(Séptima y última entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza; en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza: Confucio”. La descomposición social reinante en México es un efecto que se desprende de la profunda desigualdad social que genera el régimen económico neoliberal. El estado que guarda la distribución de la riqueza en nuestro país es el principal generador de toda la problemática social que aqueja a la sociedad. Las estadísticas revelan que el 20 por ciento del sector más pobre de la población se reparte el 2.5 por ciento de la renta total de la nación; mientras que el 20 por ciento de los más ricos disfrutan del 66 por ciento del producto interno bruto (PIB). Peor aún, el sector de los archimillonarios que constituye el 10 por ciento de la población, se apropian del 33 por ciento de la renta total del país.
México es el país con mayor decrecimiento en América Latina, pues sólo en el segundo trimestre del año cayó el PIB el 10.3 por ciento, la peor caída en la historia económica moderna desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) inició la medición de este indicador en 1981. En comparación con otros países del mundo de menor desarrollo, entre mayo y junio crecieron en todos y cada uno de los rubros de la economía mientras nuestro país decrecía. Nuestro país es una zona de desastre que sólo la derecha gobernante no reconoce por la responsabilidad que en ello tiene.
En América Latina los precios de los alimentos crecieron 24 por ciento, desde comienzos de la crisis alimentaria en 2008, en México, han crecido 135 por ciento sobre la inflación general al consumidor en el primer semestre del año. En el 2000, el precio de la tortilla era de poco más de tres pesos el kilo, hoy cuesta 12; en ese mismo año se podían comprar 6 litros de leche con un salario mínimo, hoy escasamente tres litros con el mismo salario. Esta dramática situación ha propiciado el crecimiento de las cifras de la miseria, las que sólo durante los tres años de calderonato se han incrementado en más de 5 millones de ciudadanos.
El desastre del país nos habla de la caída del índice global de la actividad económica en 11 por ciento, el decrecimiento en 30 por ciento de todas las exportaciones; la tasa de desempleo abierto del 5.2 por ciento y la pérdida neta de 600 mil empleos. Hemos descendido 8 lugares en materia de competitividad; en nuestro continente nos rebasan Panamá, Costa Rica, Barbados y Chile, y algunos países sudafricanos como Botswana y Sudáfrica.
La oligarquía y su gobierno nos conducen por la ruta del precipicio. La involución en materia económica no es un invento, es una realidad. En el año 2000 se crecía al 7 por ciento anual, los seis años siguientes apenas lo hizo en promedio a poco más del 2 por ciento. Para el cierre de este año esperamos una caída del 12 por ciento del PIB y la pérdida de un millón de empleos.
Los programas sociales son instrumentos propagandísticos del régimen; no reducen la pobreza ni generan bienestar. Es la política de la limosna focalizada en vez de la distribución de la justicia social. Según el estudio realizado por el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, director de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, los programas sociales en realidad son un saqueo a las finanzas públicas por parte del gobierno, pues asegura que, por ejemplo, el programa “Oportunidades” y otros de la misma especie, de cada peso presupuestado se pierden en el camino 88 centavos entre las dependencias encargadas de su administración; de tales recursos sólo aterrizan en su objetivo de 18 a 20 centavos de cada peso.
Este especialista explica en su estudio que, conforme avanza la aplicación de los recursos, va desapareciendo el dinero entre la enorme burocracia y la bolsa se va achicando por el costosísimo aparato estatal. Puso el siguiente ejemplo: “Si en el presupuesto para 2010 se destinaran 70 mil millones de pesos para programas de desarrollo social, la aplicación real sería de 12 mil 600 millones de pesos.
Los personeros de la dictadura neoliberal gobernante defienden los programas sociales sin acertar a explicar por qué, pese a ellos, la pobreza y desigualdad van en aumento constante. Esta clase de esbirros al servicio de la oligarquía nunca entenderá que lo fundamental es la inversión productiva para que la economía crezca y se fomente el empleo digno y bien remunerado. Lo que se requiere es que el Estado, además de planificar el desarrollo de la economía, intervenga en ella de manera directa para contrarrestar la fuerza económica omnipotente de los monopolios y los mercados financieros, culpables directos del saqueo de nuestra riqueza y la resultante pobreza de nuestro pueblo, además de la debacle financiera que arrastra a todos los pueblos del mundo al precipicio.
Los programas sociales son positivos sólo cuando sirven de complemento para atender áreas marginales, no como fundamento para el desarrollo general del país; no se le puede concebir como el eje de una política de Estado para combatir la pobreza. El enfoque equivocado de las limosnas para resolver los problemas económicos de fondo, es una de las causas que nos han llevado a que la mitad de la población viva sumida en la miseria, con la angustia cotidiana de no saber si tendrá algo para llevar a la boca de sus hijos.
Las administraciones panistas se han dedicado a prolongar programas asistenciales que, en el fondo, incrementan las condiciones de dependencia de gran parte de la población de las dádivas del gobierno. Ante la falta de empleo productivo y bien remunerado nos estamos convirtiendo en un país de pordioseros, en el cual hay cada vez menos recursos disponibles para repartir limosnas.
Las políticas públicas del neoliberalismo son las generadoras de la pobreza; los autores de la pobreza no pueden combatir ese fenómeno mediante limosnas. En ese tenor se encuentra la pretensión de Felipe Calderón de imponer en el presupuesto para 2010 el cobro del 2 por ciento generalizado, lo que equivale a un IVA sobre otro IVA, impuesto sobre impuesto, incluyendo medicinas y alimentos. La insensibilidad de los tecnócratas de la derecha pretende ganarse el apoyo del pueblo diciendo que los recursos resultantes de ese impuesto serán canalizados “para las familias más pobres a través del programa Oportunidades”. O sea, se pretende cobrar un impuesto para continuar el camino de las dádivas que no resuelven el problema de la pobreza; con el agravante todavía de que tales recursos serán usados como instrumentos de control político y clientelismo electoral en vísperas de la sucesión presidencial del 2012. El pueblo demanda justicia, no limosnas.
La presión fiscal, elemento detonante de revoluciones armadas de gran calado. El paquetazo económico que propone la derecha para ejecutarse durante el año en que el pueblo celebrará dos de sus movimientos emancipadores más importantes, la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana, ha levantado una ola de repudio por su terquedad y marcada insensibilidad de querer seguir llevando al pueblo a la miseria y a la quiebra total.
En el transcurso de la evolución histórica de los pueblos, la presión fiscal sobre la población ha sido un importante detonante de profundos movimientos sociales y políticos. El desarrollo de una conciencia revolucionaria popular ha sido en la mayoría de los casos, la proclamación de una nueva política fiscal. Ejemplo de lo anteriormente planteado son algunas de las revoluciones más relevantes de la historia universal, mismas que la derecha gobernante debería tener presente, en estos momentos en que varias voces se elevan previniendo un posible estallido social en nuestro país.
Guerra civil de Inglaterra. En el reinado de Carlos I de Inglaterra (1625-1648), se suscitaron los mayores y más grandes conflictos entre el Rey y el Parlamento con motivo de un alza de impuestos. Los diferendos entre los representantes del pueblo se trataron de resolver mediante la firma del “Bill of Petition” o Petición de derechos, redactada por los representantes del pueblo inglés y aceptada por el Rey en 1628. Posteriormente, al establecer un impuesto a los barcos, “Ship Money”, se inició una guerra civil entre las tropas del Rey y las del Parlamento comandadas por Cromwell, triunfaron las tropas del Parlamento, y la guerra concluyó con la ejecución por decapitación de Stafford, ministro de finanzas y la del Rey Carlos I, en 1649.
La Independencia de Estados Unidos. En 1773, en el puerto de Boston, se produce el llamado Motín del Té, o Boston Tea Party, que algunos historiadores señalan como detonante de la independencia de las trece colonias o la Revolución Americana. La insoportable presión fiscal que la metrópoli inglesa imponía a sus colonias americanas generó la ira popular. La Corona británica, presionada por el creciente gasto público, recurrió al incremento de las tasas e impuestos sobre sus territorios, causando la revuelta popular en Boston que acabó con cargamento de té que fue arrojado al mar; las trece colonias expresaron por medio de las armas su insumisión a las medidas opresoras que tomaba la metrópoli.
En México, como no recordar también, las prohibiciones que en materia agrícola estableció el régimen colonial con el propósito de que la llamada Nueva España se viera obligada a consumir productos agrícolas provenientes de España (era el TLC de ese tiempo); el cura Miguel Hidalgo, promotor de la riqueza pública de México, muy dado a enseñar a los indígenas el cultivo del olivo, fue una de las víctimas de esas prohibiciones. El régimen impositivo de la Colonia como los estancos, las alcabalas, y todos los impedimentos para desarrollar la industria, fueron entre otros, las contradicciones que desencadenaron la Revolución de independencia.
La iniciativa fiscal del calderonato está desencadenando el repudio de amplias capas de la sociedad en su contra. Dicho paquete fiscal no promueve solución alguna a los problemas insolutos que vive el país; no se toca la concentración de la riqueza y los privilegios fiscales para los grandes empresarios, las enormes transacciones en la Bolsa de valores; permanece igual la desigualdad social, la pobreza, la política salarial y su poder adquisitivo; se sigue insistiendo en el mismo camino hacia el abismo que separa a las clases sociales. De lo único que se ocupa tal iniciativa fiscal, es de llenar las arcas del gobierno para el disfrute de la alta burocracia y la servidumbre de la clase social en el poder.
Una muestra del despilfarro y la abundancia en que han vivido los gobiernos del PAN a costa de la pobreza del pueblo, lo es sin duda alguna el crecimiento desproporcionado del gasto corriente destinado a satisfacer las exigencias salariales de la alta burocracia. Tan sólo en plazas de nivel subsecretario o salario equivalente, el incremento ha sido de más de mil por ciento, pues de 84 plazas en 2001 pasaron a mil 11 en 2009. El incremento del gasto corriente del gobierno de la derecha, entre 2001 y 2009 ha crecido en promedio más de 100 mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal anual; un incremento acumulado de casi 50 por ciento en términos reales, mientras el crecimiento del PIB en el mismo lapso fue de 19 por ciento.
Las arcas de la reacción son insaciables. Durante el periodo de 2000-2006 el fisco tuvo excedentes presupuestarios por 720 mil millones de pesos, de los cuales 400 mil fueron producto del petróleo, canalizándose el 72 por ciento del total, por diversas vías, al gasto corriente. Ya durante el calderonato, del 2007-2008, se obtuvieron otros 565 mil millones de pesos de excedentes presupuestarios, de los cuales 200 mil millones de pesos provinieron del petróleo, los cuales fueron a parar al morral sin fondo del gasto corriente. Por si fuera poco, el paquete económico que propone el ocupante de Los Pinos para 2010 mantiene un incremento del gasto corriente de 2.7 por ciento frente al presupuesto para 2009, y al mismo tiempo se propone una caía en el gasto de inversión de 13.5 por ciento. Se propone más gasto para la maquinaria del régimen e invertir menos en las necesidades de desarrollo del pueblo.
El gasto corriente es el combustible que sostiene la maquinaria del Estado de opresión. Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los legitimadores y custodios del statu quo que arropa a la dictadura neoliberal, tendrán una percepción ordinaria de 2 millones 496 mil pesos; prestaciones por 791 mil 5 pesos, y percepciones extraordinarias, como el pago por riesgos por 712 mil 408 pesos. Lo anterior representa una suma de tres millones 999 mil 413 pesos; pero al descontar el ISR, que asciende a un millón 50 mil 23 pesos, los ingresos anuales netos son de 2 millones 919 mil 390 pesos. Es decir 423 mil 282 pesos mensuales, o bien, 7 mil 998 pesos diarios. Un magistrado de ese alto nido de la reacción gana por sus “servicios” en un solo día el equivalente a 153 jornadas de salario mínimo; de esa magnitud es la brecha que separa a la clase obrera asalariada de los servidores del régimen plutocrático, mismos que consumen vorazmente el gasto corriente asignado generosamente en los presupuestos anuales con cargo a los impuestos que paga el pueblo.
En cuanto a la cancelación de las secretarias de la Función Pública y Turismo dizque para ahorrar recursos, son un acto mediático que busca el aplauso fácil de la sociedad, digamos que es la envoltura en la que se esconden las verdaderas intenciones. En lo que corresponde a la cancelación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que cuenta con sólo 1954 servidores públicos sindicalizados, no conlleva ningún ahorro significativo, más bien, se trata de una cuestión de orden ideológico. La derecha, enemiga histórica del proyecto social de la Revolución Mexicana, del cardenismo y el reparto de la tierra entre los campesinos, ha pugnado siempre por desaparecer a la entidad gubernamental encargada de proteger e impulsar el desarrollo de la propiedad colectiva de la tierra (los ejidos), y dejar únicamente la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para tratar con el sector privado del campo. El sector social integrado por el campesinado que vive de la producción ejidal no cuenta en la ideología de la derecha.
Por lo que toca, pues, al proyecto de paquete económico presentado por el ejecutivo ante la Cámara de Diputados, corresponderá a las fuerzas políticas de avanzada con representación en el Congreso de la Unión, dar la batalla para frenar los aspectos nocivos de la intentona de la derecha. Afuera, en la plaza pública, en las calles, en las fábricas, las organizaciones de masas, el pueblo ofendido todo, se encargarán de hacer lo propio, no sólo por la cancelación del paquete económico de Calderón, sino por cambiar el rumbo de la nación.
Con el pueblo al límite de su capacidad de resistencia, es López Obrador el continuador de la experiencia histórica de México. A excepción de la derecha reaccionaria, todas las fuerzas políticas del país están de acuerdo, en mayor o menor grado, en que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nación. Ningún pueblo es violento por naturaleza, sólo han recurrido a la violencia cuando se les han cerrado los cauces a la soluciones de sus problemas sociales; las fuerzas partidarias del progreso nunca han propuesto el camino de la violencia para resolverlas, ha sido siempre la resistencia que oponen las fuerzas retardatarias a la emancipación del pueblo las que han desencadenado todos los estallidos violentos de la sociedad.
Después de que en 1982, con la llegada de los tecnócratas neoliberales al poder, el pueblo de México sufrió el despojo de su vía nacionalista de desarrollo; después que las masas populares han resistido la tiranía de la dictadura neoliberal, voraz y sedienta de riqueza, que somete sin piedad a 60 millones de pobres, por varios sexenios, resulta inexcusable la necesidad histórica de recuperar el camino perdido. Los tiempos que vivimos son definitorios, las insalvables contradicciones sociales que aquejan al pueblo han llegado a un punto en que tendrán que resolverse de una u otra forma.
En 1988 y 2006 el pueblo ha gritado su inconformidad con el voto en la mano y la oligarquía y la derecha reaccionaria le ha cerrado el paso, mediante la instrumentación de escandalosos fraudes electorales, arrebatándole su derecho a emanciparse por la vía pacífica. En medio de este conflicto permanente que vive la sociedad, si la próxima sucesión presidencial de 2012 no se abren las puertas a las grandes rectificaciones nacionales, la paciencia agotada y la ira popular pueden estallar incontenibles. La próxima batalla electoral puede ser la última oportunidad de una emancipación pacífica.
No hay mañana, el pueblo en el límite de su capacidad de resistencia no siempre acata la normatividad existente para satisfacer sus necesidades. La rebeldía popular puede transformarse en una insurgencia organizada capaz de derrumbar las viejas estructuras políticas y económicas, que nos lleve a construir la cuarta etapa de nuestro proceso revolucionario. Estas cuatro etapas de nuestra evolución histórica unidas por un mismo hilo conductor que señala el camino de México: la Revolución de Independencia; la Reforma; La Revolución Mexicana; y el proceso en marcha que llamaremos la Revolución contra el Neoliberalismo. Hablar de revolución es hablar de la fuente del derecho, y el desarrollo de ésta cuarta etapa no sería la excepción, necesariamente será el origen de un nuevo pacto social, una nueva normatividad y nuevas instituciones, cuyo primer objetivo será el desmontar la institucionalización de la pobreza y la desigualdad social.
Sin haberse constituido formalmente, la gravedad de los problemas insolutos ha empujado a la sociedad ha manifestarse contra el gobierno de la derecha, integrándose una opinión que corresponde -de hecho- a un frente nacional, democrático y patriótico. En ese conjunto de ideas de la población se puede percibir una gran diversidad ideológica junto a la correspondiente heterogeneidad de intereses, pero con un denominador común; el país no puede seguir el mismo rumbo de los últimos sexenios.
Las fuerzas políticas de avanzada tendrán que trabajar en la integración y organización de ese gran frente nacional para elevar la política de alianzas al máximo nivel. Nunca ha sido fácil la conjunción de fuerzas disímbolas bajo un mismo programa, pero la experiencia histórica nos dice que esa ha sido siempre la línea estratégica y táctica que ha seguido nuestro pueblo en sus victorias emancipadoras más resonantes.
La construcción y organización del ambicioso proyecto de nación, que en los hechos debe denominarse El Plan 2012, no parte de cero, sólo hay que continuar la lucha de los grandes constructores de la patria como Hidalgo, Morelos, Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano, ese es el hilo conductor y ese es el camino; aprovechar la experiencia de nuestros guías en las pasadas generaciones para retomar el camino de México.
Por ahora, el guía más visible y conocido en la sociedad por su programa alternativo de nación y su lucha sin cuartel contra el neoliberalismo, es el presidente legítimo de México Andrés Manuel López Obrador. Fue en la batalla por la sucesión presidencial de 2006, el candidato que logró unir a las mejores fuerzas políticas y sociales, infringiéndole una derrota electoral a las fuerzas de la reacción y su candidato; otra cosa es, que las fuerzas retardatarias hayan logrado imponerse en el poder al margen de la voluntad popular.
Partiendo de las experiencias de 1988 y 2006, que ya forman parte de nuestro patrimonio histórico, lo que sigue es darle continuidad al mismo proyecto de nación que se abanderó en esas históricas batallas, ponerlo al día y fortalecerlo con todas las fuerzas posibles, para que logre finalmente su objetivo de conducir las genuinas aspiraciones del pueblo de México hasta la victoria en 2012. Ese es el camino.
Si la voluntad popular no logra imponerse en la próxima sucesión presidencial, y es despojado nuevamente de su destino soberano e independiente, hay que prevenirle y sentenciarle a la reacción por si no lo recuerdan, que el pueblo tiene derecho a la insurrección en todo momento. La nación puede tomar el destino en sus manos al amparo del artículo 39 constitucional, el cual establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

