia, y ya los ha ubicado, despachan como gobernantes en Palacio Nacional y Los Pinos. Los escenarios del castigo popular ya tienen fecha, es el próximo 5 de julio, día de las elecciones. El sufragio de tanta gente engañada por el régimen del Bien Común hablará por sí mismo.
EL REPUDIO POPULAR SE VOLCARA EN LAS URNAS ELECTORALES
Las noticias sobre el colapso de la economía recorren el mundo. El nerviosismo paraliza los mercados de capitales, quiebras financieras en todos los niveles, miles de industrias lanzando obreros a la calle y aumentando la presión social existente. Salvo honrosas excepciones, los analistas hablan del tema en términos técnicos financieros, ciñéndose estrictamente a las evaluaciones aritméticas, como si la agudización de los problemas económicos que vive el mundo se estuvieran dando por generación espontánea y sin paternidad a quien reclamar.
Los defensores del evangelio del absolutismo del mercado ahora reclaman la intervención del Estado con cargo al erario público para salvar sus negocios. Actitud comprensible de los agiotistas y usureros, sólo si nos atenemos a la interpretación marxista que nos dice que el Estado es la violencia organizada de la clase social en el poder. Tan cierta es la interpretación científica del gigante de Tréveris, que el reclamo de auxilio estatal por parte de los hombres de negocios, es porque consideran de su propiedad esa maquinaria que se constituye en calidad de Estado mayor de la clase social explotadora.
El Fondo Monetario Internacional, el mismo artífice de la recesión económica mundial, el que ha impuesto sus recetas depredadoras al mundo, el verdadero culpable y cuyos resultados desastrosos salen a la vista, nos sale con la novedad de que “el mundo vive una etapa de profunda desaceleración”. En su informe denominado Panorama Económico Mundial, sentencia y condena a la economía global a sufrir un desplome generalizado durante el presente 2009, cuyo crecimiento global será de apenas el 0.5 por ciento, la peor tasa registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
Según los sacerdotes del capitalismo que trabajan como analistas al servicio del FMI, los decrementos en la economía afectarán a todos los países: Estados Unidos caerá 1.7 por ciento; la zona Euro un 2.0 por ciento; Japón un 2.6 por ciento; Reino Unido un 2.8 por ciento, y Rusia un 0.7 por ciento. China e India, a pesar de la crisis, seguirán siendo los principales motores del crecimiento mundial -según el reporte- pues el gigante Chino, gobernado por su partido comunista, crecerá un 6.7 por ciento, y el Indio un 5.1 por ciento. Latinoamérica crecerá durante 2009 un raquítico 1.1 por ciento, sobresaliendo modestamente Brasil con un crecimiento de 1.8 por ciento.
Ante ese panorama de angustia e incertidumbre se están revelando los pueblos en todos los continentes. En los Estados Unidos, madriguera de los centros financieros y los monopolios, mismos que han conducido al mundo a la actual debacle, el repudio popular a la nefasta era bushiana se volcó a las urnas y llevó al poder a Barack Obama buscando una solución a sus problemas. Desde el momento mismo de su toma de posesión se observó el tratamiento de los problemas económicos bajo una óptica liberal y más cercana a la teoría burguesa del Estado, concebido como un ente ubicado por encima de la lucha de clases “para favorecer a todos por igual”.
El gobernante Obama, en apoyo a su programa de rescate económico, mismo que implica la aprobación del Congreso de un paquete por 825 mil millones de dólares que serán utilizados para reducir impuestos, crear empleos y ayudar a las familias en peligro de sucumbir a los embargos hipotecarios, ha dicho: “el año pasado se perdieron 2.6 millones de empleos en EU, y éste lunes nada más, nos enteramos de otros planes para recortar otros 55 mil plazas laborales; ésta es una llamada de atención a Washington de que la gente nos necesita y quiere que actuemos inmediatamente. Duplicaré -dijo Obama- nuestra capacidad para generar energía renovable, se bajará el costo de los cuidados de salud y se mejorará la calidad de los servicios, se modernizarán miles de salones de clase y enviaremos a más jóvenes a las universidades. Además, insertaremos miles de millones de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras por medio de recortes tributarios de aplicación inmediata”.
Mientras una esperanza de salvación cobija al pueblo norteamericano desde La Casa Blanca, en Francia, el descontento popular por las consecuencias de la crisis económica y por la política gubernamental insensible ante los reclamos se volcó a tomar las calles, en una clara muestra unitaria de la clase trabajadora de aquel país. El pasado 29 de enero se realizó la más grande manifestación de los últimos 20 años, dos millones quinientos mil ciudadanos inconformes tomaron las calles en 200 ciudades. En París, los cuatro kilómetros que separan las plazas de la Bastilla y de la Opera vieron desfilar al mayor número de manifestantes del país, con unos trescientos mil participantes en la jornada unitaria de sindicatos. El reclamo multitudinario se dejó escuchar en sus gargantas, todos a una sola voz, contra la sangría de los puestos de trabajo y contra el deterioro del poder adquisitivo a que los ha conducido la derecha gobernante. Las pancartas más leídas durante la conglomeración parisina reclamaban: “una ayuda para los trabajadores similar a la que han dado para salvar a los bancos”; “el dinero de los banqueros debe venir a nosotros”; “ellos son el problema, nosotros la solución”.
Similar al repudio y descontento del pueblo francés mostrado en sus multitudinarias manifestaciones, en nuestro país el conductor de los reclamos sociales es Andrés Manuel López Obrador, el único conductor de masas que sigue llenando el Zócalo capitalino con un pueblo insurgente que escucha con atención su programa reivindicatorio. Lo que Obama hace ahora mismo en los Estados Unidos, lo propuso antes Obrador en su campaña presidencial, y fue calificado por la derecha reaccionaria y su candidato como irresponsable, pues bajo la óptica gerencial los recursos públicos sólo deben servir a las necesidades del sector privado y no para resolver las necesidades de la población.
Guillermo Ortiz, el titular del Banco de México, acaba de informar que nuestro país decrecerá el 1.8 por ciento en 2009, y se prevé que mes tras mes irá anunciando previsiones a la baja, como para no asustar a los inversionistas, igual que lo ha hecho desde el año pasado. Desde luego que tales previsiones hechas públicas no le gustaron a Felipe Calderón; de inmediato lo mando regañar a través de los medios calificándolo de “catastrofista”
Las tiranías impuestas por la globalización neoliberal se están derrumbando ante el empuje de los pueblos y, es evidente que el gobierno calderonista tiene miedo de perder el poder, sabe muy bien que la devastación económica que sufre el pueblo repercutirá definitivamente en el actual proceso electoral que se vive. El repudio popular, la angustia y la creciente pobreza buscan a los culpables de la desgracia, y ya los ha ubicado, despachan como gobernantes en Palacio Nacional y Los Pinos. Los escenarios del castigo popular ya tienen fecha, es el próximo 5 de julio, día de las elecciones. El sufragio de tanta gente engañada por el régimen del Bien Común hablará por sí mismo.
sábado, 24 de enero de 2009
Combatiendo al neoliberalismo de derecha
SALVEMOS A MEXICO
DE LA RESISTENCIA PACIFICA A LA OFENSIVA ELECTORAL
El Partido Popular Socialista (PPS), ayer con registro y hoy sin él, ha librado desde su fundación en el año de l948, una gran lucha por los grandes objetivos programáticos del pueblo, basados fundamentalmente en nuestros Principios ideológicos e históricos y la aplicación correcta de la Línea Estratégica y Táctica trazada magistralmente por el Maestro Vicente Lombardo Toledano, misma que preconiza la indispensable Unidad de las Fuerzas Democráticas, Patrióticas y Antiimperialistas para hacer avanzar a México por la vía del progreso, la democracia y la soberanía e independencia nacionales.
Hoy más que nunca, cobra vigencia el pensamiento y la acción revolucionaria del Maestro Vicente Lombardo Toledano cuando afirma que: “Hemos declarado que en este estadio de la evolución de México es posible la alianza circunstancial no permanente ni orgánica, de todas las fuerzas democráticas y patrióticas, para la solución de los grandes problemas del pueblo y la nación.”
Nuestra patria vive una de las etapas más complejas y difíciles de su historia contemporánea, porque su enemigo histórico, el imperialismo yanqui profundiza sus mecanismos de explotación, saqueo y control político al convertirnos en un apéndice más de su mercado y, a su vez, porque México, fue tomado por asalto por la derecha reaccionaria y su brazo electoral el PAN, aliados -desde luego- a los enemigos tradicionales que han venido aplicando servilmente las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en el contexto de la globalización neoliberal.
La trinchera lombardista ha sido siempre una firme defensora del patrimonio nacional y en particular de la industria eléctrica y petrolera nacionalizadas; los resultados a favor del pueblo y la nación por su permanente activismo junto a las demás fuerzas progresistas y nacionalistas están a la vista en la reciente intentona calderonista de privatizar el sector energético. La autoridad moral y política del Partido se han elevado y esto le ha permitido llamar a las diversas fuerzas políticas y sociales a fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas para derrotar a la derecha en el poder y la reacción interna.
Asimismo, se ha insistido para que, sin distingos de concepciones políticas e ideológicas, se constituya un amplio frente nacional democrático y patriótico con el objetivo fundamental de que estas fuerzas políticas obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el proceso electoral de 2009.
Con éstas fuerzas políticas y sociales, se acordó recientemente –como Partido sin registro- constituir una gran coalición nacional para participar en las elecciones federales electorales del presente año, poniendo de relieve que la gran alianza “Salvemos a México” pactada con los partidos del Trabajo y Convergencia, del FAP, se dio fundamentalmente con base en las coincidencias programáticas a favor del pueblo y de la patria mexicana. Al no participar el PRD en esta alianza se depura el movimiento de las facciones colaboracionistas con el gobierno de derecha.
Se sabe de antemano que todo proceso electoral sea del ámbito federal o local, constituye una magnífica oportunidad para profundizar en una gran escuela de educación política de masas para orientar al pueblo, basándose en el programa de lucha común y en el propio, y que nos sirve, para foguear, con lo que tengamos y como podamos, a toda la estructura y membresía del Partido, y, consecuentemente fortalecer la trinchera en todo el país; también es una de las grandes manifestaciones de la lucha de clase por el poder político.
Por los motivos anteriores, el 146 Pleno del Comité Central del PPS, celebrado en la ciudad de México, durante los días 17 y 18 de enero, resolvió, entre otros asuntos importantes: coadyuvar al fortalecimiento de la Unidad de las Fuerzas Democráticas y Patrióticas en un gran Frente Nacional en las próximas elecciones federales electorales de 2009, para derrotar a los enemigos internos y externos de México, basados en las coincidencias programáticas comunes.
Asimismo, se facultó a la Dirección Nacional para que intensifique el diálogo con las diversas fuerzas políticas y sociales del Frente Amplio Progresista (FAP) para la consolidación de la coalición nacional electoral “Salvemos a México” en todos los distritos y circunscripciones electorales del país. Con el concurso de las diversas fuerzas participantes se inicia una nueva etapa en la historia contemporánea del país; la resistencia pacífica se transforma en ofensiva electoral para ganar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión. Una verdadera ofensiva legislativa encaminada –en principio- a frenar la carestía de la vida; eliminar los topes salariales que restringen el bienestar y la nacionalización de las pensiones. La tarea de construir el camino de la victoria para responder a las demandas más apremiantes del pueblo es una obligación moral y política.