(VI Parte)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

Sin justicia social no puede haber paz social; las contradicciones materiales que se profundizan día con día al agrado de ser ya insalvables entre proletarios y propietarios produce la actual escalada de violencia que vive el país. La falsa teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia organizada es insostenible en esta realidad concreta, sólo los intereses mediáticos de la derecha reaccionaria pueden abanderar esa teoría absurda en su afán de esconder a la vista del pueblo las causas reales de la violencia.
Las clases propietarias y sus voceros que tradicionalmente sostienen la teoría de la impunidad, las acciones punitivas y represivas para atacar el problema de la delincuencia, afirmaron el pasado 30 de agosto, al cumplirse un año de la marcha que congregara a cientos de miles de personas que portaban una vela y rezaban sus oraciones en señal de protesta contra la inseguridad, hicieron un balance de los resultados obtenidos y señalaron que la situación de hoy es peor que hace un año.
Las organizaciones convocantes a ese evento señalaron que “a un año de la marcha, los secuestros y otros delitos que nos vulneran se han vuelto más violentos a la par del crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. En otras palabras, estamos peor”. Lo único que le faltó añadir en su aguda disertación a la señora Laura Elena Herrejón, integrante de la directiva de la organización “Iluminemos México”, es unir la estadística del crecimiento de la delincuencia -como ella misma sostiene- al crecimiento en las cifras de la pobreza. Es muy cierto que hoy estamos peor que hace un año, la delincuencia ha crecido al mismo ritmo de la desigualdad social. Negarse sistemáticamente a reconocer la realidad completa es desconocer la relación entre causa y efecto, y nos conduce a dar palos de ciego en el tratamiento del problema. Están a la vista los fracasos sistémicos del régimen de derecha al tratar de combatir el problema de la delincuencia por separado, desconectando por decreto la paz social de la justicia social.
Cumbre tras cumbre y fracaso tras fracaso, los problemas de la violencia social no se resuelven mediante eventos espectaculares ni frivolidades. ¿Dónde están los resultados del show mediático celebrado hace un año? Usted recordará que el 21 de agosto de 2008, en el patio central de Palacio Nacional, se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Seguridad y la Justicia, en respuesta a la presión de la sociedad y a la famosa marcha de “Iluminemos México”. A convocatoria de Felipe Calderón se reunieron funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y personajes representativos de los distintos sectores de la sociedad, con el fin de adoptar el compromiso de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad y la violencia social que vive el país.
Estaban presentes en aquel evento, entre otros, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta; el presidente del Senado de la República, el panista Santiago Creel Miranda, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, alcaldes, empresarios, líderes sindicales, representantes del Episcopado Mexicano, de la comunidad judía y otras asociaciones religiosas; representantes de instituciones académicas, de organizaciones ciudadanas y de los medios de comunicación, mismos que firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad.
El ocupante de Los Pinos dijo que “como autoridades no podemos ni debemos renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía; debemos frenar a la delincuencia y un primer paso es sacarla de nuestra propia casa, mediante la aplicación de estrategias que permitan recuperar a favor del Estado el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes” Hablar en términos castrenses sobre las medidas tendientes a “sacar la delincuencia de nuestra propia casa, y el llamado a la recuperación territorial a favor del Estado” equivale a la aceptación explícita de la incapacidad para gobernar al pueblo; es el grito desesperado del desgobierno y la ingobernabilidad social, antesala de la capitulación.
En aquella alocución calderonista esbozó los principios de la teoría de la impunidad como causa principal de la delincuencia, al afirmar que: “la proliferación del crimen no puede entenderse sin el cobijo que durante muchos años le brindó la impunidad; que se abrió camino en medio de las insuficiencias para tener investigaciones del delito rigurosas; impunidad que se aprovechó de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno para encontrar el camino a sus anchas para delinquir. La impunidad se ha alimentado de deficiencias en la ley o del mal desempeño de las instituciones encargadas de investigar, procurar o de impartir justicia; impunidad que avanza plaza por plaza, debido al miedo, la intimidación y, por desgracia, también a la corrupción, en algunos casos de autoridades o de quienes decidieron darle cobijo a los delincuentes”.
Según el calderonismo y sus beneficiarios, la impunidad es la causa de la ola de violencia que vive el país; todos contra la impunidad fue el compromiso de los participantes de la Cumbre por la Seguridad. Los intelectuales de las clases dominantes sostienen sus argumentos con la siguiente estadística: El 80 por ciento de órdenes de aprehensión no se ejecutan; sólo el uno por ciento de los delincuentes purga condena en la cárcel, mientras el 99 por ciento de los delincuentes sigue libre en la calle delinquiendo todos los días. El crimen organizado roba 130 mil vehículos cada año, y en el DF, 76 de cada cien comerciantes han sido robados o asaltados en el último año; medio millón de personas trabajan vinculados al narcotráfico en este país donde hay otro medio millón de policías, repartidos entre los diferentes órdenes de gobierno, un gendarme por cada narcotraficante. México tiene la corona de campeón mundial en secuestros, y en lo que va del sexenio el crimen ha ejecutado 14 mil 460 ciudadanos. En total, en este país convulsionado se cometen 15 millones de delitos al año.
Supongamos entonces que la impunidad es erradicada mediante la implementación de aquellos 75 puntos previstos por el Consejo Nacional de Seguridad, y que los 15 millones de delincuentes purgaran su condena en la cárcel, ¿de qué tamaño tendría que ser el sistema penitenciario para contener y mantener esa millonaria cifra de convictos? Sí tan sólo con el uno por ciento de delincuentes que son sentenciados hay sobrepoblación carcelaria, quiere decir que, partiendo de la capacidad instalada actual faltaría por construir el 99 por ciento más de espacios carcelarios. Suponiendo que hubiera presupuesto para ello, la idea calderonista de “recuperar el territorio a favor del Estado” equivale a que el pueblo pierda su propio territorio a favor de la construcción de millones de celdas.
Entonces, ¿qué significa acabar con la impunidad? Construir una cárcel tan grande como el país mismo para encerrar al pueblo, a fin de que no se les moleste a las clases poseedoras y puedan salir libremente de sus castillos de marfil y de sus burbujas de cristal, donde se encuentran encerrados ahora por temor a un posible secuestro. Querer resolver el problema de la violencia generalizada que vive el país empezando por el ataque a la impunidad es totalmente inviable; eso es construir castillos en el aire, es dar palos de ciego a propósito. La política del Estado policíaco y represor corresponde solamente a los regímenes fascistas, que en aras de salvaguardar los intereses del gran capital someten al pueblo bajo una dictadura violenta y represiva. Esa ideología es propia de la derecha; conciben el papel del Estado como un policía con silbato, cuya primera responsabilidad -dicen- es “garantizar la seguridad del individuo”, pero el individuo rico, no del pobre, esos que se las arreglen como puedan. Niegan de hecho y de derecho toda participación del Estado en la economía nacional, para reservar las actividades productivas como derecho exclusivo de la oligarquía.
Al contrario de la ideología gerencial de la derecha, las fuerzas partidarias del progreso social establecen como principal responsabilidad del Estado la de distribuir la justicia material entre los integrantes de la sociedad; es en la mesa de las clases mayoritarias en donde se mide la eficacia de las políticas de todo régimen, pues en la medida que se cumpla con las necesidades primarias de la familia disminuirá la violencia y el número de cárceles. Hablar de impunidad es hablar del último eslabón de la cadena de la descomposición social; pensar en la impunidad es pensar en un producto acabado sin reflexionar en los componentes que lo integran y lo hacen posible. La teoría de la impunidad como principal causa de la inseguridad y la violencia es falsa, porque con un gramo de inteligencia que se posea es suficiente para saber que tales fenómenos de descomposición no se dan por generación espontánea sino producto de grandes causas sociales.
Todos los mexicanos podemos coincidir en la gravedad del problema de inseguridad y violencia que nos aqueja, pero a la hora de analizar las soluciones y remedios es donde chocan las abismales divergencias de opinión, por tratarse de un asunto que ocupa el centro de la lucha de clases. Se trata de la disputa por la propiedad o apropiación de la riqueza mediante los diferentes medios al alcance del individuo.
Una élite privilegiada por el sistema de producción se apropia de la rebanada más grande del pastel disponible, al amparo de las “normas legales” establecidas por el Estado burgués -expresión superior de la delincuencia organizada-, y depositario de la violencia legítima para consumar el despojo dentro de la normatividad y las instituciones. De esta forma se condena a las mayorías a vivir en la miseria, aplastados por la misma norma que les es adversa; y en razón de ello, una parte considerable de la sociedad no acepta su destino de postración y pobreza y se rebela. Unos canalizan su inconformidad organizándose políticamente para promover los cambios sociales y económicos por la vía civil y pacífica, y otros, apropiándose de la riqueza con los medios a su alcance, incluida la violencia. Es en este punto donde se rompen las reglas establecidas y se genera la delincuencia.
La única forma de solucionar el conflicto social, político y económico que vive el país, y que está generando la violencia y la inseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, es combatiendo las verdaderas causas y no los efectos. Para evitar un estallido social y que el pobre le quite dinero al rico valiéndose de la violencia en todas sus formas, las clases dominantes tienen que entender y acceder voluntariamente a que las fuerzas progresistas y de avanzada construyan una política fiscal revolucionaria, que distribuya la justicia material entre todos los mexicanos.
Aceptar el paquetazo fiscal empobrecedor que propone Calderón para que el pueblo celebre el Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, el próximo año de 2910, es una traición a la patria y una irresponsabilidad que puede incendiar al país. Por esa razón, los partidarios del progreso con bienestar tienen ante sí la alta responsabilidad de organizar la Cumbre por la Recuperación del Salario y el Poder Adquisitivo, para que sus resolutivos sean incorporados en el paquete fiscal del año próximo y el pueblo pueda celebrar justificadamente los dos acontecimientos históricos de nuestro proceso revolucionario: La Independencia y la Revolución Mexicana.