DE LA RESISTENCIA PACIFICA A LA OFENSIVA ELECTORAL
El Partido Popular Socialista (PPS), ayer con registro y hoy sin él, ha librado desde su fundación en el año de l948, una gran lucha por los grandes objetivos programáticos del pueblo, basados fundamentalmente en nuestros Principios ideológicos e históricos y la aplicación correcta de la Línea Estratégica y Táctica trazada magistralmente por el Maestro Vicente Lombardo Toledano, misma que preconiza la indispensable Unidad de las Fuerzas Democráticas, Patrióticas y Antiimperialistas para hacer avanzar a México por la vía del progreso, la democracia y la soberanía e independencia nacionales.
Hoy más que nunca, cobra vigencia el pensamiento y la acción revolucionaria del Maestro Vicente Lombardo Toledano cuando afirma que: “Hemos declarado que en este estadio de la evolución de México es posible la alianza circunstancial no permanente ni orgánica, de todas las fuerzas democráticas y patrióticas, para la solución de los grandes problemas del pueblo y la nación.”
Nuestra patria vive una de las etapas más complejas y difíciles de su historia contemporánea, porque su enemigo histórico, el imperialismo yanqui profundiza sus mecanismos de explotación, saqueo y control político al convertirnos en un apéndice más de su mercado y, a su vez, porque México, fue tomado por asalto por la derecha reaccionaria y su brazo electoral el PAN, aliados -desde luego- a los enemigos tradicionales que han venido aplicando servilmente las políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en el contexto de la globalización neoliberal.
La trinchera lombardista ha sido siempre una firme defensora del patrimonio nacional y en particular de la industria eléctrica y petrolera nacionalizadas; los resultados a favor del pueblo y la nación por su permanente activismo junto a las demás fuerzas progresistas y nacionalistas están a la vista en la reciente intentona calderonista de privatizar el sector energético. La autoridad moral y política del Partido se han elevado y esto le ha permitido llamar a las diversas fuerzas políticas y sociales a fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas para derrotar a la derecha en el poder y la reacción interna.
Asimismo, se ha insistido para que, sin distingos de concepciones políticas e ideológicas, se constituya un amplio frente nacional democrático y patriótico con el objetivo fundamental de que estas fuerzas políticas obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el proceso electoral de 2009.
Con éstas fuerzas políticas y sociales, se acordó recientemente –como Partido sin registro- constituir una gran coalición nacional para participar en las elecciones federales electorales del presente año, poniendo de relieve que la gran alianza “Salvemos a México” pactada con los partidos del Trabajo y Convergencia, del FAP, se dio fundamentalmente con base en las coincidencias programáticas a favor del pueblo y de la patria mexicana. Al no participar el PRD en esta alianza se depura el movimiento de las facciones colaboracionistas con el gobierno de derecha.
Se sabe de antemano que todo proceso electoral sea del ámbito federal o local, constituye una magnífica oportunidad para profundizar en una gran escuela de educación política de masas para orientar al pueblo, basándose en el programa de lucha común y en el propio, y que nos sirve, para foguear, con lo que tengamos y como podamos, a toda la estructura y membresía del Partido, y, consecuentemente fortalecer la trinchera en todo el país; también es una de las grandes manifestaciones de la lucha de clase por el poder político.
Por los motivos anteriores, el 146 Pleno del Comité Central del PPS, celebrado en la ciudad de México, durante los días 17 y 18 de enero, resolvió, entre otros asuntos importantes: coadyuvar al fortalecimiento de la Unidad de las Fuerzas Democráticas y Patrióticas en un gran Frente Nacional en las próximas elecciones federales electorales de 2009, para derrotar a los enemigos internos y externos de México, basados en las coincidencias programáticas comunes.
Asimismo, se facultó a la Dirección Nacional para que intensifique el diálogo con las diversas fuerzas políticas y sociales del Frente Amplio Progresista (FAP) para la consolidación de la coalición nacional electoral “Salvemos a México” en todos los distritos y circunscripciones electorales del país. Con el concurso de las diversas fuerzas participantes se inicia una nueva etapa en la historia contemporánea del país; la resistencia pacífica se transforma en ofensiva electoral para ganar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión. Una verdadera ofensiva legislativa encaminada –en principio- a frenar la carestía de la vida; eliminar los topes salariales que restringen el bienestar y la nacionalización de las pensiones. La tarea de construir el camino de la victoria para responder a las demandas más apremiantes del pueblo es una obligación moral y política.
El mundo sigue cambiando
EL COLAPSO DEL IMPERIO YANQUI
FINALIZA LA ETAPA DEL MUNDO UNIPOLAR
Las leyes de la dialéctica son inexcusables, el mundo sigue cambiando. Después de la II guerra mundial surgió la guerra fría y el mundo bipolar. Por un lado se fortalece el campo socialista liderado por la Unión Soviética, y por otro, el imperialismo norteamericano se afianza en la economía e instrumenta el Macartismo como política exterior para perseguir y detener el avance de los partidarios del nuevo régimen social.
Esa bipolaridad en las relaciones internacionales termina en los años noventa con la desintegración de la URSS, y comienza la etapa unipolar comandada por los EU, la cual está por finalizar en la presente década. La irrupción de los nuevos escenarios a partir de ahora dará como resultado un mundo multipolar que sepultará la aplastante hegemonía estadounidense que se mantuvo durante los últimos años.
El colapso del imperio yanqui no es una invención o un simple deseo subjetivo de sus adversarios ideológicos, es una realidad prevista por sus propios cuadros a su servicio. Permítanme comentar con ustedes un reporte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la cual emitió sus previsiones a nivel planetario. En ese análisis se sostiene que antes del año 2025 estallarán grandes conflictos por el dominio de mercados y materias primas. El reporte, divulgado recientemente por el Consejo de Inteligencia Nacional, es el cuarto documento de esta naturaleza emitido en Washington para tratar de perfilar los posibles escenarios internacionales futuros.
Los analistas estadounidenses auguran un superpoblado y complejo mundo multipolar, sumamente fragmentado, donde Estados Unidos tendrá una mermada influencia. Tal dictamen implica que el orden internacional que resultó después de la Segunda Guerra Mundial tendrá una mutación y aparecerán en escena nuevos protagonistas como: Brasil, Rusia, India y China, los que podrán imponer otras reglas de juego, a partir de su creciente influencia.
Un aspecto crucial del documento es la advertencia de que si la desigualdad entre los países del Norte y del Sur sigue profundizándose y especialmente si se agudiza la situación de crisis interna en Estados Unidos, aumentará la presión social y pueden ocurrir estallidos populares sin precedentes.
A partir de dicha tesis, es previsible la repetición de escenarios similares a los vividos durante la presidencia de Franklin Delano Roosvelt, donde las protestas populares por el desempleo y la miseria le obligaron a tomar medidas “populistas” que eran vitales para evitar la hecatombe de todo el sistema capitalista en aquella época.
El informe expresa que ya pasó a la historia la era en la cual el predominio norteamericano se daba por descontado, argumenta que en la nueva situación mundial el sistema occidental perderá todo su esplendor a mediano plazo y pronostica que la Unión Europea estará muy dividida, lo que impactará negativamente en el poderío militar que hoy detenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esa región.
La comunidad de inteligencia se pregunta cómo sería una página del diario de quien ocupe la presidencia de Estados Unidos en el año 2020, en caso de que la ciudad de Nueva York sea blanco de un potente huracán, quede inundada y fuese necesario evacuar a millones de personas, incluidos los miembros de la Asamblea General de ONU.
Al describir la posible respuesta del hipotético mandatario, contextualizada en los males causados por el calentamiento global y la contaminación ambiental, el documento señala que el pueblo norteamericano pagará un muy elevado precio en vidas humanas.
A la tragedia contribuirá la acumulación de desastres naturales, ocurridos de forma casi consecutiva por el acelerado deshielo de los polos, y el consiguiente bajo rendimiento agrícola de la nación, lo que significa menos alimentos para cada vez más número de seres humanos.
Otra característica importante del nuevo pronóstico es la ausencia de la tradicional excesiva confianza en que las reservas petrolíferas aún no explotadas alcanzaban para satisfacer la demanda de los próximos 100 años, afirmación que apareció más de una vez en estimados de la administración Bush. Todos los analistas serios han desechado las fantasías bushianas y están intentando poner en la opinión pública los escenarios reales del desastre energético -y por lo mismo económico- que apenas comienza.
La población del planeta se incrementará en mil 500 millones de habitantes, lo que aumentará la ya elevada presión sobre los hoy menguados recursos energéticos, alimentarios y acuíferos, y desatará una espiral de implicaciones impredecibles, todo eso agravado por la eventual proliferación descontrolada de pandemias peligrosas para toda la humanidad.
Estas predicciones en realidad no son nuevas. Desde 1997 uno de los principales estrategas norteamericanos se pronunció a favor de una guerra contra Rusia y China para evitar que la hegemonía de Estados Unidos decayera en el siglo XXI, como se pronostica oficialmente en el estudio de la comunidad de inteligencia.
En su libro "The grand chessborad", Zbigniew Brzezinski estima que "desde que los continentes comenzaron a interactuar políticamente hace unos 500 años, el verdadero centro del mundo ha sido la región conocida como Eurasia, un imaginario territorio que va desde el este de Alemania y Polonia, extendiéndose a través de Rusia y China hasta alcanzar el Océano Pacifico".
El mapa de esta zona incluye también al Medio Oriente y a casi toda la India. Similar concepto geopolítico fue repetido por el presidente Bush en su alocución al Congreso unos días después de los atentados del 11 de septiembre, de ahí que no resulta casual el despliegue masivo de fuerzas norteamericanas en centenares de nuevas bases militares en la región, con el evidente objetivo principal de intimidar a Rusia y China.
La correlación de fuerzas y los escenarios geopolíticos en que tendrá que actuar el gobernante demócrata Barack Obama serán por demás complicados, porque quiérase o no, después del desastre financiero iniciado en 2008 en su país y sus amplias repercusiones a nivel mundial, además de las sucesivas rebeliones de los pueblos hambrientos, tendrá que ser el primer presidente de la nueva etapa multipolar que se vivirá en el mundo. La fuerza arrolladora de las expectativas positivas que ha levantado en su propio pueblo y fuera de él, lo obligará a responder ante el juicio de la historia.
FINALIZA LA ETAPA DEL MUNDO UNIPOLAR
Las leyes de la dialéctica son inexcusables, el mundo sigue cambiando. Después de la II guerra mundial surgió la guerra fría y el mundo bipolar. Por un lado se fortalece el campo socialista liderado por la Unión Soviética, y por otro, el imperialismo norteamericano se afianza en la economía e instrumenta el Macartismo como política exterior para perseguir y detener el avance de los partidarios del nuevo régimen social.
Esa bipolaridad en las relaciones internacionales termina en los años noventa con la desintegración de la URSS, y comienza la etapa unipolar comandada por los EU, la cual está por finalizar en la presente década. La irrupción de los nuevos escenarios a partir de ahora dará como resultado un mundo multipolar que sepultará la aplastante hegemonía estadounidense que se mantuvo durante los últimos años.
El colapso del imperio yanqui no es una invención o un simple deseo subjetivo de sus adversarios ideológicos, es una realidad prevista por sus propios cuadros a su servicio. Permítanme comentar con ustedes un reporte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, la cual emitió sus previsiones a nivel planetario. En ese análisis se sostiene que antes del año 2025 estallarán grandes conflictos por el dominio de mercados y materias primas. El reporte, divulgado recientemente por el Consejo de Inteligencia Nacional, es el cuarto documento de esta naturaleza emitido en Washington para tratar de perfilar los posibles escenarios internacionales futuros.
Los analistas estadounidenses auguran un superpoblado y complejo mundo multipolar, sumamente fragmentado, donde Estados Unidos tendrá una mermada influencia. Tal dictamen implica que el orden internacional que resultó después de la Segunda Guerra Mundial tendrá una mutación y aparecerán en escena nuevos protagonistas como: Brasil, Rusia, India y China, los que podrán imponer otras reglas de juego, a partir de su creciente influencia.
Un aspecto crucial del documento es la advertencia de que si la desigualdad entre los países del Norte y del Sur sigue profundizándose y especialmente si se agudiza la situación de crisis interna en Estados Unidos, aumentará la presión social y pueden ocurrir estallidos populares sin precedentes.
A partir de dicha tesis, es previsible la repetición de escenarios similares a los vividos durante la presidencia de Franklin Delano Roosvelt, donde las protestas populares por el desempleo y la miseria le obligaron a tomar medidas “populistas” que eran vitales para evitar la hecatombe de todo el sistema capitalista en aquella época.
El informe expresa que ya pasó a la historia la era en la cual el predominio norteamericano se daba por descontado, argumenta que en la nueva situación mundial el sistema occidental perderá todo su esplendor a mediano plazo y pronostica que la Unión Europea estará muy dividida, lo que impactará negativamente en el poderío militar que hoy detenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esa región.
La comunidad de inteligencia se pregunta cómo sería una página del diario de quien ocupe la presidencia de Estados Unidos en el año 2020, en caso de que la ciudad de Nueva York sea blanco de un potente huracán, quede inundada y fuese necesario evacuar a millones de personas, incluidos los miembros de la Asamblea General de ONU.
Al describir la posible respuesta del hipotético mandatario, contextualizada en los males causados por el calentamiento global y la contaminación ambiental, el documento señala que el pueblo norteamericano pagará un muy elevado precio en vidas humanas.
A la tragedia contribuirá la acumulación de desastres naturales, ocurridos de forma casi consecutiva por el acelerado deshielo de los polos, y el consiguiente bajo rendimiento agrícola de la nación, lo que significa menos alimentos para cada vez más número de seres humanos.
Otra característica importante del nuevo pronóstico es la ausencia de la tradicional excesiva confianza en que las reservas petrolíferas aún no explotadas alcanzaban para satisfacer la demanda de los próximos 100 años, afirmación que apareció más de una vez en estimados de la administración Bush. Todos los analistas serios han desechado las fantasías bushianas y están intentando poner en la opinión pública los escenarios reales del desastre energético -y por lo mismo económico- que apenas comienza.
La población del planeta se incrementará en mil 500 millones de habitantes, lo que aumentará la ya elevada presión sobre los hoy menguados recursos energéticos, alimentarios y acuíferos, y desatará una espiral de implicaciones impredecibles, todo eso agravado por la eventual proliferación descontrolada de pandemias peligrosas para toda la humanidad.
Estas predicciones en realidad no son nuevas. Desde 1997 uno de los principales estrategas norteamericanos se pronunció a favor de una guerra contra Rusia y China para evitar que la hegemonía de Estados Unidos decayera en el siglo XXI, como se pronostica oficialmente en el estudio de la comunidad de inteligencia.
En su libro "The grand chessborad", Zbigniew Brzezinski estima que "desde que los continentes comenzaron a interactuar políticamente hace unos 500 años, el verdadero centro del mundo ha sido la región conocida como Eurasia, un imaginario territorio que va desde el este de Alemania y Polonia, extendiéndose a través de Rusia y China hasta alcanzar el Océano Pacifico".
El mapa de esta zona incluye también al Medio Oriente y a casi toda la India. Similar concepto geopolítico fue repetido por el presidente Bush en su alocución al Congreso unos días después de los atentados del 11 de septiembre, de ahí que no resulta casual el despliegue masivo de fuerzas norteamericanas en centenares de nuevas bases militares en la región, con el evidente objetivo principal de intimidar a Rusia y China.
La correlación de fuerzas y los escenarios geopolíticos en que tendrá que actuar el gobernante demócrata Barack Obama serán por demás complicados, porque quiérase o no, después del desastre financiero iniciado en 2008 en su país y sus amplias repercusiones a nivel mundial, además de las sucesivas rebeliones de los pueblos hambrientos, tendrá que ser el primer presidente de la nueva etapa multipolar que se vivirá en el mundo. La fuerza arrolladora de las expectativas positivas que ha levantado en su propio pueblo y fuera de él, lo obligará a responder ante el juicio de la historia.
miércoles, 14 de enero de 2009
vamos por el referendo confirmatorio
EL COMANDANTE EVO MORALES
Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN BOLIVIA
Por estos días el hermano pueblo boliviano avanza en la recta final hacia el referendo constitucional que se llevará a cabo el próximo 25 de enero. Dicha consulta popular decidirá sobre el proyecto de una nueva Carta Magna impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), para refundar al país andino bajo una nueva Constitución de corte revolucionaria, defensora de la plurinacionalidad, los derechos humanos, las autonomías y el respaldo económico a niños y ancianos. Una norma que vendrá a instaurar una nueva etapa de combate a la desigualdad social y la concentración de la riqueza.
En esta lucha que se libra en Bolivia, participan junto al Movimiento al Socialismo, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y la totalidad de las organizaciones sociales del país.
Ante este hecho de trascendental importancia histórica para el pueblo de Bolivia y toda Latinoamérica, en esta colaboración especial abordaremos la vida y obra del conductor de ese proceso revolucionario que se vive ahí. (Juan Evo Morales Ayma; Isallavi, 1959) Político y líder del movimiento cocalero boliviano. Presidente electo de la república desde el 18 de diciembre de 2005, es el primer indígena en la historia de Bolivia que ha alcanzado la jefatura del estado, en un país en el que más de la mitad de la población es indígena.
Su victoria coincidió con un momento de giro a la izquierda en numerosos gobiernos de América Latina (lo que refuerza su protagonismo en el contexto histórico regional) y se produjo tras una serie de movilizaciones populares que tuvieron como objetivo reclamar el derecho histórico al cultivo de coca de los indígenas y promover un mayor beneficio de los recursos naturales del país para los bolivianos.
Nacido en la pobreza. Evo Morales fue el segundo de tres hermanos en una humilde familia aymara que residía en una pequeña aldea rural del altiplano boliviano. Dionisio Morales, María Aymara y sus hijos subsistían en condiciones de extrema penuria, con los pocos recursos que extraían de las labores agrícolas y ganaderas, en una vivienda minúscula de adobe y paja. El pequeño Evo compaginaba sus primeros años de formación escolar con las tareas de labranza y pastoreo. Entre los cinco y los siete años no estuvo escolarizado porque la familia se trasladó a Jujuy (Argentina) para trabajar en los cañaverales azucareros.
De vuelta en su pueblo natal, Evo retomó los estudios, aunque la miseria obligaba a sus padres a emprender viajes ocasionales en busca de sustento y el chico se ausentaba habitualmente de la escuela. Para cursar la secundaria se desplazó hasta Oruro, la capital del departamento, e ingresó en un colegio de estudiantes sin recursos. Logró pagar sus clases y su estancia en la ciudad con trabajos diversos como albañil, panadero e incluso trompetista, y en 1977 se graduó como bachiller. Aquel día fue, según testimonio del propio Morales, el último de su vida en que se vistió con el traje y la corbata de la clase dominante.
Cumplió el servicio militar en La Paz, donde sufrió episodios de discriminación manifiesta por su doble condición de indígena y pobre, y en 1980 regresó a Isallavi. Dos años después, la familia al completo abandonó la aldea y, junto a miles de emigrantes del altiplano, viajó hacia Cochabamba, huyendo de la precariedad y la miseria. Los Morales se instalaron en Puerto San Francisco (Chapare) y buscaron oficio en labores hortofrutícolas, primero como arroceros y después como cocaleros.
La familia logró cierta estabilidad laboral con el cultivo de la hoja de coca, uno de los más estables en la región por la demanda creciente del narcotráfico, y Evo comenzó a adquirir notoriedad como líder local entre el campesinado indígena. Desde muy joven había demostrado preocupación por la realidad social y política de su pueblo y por la lucha de los más desfavorecidos, así que decidió encauzar su activismo en las filas del sindicalismo agrario. Con la obra del intelectual marxista Fausto Reinaga (fundador del Partido Indio Boliviano) en el bolsillo, y la creencia de que había llegado el momento de implicarse en el indigenismo militante, Evo Morales ingresó en 1983 en el sindicato agrícola de San Francisco.
Su carrera sindical fue rápida. Primero asumió la secretaría de deportes; en 1985 ya ocupaba la secretaría general, y en 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba. Precisamente aquel mismo año, el gobierno conservador de Paz Estenssoro sucumbió a las presiones de la Administración estadounidense y logró sacar adelante en el congreso la ley que restringía la producción de hoja de coca.
La sustitución gradual de las cosechas por cultivos alternativos de dudosa rentabilidad y la destrucción forzosa de siembras sin derecho a indemnización, previstas en la ley, encendieron las protestas del movimiento cocalero que no estaba dispuesto a que los poderes públicos internacionales buscaran soluciones al narcotráfico criminalizando la labor del agricultor.
En 1989 y ya con el socialdemócrata Paz Zamora en la presidencia, la Federación del Trópico de Cochabamba, liderada por Morales, se movilizó contra los planes gubernamentales de reducir la superficie agrícola destinada al cultivo de coca y amenazó con responder de forma violenta si las fuerzas de seguridad del Estado trataban de imponer la ley en Chapare.
La lucha del movimiento cocalero por mantener su única fuente de recursos arreció en 1993 con la llegada de Sánchez de Lozada al palacio presidencial. El nuevo líder conservador, ferviente defensor de los planes de erradicación de cultivos de coca, encontró en los sindicatos agrícolas una fuente permanente de contestación. El verano de 1994 fue testigo de uno de los enfrentamientos más relevantes entre el gobierno del MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) y el gremio cocalero.
Apoyado por la DEA (Agencia Antidroga) estadounidense, Sánchez de Lozada ordenó la ejecución del llamado plan "Nuevo Amanecer" con el objetivo de destruir un 10% de las cosechas de cocales en Chapare. La protesta de los agricultores fue masiva y la represión militar se cobró la vida de un joven campesino. Evo Morales, que por entonces presidía el Consejo Andino de Productores de Coca (CAPHC) y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, convocó una marcha multitudinaria hacía La Paz y, después de tres semanas de movilización, llegó a la capital con 4.000 campesinos para forzar una negociación con el Ejecutivo.