(V Entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

El TLCAN: Síntesis de las contradicciones económicas entre los intereses de la nación y los del imperialismo norteamericano. El Tratado de Libre Comercio firmado en las postrimerías del salinato con los Estados Unidos ha dado los resultados previsibles desde sus inicios en perjuicio de la nación. Entre una economía débil, subdesarrollada, de capitalismo dependiente, y otra altamente desarrollada que vive la etapa de la exportación de capitales, no hay garantías ni normas que puedan regular la actividad comercial en igualdad de condiciones; esto lo saben perfectamente, entre otros, la industria lechera que no puede competir con las importaciones de la leche en polvo a bajísimos precios; también lo saben los aguacateros, los atuneros y los camioneros mexicanos.
El libre flujo de mercancías y capitales se ha dado sin cortapisa alguna sólo de los Estados Unidos hacia México, lo que ha dado como resultado la absorción, integración y anexión económica del más débil a favor del más fuerte, nos ha tragado el monstruo económico del norte. Nuestra realidad no es comparable en ningún modo con lo que se vive actualmente en la Comunidad Económica Europea, donde sus integrantes poseen un desarrollo económico similar, lo que da una integración provecha para sus pueblos porque nadie se somete a nadie.
Los sectores progresistas denunciaron a tiempo que la estrategia imperialista de apoderarse del mercado nacional para beneficio de su industria traería como consecuencia la pérdida de nuestra identidad, corriendo grave peligro nuestra independencia y soberanía nacionales.
El fracaso del TLCAN como panacea del desarrollo nacional ha quedado demostrado en sus largos 15 años de operación (1994-2009); no se puede entender la terquedad de la derecha gobernante en seguirlo defendiendo como no sea por su actitud servil, propia de lacayos al servicio de los intereses yanquis y los monopolios de aquel asentados en nuestro país.
Las mismas cifras de la Secretaría de Economía (SE) dicen que, si bien México se ubica dentro de las 15 potencias exportadoras del mundo, lo cierto es que el 90.2 por ciento de las ventas mexicanas al exterior son realizadas por las grandes corporaciones filiales de los monopolios, porción muy diferente a lo que se observa en otras regiones como Brasil y la Unión Europea en donde la participación de las pequeñas empresas en comercio exterior es mucho mayor que en México. Dicho en otros términos, el 98 por ciento de la planta productiva nacional, compuesta por las micro, pequeñas y medianas empresas son ajenas por completo a los supuestos beneficios del TLCAN.
En el campo mexicano no es menor el daño que ha provocado el tratado comercial. La presión que ejerce la importación masiva de maíz subsidiado procedente de EU y la falta de apoyo de la Sagarpa para impulsar un sistema de compras o cobertura a los productores nacionales, ha acelerado el abandono de las tierras en el norte del país donde más del 80 por ciento de los ejidatarios las han rentado o vendido. Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), dijo que tan sólo en Tamaulipas se tiene un excedente de 350 mil toneladas de maíz blanco que no se pueden colocar en el mercado nacional debido a que la Sagarpa no ha querido ejercer -intencionalmente-, los ocho mil millones de pesos que el Congreso le autorizó para impulsar la comercialización a precio internacional.
El mismo líder de los productores de maíz calificó de inexplicable que mientras los productores nacionales han aumentado sus cosechas de maíz a 24 millones de toneladas, no se ponga un freno a las importaciones que este año ascenderán a 11.5 millones de toneladas de maíz de pésima calidad o genéticamente modificado. El dirigente dijo que la apertura total sin arancel a las importaciones de maíz subsidiado de mala calidad mantiene en alta desventaja a los productores nacionales, que no tienen garantía ni certeza de vender o cuando menos obtener un precio justo por sus cosechas.
Mencionó el líder agrarista que las principales beneficiarias de esas importaciones subsidiadas son los monopolios comercializadores como Cargil, Corn Products Internacional, Tyson, y la mexicana Maseca, que adquieren el maíz para sus procesos internos o para colocarlo en el mercado internacional obteniendo millonarias ganancias. En cambio, a los productores nacionales se les ofrece un precio inferior a los 2 mil 500 pesos por tonelada, sin importar la excelente calidad de las cosechas, lo que prácticamente los deja sin ganancias para preparar el siguiente ciclo agrícola. El líder agrario resume en sus palabras la quiebra total del campo y la angustia de los campesinos como resultado de la aplicación del tratado comercial; una quiebra que no se debe a que no produzcan nuestras tierras sino porque así conviene a los monopolios y los lacayos que despachan en Palacio Nacional.
Esa es la política del Estado neoliberal para el campo mexicano, desde Salinas a la fecha, desmantelar al campo para entregarlo totalmente a los intereses de los monopolios en el marco del TLCAN. La quiebra de los campesinos es una estrategia bien articulada por los enemigos de México; ausencia total de políticas progresistas que garanticen un precio justo a la producción agropecuaria, ausencia de créditos oportunos, baratos y suficientes, ausencia de instituciones del Estado para producir fertilizantes e insumos en general, todas esas ausencias deliberadas y organizadas por los enemigos de la Reforma Agraria y el proyecto social de la Revolución Mexicana, son las que le están dando el tiro de gracia a los campesinos y a la producción estratégica y prioritaria de los alimentos que consume el país.
La última de las consecuencias de esa estrategia entreguista es la pérdida de las tierras ejidales por medio de juicios de embargo, mismos que son promovidos por mercenarios al servicio de los terratenientes, quienes se dedican a comprar adeudos de cartera vencida, con el propósito de despojar después a los campesinos de su tierra.
En el campo mexicano el neolatifundismo está tomando carta de naturaleza nuevamente, como resultado de la contrarreforma salinista al Artículo 27 Constitucional, que hizo del ejido una mercancía sujetas a las leyes del mercado. La concentración de la tierra en pocas manos a la usanza del porfirismo, valiéndose del despojo de tierras a los campesinos minifundistas que no han cubierto sus adeudos en cartera vencida, va convirtiendo al campo en un mercado exclusivo para el gran capital nacional y extranjero.
Los campesinos sin tierra que lucharon al lado de Emiliano Zapata para obtenerla fue una de las contradicciones insalvables frente a los hacendados que los condujo finalmente a tomar las armas; un centenario después de ese movimiento social se están configurando las mismas contradicciones que pueden desembocar en un estallido social de incalculables consecuencias.
La inconformidad general en el campo y las organizaciones campesinas en pie de lucha, ante la amenaza de recortes al presupuesto destinado al campo. De la violencia verbal a la violencia sólo hay un paso. “El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar -OEM-Informex, 27 de agosto- advirtió al gobierno federal que no se le vaya ocurrir atentar contra los programas que actualmente tiene el campo mexicano, ya que sin el apoyo a los pobres no habrá tranquilidad social y sin soberanía alimentaria peligra la patria.
“Cruz López Aguilar indicó que un probable diez por ciento en IVA a alimentos y medicinas hará diez por ciento más pobres a los pobres, e incorporará al menos a otros cinco millones de mexicanos a la pobreza alimentaria, ya que el modelo económico concentrador de la riqueza y la crisis de la política social vigente no solo daña, también enciende los focos rojos de la inconformidad social en las regiones marginadas de México; no le conviene a nadie echarle leña al fuego. Por ello, mandó un mensaje a los que llamó señores financieros, custodios de la maltrecha economía nacional, a que ni siquiera piensen en tocar los programas que actualmente tiene el campo, y advirtió que de no cambiar su actitud, iremos directamente al enfrentamiento”.
La desesperación de los campesinos ante el caos y la zozobra que se vive en el campo no es compartida por la derecha gobernante, allá en sus oficinas se habla sólo de los privilegiados, los cristales de sus anteojos sólo ven los avances del sector minoritario favorecido con su política concentradora. En ésta lucha de clases radicalizada al máximo nivel hay dos versiones que se contraponen.
El Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, en su comparecencia reciente ante diputados, afirmó que “el campo mexicano vive una etapa de bonanza, de franca recuperación y hasta de crecimiento”, lo único que olvido aclarar es quiénes son los que viven esa “bonanza”, porque la aplicación irrestricta de las reglas del TLCAN han propiciado la división de nuestro campo en tres sectores contradictorios: los primeros y únicos beneficiarios del tratado comercial, que son las filiales de corporaciones transnacionales y el neolatifundismo que practica la agricultura intensiva, mismo que se apropia de la mayor parte de los fondos con que operan los programas gubernamentales de apoyo. Este sector minoritario y privilegiado es el que sí puede crecer, ser competitivo y exportar, éstos representan sólo el 6 por ciento de la totalidad del campo mexicano. Los segundos, que representan el 14 por ciento y son de transición; y los terceros que representan el 80 por ciento, el campo en quiebra total, semillero de trabajadores que migran al extranjero en busca de empleo, válvula de escape hoy inoperante ante la crisis que se vive en los Estados Unidos; los millones de mexicanos que se fueron están ahora regresando a sus jacales con hambre y mucha desesperación. Resultado: las remesas que recibía nuestro país por el trabajo de estos compatriotas en el extranjero van en picada y la crisis se agudiza.