Las demandas del gremio cocalero traspasaron las fronteras de Bolivia en 1995 con la gira que su líder emprendió por diversos países europeos. Entretanto, las protestas campesinas continuaban convulsionando la vida política del país y, desde algunos despachos políticos, se impulsaba una campaña de desprestigio contra Morales.
El movimiento sindical entendió entonces que había llegado el momento de dar el salto a la arena política y participar en primera línea en la toma de decisiones para transformar Bolivia. Así, el 27 de marzo de 1995, un nutrido grupo de asociaciones indígenas y campesinas constituyeron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Alejo Véliz, un indio quechua, asumió la jefatura orgánica de la nueva formación.
La ASP-IPSP no logró el visto bueno de la Corte Electoral para inscribirse como partido, así que decidió concurrir a la primera cita electoral, las municipales de diciembre, integrada en las listas de Izquierda Unida (IU); una coalición progresista liderada por el Partido Comunista. En las generales de 1997, que devolvieron el poder al ex general golpista Hugo Bánzer, IU logró cuatro escaños en el Parlamento boliviano. Evo Morales ocupó uno de ellos.
Los problemas de liderazgo enfrentaron a partir de entonces a Véliz (ASP) y Morales (IPSP) y el pacto fundacional se rompió. Como el IPSP no conseguía el permiso oficial para registrarse como formación política, el líder cocalero buscó una marca electoral en la que integrar su proyecto. Negoció con David Añez, jefe del Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U), y en enero de 1999 Morales fue elegido presidente del nuevo IPSP-MAS, que simplificó de inmediato sus siglas y quedó reducido a MAS.
Evo Morales, primer presidente indígena. Durante el nuevo mandato banzerista se recrudecieron los enfrentamientos con el campesinado cocalero que, de forma general, respaldó las candidaturas del MAS en las municipales de diciembre de 1999. No en vano Evo Morales había incrementado su popularidad al frente de las masivas marchas, movilizaciones, paros, cortes de carretera y demás medidas de protesta emprendidas contra el llamado "Plan Dignidad" del gobierno que contemplaba la destrucción de 90.000 hectáreas de cocales, tipificadas como excedentarias. Morales denunció los episodios de represión militar y, desde su escaño, animó a los cocaleros a resistir frente a las fuerzas del Gobierno.
Pese a las advertencias de la Cámara, el líder aymara continuó defendiendo con vehemencia las reivindicaciones del campesinado cocalero. Durante 2001 las protestas en Cochabamba fueron continuas, más aún cuando el Ejecutivo decidió privatizar el agua e incrementar el precio de algunos productos básicos, y Morales amenazó con provocar el estallido de una guerra civil en el Chapare.
Finalmente en enero de 2002, días después de otra oleada de violentos enfrentamientos en la región, el Parlamento acusó a Morales de instigador e inició un proceso disciplinario contra el jefe del MAS. Evo Morales perdió su escaño con el voto favorable de una mayoría de diputados de las fuerzas políticas tradicionales, pero su popularidad subió como la espuma.
Hacia la presidencia. Con la certeza de que su líder había sido injustamente represaliado, el 5 de marzo de 2002, el movimiento indígena y campesino designó a Evo Morales candidato del MAS a las presidenciales. Celebradas las elecciones el 30 de junio y, a pesar de que los pronósticos aventuraban el triunfo del capitán retirado Manfred Reyes Villa, ex alcalde de Cochabamba y líder de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), el candidato del MNR y ex presidente del país Sánchez de Lozada logró la victoria con el 22,4% de los sufragios.
Por detrás, y a escasa distancia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales se convirtió en la segunda fuerza más votada (20,9%). Como ninguno de los aspirantes logró la mayoría suficiente, la elección presidencial quedó aplazada a la votación del congreso y, después de algunas semanas de incertidumbre política, Sánchez de Lozada se aseguró la elección parlamentaria merced al acuerdo alcanzado entre su partido, el MNR, y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) del también ex presidente Jaime Paz Zamora. Ambas formaciones políticas suscribieron el llamado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional.
Los masistas, que también lograron convertirse en la segunda fuerza política en el congreso tras las legislativas, anunciaron una dura oposición. Junto a la tradicional reivindicación del mantenimiento del cultivo de cocales, la nacionalización del negocio del gas y la reforma del sistema político configuraron el trío de demandas esenciales en el ideario político de Morales.
En febrero de 2003, apenas cumplidos seis meses de mandato, Sánchez de Lozada ya tuvo que enfrentarse con una primera crisis política cuando el anuncio de la entrada en vigor de un impuesto sobre los salarios provocó una oleada de violentas protestas en las calles del país.
La policía boliviana, declarada en rebeldía, se sumó a las reivindicaciones ciudadanas y la intervención del Ejército derivó en enfrentamientos armados que se cobraron una treintena de víctimas en varias jornadas consecutivas de disturbios, saqueos y actos vandálicos. Presionado por la gravedad de los incidentes, el presidente retiró las medidas económicas que desataron la crisis, anunció un reajuste de su gobierno, con la incorporación de miembros del opositor NFR, y se comprometió a reducir el gasto público.
Las medidas presidenciales para apaciguar la crisis no surtieron efecto entre sus adversarios políticos que, con Evo Morales a la cabeza, exigieron su renuncia. Sindicatos, movimientos sociales y fuerzas de izquierda continuaron en pie de guerra con llamamientos diarios a la insurrección. Además, Sánchez de Lozada recibía advertencias directas de Washington. Los Estados Unidos, para evitar cualquier concesión a las demandas del MAS, condicionaban las cuantiosas ayudas económicas al mantenimiento de los planes de erradicación de los cultivos de coca.
Por si los problemas en el Palacio Quemado fueran pocos, la herida abierta en muchos sectores de la sociedad boliviana, desde que en la guerra de 1879 Chile arrebatara al país del altiplano su acceso al mar, se situó de nuevo en primera línea de la actualidad política en el otoño de 2003. La decisión del ejecutivo de exportar gas, principal recurso del país, a Estados Unidos, a través de un puerto chileno, actuó como catalizador de un nuevo estallido del descontento social. La represión de las asonadas callejeras se cobró la vida de más de setenta personas y precipitó, en pocas semanas, la caída de Sánchez de Lozada.
Abandonado por sus socios de gobierno y sin el apoyo de sus aliados exteriores, el 17 de octubre de 2003 el presidente huyó de La Paz y buscó refugio en Miami. Con el liderazgo de Morales ampliamente reforzado, el vicepresidente Carlos Mesa asumió la sucesión y anunció la formación de un nuevo ejecutivo independiente que instaurara la paz civil. Sin embargo, y tras algunos meses de tregua en los que Morales fue ratificado en la presidencia ejecutiva del MAS y en la candidatura a las presidenciales, regresaron las protestas a los escenarios habituales de confrontación.
Poco después de que las elecciones municipales de diciembre de 2004 colocaran al MAS como la fuerza política más votada del país, Mesa tuvo que afrontar el creciente desafío de las reivindicaciones autonomistas procedentes de la provincia de Santa Cruz y de los movimientos indígenas y cocaleros que reclamaban la nacionalización energética.
En el mes de marzo de 2005, el Parlamento aprobó la polémica Ley de Hidrocarburos; una medida que sólo paralizó las protestas de forma temporal. Las compañías petroleras, perjudicadas por la nueva norma, amenazaron con reducir sus inversiones al tiempo que los movimientos indígenas, campesinos y mineros reclamaban un endurecimiento de la ley que revertiera en beneficio de las arcas públicas.
Con este escenario y ante el temor de un rebrote de la violencia, políticos, empresarios y analistas coincidieron en señalar el adelanto electoral como la única salida a la crisis. Antes de concluir el mes de mayo, los trabajadores bolivianos tomaban diariamente las calles de la capital y ganaban credibilidad los rumores de asonadas en los cuarteles. Entretanto, los poderes ejecutivo y legislativo permanecían inmóviles ante el derrumbe de la economía boliviana que, con cada día de huelga y bloqueo, perdía alrededor de ocho millones de dólares. En un intento de apaciguar las protestas, el presidente Mesa anunció convocatorias electorales para elegir Asamblea constituyente y votar el referéndum autonómico, pero los líderes indigenistas rechazaron la propuesta y endurecieron las movilizaciones por todo el país.
En los primeros días de junio, Carlos Mesa presentó su renuncia y pidió a los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes que facilitaran el adelanto electoral para evitar el más que previsible estallido de violencia en el país. El Parlamento aceptó la dimisión del jefe del estado y nombró sucesor, de forma interina, al presidente del Tribunal Supremo, Eduardo Rodríguez, quien, de inmediato, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los bolivianos acudieron a las urnas el 18 de diciembre de 2005 y de forma mayoritaria respaldaron el marcado programa antiimperialista, anticapitalista y antineoliberal de Evo Morales. Dentro y fuera del país, la campaña electoral concentró una atención sin precedentes y discurrió de forma altamente polarizada entre la euforia de los adeptos al masismo, que auguraban para Bolivia una profunda transformación social, y el pesimismo de sus detractores, que intuían en el nuevo líder posiciones políticas muy cercanas a los postulados castristas y chavistas.
Con el lema "¡Somos pueblo, somos MAS!", Morales superó todos los pronósticos y ganó las elecciones con un triunfo histórico; más del 84% de los bolivianos con derecho a voto acudió a las urnas y, de ellos, el 53,7% eligió al líder aymara. El ex presidente Tuto Quiroga y su nueva formación Podemos (Poder Democrático y Social) reunió el 28,6% del escrutinio. La victoria en las legislativas tampoco dejó lugar a dudas y el MAS obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados. Su rendimiento electoral fue menor en el Senado y en las prefecturas departamentales.
El 22 de enero de 2006 Evo Morales tomó posesión de la más alta magistratura del país. Un día antes, había sido investido como Jacha Mallku [Gran Cóndor], máxima autoridad de los pueblos indígenas, en una ceremonia celebrada en Tiwanaku, la capital aymara. La llegada al poder de Morales no ha estado exenta de dificultades porque ha tenido que enfrentar la resistencia de la oligarquía criolla aliada al imperialismo, la cual dispone de todo el dinero necesario para desinformar al pueblo y tratar de frenar su avance, pero una cosa es innegable, ha roto los códigos de exclusión social vigentes en Bolivia. El proceso revolucionario en ese país sigue su avance en la conquista de un porvenir luminoso bajo la conducción de su Comandante en jefe, el presidente Evo Morales.
Comentarios: gacetaproletaria@gmail.com gacetaproletaria.blogspot.com
Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN BOLIVIA
Por estos días el hermano pueblo boliviano avanza en la recta final hacia el referendo constitucional que se llevará a cabo el próximo 25 de enero. Dicha consulta popular decidirá sobre el proyecto de una nueva Carta Magna impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), para refundar al país andino bajo una nueva Constitución de corte revolucionaria, defensora de la plurinacionalidad, los derechos humanos, las autonomías y el respaldo económico a niños y ancianos. Una norma que vendrá a instaurar una nueva etapa de combate a la desigualdad social y la concentración de la riqueza.
En esta lucha que se libra en Bolivia, participan junto al Movimiento al Socialismo, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y la totalidad de las organizaciones sociales del país.
Ante este hecho de trascendental importancia histórica para el pueblo de Bolivia y toda Latinoamérica, en esta colaboración especial abordaremos la vida y obra del conductor de ese proceso revolucionario que se vive ahí. (Juan Evo Morales Ayma; Isallavi, 1959) Político y líder del movimiento cocalero boliviano. Presidente electo de la república desde el 18 de diciembre de 2005, es el primer indígena en la historia de Bolivia que ha alcanzado la jefatura del estado, en un país en el que más de la mitad de la población es indígena.
Su victoria coincidió con un momento de giro a la izquierda en numerosos gobiernos de América Latina (lo que refuerza su protagonismo en el contexto histórico regional) y se produjo tras una serie de movilizaciones populares que tuvieron como objetivo reclamar el derecho histórico al cultivo de coca de los indígenas y promover un mayor beneficio de los recursos naturales del país para los bolivianos.
Nacido en la pobreza. Evo Morales fue el segundo de tres hermanos en una humilde familia aymara que residía en una pequeña aldea rural del altiplano boliviano. Dionisio Morales, María Aymara y sus hijos subsistían en condiciones de extrema penuria, con los pocos recursos que extraían de las labores agrícolas y ganaderas, en una vivienda minúscula de adobe y paja. El pequeño Evo compaginaba sus primeros años de formación escolar con las tareas de labranza y pastoreo. Entre los cinco y los siete años no estuvo escolarizado porque la familia se trasladó a Jujuy (Argentina) para trabajar en los cañaverales azucareros.
De vuelta en su pueblo natal, Evo retomó los estudios, aunque la miseria obligaba a sus padres a emprender viajes ocasionales en busca de sustento y el chico se ausentaba habitualmente de la escuela. Para cursar la secundaria se desplazó hasta Oruro, la capital del departamento, e ingresó en un colegio de estudiantes sin recursos. Logró pagar sus clases y su estancia en la ciudad con trabajos diversos como albañil, panadero e incluso trompetista, y en 1977 se graduó como bachiller. Aquel día fue, según testimonio del propio Morales, el último de su vida en que se vistió con el traje y la corbata de la clase dominante.
Cumplió el servicio militar en La Paz, donde sufrió episodios de discriminación manifiesta por su doble condición de indígena y pobre, y en 1980 regresó a Isallavi. Dos años después, la familia al completo abandonó la aldea y, junto a miles de emigrantes del altiplano, viajó hacia Cochabamba, huyendo de la precariedad y la miseria. Los Morales se instalaron en Puerto San Francisco (Chapare) y buscaron oficio en labores hortofrutícolas, primero como arroceros y después como cocaleros.
La familia logró cierta estabilidad laboral con el cultivo de la hoja de coca, uno de los más estables en la región por la demanda creciente del narcotráfico, y Evo comenzó a adquirir notoriedad como líder local entre el campesinado indígena. Desde muy joven había demostrado preocupación por la realidad social y política de su pueblo y por la lucha de los más desfavorecidos, así que decidió encauzar su activismo en las filas del sindicalismo agrario. Con la obra del intelectual marxista Fausto Reinaga (fundador del Partido Indio Boliviano) en el bolsillo, y la creencia de que había llegado el momento de implicarse en el indigenismo militante, Evo Morales ingresó en 1983 en el sindicato agrícola de San Francisco.
Su carrera sindical fue rápida. Primero asumió la secretaría de deportes; en 1985 ya ocupaba la secretaría general, y en 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba. Precisamente aquel mismo año, el gobierno conservador de Paz Estenssoro sucumbió a las presiones de la Administración estadounidense y logró sacar adelante en el congreso la ley que restringía la producción de hoja de coca.
La sustitución gradual de las cosechas por cultivos alternativos de dudosa rentabilidad y la destrucción forzosa de siembras sin derecho a indemnización, previstas en la ley, encendieron las protestas del movimiento cocalero que no estaba dispuesto a que los poderes públicos internacionales buscaran soluciones al narcotráfico criminalizando la labor del agricultor.
En 1989 y ya con el socialdemócrata Paz Zamora en la presidencia, la Federación del Trópico de Cochabamba, liderada por Morales, se movilizó contra los planes gubernamentales de reducir la superficie agrícola destinada al cultivo de coca y amenazó con responder de forma violenta si las fuerzas de seguridad del Estado trataban de imponer la ley en Chapare.
La lucha del movimiento cocalero por mantener su única fuente de recursos arreció en 1993 con la llegada de Sánchez de Lozada al palacio presidencial. El nuevo líder conservador, ferviente defensor de los planes de erradicación de cultivos de coca, encontró en los sindicatos agrícolas una fuente permanente de contestación. El verano de 1994 fue testigo de uno de los enfrentamientos más relevantes entre el gobierno del MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) y el gremio cocalero.
Apoyado por la DEA (Agencia Antidroga) estadounidense, Sánchez de Lozada ordenó la ejecución del llamado plan "Nuevo Amanecer" con el objetivo de destruir un 10% de las cosechas de cocales en Chapare. La protesta de los agricultores fue masiva y la represión militar se cobró la vida de un joven campesino. Evo Morales, que por entonces presidía el Consejo Andino de Productores de Coca (CAPHC) y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, convocó una marcha multitudinaria hacía La Paz y, después de tres semanas de movilización, llegó a la capital con 4.000 campesinos para forzar una negociación con el Ejecutivo.
Las demandas del gremio cocalero traspasaron las fronteras de Bolivia en 1995 con la gira que su líder emprendió por diversos países europeos. Entretanto, las protestas campesinas continuaban convulsionando la vida política del país y, desde algunos despachos políticos, se impulsaba una campaña de desprestigio contra Morales.
El movimiento sindical entendió entonces que había llegado el momento de dar el salto a la arena política y participar en primera línea en la toma de decisiones para transformar Bolivia. Así, el 27 de marzo de 1995, un nutrido grupo de asociaciones indígenas y campesinas constituyeron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Alejo Véliz, un indio quechua, asumió la jefatura orgánica de la nueva formación.
La ASP-IPSP no logró el visto bueno de la Corte Electoral para inscribirse como partido, así que decidió concurrir a la primera cita electoral, las municipales de diciembre, integrada en las listas de Izquierda Unida (IU); una coalición progresista liderada por el Partido Comunista. En las generales de 1997, que devolvieron el poder al ex general golpista Hugo Bánzer, IU logró cuatro escaños en el Parlamento boliviano. Evo Morales ocupó uno de ellos.
Los problemas de liderazgo enfrentaron a partir de entonces a Véliz (ASP) y Morales (IPSP) y el pacto fundacional se rompió. Como el IPSP no conseguía el permiso oficial para registrarse como formación política, el líder cocalero buscó una marca electoral en la que integrar su proyecto. Negoció con David Añez, jefe del Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U), y en enero de 1999 Morales fue elegido presidente del nuevo IPSP-MAS, que simplificó de inmediato sus siglas y quedó reducido a MAS.
Evo Morales, primer presidente indígena. Durante el nuevo mandato banzerista se recrudecieron los enfrentamientos con el campesinado cocalero que, de forma general, respaldó las candidaturas del MAS en las municipales de diciembre de 1999. No en vano Evo Morales había incrementado su popularidad al frente de las masivas marchas, movilizaciones, paros, cortes de carretera y demás medidas de protesta emprendidas contra el llamado "Plan Dignidad" del gobierno que contemplaba la destrucción de 90.000 hectáreas de cocales, tipificadas como excedentarias. Morales denunció los episodios de represión militar y, desde su escaño, animó a los cocaleros a resistir frente a las fuerzas del Gobierno.
Pese a las advertencias de la Cámara, el líder aymara continuó defendiendo con vehemencia las reivindicaciones del campesinado cocalero. Durante 2001 las protestas en Cochabamba fueron continuas, más aún cuando el Ejecutivo decidió privatizar el agua e incrementar el precio de algunos productos básicos, y Morales amenazó con provocar el estallido de una guerra civil en el Chapare.
Finalmente en enero de 2002, días después de otra oleada de violentos enfrentamientos en la región, el Parlamento acusó a Morales de instigador e inició un proceso disciplinario contra el jefe del MAS. Evo Morales perdió su escaño con el voto favorable de una mayoría de diputados de las fuerzas políticas tradicionales, pero su popularidad subió como la espuma.
Hacia la presidencia. Con la certeza de que su líder había sido injustamente represaliado, el 5 de marzo de 2002, el movimiento indígena y campesino designó a Evo Morales candidato del MAS a las presidenciales. Celebradas las elecciones el 30 de junio y, a pesar de que los pronósticos aventuraban el triunfo del capitán retirado Manfred Reyes Villa, ex alcalde de Cochabamba y líder de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), el candidato del MNR y ex presidente del país Sánchez de Lozada logró la victoria con el 22,4% de los sufragios.
Por detrás, y a escasa distancia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales se convirtió en la segunda fuerza más votada (20,9%). Como ninguno de los aspirantes logró la mayoría suficiente, la elección presidencial quedó aplazada a la votación del congreso y, después de algunas semanas de incertidumbre política, Sánchez de Lozada se aseguró la elección parlamentaria merced al acuerdo alcanzado entre su partido, el MNR, y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) del también ex presidente Jaime Paz Zamora. Ambas formaciones políticas suscribieron el llamado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional.
Los masistas, que también lograron convertirse en la segunda fuerza política en el congreso tras las legislativas, anunciaron una dura oposición. Junto a la tradicional reivindicación del mantenimiento del cultivo de cocales, la nacionalización del negocio del gas y la reforma del sistema político configuraron el trío de demandas esenciales en el ideario político de Morales.
En febrero de 2003, apenas cumplidos seis meses de mandato, Sánchez de Lozada ya tuvo que enfrentarse con una primera crisis política cuando el anuncio de la entrada en vigor de un impuesto sobre los salarios provocó una oleada de violentas protestas en las calles del país.
La policía boliviana, declarada en rebeldía, se sumó a las reivindicaciones ciudadanas y la intervención del Ejército derivó en enfrentamientos armados que se cobraron una treintena de víctimas en varias jornadas consecutivas de disturbios, saqueos y actos vandálicos. Presionado por la gravedad de los incidentes, el presidente retiró las medidas económicas que desataron la crisis, anunció un reajuste de su gobierno, con la incorporación de miembros del opositor NFR, y se comprometió a reducir el gasto público.
Las medidas presidenciales para apaciguar la crisis no surtieron efecto entre sus adversarios políticos que, con Evo Morales a la cabeza, exigieron su renuncia. Sindicatos, movimientos sociales y fuerzas de izquierda continuaron en pie de guerra con llamamientos diarios a la insurrección. Además, Sánchez de Lozada recibía advertencias directas de Washington. Los Estados Unidos, para evitar cualquier concesión a las demandas del MAS, condicionaban las cuantiosas ayudas económicas al mantenimiento de los planes de erradicación de los cultivos de coca.
Por si los problemas en el Palacio Quemado fueran pocos, la herida abierta en muchos sectores de la sociedad boliviana, desde que en la guerra de 1879 Chile arrebatara al país del altiplano su acceso al mar, se situó de nuevo en primera línea de la actualidad política en el otoño de 2003. La decisión del ejecutivo de exportar gas, principal recurso del país, a Estados Unidos, a través de un puerto chileno, actuó como catalizador de un nuevo estallido del descontento social. La represión de las asonadas callejeras se cobró la vida de más de setenta personas y precipitó, en pocas semanas, la caída de Sánchez de Lozada.