(IV entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?
Las relaciones de producción en contradicción insalvable frente al desarrollo de las fuerzas productivas. El salario y su poder adquisitivo en la peor etapa de su historia. Es indiscutible que en materia salarial se requiere de la organización de una política integral que atienda todas las capas de la sociedad. Uno de los pasos significativos en ese sentido debe ser la derogación tanto de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por obsoleta, unilateral –en los hechos- e injusta, como de la recién aprobada Ley de Salarios Máximos, que se ocupa únicamente de reglamentar los salarios de la burocracia del país, por tratarse de una norma que sanciona los privilegios salariales de un sector minoritario de la sociedad. Se necesita una ley general de salarios, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional para “que nadie gane más que el presidente”, incluida la iniciativa privada. El pueblo demanda ya una normatividad revolucionaria a la altura del Constituyente de Querétaro, que distribuya la justicia social y combata la desigualdad económica para que el desarrollo de las fuerzas productivas se de en consonancia con las relaciones de producción.
En plena campaña electoral, en el promocional de una candidata a diputada federal por el PRI se le escuchaba decir que “no permitiremos que la política divida al país”; las víctimas de la criminal política salarial le responden con categoría a esos politicastros: la política no puede unir lo que la economía divide.
Angustia, desesperación e impotencia, es el estado de ánimo de por lo menos 10 millones de mexicanos que perciben de un salario mínimo hacia abajo, incluyendo a los parias que sobreviven con menos de dos dólares diarios, porque para ellos no hay esperanza de un mañana mejor. Tampoco para aquellos que tienen la suerte de recibir entre uno y cinco salarios mínimos diarios, ni en general, para todo el conglomerado de 60 millones de mexicanos que se consideran en el rango de pobreza. La esperanza se consume ante la completa indefensión de este sector mayoritario del pueblo que es entregado con las manos amarradas, año con año, a los intereses del gran capital, por el apego irrestricto a la política salarial del Estado neoliberal.
Desesperanza ante tal estado de indefensión sí, porque por lo menos en el corto plazo no se avizora un horizonte diferente, que le de entrada a un cambio radical en la política salarial por la vía institucional. El “aumento” de 4 por ciento vigente desde el primero de enero, que constituye un promedio de dos pesos por jornada, no fue protestado en su momento, ni siquiera por la representación obrera que integra la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es grave que en ninguna de las fracciones parlamentarias, ni las que se van ni las que vienen, tengan contemplado en su agenda algún proyecto de ley que elimine esa Comisión legitimadora de las agresiones a la clase trabajadora. Sus agendas no contemplan en modo alguno la cancelación de la política de las contenciones salariales, lo que comprueba la total ausencia en el Congreso de la Unión de diputados que defiendan y sirvan a los intereses de la clase obrera.
Tampoco figura el tema salarial en el proyecto de la Reforma del Estado, presidida por el senador neoliberal Manlio Fabio Beltrones; mucho menos es tema de preocupación para la Suprema Corte de Justicia, la institución que se promociona como garantía de que la Constitución se cumpla cabalmente. Ningún órgano del Estado, ninguna institución escucha el clamor de los descamisados. El horizonte está nublado y no permite ver un cambio en la precaria situación de la clase trabajadora por la vía institucional a corto plazo. Esa actitud de cerrazón, de insensibilidad, pero más que nada, de radicalización de la lucha de clases, está empujando peligrosamente a que, nuevamente, (parafraseando a José María Morelos en los célebres Sentimientos de la Nación) “la nación abra sus labios y empuñe la espada para ser oída”.
En los años setentas el gobierno federal suscribió el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular los salarios mínimos, el cual señala que las necesidades de la población, y no la inflación, deben determinar los aumentos salariales. En el artículo tercero, dicho convenio que México ratificó, señala: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, deberán incluirse (…) I.- las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, el costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; II.- los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en lugar de hacer los cálculos para recuperar lo perdido mantiene amarrado el crecimiento salarial a la expectativa inflacionaria
La agresiva política salarial violenta flagrantemente la Constitución General de la República, la cual establece, en su artículo 123: “los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Sin embargo, en vez de apegarse al mandato constitucional, la estrategia económica neoliberal ha agrandado dramáticamente la brecha entre el salario mínimo real y el que ordena nuestra Constitución.
Hemos vivido ya un cuarto de siglo bajo la dictadura impuesta por los mercados financieros, y en este largo túnel oscuro de “ajustes estructurales y disciplinas macroeconómicas”, los salarios mínimos han sido reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982, al descender de $ 32.72 en ese año, a $ 9.74 en 2007, a precios de 1994. Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946, cuando el salario mínimo fue de $ 13.37, a precio de 1994; de modo que acumulamos una regresión de más de medio siglo en la mejora del bienestar de los asalariados más desvalidos. Puesto que los incrementos de los salarios mínimos han servido de guía para las negociaciones contractuales, los trabajadores del sector formal de la economía han sufrido también un agresivo deterioro de su poder adquisitivo: los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal perdieron el 62.2 por ciento de su poder de compra durante el período de 1983-2007, acumulando también una regresión mayor de medio siglo.
Ese es el tan ponderado “Bien Común”, y por sus frutos los conoceréis. En vez de utilizar la política salarial como herramienta para elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso y la justicia social, la tecnocracia neoliberal la ha utilizado como ancla antiinflacionario: los incrementos del salario mínimo han sido iguales a las tasas de inflación proyectadas, casi siempre superadas por la inflación realmente observada, de manera que se ha provocado un deterioro ininterrumpido del poder de compra del salario. Así es como dicen combatir a la pobreza, sacrificando el bienestar de las clases proletarias para mantener a la plutocracia y sus signos de valor.
La ideología de la desigualdad que ha inspirado esta política salarial afirma: incrementos salariales superiores a la inflación esperada provocaría una carrera entre precios y salarios que acabaría deteriorando aun más al salario real. Desde luego, este dogma no está validado por la experiencia histórica. Hay que recordarlo: durante la época del desarrollo estabilizador (1959-1970), los incrementos nominales del salario mínimo (9 por ciento en promedio anual), fueron siempre superiores a las tasas de inflación (2.5 por ciento anual). Además, los aumentos salariales superaron también la suma de la tasa de inflación más la tasa de incremento de la productividad, la cual creció 4.3 por ciento anual. Como resultado, el salario real se incrementó a una tasa media de 6.3 por ciento anual. No obstante los incrementos salariales jamás desencadenaron una escalada inflacionaria.
Lo anterior ocurrió porque la política de Estado era todavía congruente con el proyecto social de la Revolución Mexicana, consistente en buscar el abatimiento de la desigualdad. Entre los propósitos del desarrollo estabilizador figuraron: “aumentar los salarios reales y mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (Ortiz MENA, el desarrollo estabilizador, FCE, México, 1998). Con firmeza y congruencia, ambos propósitos fueron cumplidos: la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND) pasó del 26.3 por ciento en 1950-1958, al 35.2 por ciento en 1959-1967 y al 38.3 por ciento en 1970.
Cabe destacar que, aunque los salarios reales y la distribución del ingreso entre los factores de la producción mejoraron considerablemente, la masa de ganancias empresariales creció aceleradamente, debido al crecimiento también acelerado del PIB, que se incrementó a una tasa media del 6.8 por ciento anual durante el período 1959-1970, sustentado precisamente en un pujante mercado interno. En contraste, el modelo neoliberal ha traído consigo un círculo perverso: empobrecimiento de los asalariados y drástico deterioro de la distribución del ingreso. La participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó del 41.7 por ciento del IND en el período de 1970-1982, al 35.1 por ciento en el período de 1983—2004, e incluso al 33.4 por ciento del IND sólo en 2004, según el último dato disponible del INEGI, lo cual ha provocado un severo achicamiento del mercado interno, derivando en un raquítico crecimiento del PIB, cuyo incremento apenas ascendió al 2.5 por ciento anual durante el período de 1983-2007; y el presente año 2009 terminará decreciendo el 9 por ciento.
Mientras sigan gobernando al país los ideólogos de la derecha neoliberal no hay esperanzas para el trabajador de mejorar su situación, porque ellos trabajan sólo para los intereses del gran capital. A lo más que llegan, en afán de engañar las expectativas del pueblo, es a implementar una política de reparto de dádivas y migajas. Los trabajadores de México rechazan totalmente las políticas generadoras de “oportunidades”, ¡lo que exigen es justicia! Sin justicia laboral no hay democracia ni país viable; si los trabajadores y sus instrumentos de lucha no se ponen de pie difícilmente se podrá preservar la paz social.

(Tercera entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MEXICO?

La guerra por el reparto del erario público se incrementa día a día, haciendo evidentes las profundas contradicciones entre los tres niveles de gobierno por la distribución del presupuesto. El caos financiero generado a nivel mundial por las recetas neoliberales dictadas por los centros financieros y el capital monopolista repercute obligadamente en los presupuestos de los Estados nacionales; las cúpulas gobernantes en cada país, de manera irresponsable y sin prever las consecuencias sociales en que puedan derivar, trasladan en automático el terremoto financiero a las entidades federativas y municipios, endosándoles el costo de un problema que ellos no generaron ni fueron consultados a la hora de acatar con docilidad los dictados financieros extranjeros.
De esta forma, el modelo de la economía implantado por los “Chicago Boys”, en una larga cadena de fracasos, eslabón por eslabón y en concatenación perfecta arrastran a los pueblos a la peor crisis de la historia, México no es la excepción. Las bases falsas sobre las que se sostiene el paraíso de la economía de mercado se desmoronan una a una y no hay quién pueda detener su estrepitosa caída.
El calderonismo sabía perfectamente desde inicios del año la magnitud del problema económico que el país afrontaba, sólo que, por cuestión de estrategia política no le convenía darlo a conocer antes de la jornada electoral porque repercutiría sobre su partido, el PAN. Si el pueblo hubiera conocido la noticia que dio el secretario de hacienda, Agustín Cartens, en su comparecencia reciente ante los senadores, un día antes de los comicios, la derecha no habría ganado ni un solo distrito electoral en el país.
Ahora se alega que no es responsabilidad única del ejecutivo sacar al país del problema, quieren los fundamentalistas la concurrencia de todos los órdenes de gobierno y las fuerzas políticas para hacerle frente al problema; lo que se busca en verdad son cómplices que le avalen los nuevos impuestos, recortes del presupuesto en áreas prioritarias del desarrollo, eliminación de subsidios y programas sociales.
Hay contradicciones entre la misma clase social reaccionaria que gobierna al país. Esa misma capa de la sociedad que demostró homogeneidad de intereses para arrebatar y luego sostenerse en el poder, hoy se declara dividida ante la proximidad de nuevos impuestos. La IP reclama del gobierno calderonista impunidad total en materia de contribuciones, no quiere que se le toque con nuevos impuestos, le pasan la factura y le recuerdan que el sitial que ocupa el espurio se los debe a ellos. A través de declaraciones de prensa le mandan un recado a su peón advirtiéndole que “el sector privado rechazará tajante cualquier intento de la autoridad para aumentar los ingresos a través de los contribuyentes cautivos, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) analiza la posibilidad de crear un frente común para no avalar la imposición de nuevos gravámenes”.
Por su lado, Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), recordó que “los 12 millones de mexicanos que operan en la informalidad representan un enorme potencial de recursos públicos, pues actualmente no pagan impuestos pero sí utilizan servicios públicos” El sector acaudalado, integrado y dirigido por una minoría rapaz y sin escrúpulos, presiona al ejecutivo en el afán de salvar de manos del fisco sus morrales de dinero. Vuelven a exhibir su vieja bandera, que se eche mano de los impuestos al hambre, quieren “formalizar a la economía informal” para exprimir más el bolsillo de quienes no gozan de ninguna prestación social.
La economía informal crece exponencialmente ante la falta de plazas de empleo, crece ante la irresponsabilidad gubernamental y de los empresarios, no porque represente una alternativa en la “feria de las oportunidades”. Los parias que ganan el sostén de su familia limpiando vidrios en los cruceros, vendiendo tacos en la vía pública, o dándole bola al calzado, son los obreros lanzados a la calle por la industria “que no pudo competir en el paradigma del TLCAN”, y todavía se les quiere sangrar con un impuesto para sostener un estado de privilegios del cual ellos no gozan ni participan. En el estatus actual, el fisco y todas las instituciones, el Estado mismo, son propiedad de la oligarquía, de la plutocracia, aquí no se entienden los principios de solidaridad entre las clases sociales, el “bien común” es una falacia. Sólo cambiando al actual régimen se podrá lograr que pague más quien más tenga, menos el que menos tenga, y el que nada tenga que no se le quite, por el contrario, que se le dé.
Las clases medias se proletarizan. La crisis económica golpea también a la pequeña y mediana burguesía. Ese sector de la sociedad que se desarrolla y crece numéricamente cuando hay estabilidad y crecimiento económico, está ahora sufriendo su mayor contracción en décadas. La actual crisis financiera amenaza con desaparecer ese sector, sólo un reducido número ha logrado salir adelante y colocarse codo con codo con la aristocracia, la gran mayoría sigue su descenso en picada, se están proletarizando.
Una sola nota de prensa nos ilustra ese hecho: México, 13 de agosto (OEM-Informex) “La venta de autos nuevos en México tuvo una caída de 33.8 por ciento en el mes de julio, comparado con el mismo mes de 2008, en tanto que la producción decreció 24.8 por ciento, y las importaciones disminuyeron 25.6 por ciento. Sin embargo, la caída en el mercado se desaceleró, ya que en meses previos el desplome llegó a rozar el 50 por ciento.
“Las proyecciones de la industria automotriz para el cierre del año, de acuerdo con el comportamiento del mercado y a la complicada situación económica que se presentará para los siguientes meses, contempla ventas de 770 mil unidades, el mismo nivel de 1999.” –hace diez años- Conclusión: la clase media está comprando menos, su capacidad para adquirir autos nuevos y viajar a Europa a disminuido sensiblemente. Por su capacidad de consumo, se entiende que las clases proletarias no pueden adquirir un auto nuevo, quedan descartados automáticamente como clientes de la industria. Se entiende también que los fabricantes de automóviles no sobrevivirían si su producción estuviera destinada únicamente a satisfacer la demanda de las clases poseedoras, en razón de ser un sector minoritario de la sociedad. Resulta obvio, pues, que son las clases medias donde se ubican la mayoría de los compradores de autos nuevos. Si los monopolios de la industria automotriz están en crisis no hay duda que es resultado directo de la crisis que afrontan las clases medias.
Pero sin duda la clase trabajadora es la más golpeada en la actual crisis sistémica. Si los clasemedieros sufren al no poder comprar un auto nuevo, las clases proletarias sufren más la pérdida de su empleo. Esto se convierte automáticamente en el detonante de todos los problemas del país, porque además de la angustia y la zozobra del desempleado por resolver la sobrevivencia propia y de la familia, tiene que ver con la contracción del consumo, con el mercado interno, con la salud del fisco, y con el aumento de la violencia social. Por ello se considera que los indicadores más efectivos para medir la salud de la economía es el estado que guardan los salarios, el poder adquisitivo y el empleo. Es en la mesa de los trabajadores donde mejor se puede calificar la efectividad de toda política pública, pues todo desarrollo que no se traduce en bienestar de la población resulta inmoral.
Según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de octubre de 2008 a julio de 2009 se han perdido 667 mil 813 empleos. Aunque si bien es cierto que de manera acumulada en junio y julio se registró un incremento global de 33 mil 503 empleos, dicho aumento cacareado por la derecha gobernante, sólo benefició a los empleos eventuales urbanos, ya que en los empleos permanentes se registra una pérdida de 8 mil 397 empleos, durante dicho lapso de junio-julio.
Según el Instituto, en julio de 2009 había 13 millones 808 mil trabajadores, mientras que en octubre de 2008 se tenían registrados 14 millones 475 mil trabajadores, lo que da el balance negativo de 667 mil 813 empleos perdidos. Según la misma fuente, de octubre de 2008 a julio de 2009, el sector más afectado fue el de los empleos permanentes, que es este período ha registrado una pérdida de 579 mil 216 asegurados, al pasar de 12, 824 700 a 12, 245 484 trabajadores.
En el mismo renglón del desempleo, la Secretaría del Trabajo sostiene que, de enero a julio de este año, el rubro más afectado ha sido el de los trabajadores eventuales del campo, mismo que ha registrado una dramática pérdida del 57 por ciento, lo que no dice es que tal contracción del empleo en el campo es resultado del TLCAN, mismo que en los 15 años de operación ha desaparecido cinco millones de empleos rurales.
(Continuará en la IV entrega)

(segunda entrega)
CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?

El proceso revolucionario en nuestro país está plenamente vigente, sigue su marcha. La teoría de la armonía entre las clases sociales -entendidas éstas como categorías económicas en que se divide la sociedad- sólo será posible en la medida en que desaparezca la causa que les dio origen, la propiedad privada.
A pesar de quienes piensan que el hablar del proceso revolucionario es anticuado y fuera de moda, por el hecho de que la actual clase política gobernante sacó de su vocabulario habitual esas palabras profanas y obscenas que ofenden los oídos de las clases opulentas, no es así, todo el proceso histórico y nuestra vía nacionalista de desarrollo están hoy más vigentes que nunca.
Cada vez hay más mexicanos descontentos, las contradicciones sociales van en aumento; ésta realidad concreta está organizando el campo de batalla donde habrán de colisionar las fuerzas en pugna. Cuando el abismo que separa la sociedad es tan profundo que no deja lugar más que para muy pobres o muy ricos; cuando las clases medias se proletarizan y son obligadas por su precariedad a hacer causa común con los marginados, entonces hay que prepararnos y tomar posiciones, porque lo que viene no es precisamente la “armonía” entre las clases sociales que pregona muy seguido la derecha en el poder, ni los huecos y cursis promocionales de la H. Cámara de Diputados, que ofenden la inteligencia del pueblo con el estribillo que afirma que “todos somos México”; lo que viene es el rompimiento de lo que ya está roto y la separación de lo que ya está separado, porque con las contradicciones insalvables que se viven la política no puede unir lo que la economía divide.
Para resumir y sintetizar esta idea, podemos afirmar que vivimos la conmoción del presente, el cual dará su lugar al porvenir. Para nuestro país esto significa la construcción de la cuarta etapa del proceso revolucionario; una transformación social, política y económica de tal envergadura y profundidad como lo fueron las tres etapas que le precedieron, a saber: la Revolución de Independencia, La Reforma, y la Revolución Mexicana.
Por lo que escribo y sostengo en estas líneas, lo más probable es que se me descalifique con el grado de “catastrofista”, por lo regular así sucede siempre en estos tiempos cuando alguien fija su postura en oposición al régimen de la derecha. Por lo que a mí respecta no tengo inconveniente en que se me llame como se quiera, sólo quiero recordar en este espacio que no soy el único en advertir la maduración del proceso del desarrollo en el cual estamos inmersos. Carlos Slim Helú, el mayor exponente de la concentración de la riqueza en nuestro país, dueño de más de la mitad de las acciones bursátiles que se mueven en la Bolsa de Valores de México, el mayor contribuyente del fisco, y el mayor explotador con más de 350 mil empleados que le entregan su plusvalía diariamente, el segundo hombre más rico del mundo, es también el mayor “catastrofista” que se opone a las medidas económicas implementadas por el calderonato. Ha criticado y cuestionado las políticas gubernamentales no tanto porque esté a favor de los pobres, sino porque ha percibido con claridad que las medidas que sostiene la dictadura neoliberal llevan al país directo al despeñadero, y en ese caos y zozobra también sus altísimos intereses peligran.
Este singular empresario fue quemado en leña verde por los golpeadores a sueldo del régimen, en campaña mediática organizada y financiada desde Los Pinos, por lo que se atrevió a sentenciar durante su participación en el foro “México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, organizado por el Senado de la República en septiembre del año pasado. El hombre de negocios enumeró que entre los problemas que enfrentaría la economía del país por motivo de la crisis, estarían el decrecimiento del PIB, el desempleo masivo y la quiebra de empresas.
Carlos Slim, investido ya con el anatema de “catastrofista”, hace seis meses, sugirió al gobierno federal no utilizar lo que definió como “monopolios del Estado” para sustituir la recaudación fiscal. Dijo que compañías como Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad o Pemex, deben manejarse de manera autónoma y fuera de la constitución del presupuesto federal. Y agregó: que no se suba la energía para recaudar fiscalmente, que no se use la gasolina, eso debe ser aparte, deben ser empresas que se manejen con autonomía y fuera del presupuesto para evitar que cuando no se autorice un ingreso no se suban los precios y se obtenga esa recaudación”.
El 9 de febrero, al anticipar que el caos financiero mundial traería consigo gran desempleo y quiebra de empresas, Slim Helú llamó a volcarse a la economía interna para enfrentar la situación. Una posición contraria a los cánones establecidos por la dictadura neoliberal; nadie lo escucha, ponen oídos sordos a las sugerencias del empresario. Que lo hace en defensa de sus propias empresas es cierto, pero el pueblo es el mayor perjudicado. Los alimentos siguen al alza, el Pan y la azúcar acaban de subir, las cuotas de peaje en las autopistas, el costo de la energía eléctrica, y ya por ahí se habla otra vez de eliminar los subsidios a los combustibles como gas y gasolina y el cobro de IVA en alimentos y medicinas.
Un artículo anterior, escrito a principios del año, lo titulé “catarrientos y catastrofistas, las dos versiones sobre la realidad nacional”. En el mismo hablaba del optimismo gubernamental para tratar el tema de la crisis financiera; el secretario de Hacienda acostumbraba por ese entonces decir que nuestra economía si acaso le daría un simple “catarrito” como repercusión de la crisis mundial, era muy dado en sostener que la macroeconomía estaba sana y que no había de que preocuparse. Pues para sorpresa de muchos ese mismo funcionario se ha colocado ya del lado de los “catastrofistas” porque ya no pudo seguir sosteniendo la teoría de los catarros.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Cartens, afirmó recientemente en su comparecencia ante los senadores que México está enfrentando actualmente el shock financiero más fuerte de los últimos 30 años. Durante el inicio de las audiencias públicas organizadas por el Senado de la República expuso asustado que hay una brecha de 480 mil millones de pesos respecto de la Ley de Ingresos aprobada para este año, la cual equivale a más del 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De éstos recursos, refirió, 211 mil millones de pesos corresponden al impacto de la caída del precio del petróleo y la plataforma de producción (¿dónde quedaron los excedentes de los altos precios petrolíferos?), y casi 270 mil millones de pesos por el efecto de la caída en la actividad económica. ¿Pues no que no había de qué preocuparse? Por lo menos en los últimos 30 años nunca se había tenido una contingencia económica tan grande, como la que estamos enfrentando ahora, afirma el secretario. La pregunta es cómo se tapará ese enorme hueco y quién pagará las consecuencias; la respuesta es automática, sangrando al pueblo, es de la única manera que saben hacerlo los fundamentalistas neoliberales.
Diciendo y haciendo, con el hacha al lado el secretario de Hacienda ha comenzado a cercenar el presupuesto en perjuicio de los estados y municipios. Todas las entidades de la República Mexicana están en una situación de emergencia económica, la falta de recursos puede desencadenar una crisis en la gestión básica de servicios públicos, pues algunos de éstos se tendrán que suspender, al igual que obras prioritarias para la población. Marcelo Ebrard, el jefe del gobierno capitalino, puso el dedo en la llaga al afirmar que la caída de recursos estatales ya rebasó el 28 por ciento. En un pronunciamiento el mismo funcionario demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a los diputados de la próxima legislatura, “rescatar a los ayuntamientos con la utilización de fondos ociosos, porque algunos presidentes municipales se van a quedar con dos o tres empleados, ante la falta de dinero.
Rechazó abiertamente la propuesta planteada por las autoridades hacendarias, en el sentido de bursatilizar recursos, porque, señaló, sólo alcanzarían para menos de la mitad de lo que resta de 2009. Por eso digo que, -sigue señalando Ebrard-, estamos en una emergencia. Y debe ser la más absoluta prioridad resolver esto, a la brevedad posible, por los impactos que tiene en las entidades federativas. Si esto no se resuelve, se tendrán que suspender obras, reducir programas sociales, o ajustar de tal manera los programas que actualmente están en curso en materia de agua, en materia de transporte público, etcétera. Manifestó el gobernante que se pretende endosarles la factura a los gobiernos estatales, cuando las decisiones que llevaron al actual estado de cosas nunca les fueron consultadas a pesar de su grave impacto social”. Alertó Ebrard Casaubón. Los recortes presupuestales están profundizando las contradicciones entre los municipios, entidades federativas y la federación.
(Continuará en la tercera entrega)