Abandonado por sus socios de gobierno y sin el apoyo de sus aliados exteriores, el 17 de octubre de 2003 el presidente huyó de La Paz y buscó refugio en Miami. Con el liderazgo de Morales ampliamente reforzado, el vicepresidente Carlos Mesa asumió la sucesión y anunció la formación de un nuevo ejecutivo independiente que instaurara la paz civil. Sin embargo, y tras algunos meses de tregua en los que Morales fue ratificado en la presidencia ejecutiva del MAS y en la candidatura a las presidenciales, regresaron las protestas a los escenarios habituales de confrontación.
Poco después de que las elecciones municipales de diciembre de 2004 colocaran al MAS como la fuerza política más votada del país, Mesa tuvo que afrontar el creciente desafío de las reivindicaciones autonomistas procedentes de la provincia de Santa Cruz y de los movimientos indígenas y cocaleros que reclamaban la nacionalización energética.
En el mes de marzo de 2005, el Parlamento aprobó la polémica Ley de Hidrocarburos; una medida que sólo paralizó las protestas de forma temporal. Las compañías petroleras, perjudicadas por la nueva norma, amenazaron con reducir sus inversiones al tiempo que los movimientos indígenas, campesinos y mineros reclamaban un endurecimiento de la ley que revertiera en beneficio de las arcas públicas.
Con este escenario y ante el temor de un rebrote de la violencia, políticos, empresarios y analistas coincidieron en señalar el adelanto electoral como la única salida a la crisis. Antes de concluir el mes de mayo, los trabajadores bolivianos tomaban diariamente las calles de la capital y ganaban credibilidad los rumores de asonadas en los cuarteles. Entretanto, los poderes ejecutivo y legislativo permanecían inmóviles ante el derrumbe de la economía boliviana que, con cada día de huelga y bloqueo, perdía alrededor de ocho millones de dólares. En un intento de apaciguar las protestas, el presidente Mesa anunció convocatorias electorales para elegir Asamblea constituyente y votar el referéndum autonómico, pero los líderes indigenistas rechazaron la propuesta y endurecieron las movilizaciones por todo el país.
En los primeros días de junio, Carlos Mesa presentó su renuncia y pidió a los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes que facilitaran el adelanto electoral para evitar el más que previsible estallido de violencia en el país. El Parlamento aceptó la dimisión del jefe del estado y nombró sucesor, de forma interina, al presidente del Tribunal Supremo, Eduardo Rodríguez, quien, de inmediato, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los bolivianos acudieron a las urnas el 18 de diciembre de 2005 y de forma mayoritaria respaldaron el marcado programa antiimperialista, anticapitalista y antineoliberal de Evo Morales. Dentro y fuera del país, la campaña electoral concentró una atención sin precedentes y discurrió de forma altamente polarizada entre la euforia de los adeptos al masismo, que auguraban para Bolivia una profunda transformación social, y el pesimismo de sus detractores, que intuían en el nuevo líder posiciones políticas muy cercanas a los postulados castristas y chavistas.
Con el lema "¡Somos pueblo, somos MAS!", Morales superó todos los pronósticos y ganó las elecciones con un triunfo histórico; más del 84% de los bolivianos con derecho a voto acudió a las urnas y, de ellos, el 53,7% eligió al líder aymara. El ex presidente Tuto Quiroga y su nueva formación Podemos (Poder Democrático y Social) reunió el 28,6% del escrutinio. La victoria en las legislativas tampoco dejó lugar a dudas y el MAS obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados. Su rendimiento electoral fue menor en el Senado y en las prefecturas departamentales.
El 22 de enero de 2006 Evo Morales tomó posesión de la más alta magistratura del país. Un día antes, había sido investido como Jacha Mallku [Gran Cóndor], máxima autoridad de los pueblos indígenas, en una ceremonia celebrada en Tiwanaku, la capital aymara. La llegada al poder de Morales no ha estado exenta de dificultades porque ha tenido que enfrentar la resistencia de la oligarquía criolla aliada al imperialismo, la cual dispone de todo el dinero necesario para desinformar al pueblo y tratar de frenar su avance, pero una cosa es innegable, ha roto los códigos de exclusión social vigentes en Bolivia. El proceso revolucionario en ese país sigue su avance en la conquista de un porvenir luminoso bajo la conducción de su Comandante en jefe, el presidente Evo Morales.
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sábado, 13 de diciembre de 2008
Las prestaciones sociales
ES TIEMPO DE RECIBIR NUESTRO AGUINALDO Todos los compañeros trabajadores están ahora en el tiempo fijado por la Ley Federal del Trabajo, de recibir sus aguinaldos correspondientes a las labores desempeñadas durante el año que termina. Esta es una época especial porque cada trabajador espera con ansia ésta temporada para cobrar el aguinaldo y mermar en alguna forma las múltiples carencias y necesidades de la familia. Todo trabajador debe entender que ésta es una prestación obligatoria a la que están sujetos los patrones por la legislación laboral, y de ninguna manera debe tomarse como una recompensa generosa o una dádiva del patrón. El aguinaldo, como todas las prestaciones de ley, son exigibles en los términos de la Ley Federal del Trabajo, y por éso mismo en ningún hogar de la familia proletaria debe faltar un ejemplar de la ley laboral para acudir a ella cuantas veces sea necesario; exigir nuestros derechos con la ley en la mano es también una obligación moral de cada uno de los trabajadores, pues sin el conocimiento mínimo de éstos resulta imposible defenderse ante el patrón. Cuando se tiene por lo menos la inquietud de saber cuánto le corresponde y si no tiene una ley laboral a la mano, le sugiero que acuda a las procuradurías de la defensa del trabajo, donde se tiene la obligación de asesorarlo y de tutelar sus derechos de manera gratuita. En efecto, todo trabajador tiene el derecho de exigir en su beneficio el cumplimiento del artículo 87 de la citada ley laboral, que a la letra dice: "los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste". Hay muchos patrones voraces en el país que regatean el pago justo de las prestaciones a los trabajadores; se aprovechan de la desinformación, de la enajenación y de la falta de conciencia de clase de sus trabajadorespara robarles lo que les pertenece por derecho. En tanto que, una parte importante de los asalariados que disfrutan de una estabilidad laboral, con salarios y prestaciones regulares, que año tras año reciben sus aguinaldos y vacaciones de manera "cómoda" y sin esfuerzo alguno, han perdido la noción a través del tiempo de lo que significa el disfrute de las garantías sociales y hasta pueden perderse en la autocomplacencia pensando que tales conquistas son por generación espontánea. Hoy un obrero puede exigir con la ley en la mano el cumplimiento de sus derechos de una manera normal, pero no todo el tiempo ha sido así, las nuevas generaciones de trabajadores tienen que saber que durante las primeras décadas del siglo XX no fue fácil. Antes de la Revolución Mexicana no existían los derechos que ahora podemos reclamar como nuestros. No existía ninguna ley que amparara y tutelara los derechos de la clase proletaria. Lo que hoy los jóvenes asalariados pueden reclamar con toda normalidad, son los frutos alcanzados por una generación de mexicanos que tuvo que batirse en los campos de batalla; una generación de valientes hombres y mujeres tuvieron que entregar su vida para que hoy las conquistas laborales sean una exigencia de ley. Los trabajadores tienen que luchar cada día por esclarecer su conciencia de clase; es el único patrimonio valioso al que puede aspirar un proletario para saber el lugar que le corresponde dentro de las relaciones de la producción económica, y en razón de ello, poder exigir que la distribución de la riqueza que él produce sea cada día más justa. Los trabajadores debemos luchar diariamente contra toda la propaganda burguesa enajenante, que se empeña en igualarnos a todos en la norma pero no en la distribución del ingreso. Los proletarios tienen la obligación de luchar contra esa propaganda enajenante que despoja a los asalariados de su conciencia histórica con el fin de que olviden el origen de sus conquistas. En el poco tiempo de que se dispone para descansar, en lugar de sentarse a ver las telenovelas hay que ponerse a estudiar -por lo menos- la historia de México y la Ley Federal del Trabajo; hay que emplear nuestro tiempo en adquirir el conocimiento para beneficio de nuestra propia causa. Se trata de no vivir en la penumbra, hay que saber cuáles son las razones de nuestra precaria existencia, investiguemos porqué la vida es tan fácil para unos pocos y tan difícil para la mayoría. Muchos dirán que de nada nos sirven las garantías que concede la Ley Federal del Trabajo, si en la práctica no se cumple ni en la letra ni en el espíritu. Los pesimistas nunca han faltado, pero hay que hacerles saber que aunque no se cumpla en su totalidad, mantiene todavía su poder de exaltación para las masas populares y en su articulado sobreviven tesis valiosas que siguen siendo ideales por los cuales debemos seguir luchando. Esa ley que nos otorga la garantía de poder cobrar un aguinaldo y otras prestaciones, mantiene un profundo contenido social que debemos seguir defendiendo contra sus detractores. Con mayor razón desde que la ideología de los monopolios y del capital financiero se apropiaron del poder a través del PAN, pues siguen teniendo el firme propósito de borrar todas las conquistas históricas de la clase obrera para poner la legislación laboral a la medida de sus intereses. Así pues, hay que cobrar el aguinaldo con toda oportunidad, pero ¿tú, compañero trabajador, qué harías para preservar éstas conquistas que hoy te benefician?
sábado, 6 de diciembre de 2008
revolución y contrarrevolución
HACE YA DOS AÑOS DE LA BATALLA DE SAN LAZARO
Hace ya dos años de la batalla épica registrada el primero de diciembre de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que las fuerzas progresistas emanadas de la Coalición por el Bien de Todos enfrentaron decididamente, apropiándose de la tribuna de la Cámara de Diputados, a las fuerzas retardatarias en su empeño por imponer a cualquier costo a su candidato surgido del escandaloso fraude electoral, en el interés de continuar beneficiando desde el poder a las clases privilegiadas del país y el extranjero.