CONVULSION SOCIAL O EMANCIPACION PACIFICA
¿COMO SE RESOLVERAN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES EN MÉXICO?
(Primera entrega)

La única ley inconmovible es la ley del cambio. De la mano de las leyes de la dialéctica todos los pueblos de la tierra –unos más pronto y otros más tarde- transitan la ruta de los profundos cambios y transformaciones sociales; la rueda de la historia es imparable. Las generaciones actuales están sintiendo en carne propia la conmoción del presente que dará lugar al porvenir.
El detonante de esos cambios cualitativos en esta etapa de la evolución histórica, es sin lugar a dudas la explosión del modelo económico neoliberal en el orbe entero, mismo que derivó en la catástrofe financiera que sacude todos los basamentos teóricos que sostienen al caduco orden económico internacional. El desempleo y la hambruna crecen al mismo ritmo que la contracción de las economías, el comercio se reduce alrededor del mundo. Ha quedado demostrado a lo largo de la historia, que cuando las relaciones de producción entran en contradicción insalvable con el desarrollo de las fuerzas productivas se han desencadenado los procesos sociales de más grande envergadura.
Sin embargo, el camino de los pueblos hacia su liberación nunca ha sido libre de obstáculos y resistencias; una y otra vez se ha tenido la necesidad de vencer en fieras batallas a las fuerzas retardatarias que se oponen a la marcha de la historia. El pueblo de Honduras es un caso ilustrativo de esa aguda polarización de fuerzas encontradas por la conducción del mando en ese país. El presidente Manuel Zelaya, atendiendo su deber de gobernar para el pueblo se atrevió a tocar los intereses de la oligarquía, y ésta, engallada y con el apoyo de la ultraderecha norteamericana organizaron un golpe de Estado y lo derrocaron del poder. ¿Cuáles fueron los delitos que cometió el presidente Zelaya y que la oligarquía no le perdonó? Veamos sólo dos medidas que irritaron a los oligarcas.
Primera. Con la intención de favorecer al consumidor, al iniciar su mandato, en octubre de 2006, lanzó una licitación internacional para terminar con el monopolio que sobre la compra y distribución del combustible venían ejerciendo, desde hace 80 años, las compañías Chevron, Exxon Mobil, Shell, y la local Dippsa. Las transnacionales petroleras acostumbradas a que nadie interfiera en sus privilegios, argumentaron que “con la iniciativa del Ejecutivo afectaría drásticamente su rentabilidad en Honduras” Segunda. El Poder Ejecutivo, en el mes de diciembre de 2008, decidió aumentar el salario mínimo de 181 a 289 dólares, para que así al menos los trabajadores urbanos alcanzasen a cubrir sus necesidades alimentarias. Bajo este mismo concepto, el incremento en las zonas rurales alcanzó el 18 por ciento. Se optó por esta medida en vista que tanto patronos como sindicalistas no llegaron a ningún acuerdo, caso en el cual la ley faculta al ejecutivo para decidir unilateralmente el monto a incrementarse, teniendo como parámetro el costo de la canasta básica. Tales medidas bastaron para que la oligarquía criminal declarara al presidente Zelaya como enemigo de la humanidad; ese fue el caldo donde se cultivó el golpe de Estado en los laboratorios de la extrema derecha hondureña bajo la dirección de los intereses del imperio yanqui. Resultado: convulsión social, la resistencia del pueblo ha hecho de las calles su campo de batalla y el ejército golpista y represor atrincherado para defender la tiranía.
De hecho, estas resistencias a la liberación de los pueblos se manifiestan también en el corazón del imperialismo. El presidente Obama, mismo que ha mantenido una tendencia liberal en su discurso, ha sido víctima también de un golpe de Estado propiciado por la ultraderecha que sigue gobernando tras la silla a los estadunidenses y al mundo entero. Los intereses imperiales son manejados directamente por los altos círculos del Pentágono, el Partido Republicano y la Secretaría de Estado, en Manos de la pseudodemócrata Hilary Clinton, quienes han relegado al primer mandatario a la calidad de figura decorativa.
En nuestro país, la gran pregunta es cómo se resolverán las profundas contradicciones sociales que se han ido acumulando a lo largo del reinado de la dictadura neoliberal; no podemos saber si será a través de una convulsión social que abra el camino a los cambios cualitativos de manera súbita, o será mediante una emancipación pacífica institucionalizada. Hay que decirlo, resolver las contradicciones mediante los mecanismos de la democracia formal es una ruta que cada vez se ve más lejana, sobre todo después del fraude electoral del 2006 y con los hechos que observamos en Honduras. La oligarquía y sus partidos políticos han consagrado y defendido el derecho del “voto universal libre y secreto” a condición de que ese derecho no se convierta en fuerza capaz de cambiar el estatus actual; si la voluntad popular expresada en las urnas quiere cambiar en algún sentido que perjudique los privilegios de la oligarquía, entonces echan mano de los golpes de Estado.
El altísimo grado de abstencionismo electoral es una muestra de que el ciudadano no se siente representado en sus intereses por los partidos políticos actuales, y es claro que ese descontento popular está buscando otras vías para expresar su inconformidad. La idea de que con el voto se resolverán las contradicciones sociales se ha ido alejando cada vez más de la población; el acto de sufragar es percibido más como un acto para legitimar y conservar, no para cambiar.
Revisemos brevemente las contradicciones sociales que originaron el estallido social de 1910. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La vía de la violencia armada fue la única alternativa, porque todos los demás cauces se habían cerrado a la solución de contradicciones profundas que se acumularon en el seno de la sociedad mexicana. Contradicciones insalvables entre las comunidades indígenas y los campesinos que habían perdido todo, tierra y libertad, frente a los hacendados; contradicciones profundas entre el proletariado rural y los hacendados, porque los primeros carecían de todo derecho y vivían en constante zozobra ante la inestabilidad del trabajo y la brutal represión de las acordadas.
Contradicciones profundas entre los hacendados de mentalidad avanzada, partidarios de la agricultura moderna, frente a los señores feudales, dueños de la mayor parte del territorio nacional, que basaban su riqueza en la explotación inmisericorde de los campesinos y los trabajadores rurales; contradicciones entre los obreros, capa social todavía sin fuerza desde el punto de vista numérico, pero ya con claridad respecto del futuro de México, frente a los dueños de las industrias, que reconocían como única ley la obtención de altas utilidades, a costa del trabajo intensivo de sus trabajadores; y contradicciones insalvables entre una nación que quería desarrollar sus fuerzas productivas y la presencia de poderosas empresas monopólicas que aplicaban su propia ley en nuestras industrias o en los territorios que controlaban, y que nunca cedieron técnica alguna para el desarrollo del país.
El carácter de estas contradicciones fue lo que determinó el contenido de la revolución misma, y de la poderosa alianza de fuerzas que la hicieron posible. Por eso fue una revolución popular, porque respondía a los anhelos de justicia de millones de campesinos y del proletariado rural; por eso fue una revolución antifeudal, porque se orientó a destruir el monopolio de la tierra, obstáculo principal para el desarrollo de las fuerzas productivas; por eso fue una revolución democrática, porque se orientaba a la obtención de derechos democráticos elementales; y por eso fue una revolución nacionalista y antiimperialista, porque se propuso recuperar para la nación las riquezas nacionales que usufructuaban sin límites y sin normas los capitales extranjeros. Y por esas razones fue una fuerza incontrolable que aplastó toda resistencia, porque movilizó a los millones de mexicanos marginados y dispuestos a modernizar el país, en el sentido de ubicarlo al ritmo de las transformaciones técnicas que operaban en el mundo en esos días, en función fundamentalmente de los problemas principales de la nación.
Como lo afirmara el maestro Vicente Lombardo Toledano: “La Revolución Mexicana fue un movimiento parcial, unilateral, no un movimiento de todos los mexicanos, porque se hizo a pesar y contra las fuerzas que se beneficiaban de la tremenda injusticia que prevalecía en la sociedad mexicana. La Revolución no se hizo para contentar a todos los mexicanos sino que se hizo para descontentar a algunos, muy pocos, y para contentar a la mayoría. La Revolución no se hizo para contentar a la llamada iniciativa privada, ni al clero político, ni mucho menos al imperialismo norteamericano. Por esa razón, mientras no contentemos a la mayoría de los mexicanos, que la forman los obreros, los campesinos, los trabajadores del Estado, los intelectuales y otras capas de la sociedad mexicana, habrá movimiento revolucionario y el proceso seguirá plenamente vigente”. (Continuaremos en la segunda entrega.)