Todas las opiniones que he visto hasta el momento son meramente reduccionistas, porque reducen el problema a un asunto de modales, de conducta, comportamiento y de buenas costumbres de los diputados. Aquellos que presumen con título de "politólogo" pero que son mediocres y flojos para pensar, en su mayoría llegaron a las sesudas conclusiones de que tales hechos bochornosos nos habían exhibido ante la comunidad internacional como una "República bananera". Resulta por demás lamentable que al abordarse estos temas tan importantes para el país, se haya olvidado por completo la relación dialéctica existente entre causa y efecto. Se limitaron casi exclusivamente a la narración de hechos sobre quién golpeó a quién y en los problemas de conducta; no supieron descubrir las causas que las motivaron y se quedaron con los puros ropajes y las envolturas que pudieron ver sus ojos; los supuestos analistas miraron y se ocuparon de los efectos y se olvidaron de abordar las profundas causas que provocaron tales acontecimientos. El problema comienza cuando la opinión pública ignora lo que son las funciones de un legislador y lo que representa la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en su conjunto. La mayoría les asigna todavía a los diputados el oficio de "gestor" como su principal actividad; el que recorre las distintas secretarías de Estado para picar piedra y conseguir "camas para el hospital del pueblo y unos gises, unas pizarras para la escuela de su distrito, etc., etc.". Está bien que se aproveche su personalidad jurídica como diputado, pero ésa es una categoría que no les corresponde; ser procurador del pueblo es interesante pero esa no es su función; tampoco lo es el ser ayudantes o auxiliares del gobernador de sus correspondientes estados para conseguir cualquier gestión ante el gobierno federal, no, de ninguna manera, el papel del legislador es, valga la redundancia, legislar ¿y en beneficio de quién? se entiende que del pueblo. Pero se da el caso que el diputado es militante de un partido político, y si éstos representan a las diversas clases sociales, entonces su actuación en la cámara obedecerá en todo momento a una forma "parcial" de concebir las solución de los problemas del país. Mientras tanto, la Cámara de Diputados en su conjunto representa al pueblo mexicano en general, pero si la población vive en la actualidad una crisis política, de polarización y de vigorosa lucha de clases como resultado de la lucha por la sucesión presidencial, es lógico que ésta batalla se traslade inevitablemente al interior del Congreso. Ahí se da el choque de fuerzas a través de sus representantes. La batalla que se libra al interior del Palacio Legislativo puede darse en el puro terreno de las ideas cuando hay paz y tranquilidad social en el país, o hasta llegar a la violencia física, cuando las posiciones e intereses son tan irreductibles como la batalla que se libra en el exterior de sus muros. Dicho en otras palabras, lo que vimos el primero de diciembre en San Lázaro equivale a una nueva etapa de la Revolución, ya no es con carabinas30-30, pero es la continuación del mismo proceso revolucionario que ha vivido nuestro pueblo en otras etapas de su evolución histórica, sólo que adaptada a la circunstancia y al momento actual, con otros medios y otras formas, pero aunque algunos se asusten, eso es la revolución. El choque y enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos facciones antagónicas que tratan de imponer el interés parcial y unilateral que representan, sin admitir concesiones al adversario. El proyecto social y económico que defienden cada cual es el poderoso motor que los impulsa a chocar físicamente contra el adversario en pleno debate, y naturalmente que en esa batalla pueden perderse las formas y hasta la vida misma. Durante la toma de posesión de Calderón, el primero de diciembre de 2006 fue una etapa más del enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución bajo el mismo techo cameral, teniendo como testigos a los "demócratas" priístas portando la bandera de la paz. La participación de la diputación priísta en la batalla de San Lázaro, se redujo a la calidad de testigos presenciales de una lucha que se libró fundamentalmente entre los partidarios del porvenir y las clases conservadoras patrocinadas por el capital financiero. La fracción parlamentaria priísta optó por acomodarse del lado de la derecha por su cercanía y afinidad ideológica; ese es el problema de los priístas que se autodenominan "demócratas" y defienden la supuesta neutralidad arropada en el centrismo ideológico; los que quieren servir a dios y al diablo al mismo tiempo. Según sirva a sus intereses personales, un día sirven descaradamente al proyecto de la derecha y al otro se autodenominan “socialdemócratas”. En los momentos cruciales y definitorios nunca han sabido interpretar los profundos reclamos sociales.
Habiendo tomado posesión el candidato de la derecha en una ceremonia hecha pedazos, dividida, radicalizada y confrontada, igual que toda la sociedad mexicana, una de las alternativas para frenar el proyecto antipopular del presidente espurio fueron los llamados “tribunazos”, táctica utilizada por los legisladores de las fuerzas patrióticas en varias ocasiones. Entre ellos pueden destacarse la toma de la tribuna legislativa durante los debates por la contrarreforma a la Ley del ISSSTE, y la reciente de este año para evitar el madruguete entre el PRI y el PAN para entregar el sector petrolero a las transnacionales; se logró que se abriera un debate nacional sobre los energéticos y se detuvo buena parte de la embestida. Gracias a esas acciones, Felipe Calderón no ha podido imponer a totalidad su proyecto.
¿Y cuál es el balance general que arroja la espuriedad desde el gobierno?: un país al borde del despeñadero y sin capitán que lo conduzca, cual nave algarete en medio de la tempestad. Todos los indicadores habidos y por haber son negativos. Como producto de los bajos niveles de bienestar se ha recrudecido alarmantemente la ola de violencia social que cubre todo el país; México es el país que sin estar en guerra declarada mueren más personas violentamente que en Irak, un país hollado por la ocupación militar yanqui.
La generación masiva de empleos quedó sólo en un eslogan demagógico. Cada vez se crean menos puestos de trabajo y son de menor calidad y peor pagados; los empleos existentes se reducen; las tasas de desocupación registradas en esta administración son las más altas de las últimas décadas. No hay día que no se registren despidos, cierre de empresas, hombres y mujeres a la calle. Los datos más recientes del INEGI no dejan lugar a dudas. El 13 de noviembre el instituto informó que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo cual significa que en tres meses, de julio a septiembre, se sumaron a las filas del desempleo 316 mil 421 personas. El desempleo abierto, tan sólo en septiembre, fue de 4.25 por ciento, tasa no vista desde la peor crisis económica a mediados de los años noventa.
Lo peor es que la administración que cacaraquea la era de los “acuerdos políticos” entre las fuerzas políticas del país, no ha convocado a un acuerdo nacional para rescatar y elevar la calidad de vida del pueblo, mediante la instrumentación de una política salarial justa y remuneradora que acabe con los topes y las restricciones al crecimiento del salario. No, para eso no hay “acuerdos”, seria contra natura que el régimen de derecha lo hiciera. Será la misma clase trabajadora la que tendrá que ponerse de pie y exigir el cumplimiento de sus demandas, antes de que la violencia social estalle en todas sus dimensiones. El régimen de derecha que se apropió del poder no entiende que sin justicia laboral no hay democracia ni país viable.
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Hace ya dos años de la batalla épica registrada el primero de diciembre de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que las fuerzas progresistas emanadas de la Coalición por el Bien de Todos enfrentaron decididamente, apropiándose de la tribuna de la Cámara de Diputados, a las fuerzas retardatarias en su empeño por imponer a cualquier costo a su candidato surgido del escandaloso fraude electoral, en el interés de continuar beneficiando desde el poder a las clases privilegiadas del país y el extranjero.
Todas las opiniones que he visto hasta el momento son meramente reduccionistas, porque reducen el problema a un asunto de modales, de conducta, comportamiento y de buenas costumbres de los diputados. Aquellos que presumen con título de "politólogo" pero que son mediocres y flojos para pensar, en su mayoría llegaron a las sesudas conclusiones de que tales hechos bochornosos nos habían exhibido ante la comunidad internacional como una "República bananera". Resulta por demás lamentable que al abordarse estos temas tan importantes para el país, se haya olvidado por completo la relación dialéctica existente entre causa y efecto. Se limitaron casi exclusivamente a la narración de hechos sobre quién golpeó a quién y en los problemas de conducta; no supieron descubrir las causas que las motivaron y se quedaron con los puros ropajes y las envolturas que pudieron ver sus ojos; los supuestos analistas miraron y se ocuparon de los efectos y se olvidaron de abordar las profundas causas que provocaron tales acontecimientos. El problema comienza cuando la opinión pública ignora lo que son las funciones de un legislador y lo que representa la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en su conjunto. La mayoría les asigna todavía a los diputados el oficio de "gestor" como su principal actividad; el que recorre las distintas secretarías de Estado para picar piedra y conseguir "camas para el hospital del pueblo y unos gises, unas pizarras para la escuela de su distrito, etc., etc.". Está bien que se aproveche su personalidad jurídica como diputado, pero ésa es una categoría que no les corresponde; ser procurador del pueblo es interesante pero esa no es su función; tampoco lo es el ser ayudantes o auxiliares del gobernador de sus correspondientes estados para conseguir cualquier gestión ante el gobierno federal, no, de ninguna manera, el papel del legislador es, valga la redundancia, legislar ¿y en beneficio de quién? se entiende que del pueblo. Pero se da el caso que el diputado es militante de un partido político, y si éstos representan a las diversas clases sociales, entonces su actuación en la cámara obedecerá en todo momento a una forma "parcial" de concebir las solución de los problemas del país. Mientras tanto, la Cámara de Diputados en su conjunto representa al pueblo mexicano en general, pero si la población vive en la actualidad una crisis política, de polarización y de vigorosa lucha de clases como resultado de la lucha por la sucesión presidencial, es lógico que ésta batalla se traslade inevitablemente al interior del Congreso. Ahí se da el choque de fuerzas a través de sus representantes. La batalla que se libra al interior del Palacio Legislativo puede darse en el puro terreno de las ideas cuando hay paz y tranquilidad social en el país, o hasta llegar a la violencia física, cuando las posiciones e intereses son tan irreductibles como la batalla que se libra en el exterior de sus muros. Dicho en otras palabras, lo que vimos el primero de diciembre en San Lázaro equivale a una nueva etapa de la Revolución, ya no es con carabinas30-30, pero es la continuación del mismo proceso revolucionario que ha vivido nuestro pueblo en otras etapas de su evolución histórica, sólo que adaptada a la circunstancia y al momento actual, con otros medios y otras formas, pero aunque algunos se asusten, eso es la revolución. El choque y enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos facciones antagónicas que tratan de imponer el interés parcial y unilateral que representan, sin admitir concesiones al adversario. El proyecto social y económico que defienden cada cual es el poderoso motor que los impulsa a chocar físicamente contra el adversario en pleno debate, y naturalmente que en esa batalla pueden perderse las formas y hasta la vida misma. Durante la toma de posesión de Calderón, el primero de diciembre de 2006 fue una etapa más del enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución bajo el mismo techo cameral, teniendo como testigos a los "demócratas" priístas portando la bandera de la paz. La participación de la diputación priísta en la batalla de San Lázaro, se redujo a la calidad de testigos presenciales de una lucha que se libró fundamentalmente entre los partidarios del porvenir y las clases conservadoras patrocinadas por el capital financiero. La fracción parlamentaria priísta optó por acomodarse del lado de la derecha por su cercanía y afinidad ideológica; ese es el problema de los priístas que se autodenominan "demócratas" y defienden la supuesta neutralidad arropada en el centrismo ideológico; los que quieren servir a dios y al diablo al mismo tiempo. Según sirva a sus intereses personales, un día sirven descaradamente al proyecto de la derecha y al otro se autodenominan “socialdemócratas”. En los momentos cruciales y definitorios nunca han sabido interpretar los profundos reclamos sociales.
Habiendo tomado posesión el candidato de la derecha en una ceremonia hecha pedazos, dividida, radicalizada y confrontada, igual que toda la sociedad mexicana, una de las alternativas para frenar el proyecto antipopular del presidente espurio fueron los llamados “tribunazos”, táctica utilizada por los legisladores de las fuerzas patrióticas en varias ocasiones. Entre ellos pueden destacarse la toma de la tribuna legislativa durante los debates por la contrarreforma a la Ley del ISSSTE, y la reciente de este año para evitar el madruguete entre el PRI y el PAN para entregar el sector petrolero a las transnacionales; se logró que se abriera un debate nacional sobre los energéticos y se detuvo buena parte de la embestida. Gracias a esas acciones, Felipe Calderón no ha podido imponer a totalidad su proyecto.
¿Y cuál es el balance general que arroja la espuriedad desde el gobierno?: un país al borde del despeñadero y sin capitán que lo conduzca, cual nave algarete en medio de la tempestad. Todos los indicadores habidos y por haber son negativos. Como producto de los bajos niveles de bienestar se ha recrudecido alarmantemente la ola de violencia social que cubre todo el país; México es el país que sin estar en guerra declarada mueren más personas violentamente que en Irak, un país hollado por la ocupación militar yanqui.
La generación masiva de empleos quedó sólo en un eslogan demagógico. Cada vez se crean menos puestos de trabajo y son de menor calidad y peor pagados; los empleos existentes se reducen; las tasas de desocupación registradas en esta administración son las más altas de las últimas décadas. No hay día que no se registren despidos, cierre de empresas, hombres y mujeres a la calle. Los datos más recientes del INEGI no dejan lugar a dudas. El 13 de noviembre el instituto informó que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, lo cual significa que en tres meses, de julio a septiembre, se sumaron a las filas del desempleo 316 mil 421 personas. El desempleo abierto, tan sólo en septiembre, fue de 4.25 por ciento, tasa no vista desde la peor crisis económica a mediados de los años noventa.
Lo peor es que la administración que cacaraquea la era de los “acuerdos políticos” entre las fuerzas políticas del país, no ha convocado a un acuerdo nacional para rescatar y elevar la calidad de vida del pueblo, mediante la instrumentación de una política salarial justa y remuneradora que acabe con los topes y las restricciones al crecimiento del salario. No, para eso no hay “acuerdos”, seria contra natura que el régimen de derecha lo hiciera. Será la misma clase trabajadora la que tendrá que ponerse de pie y exigir el cumplimiento de sus demandas, antes de que la violencia social estalle en todas sus dimensiones. El régimen de derecha que se apropió del poder no entiende que sin justicia laboral no hay democracia ni país viable.
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lunes, 1 de diciembre de 2008
más pronto que tarde...
LA NACIONALIZACION DE LAS PENSIONES
UNA DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA
Ha quedado demostrado hasta la saciedad, que las garantías sociales no pueden estar sujetas a la especulación y la voracidad de la iniciativa privada, pues la ley de la oferta y la demanda no puede garantizarle a nadie sus propias bondades, mucho menos cuando se trata de explotar los rendimientos del dinero ajeno. Es el Estado, el único que debe salvaguardar y proteger tales garantías al margen de las leyes del mercado, máxime cuando se trata del manejo del fondo de pensiones de la clase trabajadora.
Así debería ser, pero el Estado surgido del proceso revolucionario cambió de carácter a partir de 1982 con la llegada de la tecnocracia neoliberal; las responsabilidades sociales fueron puestas en manos de la iniciativa privada para que se lucrara con ellas, éste es el caso específico de las pensiones. Los diputados neoliberales del PRI y el PAN, en 1996 reformaron la Ley del Seguro Social y en 2007 la del ISSSTE, mediante el engaño de buscar la viabilidad financiera de los institutos de salud.
Para los entreguistas, el principal argumento de la inviabilidad financiera, sostiene que los avances en la medicina han propiciado que haya cada vez más jubilados, y que al poco tiempo habría más pensionados que trabajadores en activo que paguen las cuotas. Una tesis frívola, muy similar a aquella que combatía el surgimiento del maquinismo durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual afirmaba que las máquinas dejarían sin trabajo al proletariado.
Con las tesis neoliberales impuestas por el Consenso de Washington y los centros financieros a todo el mundo, las soberanías de los Estados nación sucumbieron ante las leyes del mercado; cambiaron de carácter al Estado en su beneficio, y entregaron las garantías sociales ejercidas hasta entonces por el mismo a la especulación y enriquecimiento de la iniciativa privada.
En Chile se instaló el plan piloto, utilizando la tesis del economista José Piñera, quien propuso un sistema en el que los trabajadores pueden optar por una cuenta personal manejada por instituciones privadas “confiables” y supervisadas por el Estado. La dictadura de Pinochet convirtió dichas tesis en ley y privatizó de un plumazo el sistema de pensiones en el año de 1980. Enseguida tomaron el ejemplo todos los gobiernos neoliberales de Latinoamérica, incluido México que adoptó e instrumentó el modelo en 1996.
En ese debate legislativo, las fuerzas progresistas lucharon a contracorriente contra la aplanadora de los diputados neoliberales del PRI y el PAN; alertaron al pueblo de México y a la clase trabajadora en especial, contra el despojo que sufrirían al imponer la privatización del fondo de pensiones. Se expusieron razones históricas por las cuales el Estado no podía abdicar a una de sus principales responsabilidades, como es la de asegurar una pensión digna después de la vida productiva, desafortunadamente el atraco se impuso.
El balance de los resultados es devastador en perjuicio de la clase trabajadora. Se ha registrado un escandaloso aumento de las comisiones sobre saldo de 274 por ciento, y sólo en lo que va del año se han perdido 64 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio de los trabajadores. El valor de los recursos para el retiro administrados por las afores registraron en junio pasado una pérdida de 50 mil millones de pesos, y al corte de octubre se sumó la tercera caída consecutiva en lo que va del año. Esos son los resultados desastrosos de la especulación y la avaricia del mercado, donde sólo unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de los ahorros para el retiro de los trabajadores.
Ante el rotundo fracaso de ese modelo de pensiones, los gobiernos de corte progresista tendrán que ir tomando cartas en el asunto para rectificar el camino. Argentina está dando el primer paso en la nacionalización del sistema de pensiones; la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner anunció a finales de octubre la recuperación de los 30 mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones para terminar con el negocio inmoral que se ejerce a costa del futuro de los trabajadores.
En México, tarde o temprano, tendremos que recorrer el mismo camino hacia la nacionalización de las pensiones; tal vez durante la presente legislatura no, porque está dominada por las mismas fuerzas neoliberales que instrumentaron los despojos en 1996 con la Ley del IMSS, y en 2007 con el ISSSTE. En la actualidad la Consar se limita a hacer ridículos exhortos a las afores para que bajen sus comisiones, y los actuales diputados preparan una iniciativa tímida para “acotar la Junta de Gobierno de la Consar”. Después del niño ahogado quieren tapar el pozo; sucede que ahora, los mismos legisladores verdugos se asombran de los desastrosos resultados de las leyes creadas por ellos mismos.
La nacionalización de las pensiones es una legítima demanda de la clase trabajadora, y tendrá que darse tarde o temprano, cuando las fuerzas progresistas echen a patadas a la reacción del poder y recuperen el control del país.
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UNA DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA
Ha quedado demostrado hasta la saciedad, que las garantías sociales no pueden estar sujetas a la especulación y la voracidad de la iniciativa privada, pues la ley de la oferta y la demanda no puede garantizarle a nadie sus propias bondades, mucho menos cuando se trata de explotar los rendimientos del dinero ajeno. Es el Estado, el único que debe salvaguardar y proteger tales garantías al margen de las leyes del mercado, máxime cuando se trata del manejo del fondo de pensiones de la clase trabajadora.
Así debería ser, pero el Estado surgido del proceso revolucionario cambió de carácter a partir de 1982 con la llegada de la tecnocracia neoliberal; las responsabilidades sociales fueron puestas en manos de la iniciativa privada para que se lucrara con ellas, éste es el caso específico de las pensiones. Los diputados neoliberales del PRI y el PAN, en 1996 reformaron la Ley del Seguro Social y en 2007 la del ISSSTE, mediante el engaño de buscar la viabilidad financiera de los institutos de salud.
Para los entreguistas, el principal argumento de la inviabilidad financiera, sostiene que los avances en la medicina han propiciado que haya cada vez más jubilados, y que al poco tiempo habría más pensionados que trabajadores en activo que paguen las cuotas. Una tesis frívola, muy similar a aquella que combatía el surgimiento del maquinismo durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual afirmaba que las máquinas dejarían sin trabajo al proletariado.
Con las tesis neoliberales impuestas por el Consenso de Washington y los centros financieros a todo el mundo, las soberanías de los Estados nación sucumbieron ante las leyes del mercado; cambiaron de carácter al Estado en su beneficio, y entregaron las garantías sociales ejercidas hasta entonces por el mismo a la especulación y enriquecimiento de la iniciativa privada.
En Chile se instaló el plan piloto, utilizando la tesis del economista José Piñera, quien propuso un sistema en el que los trabajadores pueden optar por una cuenta personal manejada por instituciones privadas “confiables” y supervisadas por el Estado. La dictadura de Pinochet convirtió dichas tesis en ley y privatizó de un plumazo el sistema de pensiones en el año de 1980. Enseguida tomaron el ejemplo todos los gobiernos neoliberales de Latinoamérica, incluido México que adoptó e instrumentó el modelo en 1996.
En ese debate legislativo, las fuerzas progresistas lucharon a contracorriente contra la aplanadora de los diputados neoliberales del PRI y el PAN; alertaron al pueblo de México y a la clase trabajadora en especial, contra el despojo que sufrirían al imponer la privatización del fondo de pensiones. Se expusieron razones históricas por las cuales el Estado no podía abdicar a una de sus principales responsabilidades, como es la de asegurar una pensión digna después de la vida productiva, desafortunadamente el atraco se impuso.
El balance de los resultados es devastador en perjuicio de la clase trabajadora. Se ha registrado un escandaloso aumento de las comisiones sobre saldo de 274 por ciento, y sólo en lo que va del año se han perdido 64 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio de los trabajadores. El valor de los recursos para el retiro administrados por las afores registraron en junio pasado una pérdida de 50 mil millones de pesos, y al corte de octubre se sumó la tercera caída consecutiva en lo que va del año. Esos son los resultados desastrosos de la especulación y la avaricia del mercado, donde sólo unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de los ahorros para el retiro de los trabajadores.
Ante el rotundo fracaso de ese modelo de pensiones, los gobiernos de corte progresista tendrán que ir tomando cartas en el asunto para rectificar el camino. Argentina está dando el primer paso en la nacionalización del sistema de pensiones; la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner anunció a finales de octubre la recuperación de los 30 mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones para terminar con el negocio inmoral que se ejerce a costa del futuro de los trabajadores.
En México, tarde o temprano, tendremos que recorrer el mismo camino hacia la nacionalización de las pensiones; tal vez durante la presente legislatura no, porque está dominada por las mismas fuerzas neoliberales que instrumentaron los despojos en 1996 con la Ley del IMSS, y en 2007 con el ISSSTE. En la actualidad la Consar se limita a hacer ridículos exhortos a las afores para que bajen sus comisiones, y los actuales diputados preparan una iniciativa tímida para “acotar la Junta de Gobierno de la Consar”. Después del niño ahogado quieren tapar el pozo; sucede que ahora, los mismos legisladores verdugos se asombran de los desastrosos resultados de las leyes creadas por ellos mismos.
La nacionalización de las pensiones es una legítima demanda de la clase trabajadora, y tendrá que darse tarde o temprano, cuando las fuerzas progresistas echen a patadas a la reacción del poder y recuperen el control del país.
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