SÉPTIMO ANIVERSARIO DE ESTA COLUMNA
"El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores periodistas, comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional. Están luchando por algo. Narran para alcanzar, para obtener algo. Esto es muy importante en nuestra profesión."Ryszard Kapuscinski, en "Los cínicos no sirven para este oficio"
Alabanza en boca propia es vituperio. Debemos evitar en lo posible la práctica de hablar en primera persona, no es saludable el egocentrismo ni el narcisismo porque son conductas propias del individualismo enfermizo que promueve el régimen imperante del modo de producción capitalista y la propiedad privada. Más sin embargo, por esta ocasión que considero especial, pido permiso a usted para referirme al séptimo aniversario de esta columna y del servidor que esto escribe.
Teniendo muy en cuenta que “las ideas dominantes en toda época han sido las de las clases dominantes”, hace ya siete años que por estas fechas comencé a escribir en este espacio que generosamente se me brindó, por la inquietud fundamental de participar en la intensa batalla de las ideas de nuestro tiempo. Alejado totalmente del pragmatismo neutral de los supuestos “librepensadores”, y provisto con las armas ideológicas de la trinchera en que milito inicié este espacio en busca de la agitación y la elevación de las conciencias, sobre todo de las masas trabajadoras.
A través de esta columna, y dada mi escasa capacidad teórica, hago un verdadero esfuerzo por comprender los cambios vertiginosos de nuestro tiempo y de alcanzar el ritmo inconmovible de las leyes de la dialéctica. El mundo corre a una velocidad impresionante; múltiples hechos se suceden uno tras otro que requieren de interpretación y enjuiciamiento objetivos para entender la realidad. La crítica constante que recibo en mi correo electrónico, lejos de anatemizarla, la agradezco y la contesto en términos cordiales, con el respeto que merecen los adversarios ideológicos.
Nunca he reclamado el hecho de que no se me invite a las celebraciones anuales con motivo de la libertad de expresión, esos ágapes que organizan las autoridades y la clase política para “agradecer” a los periodistas su labor informativa. Por lo que escribo, entiendo que soy una persona non grata en esos círculos donde muy a menudo se acostumbra medrar con lo que se escribe; algo que he aprendido durante estos años es que las plumas del pavo real se cotizan tan altas como el interés de sus compradores.
No soy como aquel periodista que reclamaba en su columna el hecho de no haber recibido la caja de galletas que otros comunicadores si recibieron de parte de un precandidato. El colega, profesor Jesús Payán Serrano, un priísta de la vieja guardia y claras convicciones, gusta decir en su columna que “se le murió una tía” cuando hay necesidad de justificar su ausencia en alguna comilona donde no haya sido invitado; yo digo, que si el precio que hay que pagar por mantener la independencia de nuestra opinión es el no ser invitado en donde mi presencia no es bienvenida, con gusto lo seguiré pagando, los días que me resten de vida. Mientras el director del periódico siga aceptando mis colaboraciones semanales, la Gaceta Proletaria seguirá siendo una humilde contribución a la batalla contemporánea de las ideas; una voz de los sin voz, y un espacio de denuncia permanente, siempre a favor de las fuerzas sociales que habrán de construir el porvenir.
Recuerdo que fue el día 8 de julio, verano del año 2002,
cuando decidí visitar las oficinas del periódico para entrevistarme con su
director, en aquel entonces era el periodista Luís Gómez Zamora, para
plantearle mis inquietudes y solicitarle un espacio para dar cabida a mis
colaboraciones periodísticas. Se portó atento y muy amable, accedió a mi
petición de manera inmediata, quedando de enviarle al día siguiente mi
primera colaboración; misma que fue publicada el 10 de julio de 2002. Tiempo después, se dio un cambio en la dirección del periódico y
fue el distinguido amigo Miguel Ángel Moreno Lago quien se hizo cargo como
Director del prestigiado diario hasta esta fecha, de quien sigo
recibiendo su trato amable y respetuoso para mis artículos, cosa que le
agradezco profundamente, pues todos mis artículos han sido publicados sin censura alguna.

No tengo como norma responder a las ofensas personales que llegan a mi
correo, sí respondo a la crítica seria y responsable. Alguien me preguntaba
muy ofendido ¿y tú quién eres, porqué lo haces, cuánto te pagan “maldito
comunista”? A él debo responderle: No soy un mercenario de la pluma,
tampoco un intelectual. No soy un cuadro académico ni profesionista, soy un
humilde obrero con conciencia clara de su clase y posición social, que ha
hecho de todo en la vida para su sobrevivencia. Mis pertenencias caben en una maleta, no soy afecto a las posesiones materiales, trato de ser fiel a la premisa “nada es para mí todo es para todos”

La formación clasista a la que aludo la he ido adquiriendo por los
caminos de la vida y en la militancia lombardista. Recuerdo que en 1976,
contando con 14 años de edad, acompañé a mi padre y mis hermanos al mitin de
cierre de campaña del PPS y su candidata, la profesora Petra Santos, en su
lucha por la Presidencia Municipal. La concentración se llevó a cabo en la
calle sexta, entre la avenida Zaragoza y Félix Contreras, sin lugar a
dudas, esa fue una de las mayores concentraciones políticas en la historia
de San Luís Río Colorado. Además de otros personajes, en el presídium del
mitin estaba en representación de la Dirección Nacional del PPS el compañero
Manuel Fernández Flores, mismo que hoy es nuestro dirigente nacional. Un
cierre de campaña apoteótico que dejó hondas huellas en la conciencia de mi
niñez; estoy seguro que la victoria electoral fue nuestra pero nos la
arrebataron.

Después en 1979, en la campaña de Fernando Peña Benítez, participé ya
de una manera más regular en los mítines, volanteando y haciendo pintas. A
resultas de esa campaña y de la entonces reciente Reforma Política de López
Portillo, Esteban Rojas Saldivar fue el primer diputado plurinominal surgido de San
Luis, y Juan García Terán, en ese tiempo dirigente municipal del PPS
(pariente de Nicolás Hernández Terán) fue Regidor del Ayuntamiento
encabezado por Rodolfo Rogel Villa en el trienio de 1979-1982. Después, el
servidor que esto escribe fue Regidor también en el trienio del presidente Jesús Bustamante Salcido de 1988-1991. Esas fueron mis primeras experiencias que marcaron la rebeldía de mi juventud y que me siguen dando aliento hasta hoy.

El sólo hecho de poder narrar esta pequeña historia en este espacio,
que dan cuenta de mi concepción del mundo y de la vida, demuestra que
nuestro periódico Tribuna de san Luís, que dirige atinadamente el
distinguido periodista Miguel Ángel Moreno Lago, no sólo le da cabida en sus
páginas a los politólogos e intelectuales de alto rango y elevada
preparación académica, sino también abre sus espacios a las opiniones de los
humildes trabajadores, como son los casos del compañero Nicolás Hernández Terán que escribe puntualmente la columna “Voces de la Calle”, y este servidor.

Esta columna puede leerse en el espacio que me brinda el periódico Tribuna de San Luis, de la Organización Editorial Mexicana (OEM); también es publicada por el semanario Alianza News, de San Francisco California, USA; en el periódico hecho especialmente para la internet, Diario Libertad, y en otros periódicos del país que reciben la colaboración y la publican esporádicamente. Si usted está interesado en leer artículos atrasados, puede usted acceder al blog de esta columna: gacetaproletaria.blogspot.com Ahí encontrará publicado el artículo que usted le interese. A todos los que me han dispensado su tiempo para leer la columna durante estos años, reciban de mi parte un fraternal y caluroso saludo. Gracias.

NO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
SI A LA RESTITUCION DEL REGISTRO CONDICIONADO

Una lección que los militantes de los sectores revolucionarios hemos aprendido es que la oligarquía nunca duerme, de día o de noche siempre está acuartelada, permanece despierta y trabajando, planeando y organizando los distintos medios a su alcance para la prolongación del dominio de su dictadura sobre los hombros del pueblo.
Cuando los pueblos se revelan y utilizan los mismos medios de la democracia formal para iniciar nuevas etapas de transformación social bajo el liderazgo de sus conductores, entonces las oligarquías criollas aliadas a las extranjeras no dudan en echar mano de los golpes de Estado, tal como sucedió en la operación fallida contra Hugo Chávez, en Venezuela, y recientemente contra el presidente Manuel Zelaya, en Honduras. La misma estrategia golpista se estuviera fraguando contra López Obrador si se hubiera logrado imponer en la presidencia de la República el voto mayoritario del pueblo en el 2006. En el caso de Obrador, la estrategia implementada por la oligarquía logró anularlo, primero mediante una guerra sucia e ilegal, y después en la calificación del proceso electoral, mediante el acuartelamiento de todas las instituciones de la derecha.
En el caso de Honduras, los intelectuales y politólogos al servicio de la oligarquía avalan la estrategia golpista afirmando que “un golpe de Estado evitó otro golpe de Estado”, en alusión directa a la convocatoria del gobierno de Manuel Zelaya para la realización de un referéndum para conocer la opinión popular sobre un nuevo constituyente. Según los cuadros de inteligencia, de haberse permitido la continuación del régimen zelayista y su proyecto, mismo que surgió de un proceso democrático, se habría constituido en aquella nación “una dictadura como el chavismo en Venezuela”. Las clases dominantes dueñas del aparato del Estado y divorciada del régimen progresista, decidió cortarle las alas a la transformación social y económica que se gestaba desde la primer magistratura del país centroamericano al costo que fuera.
Para los intereses mezquinos del gran capital, es preferible enfrentar la insurrección del pueblo en una guerra civil y el baño de sangre que ello conlleva, a permitir que ese pueblo inicie la verdadera transición hacia nuevos estadios de desarrollo; se trata por todos los medios de impedir a cualquier costo las luchas libertarias de los pueblos en cualquier parte donde éstos se revelen.
Para los intereses del gran capital transnacional y las oligarquías criollas, su postura frente a la democracia formal depende según cual sea la realidad en cada país. Cuando los regímenes de la derecha, dóciles y serviles a sus intereses ocupan el poder, entonces se convierten en rabiosos defensores de la “democracia”; pero cuando los pueblos se revelan y se hacen del poder utilizando las mismas herramientas formales que proporciona el democratismo burgués, entonces la combaten afirmando que el voto puede servir también para la encumbración de dictaduras “como la de Chávez en Venezuela” y no dudan en avalar la organización de los golpes de Estado contra gobiernos electos popularmente. O sea que, dicho de otro modo, democracia que no sirve a sus intereses no es democracia, sólo de esa hay y háganle como quieran, no hay otra alternativa.
La estrategia y los métodos de la oligarquía en nuestro país son otros. Durante el desarrollo del proceso electoral y después del mismo, se ha venido fortaleciendo una estrategia mediática impulsada por intelectuales al servicio de las clases poseedoras, que obedeciendo oscuros intereses pretenden hacerse pasar por los redentores de la democracia aprovechándose de la ingenuidad y la incultura política, así como del cansancio del pueblo ante los desastrosos resultados del régimen de derecha y los partidos que sostienen la dictadura neoliberal.
En política no existen las casualidades ni las coincidencias. Todos los planteamientos de este grupo de politólogos obedecen a una misma línea de acción y a una estrategia bien organizada, que las fuerzas progresistas del país están obligadas a desenmascarar y denunciar públicamente. Previo a las elecciones, estas marionetas se dedicaron a sembrar en el indefenso pueblo la idea del “voto blanco”, según ellos para castigar a la clase política y sus partidos, y la falta de candidatos con propuestas bien articuladas para sacar al país del atraso en que se encuentra. Intencionadamente hablan del desencanto de la población por la política -cosa cierta-, pero cuidan su vocabulario evitando señalar a los verdaderos responsables; hablan de generalidades superficiales y en sentido abstracto. Por ejemplo, ¿alguna vez estos falsos redentores habrán hablado de la criminal política salarial y de quiénes la sostienen? Nunca se les ha escuchado semejante atrevimiento.
LO que perseguían en realidad con la campaña del voto blanco, era eliminar de la contienda electoral a las masas descontentas del país, previendo que el voto de castigo en contra del PAN sería mayor cuanto más grande fuera la participación de las masas descontentas en las urnas electorales. Finalmente, aún con el alto grado de abstencionismo electoral que se presentó, los ciudadanos más conscientes que sí acudieron a votar le propinaron una tremenda derrota a las fuerzas reaccionarias del país.
Este comité de intelectuales no descansa. Apenas unos días transcurridos después de la jornada electoral ya se encuentran desarrollando la continuación de su estrategia, cuyo siguiente paso es organizar sus fuerzas para presionar por la organización de una nueva reforma electoral, que pretenden sea a la medida del interés de sus patrocinadores. Hasta en el Senado de la República se escucha hablar ya de lo que será la tan ponderada reforma.
Los más conspicuos y esclarecidos analistas han descubierto ya algunas verdades sobre lo que se proponen hacer los dueños del dinero en la próxima legislación electoral, lo que falta por descubrir es el cuerpo entero de la estrategia, desnudarlos, exhibirlos y denunciarlos ante la opinión pública a tiempo de que pueda frenarse una contrarreforma más que sirva al interés exclusivo de la plutocracia.
Es del conocimiento público que las cúpulas empresariales y los monopolios televisivos sufrieron pérdidas económicas con la promulgación de la legislación electoral vigente, en parte es cierto. Los primeros se quejaron en todas las instancias posibles, reclamando que dicha ley les coartaba el derecho de libre expresión al no poder contratar libremente espacios en la televisión para opinar sobre los candidatos; la instrumentación de la campaña negra contra López Obrador durante el proceso electoral del 2006, consideran es un derecho que les asiste. Y los segundos en la discordia hacia la norma electoral, las televisoras, se han quejado amargamente porque los ríos de dinero que llegaron a sus manos como producto de esa campaña sucia no llegaron esta vez a sus bolsillos.
Lo cierto es que los sectores quejosos de la oligarquía han puesto en marcha un plan para presionar a la clase política por la instrumentación de nuevas reglas electorales, que les permitan -como lo hicieron en el 2006-, intervenir y definir directamente mediante su poder económico. Puede pensarse cualquier cosa, menos que la oligarquía quiera y acepte quedarse al margen de los procesos electorales.
El gran capital que está detrás de este comité de intelectuales, el que les da oxigeno, los alimenta y patrocina, tiene los ojos puestos en la batalla por la sucesión presidencial del año 2012. Todo su capital, todos sus esfuerzos, todos sus planes, proyectos y estrategias, van encaminados a lograr su propósito de prolongar su dictadura el mayor tiempo que les sea posible; ellos planifican su dominación a futuro, por lo menos hasta el año 2030, lo han sentenciado, pero por ahora sus desvelos van encaminados a resolver en su favor la contradicción existente entre las demandas y exigencias sociales, contra los deseos naturales de la derecha de conservarse en el poder más allá de este sexenio.
¿Y qué es lo que demandan las minorías archimillonarias que integran las listas de la revista Forbes, para la nueva legislación electoral, y que escuchamos en boca de sus marionetas? Lo destacable de esa propuesta, entre otras minucias, es la apertura a las candidaturas independientes. Ese es el fondo de todo el asunto, ahí es donde enseñan el cobre, donde todo ciudadano debe centrar su atención para descubrir a quiénes sirve esa propuesta, misma que puede sorprender presentándose escondida en un libraco bien empastado y en medio de miles de páginas de oropel.
Las candidaturas independientes se presentan como la salvación de nuestro régimen democrático, ante la reprobación popular del sistema político y sus desastrosos resultados. Abrir los espacios para que compitan en igualdad de circunstancias “los candidatos de la sociedad civil”, es la solución para hacer más atractiva la participación de novedosas y múltiples opciones al electorado, dicen aquí y allá sus promotores.
Las candidaturas independientes son la coartada perfecta de la minoría rapaz, de hecho, son la llave para abrir los candados impuestos a la legislación electoral vigente. A cambio de la “libertad” de contratar guerra sucia en espacios de televisión quieren la institucionalización de las candidaturas independientes. Esta herramienta ya probó su eficacia para dividir al electorado cuando la derrota de la candidatura de la derecha era ya un hecho. Hay que recordar la ilegal participación del Dr. Simi, el autodenominado candidato independiente, el que usando una bandera engañosa y falaz denominada “Simisocialismo” logró quitarle muchos votos al candidato de la Coalición por el Bien de Todos, en el proceso electoral de 2006. El mismo magnate y dueño de la cadena de farmacias de Similares anduvo pregonando públicamente que el triunfo de Felipe Calderón se lo debían a él; fue público y notorio que dicha candidatura se constituyó en uno de los instrumentos financiados por los monopolios y la derecha criolla, para arrebatarle el triunfo al candidato de las fuerzas progresistas, Andrés Manuel López Obrador.
Todas las fuerzas de avanzada del país deben cerrar filas para evitar un retroceso más en la legislación electoral. Hay que cerrarle la puerta a la intentona de la derecha de perpetuarse en el poder; nuestra condena debe ser unánime al exclamar un rotundo ¡no! a las candidaturas independientes. Si se quiere organizar una verdadera reforma política tendiente a abrir espacios a la participación de la ciudadanía, restituyamos la figura del registro condicionado, limitando esa prerrogativa sólo a las agrupaciones políticas nacionales registradas ante el IFE y que aspiren a obtener su registro como partido político.
Algunos atacarían de inmediato, alegando que al otorgarse el registro condicionado a las APN para que participen en los procesos electorales, igual que con las candidaturas independientes también se estaría propiciando el divisionismo del electorado, más no es lo mismo. Las clases dominantes buscarían financiar varias candidaturas independientes al estilo del Dr. Simi para dispersar al electorado; las APN con registro condicionado de partido, por el contrario, sobre todo las de corte progresista, buscarían la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas en torno a un solo candidato. Las fuerzas retardatarias buscan la dispersión, las del progreso buscan la unidad.
Dado el complejo marco histórico que vivimos, la restitución de la figura del registro condicionado es ya una necesidad insoslayable para que el desencanto popular pueda expresarse y participar políticamente en otras opciones doctrinarias diferentes al actual régimen de partidos, pero esto no se dará abriendo las candidaturas independientes, sino abriendo los registros condicionados.
El argumento central que sostiene esta demanda es el altísimo grado de abstencionismo que se presenta en cada elección, generado en primer lugar por aquellos ciudadanos que no sienten representados sus intereses por ninguno de los partidos existentes. El actual régimen democrático produce gobiernos ilegítimos, en razón de que son electos por minorías, mientras las mayorías buscan otras formas de expresar su descontento.
Analizar esta peligrosa situación es una responsabilidad política de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión. Deben aceptar la urgencia de legislar para conducir ese descontento popular y conservar la precaria paz social; para ello es imprescindible abrir todas las válvulas de presión que fueron cerradas, una tras otra, en las contrarreformas electorales del neoliberalismo de derecha.
Se ha dicho con insistencia que la institucionalización del registro condicionado, surgido por primera vez en la Reforma Política de 1977, promulgada por el presidente José López Portillo, obedeció al desgaste del sistema político, generado entre otras cosas por el conflicto estudiantil de 1968 y la oposición armada de algunos grupos guerrilleros que operaban en ese entonces, como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros. La Reforma Política lopezportillista, a criterio de las fuerzas progresistas, ha sido la más democrática e incluyente que se haya promulgado hasta nuestros días, porque fue la que puso las bases para el retorno a la lucha civil y pacífica de muchos alzados en armas. Gracias a la misma reforma obtuvieron su registro los partidos Comunista Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores y Demócrata Mexicano. Esa generación de políticos e intelectuales que hicieron posible esta legislación marcaron toda una época de apertura política que se prolongó hasta 1989, cuando comienzan las contrarreformas electorales que demandaba el modelo económico neoliberal.
Si las mentes lúcidas y visionarias de aquel momento juzgaron la necesidad de la reforma política para darle cause a la inconformidad social, con mayores razones los diputados y senadores de hoy, haciendo gala de su sensibilidad, tendrán que juzgar la urgente necesidad de la apertura en nuestro régimen democrático. Los mismos factores que avalaron la reforma de 1977, a la fecha de hoy se han elevado a su máximo nivel, comparemos sólo algunos aspectos,
La economía nacional creció en aquel año al ritmo de 7 por ciento; en el actual, llegaremos a diciembre con un decrecimiento del PIB de por lo menos el 8 por ciento. En aquella época los salarios crecían por encima de la inflación y el poder adquisitivo estaba a la altura del máximo histórico; ahora, el crecimiento de los salarios siempre queda rebasado por la inflación y está atorado por sendos topes oficiales que castigan el bienestar de la clase trabajadora; el poder adquisitivo de hoy representa sólo el 30 por ciento de lo que se podía comprar con el mismo salario en aquel tiempo.
La violencia social que se juzgó peligrosa durante el sexenio de López Portillo no tiene comparación alguna con la que se registra hoy. Se decía, por ejemplo, de la existencia de grupos guerrilleros en número menor a cinco; hoy, las fuentes de inteligencia militar reconocen la existencia de por lo menos 23 grupos guerrilleros, mismos que han elegido los métodos y la estrategia de la violencia armada para desafiar la existencia del Estado neoliberal.
Actualmente, ni la “violencia legítima” de que dispone la dictadura de la derecha ha podido contener lo que es, de hecho, una sublevación popular muy cercana a la guerra civil, cuyo saldo sangriento en sólo 19 meses ha sido de 14 mil ejecuciones, 10 mil en 2008 y 4 mil en lo que va del año; este nivel de derramamiento de sangre sólo es superado por la cuota que se derramó durante la Revolución Mexicana. México es hoy el país más violento del mundo. Y qué decir del sistema carcelario, el cual se declara impotente para contener en sus celdas a los autores de 15 millones de delitos que se cometen al año, de los cuales la gran mayoría son delitos patrimoniales menores a los tres mil pesos.
Donde hay injusticia social no puede haber paz social. Los índices de violencia se elevan cuando una minoría rapaz se apropia de la mayor parte de la riqueza nacional, valiéndose de la fuerza de que dispone. La mayor parte de los delincuentes son ciudadanos que se rebelaron al estatus en que los mantuvo la criminal política salarial, e hicieron de la violencia su método para apropiarse de la riqueza que les fue negada por su trabajo honrado. Cuando el Estado se niega a distribuir la riqueza material, entonces aparece la violencia de quienes se hacen justicia por propia mano. Esta negra etapa de penumbras es el fruto del arribo de la ideología de la derecha al poder, misma que logró concatenar toda la vida nacional a favor de una minoría rapaz y sin escrúpulos.
Tales son las manifestaciones de un régimen político enfermo y a punto de colapsar, que requiere de la sensibilidad y la visión de sus conductores para darle al país viabilidad a futuro. El pueblo estaría de acuerdo en perdonar la ceguera de aquellos actores políticos ingenuos, que han ofendido la inteligencia del pueblo calificando el drama actual que vive el pueblo con el mote de la “normalidad democrática”, siempre y cuando se reivindiquen y contribuyan con su actitud a abrir los candados que limitan la participación del pueblo en su régimen democrático.
Urge sobremanera desandar el camino excluyente seguido por todas las contrarreformas electorales a partir de 1989. Dichas rectificaciones deben iniciar con la demanda principal que es, la restitución de la figura del registro condicionado para aquellas agrupaciones políticas nacionales registradas en el IFE, y que aspiren a obtener su registro como partido político nacional. Del mismo modo, sería una contradicción absoluta y un error mayúsculo si se avanza por el camino de las candidaturas independientes, y al mismo tiempo se siguen manteniendo los candados impuestos por las últimas contrarreformas para la constitución de los partidos políticos.
No hay que confundir una cosa con la otra. La supuesta apertura hacia las candidaturas independientes es una vieja bandera del gran capital para darles voz a individuos adinerados y por lo mismo es contrarrevolucionaria; al implementarse esa figura seguiríamos transitando el camino de la privatización de la política y arribando a la fase superior de la democracia de mercado. El pueblo no puede avalar esa nefasta figura antidemocrática, aunque la derechizada Suprema Corte haya declarado su constitucionalidad el 2 de octubre de 2006. La apertura debe ser para darle la bienvenida a otras colectividades doctrinarias, no a los individuos al servicio de la tiranía que se combate.
Esperemos que el tiempo nos alcance para que cada quien cumpla con su responsabilidad, antes de que el drama social se desborde. El pueblo de México no puede esperar más.